junio 27, 2026

Posconflicto

JEP da plazo a exdirigentes de las FARC para que ratifiquen su compromiso con los acuerdos de paz

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Justicia Especial para la Paz (JEP) les dio un plazo de 10 días a los exguerrilleros de las FARC para que presenten un informe en el que ratifiquen su compromiso con el proceso de paz. A través de un comunicado el organismo le notificó a 31 exmiembros del hoy movimiento político que tienen 10 días hábiles para entregar un informe detallado e individual en el que reiteren su compromiso con la verdad, comuniquen las labores de reintegración que han hecho y reporten  si han realizado labores humanitarias para la ubicación de los restos de las personas desaparecidas. Entre los llamados a entregar dicho informe se encuentran Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Iván Márquez y Rodrigo Granda. Este pronunciamiento surge luego de que el Presidente Iván Duque solicitara a la JEP aclarar qué sucede con los exjefes de las FARC que no están en los espacios de reincorporación. “Espero que la JEP aclare si esas personas están compareciendo a sus llamados y, si no lo están haciendo, que se sirva explicarle a la opinión pública cuál es su estatus. (…) En lo que tiene que ver con personas que no estén cumpliendo con sus obligaciones pues yo espero que la reacción sea de todas las instituciones”, dijo el jefe de Estado. Los 31 comparecientes que deberán enviar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad son: 1. Rodrigo Londoño Echeverri 2. Pastor Lisandro Alape Lascarro 3. Pablo Catatumbo Torres Victoria 4. Julián Gallo Cubillos 5. Luis Alberto Albán Urbano 6. Iván Luciano Márquez 7. Seuxis Paucias Hernández Solarte 8. Rodrigo Granda Escobar 9. Orlay Jurado Palomino 10. Abelardo Caicedo Colorado 11. Jesús Mario Arenas Rojas 12. Jaime Alberto Parra Rodríguez 13. Milton de Jesús Toncel Redondo 14. Rodolfo Restrepo Ruiz 15. Juan Emilio Cabrera Díaz 16. Henry Castellanos Garzón 17. Edgar López Gómez 18. Juan Carlos Ramírez 19. Jaime Bustos Aldana 20. Jairo González Mora 21. Jesús Emilio Carvajalino Carvajalino 22. José Benito Cabrera 23. Guillermo Enrique Torres Cuelter (o Cuéllar) 24. José Aldinever Sierra Sabogal 25. Erasmo Traslaviña Benavides 26. Floresmiro Burbano 27. Hernán Darío Velásquez Saldarriaga 28. Luis Óscar Úsuga Restrepo 29. Martín Cruz Vega 30. José Vicente Lesmes 31. Luis Ernesto Medina Ávila

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Gobierno se convirtió en un obstáculo para la liberación de secuestrados: ELN

“Aquí en el Frente de Guerra Occidental no conocemos ningún protocolo unilateral para facilitar liberación”: escribió el vocero del grupo insurgente en su cuenta de twitter. Alias Uriel, comandante del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aseguró que el plan de liberación de los secuestrados está en proceso y que el desarrollo del mismo ha sido de forma unilateral, pues según el jefe guerrillero, el Gobierno Nacional ha sido un “obstáculo” para la entrega de las personas que mantiene en su poder en el departamento del Chocó. “El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN está en plan de liberación de manera unilateral como nos comprometimos no porque el Gobierno lo facilitara, no porque pactará unos protocolos, no porque haya posibilitado un escenario propicio para el acto humanitario, lo estamos haciendo de manera unilateral como nos comprometimos con los familiares y con el pueblo colombiano. Seguimos (el proceso), esperamos dar buenos resultados en el transcurso de la semana”, aseguró. El comandante insurgente dijo que espera que el Gobierno no se adjudique la acción humanitaria que se está llevando a cabo, “porque es el principal obstáculo para que se haya podido desarrollar, y es por culpa exclusiva del Gobierno que hace más de un mes no se ha podido concretar la liberación de los privados de la libertad en el Atrato chocoano”. Alias Uriel afirmó que el grupo rebelde está “cumpliendo con su palabra de una liberación unilateral”, sin embargo, indicó que debido a los intensos operativos que se mantienen en la región la entrega no ha sido efectiva. Por su parte el Presidente Iván Duque afirmó en días pasados que no esta dispuesto a ceder al secuestro como un método de “chantaje” por parte de la organización armada. El mandatario ha reiterado en diferentes oportunidades que está dispuesto a seguir con los diálogos de paz una vez se libere la totalidad de los rehenes que tiene el ELN en su poder. “Si esos hechos de buena fe ocurren (…) el Gobierno está listo para proceder. Lo que no se puede es seguir validando la violencia como mecanismo de acceso a la palabra del Estado”, puntualizó el mandatario.

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Vamos a honrar el compromiso de ayudar a desmovilizados a reintegrarse a la sociedad: Presidente Duque

El mandatario hizo los anuncios durante el Encuentro Nacional de Responsables de Cultura Departamentales, de Capitales y Distritales, realizado en el Hotel Tequendama de Bogotá. El Presidente Iván Duque reiteró este martes que el Gobierno honrará el compromiso de ayudarles a los guerrilleros de las Farc que están en proceso de desmovilización, desarme y reinserción a hacer su tránsito hacia una vida productiva y de convivencia. Ese compromiso “lo vamos a honrar”, dijo y agregó que el interés del Gobierno es que “eso salga bien” y mantener una muy buena presencia de la Fuerza Pública y de los programas sociales del Estado en las zonas golpeadas por la violencia. El mandatario recordó que recibió muchos problemas de desfinanciamiento de los programas diseñados para funcionar en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), sin embargo enfatizó que no está “llorando sobre el pasado, sino tratando de construir hacia el futuro con la disponibilidad de recursos que nos permita atender a esa población”. El Presidente anunció que antes de terminar el mes de septiembre estará lista la nueva política pública de protección a los líderes sociales. “Empezamos una mesa de trabajo con la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía, el Alto Mando Militar, la Consejería para los Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, y antes de terminar el mes de septiembre tendremos esa política presentada la opinión pública para reaccionar institucionalmente”, puntualizó. “Yo no solamente tengo dolor cuando se presentan esas circunstancias, sino que tengo un compromiso de trabajar con todas las instituciones, primero, para prevenir y también para sancionar a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes deleznables”, dijo. Por otro lado, el mandatario anunció el lanzamiento de una línea de crédito de Bancóldex, por 130 mil millones de pesos, para que emprendedores de Economía Naranja puedan acceder a recursos con mejores tasas y plazos, y convertir su talento en una oportunidad de generación de empleo en las regiones de Colombia. “Quería anunciarles que con Bancóldex se va a abrir una línea de crédito de 130 mil millones de pesos para todos los emprendedores Naranja y emprendedores culturales de Colombia”, informó Duque. El jefe de Estado afirmó que es necesario que el país empiece a orientar de manera adecuada los recursos hacia la Economía Naranja, y que “el sector privado sea patrocinador, creando además el contexto y el símbolo de la responsabilidad cultural empresarial”. Con información de la Presidencia de la República 

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Banco Agrario: “Donde nadie llega, ahí hemos llegado”

En estos últimos ocho años, el Banco Agrario ha trabajado por el desarrollo y la consolidación del sector agropecuario, así como por la ruralidad de las regiones del país. Su labor social ha sido destacada por brindarles beneficio a los pequeños productores agropecuarios, un plus que lo ha hecho diferente de las demás instituciones del sector financiero. Es así como el Banco Agrario pasó de ser, después de la Fuerza Pública, la entidad con mayor presencia en Colombia. Parte de su estrategia está orientada a ampliar su cobertura y a mejorar las relaciones con sus clientes actuales y potenciales, llegando a las regiones más apartadas del territorio nacional, que son justamente a las que tradicionalmente no llega la banca. En los últimos dos años, durante la presidencia de Luis Enrique Dussán López, el Banco Agrario ha tenido una gran evolución en su cobertura, pues hoy hace presencia en 742 municipios del país, de los cuales es el único banco en 457. Desde el 2010, la entidad ha abierto 27 oficinas tradicionales, que a la fecha suman 766. Para este año se tienen proyectadas 37 nuevas oficinas, con lo cual, al término de esta vigencia, la Entidad contará con un total de 794 sucursales tradicionales.  En febrero de 2017 lanzó las oficinas extendidas bajo el modelo Banco Agrario más Cerca, en alianza con las redes de corresponsalía. Actualmente, cuenta con 95 de estos puntos. Así mismo, se ha observado un crecimiento importante en el número de Corresponsales Bancarios, pues mientras en agosto de 2010 la entidad contaba con 258 de estos puntos, en la actualidad el banco tiene 5.648 corresponsales propios y en alianza con otras redes. En cajeros automáticos se duplicó la cobertura, al pasar de 1.375 a 2.538. Tecnología y modelo de atención De acuerdo con Dussán, se ha dado un salto importante en cuanto a la modernización tecnológica y corporativa que la hace dinámica y competitiva con el resto de la banca privada. Es por eso que la entidad renovó su Banca Virtual, implementó la aplicación de Banca Móvil y diseñó la herramienta AgroBAC, con la cooperación canadiense, para hacer análisis de crédito en campo en tiempo real. Así mismo, se le ha abierto paso a un modelo más cercano, a través de asesores integrales, quienes están visitando a las comunidades rurales en sus fincas y veredas, para brindarles acompañamiento permanente, desde el mismo momento de su vinculación al banco, además de ayudarles a entender sus finanzas, costos y flujos. “Soy un convencido de que donde más necesitamos modernización tecnológica es en los campos rurales, porque el costo transaccional de un cliente es muy alto al tener que desplazarse hasta un casco urbano para encontrar un servicio financiero. Esees el gran reto de este banco”, afirma. Pequeños productores La entidad ha concentrado la mayorparte de sus créditos en los pequeñosproductores agropecuarios, pues venen ellos una oportunidad de generarcompetitividad en el mercado nacional.Según el directivo, la financiaciónpara este segmento creció en un 475%entre 2010 y 2017, al pasar de $431 milmillones a $2,3 billones. “Atendemosel 98% de los pequeños productores deColombia. Nos hemos especializadomás en ellos porque es donde nadiellega, es la razón de ser de este banco”,asegura el presidente de la institución.A estos beneficios se suma la creaciónde un portafolio de serviciospara los productores agropecuariosque se han ido especializando cadavez más en este oficio. AgroListo Para hacer más fácil el crédito, el Banco Agrario lanzó en 2017 Agro-Listo, un programa diseñado para brindar mayores facilidades de crecimiento a los mejores clientes del segmento pequeño productor agropecuario, mediante el otorgamiento de un nuevo préstamo preaprobado, sin trámites y sin necesidad de presentar documentos adicionales. “Con esto se manda un mensaje de que ser buena paga, sí paga; para que la gente se motive con la cultura del cumplimiento en el pago. Nuestro reto para este año es armar un portafolio más grande para medianos productores”, enfatiza Dussán. Educación económica y financiera En el último año, se amplió sustancialmente la población impactada con el Programa de Educación Económica y Financiera del Banco Agrario de Colombia, que entre 2016 y 2017, pasó de 21.500 consumidores financieros capacitados a más de 833. “De esta manera ejercemos no solo un acompañamiento, sino que les ayudamos a estructurar sus propios créditos, los  acompañamos en sus procesos productivos y a gestionar preventivamente la cartera”, explica Dussán. El banco ha concentrado la mayor parte de sus créditos en los pequeños productores agrícolas. Se abrió paso a un modelo más cercano, a través de asesores integrales. “Ayudamos a progresar a nuestros campesinos” El sector agropecuario presenta niveles de riesgos diferentes y poco controlables al resto de las actividades económicas del país. Para los campesinos, su trabajo es cambiante y con ellos la volatilidad del mercado también, por lo que “ponen la plata al sol y al agua”. Es ahí donde este banco apalanca una propuesta que se espera se convierta en ley, para que el Estado ayude a aliviar la situación de las personas que estén afectadas por un factor ajeno y que no los impacte de manera negativa ante el sistema financiero.La idea es que puedan seguir adquiriendo créditos y que les permitan reactivarse productivamente, obteniendo como garantía el valor de la palabra.“Los campesinos conservan valores y principios que se han perdido en las ciudades. Todavía es importante para ellos el valor de la palabra, la buena fe, honrar el crédito y se afanan por quedar bien con los bancos, pero a veces no pueden porque son situaciones ajenas a su voluntad”, sostiene el directivo. Cuentas Paz Con el fin de facilitarle a los excombatientes de las FARC el acceso al sistema financiero y el pago de los beneficios económicos del proceso de reincorporación a la vida civil, pactados en el Acuerdo de Paz, el Banco Agrario realizó visitas directas a las antiguas 26 Zonas Veredales Transitorias deNormalización, donde efectuó la apertura masiva de las Cuentas PAZ, de las cuales a la fecha se han creado 12.387. ¿Cómo funcionan? Mediante un pago inicial de dos millones de pesos por parte del Gobierno y una mensualidad del 90% del salario mínimo por dos años, entraron a operar estas cuentas para los desmovilizados.Con equipos móviles,

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“Con la paz no se juega”: Fiscal Néstor Humberto Martínez

Martínez además desmintió que la Fiscalía haya levantado la suspensión de las órdenes de captura que habría solicitado en su momento el Gobierno Nacional en el marco de la Ley 418. El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aclaró que la Fiscalía General de la Nación no posee una orden de detención con fines de extradición en contra del exjefe guerrillero Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez. “No es cierto, como se dice en los territorios de consolidación, que por virtud de una orden de captura que habría librado la Fiscalía, el señor Márquez tuvo que salir del espacio territorial en que se encontraba y que supuestamente una hora después de su salida habría llegado el Ejército Nacional a hacer efectiva esa orden de captura. No es cierto ni lo uno ni lo otro”, explicó el alto funcionario a través de un comunicado de prensa. En el oficio se argumenta que la situación jurídica de las nueve personas que se encuentran bajo indagación en estos momentos, de las cuales la mayoría formó parte del viejo Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debe examinarse desde los siguientes escenarios: El primero es que conforme a la Ley 418, si el Gobierno del Presidente Duque, de acuerdo con los dictados de la ley, tal como ha sido modificada esa ley, opta por solicitarle a la Fiscalía que se levante la suspensión de las órdenes de captura, esta deberá proceder de conformidad con esa solicitud. “Sin embargo, el Gobierno Nacional no le ha solicitado el levantamiento de esa suspensión a la Fiscalía General de la Nación”, agregó. En segundo lugar si estos reinsertados reinciden en el delito y violentan ese principio medular de la paz que es la no repetición, el fiscal Martínez podrá “exigir el cumplimiento de la ley, porque los reincidentes están sometidos a la jurisdicción ordinaria sin ningún tipo de discusiones ni de conflictos de competencia con ninguna otra jurisdicción, porque el que la hace la paga, pero esa no es la regla de lo que hemos venido advirtiendo que se haya violentado esa frontera para llegar a la ilegalidad, por lo cual no hemos proferido ordenes de captura en este momento”. “Si como lo dice Naciones Unidas se ha incumplido el acuerdo de paz, procedería ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), iniciar el incidente de incumplimiento de que habla la Ley 1922 de este año, y ese incidente lo podríamos promover la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, las víctimas o de oficio la propia JEP y declarar el incumplimiento por parte de los reinsertados con las consecuencias que establece la ley y la sentencia de la Corte Constitucional que habla de la pérdida de los beneficios para estos reincidentes, que incumplan el acuerdo de paz”, indicó el documento como tercer escenario. “Sin embargo esa actuación judicial puede empezar a estar empañada porque tengo que declararle al país que la Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios, unos inescrupulosos estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la Jurisdicción Especial de Paz no actúe como debe actuar cumpliendo con la Constitución y la Ley. Por esa razón, hemos abierto una indagación a cargo de un fiscal especial que deberá producir decisiones prontamente con el fin de impedir que no se vaya a violentar el cumplimiento estricto de la Constitución y de la Ley en esa jurisdicción, a partir de acciones inenarrables pero de las cuales tenemos evidencias por parte de algunos funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz. Ese es el estado de cosas y de estos temas hay que hablar con claridad, con precisión y sin especulaciones”, concluyó el fiscal.

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Duque exige liberación de secuestrados para continuar diálogos con ELN

No se puede seguir validando la violencia como mecanismo de acceso a la palabra del Estado, declaró el mandatario al llegar a la Cumbre de Gobernadores. El Presidente Iván Duque manifestó hoy “con mucha tranquilidad” y “con firmeza” su voluntad de avanzar hacia la desmovilización, el desarme y la reinserción del ELN”, pero reiteró la necesidad de que ese grupo insurgente libere a los secuestrados. “No nos llamemos a engaños, necesitamos la suspensión de todas las actividades criminales, empezando por la liberación de los secuestrados”, aseveró el mandatario. El Presidente, quien este viernes cumple el primer mes de su gobierno, declaró a su llegada a Mompox, sede de la Cumbre de Gobernadores, que “si esos hechos de buena fe ocurren (…) el Gobierno está listo para proceder”. Lo que no se puede “es seguir validando la violencia como mecanismo de acceso a la palabra del Estado”, puntualizó. Con información de la Presidencia de la República

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Solicitados en extradición que fueron excluidos de listas de las FARC no pueden ir a la JEP: Procuraduría

El Ministerio Público señaló que alias ‘El Inválido’, exmilitante de las FARC – EP, cumple los requisitos de la JEP y no debe ser extraditado. La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) regresar a la justicia ordinaria los casos de tres extraditables que son requeridos por jueces de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Los postulados, identificados como Osías Riascos Ocampo, Santos Román Narváez Ansazoy y Julio Armando Belalcázar Estacio, solicitaron su ingreso a este nuevo sistema de justicia transicional y ser beneficiados con la garantía de que no serían extraditados. El Ministerio Público encontró que sus peticiones no cumplen con los requisitos exigidos  por la JEP, porque su condición de exmilitantes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC – EP) no se encuentra acreditada en sus respectivos procesos. En los casos de Osías Riascos y Narváez Ansazoy, la Procuraduría estableció que fueron excluidos de las listas que las FARC entregaron a la Oficina del Alto Comisionado para la PAZ con los nombres de sus integrantes, mientras que Belalcázar Estacio aparte de no ser incluido en esos listados, tampoco ha sido acusado formalmente por el delito de rebelión, otro de los requisitos establecidos para ser aceptado por esta jurisdicción especial. Osías Riascos, conocido con los alias de  ‘Chachito’ o ‘Yimi Riascos’, Narváez Ansazoy, alias ‘Román’, y Belalcázar Estacio, alias ‘Barón’, son señalados de pertenecer, presuntamente, a distintas estructuras ilegales que enviaron estupefacientes desde Colombia a Estados Unidos, utilizando rutas a través de países centroamericanos, y solicitaron su inclusión a la JEP argumentando que esas conductas tuvieron relación con las FARC – EP. El ente de control pidió que estos tres casos sean remitidos a la justicia ordinaria para que continúe el trámite de extradición, ante la falta de competencia de la JEP para conocerlo. En otro concepto radicado ante la Sección de Revisión, la Procuraduría pidió a la JEP que cobije con la garantía de no ser extraditado a Pedro Luis Zuleta Noscué, alias ‘El Inválido’ o ‘El Cojo’, porque cumple los requisitos exigidos para gozar de ese beneficio. Zuleta Noscué, quien fue jefe de finanzas del sexto frente de las FARC en el Cauca, es requerido por una corte de Estados Unidos por hechos relacionados con tráfico de estupefacientes entre 1985 y 2001. El Ministerio Público encontró que su condición de exmilitante de las FARC – EP está debidamente acreditada al figurar en las listas de integrantes que esa agrupación suministró al Gobierno Nacional y por someterse voluntariamente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El órgano de control consideró que el caso de Zuleta Noscué es competencia de la JEP, porque los hechos investigados por la justicia de Estados Unidos ocurrieron entre 1985 y 2001, y esta jurisdicción tiene atribución para conocer las actuaciones cometidas por los exintegrantes de las FARC en desarrollo de las conductas desplegadas por la entonces guerrilla con anterioridad al primero de diciembre de 2016. Con información de la Procuraduría General de la Nación 

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ONU confirma que excomandantes de las FARC abandonaron sus zonas veredales

La  Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, aseguró este jueves que en las últimas semanas, seis dirigentes de cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el Suroriente del país, tomaron la decisión de dejar estas zonas y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí. “Independientemente de los motivos que llevaron a estos excomandantes a tomar esta decisión, están incumpliendo su obligación en virtud del capítulo 3.3 del Acuerdo Final de Paz que los compromete a contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación”, declaró la entidad a través de un comunicado. Agregó que en este momento de transición, se están generando cuestionamientos al proceso de reincorporación, mientras que los miembros y dirigentes de la FARC continúan “apostándole al proceso de paz a pesar de las múltiples dificultades que han enfrentado en este camino”. La Misión destaca que, en los Espacios del Suroriente, los excombatientes de las FARC-EP y sus familias han desarrollado más de 40 proyectos productivos de todo tipo, en su gran mayoría financiados por ellos mismos, con el apoyo de algunas universidades, organizaciones no gubernamentales, la comunidad internacional y empresarios de la región. El éxito de estos proyectos sigue siendo fundamental para lograr una reincorporación efectiva de esas personas. El pasado 27 de julio el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas manifestó públicamente “la importancia de lograr la plena reincorporación política, legal y socioeconómica de los exmiembros de las FARC-EP, incluso mediante la continua labor del Consejo Nacional para la Reincorporación (CNR) para asegurar el acceso a tierra y establecer proyectos productivos”. A su vez la Misión invita a que a través del CNR, sus mesas departamentales y locales, el proceso de acceso a tierra, diseño, financiamiento e implementación de proyectos productivos con enfoque comunitario se retome con el necesario sentido de urgencia.

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La llegada histórica de las Farc al Congreso

En un hecho histórico para el país, diez exintegrantes de las FARC iniciaron su labor como congresistas el 20 de julio pasado, gracias al derecho que adquirieron con la firma en 2016 de los acuerdos de paz. El exgrupo guerrillero llega al Capitolio Nacional a inaugurar una nueva forma de hacer política, tras permanecer en rebelión contra el Estado colombiano por espacio de cinco décadas. Sus representantes harán sentir su voz en un riguroso control político que harán desde el Poder Legislativo en estos cuatro años. Más allá de la controversia generada por lo pactado en La Habana entre el saliente gobierno de Juan Manuel Santos y la otrora poderosa organización insurgente, las imágenes de los antiguos comandantes de las FARC ocupando sus curules sin armas y vestidos de civil en el recinto del Congreso constituyen un paso trascendental para el país en su anhelo de alcanzar algún día la paz integral. En plenaria senador por el partido Farc, Carlos Lozada Diez escaños en el Legislativo, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, desde los cuales no solo harán una defensa de los acuerdos negociados en la isla caribeña, sino también una “férrea” oposición al presidente entrante, Iván Duque, quien se ha mostrado partidario de realizar ajustes al texto acordado, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como a implementar un modelo económico diferente al que esa exguerrilla pregonó durante su lucha armada. Pero, ¿qué piensan sus colegas de su participación como congresistas y cómo puede contribuir su presencia a poner fin a la polarización que vive el país? Un reto para la tolerancia La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, cree que la intervención de exguerrilleros de las FARC, ahora como miembros de una fuerza política, en los debates y discusiones que se den en el Congreso de la República, es un “enorme” reto para la democracia, la institucionalidad y la tolerancia. Aunque asegura que sus nuevos compañeros obtuvieron las curules por un acuerdo que los colombianos rechazaron en las urnas, considera que lo importante en esta legislatura es “generar un ambiente que permita sacar adelante todos los proyectos prioritarios del actual gobierno, pero sobre todo recuperar la confianza ciudadana en el Congreso como institución”. Para el parlamentario liberal, Silvio Carrasquilla, la presencia en el Capitolio de quienes un día empuñaron las armas y hoy le están apostando a la política como alternativa es un mensaje al mundo de que sí se puede construir un país diferente por medio del diálogo y la concertación. “Preferimos mil veces tener en el Congreso de la República a los guerrilleros y no verlos colocando bombas contra la población civil y atacando nuestros soldados”, como lo hicieron muchas veces en el pasado, señala. Un buen negocio La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, está convencida de que haber logrado la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue un “buen negocio” para el país, “porque se libró de un actor armado que hizo daño durante más de 50 años, cambiando sus armas por 10 curules”. El reto que tienen ahora, según la legisladora, es ejercer con responsabilidad su tarea como congresistas, aunque considera que el desafío mayor de la paz “es con los colombianos que han padecido la pobreza, la exclusión y corrupción”. Pese a los altibajos que ha tenido el proceso, cada vez son más las voces que respaldan la participación de la antigua organización insurgente en la política. La senadora conservadora, Nora Brugos, percibe como algo bueno para el fortalecimiento de la democracia la apertura de espacios a otras ideologías, siempre y cuando exista voluntad de paz. “Que de verdad haya el deseo de trabajar y ayudar a construir país de parte de aquellas personas a las cuales el Gobierno les ha dado la oportunidad de volver a la sociedad civil”. Lo que significa que las FARC lleguen al Congreso Como partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), estrenará en esta primera legislatura las garantías que establece el nuevo estatuto de la oposición. Inicialmente, hará parte del bloque de 50 congresistas de Senado y Cámara que ejercerán control político al gobierno entrante desde agosto. El grupo, que se denomina “bancada por la paz, la vida y la democracia”, lo componen también la Alianza Verde, El Polo Democrático, la Lista de la Decencia, el movimiento MAIS y la Unión Patriótica (UP). “Ahí tienen la oportunidad de realmente demostrar si han estado siempre a favor del país y si tienen buenas ideologías. Personalmente, estoy de acuerdo que estén en el Congreso, que discutan con ideas, porque las armas nunca son el camino. Espero que les vaya bien, porque, de lo contrario, no valdría la pena tanta lucha que han dado. Tengo la esperanza de que sean excelentes legisladores”, afirma el senador Jonathan Tamayo Pérez. De igual manera piensa su compañero de bancada, Gustavo Bolívar, para quien la llegada de las FARC al Capitolio significa entrar en una era de civilización en la que los conflictos se resuelven por la vía política. El gran problema, a su juicio, es que no se les está cumpliendo con lo pactado en la mesa de negociación, lo que podría tener efectos a futuro. “Es ahí donde tenemos que trabajar, por tratar de que se cumplan los acuerdos. Tenemos en las manos un tesoro que estamos desperdiciando, la paz, y no vale la pena dejarlo escapar de las manos”, agrega. Se ha conseguido un gran avance con el cierre de cinco décadas de conflicto armado interno, por lo que, según el senador de la Alianza Verde, Iván Name Vásquez, hay que seguir remando. “Quienes estén interesados en la guerra es mejor que se vayan para otro lado porque Colombia no quiere retornar a ese horrible pasado”. ¿Qué piensan los congresistas del Partido FARC? El representante a la Cámara, Omar de Jesús Restrepo, ve saludable para la democracia su participación como congresista en esta nueva legislatura que comienza. “Para nosotros es muy importante, muy significativo, el arranque

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Partido FARC radica proyecto de ley para dar tratamiento penal diferencial a pequeños agricultores de cultivos ilícitos

El partido FARC y la Convergencia por la Paz, la vida y la Democracia, radicaron este miércoles el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial a pequeños agricultores de cultivos de uso ilícito. “En respuesta a la insistencia del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, de recurrir a la erradicación forzada como principal estrategia para la lucha contra el narcotráfico, y dando continuidad a lo establecido en el Acuerdo de Paz”, se presentó una propuesta construida en diálogo con varias organizaciones sociales para proteger a las “familias campesinas que no vieron más alternativa económica en un campo azotado por la crisis, que el cultivo de coca, marihuana o amapola”, anunciaron a través de un comunicado. Según la propuesta, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) identificará quienes puedan beneficiarse del tratamiento penal diferencial y que siguientes requisitos tendrían que cumplir: 1. Que se trate de la comisión de alguna de las conductas punibles previstas en los artículos 375, 376, 377 y 382 de la Ley 599 de 2000. 2. Que se trate de pequeños agricultores o agricultoras, pequeños productores o los sujetos que tengan la calidad de intervinientes en el primer eslabón de la cadena de producción de cultivos de uso ilícito. 3. Que no se les demuestre pertenencia a grupos armados organizados . 4. Que se manifieste ante la Dirección del PNIS, o quien haga sus veces, o ante cualquier autoridad estatal, una declaración voluntaria para ser acogida dentro de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, y oportunamente suscriba un acta de compromiso ante las autoridades administrativas competentes. 5. Que no se reincida en la comisión de las conductas punibles. Se exonerará de sanciones penales a pequeños cultivadores que hayan manifestado la voluntad de sustituir sus cultivos y se priorizará en la atención a mujeres en condición de pobreza y a los pueblos étnicos. El partido aseguró que espera poder aprobar este proyecto y así “dar confianza y garantías a las familias que ya están participando en los programas de sustitución concertada y que necesitan una inversión social comprometida con el desarrollo y los derechos de las comunidades”.

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