Legislativo

En el Foro “El rol de la comunidad y las organizaciones sociales en defensa del Páramo de Santurbán”, organizaciones que tienen que ver con el tema, la comunidad y los senadores que participaron en dicho evento virtual, coincidieron en señalar que “el agua no tiene color político” y que la Comisión Accidental creada por la Mesa Directiva del Senado, “es la expresión por la defensa y preservación del páramo más grande del mundo”. Como antesala al gran debate en la plenaria del Senado, a realizar el seis de octubre del presente año, los senadores atendieron las observaciones y sugerencias de los participantes, de este primer foro, entre ellos el Comité del Páramo de Santurbán de Santander y Norte de Santander, Corambiente y la Asociación de Mineros de la Provincia de Soto Norte. Medida Cautelar “El único soporte técnico que dice que el proyecto no afecta es el de MINESA, el del Gobierno no tiene soporte propio, en cambio, el Comité cuenta con cuatro estudios del Acueducto de Bucaramanga, así como un informe de un experto geofísico que muestra cómo va a afectar el agua”, afirmó en forma contundente el vocero del Comité del Páramo de Santurbán, Hernán Morantes, quien manifestó que ya solicitaron una medida cautelar ante el Tribunal Administrativo de Santander donde se decidirá si el proceso de licenciamiento de MINESA continúa o no. Morantes precisó que “no estamos en contra de la actividad agropecuaria ni la minería artesanal. Estamos en contra de la Gran Mineria” y agregó que los ecosistemas no deben ser delimitados porque la línea imaginaria administrativa es solo para permitir la minería y nada más. Delimitación no es garantía Consideró que la delimitación no es garantía para conservar el agua del Gran Santander y dijo que los campesinos, que son los más afectados, no tienen como acceder a la información porque la convocatoria al proceso no fue amplia por tanto la consideraron fallida. Morantes llamó la atención ante los senadores y asistentes al manifestar que sí se aprueba la licencia ambiental de MINESA se está autorizando la expropiación de predios del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que se compró con el objeto de proteger las fuentes hídricas, pero los quieren volver desechos tóxicos mineros de uranio y magnesio, “por eso hacemos un llamado al presidente Duque que cumpla su promesa de campaña cuando dijo que ese proyecto no era inviable”. A nombre de la Plataforma Cívica por la defensa del Páramo, Alix Mancilla Moreno, pidió declarar la moratoria minera en el país tras señalar que el problema no es Santurbán, sino evitar la megaminería en los demás páramos y recursos naturales del país. Sustento de las familias “Si los habitantes de páramo que son campesinos no pueden ejercer una actividad que siempre la han ejercido, cómo el Gobierno garantiza el sustento de estas familias que lo único que han hecho es cultivar papa, cebolla para sobrevivir, cómo se les va a decir que tienen que salir del páramo”, sostuvo Mildreth Solandy Hernández Rodríguez, vocera del Comité de Norte de Santander, quien destacó que los campesinos ni siquiera han tenido créditos para sus cosechas por parte del Banco Agrario. Edwin Rodríguez, accionante de tutelas, sostiene que en Santurbán han primado las decisiones políticas del Gobierno para favorecer a los intereses particulares mineros “que se han alineado con el poder central para tal fin convirtiendo, paradójicamente a las decisiones gubernamentales, en la principal amenaza que hoy enfrenta nuestra agua y nuestros páramos”. Daños irreversibles e irreparables Rodríguez fue contundente en expresar que se generarían daños no mitigables, irreversibles e irreparables que jamás tendrían la licencia social del pueblo colombiano, por eso destacó la labor a tiempo del Senado por parte de la Comisión Accidental, al señalar que las decisiones en el presente y futuro de Santurbán y los 33 páramos del país, se van a tomar en el terreno político y jurídico. La Asociación de Mineros de la Provincia de Soto Norte enfatizó que la actividad minera ancestral que representa al municipio de California, son comunidades milenarias cuya única fuente económica ha sido la minería. Señalaron que nunca el Estado colombiano ha diferenciado entre un gran minero y un barequero. “Esa desigualdad, la de no mirar a todos por igual, finalmente termina por dejar desprotegidos a las comunidades mineras ancestrales y a los campesinos”. Compromisos Dentro de los compromisos se destaca la realización del Gran Debate en defensa del páramo de Santurbán agendado en la plenaria del Senado para el martes 6 de octubre a partir de las 10 AM. Como compromiso del resultado del Foro se resalta lo afirmado por el senador Horacio José Serpa quien señala que además del debate político se deben considerar los procesos jurídicos que han sido elevados al Alto Tribunal de Santander por parte del Comité del Páramo de Santurbán. El senador Juan Carlos García solicitó que como resultado del foro se realice un compendio de las acciones legales en las que la comisión pueda coadyuvar y hacer seguimiento, para que sea incluido por la secretaría técnica dentro del informe final del foro. Información tomada del Senado

La Mesa Directiva del Senado de la República, estableció para el martes 6 de octubre del 2020, a partir de las 10 a.m. el debate esperado por todos los colombianos: la Defensa del Páramo de Santurbán y cuya sesión plenaria será presidida por el primer vicepresidente de la corporación Jaime Durán Barrera. Al debate están citados los Ministros de Minas y Energía, del Medio Ambiente y el Director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, quienes atenderán el clamor de millones de colombianos en defensa de los recursos naturales con la vocería de los senadores de las diferentes bancadas de la corporación, quienes a través de una Comisión Accidental vienen preparando el debate. De antesala a la realización del debate, la Comisión Accidental realizará una serie de foros virtuales con los diferentes sectores que tienen que ver con el tema para que los senadores reciban información de parte de la comunidad y los sectores que tienen que ver con el tema que enriquezcan el debate. El primer foro se realizará este viernes 18 de septiembre con el tema de la delimitación del páramo y licencia ambiental: procesos sociales y jurídicos adelantados por el comité, minería artesanal y agricultura como recurso alternativo de crecimiento económico. AGENDA “El rol de la comunidad y las organizaciones sociales en la defensa del páramo de Santurbán”. Convoca: COMISIÓN ACCIDENTAL PARA LA PRESERVACIÓN DEL PÁRAMO DE SANTURBÁN. 8:00 am a 12:00 pm en la modalidad de sesión virtual por la plataforma Zoom. 8:15 – 8:30 am Saludo y bienvenida de los participantes 8:30 – 9:25 am Instalación y contexto de la problemática Instalación: Senador: Jaime Enrique Durán Problemática general: Senadores: Juan Carlos García Gómez; Angélica Lozano, Antonio Sanguino, Richard Aguilar, Carlos Guevara, Manuel Virgüez, Edgar Diaz, Andrés Cristo, Criselda Lobo, Horacio José Serpa – Intervención de 5 minutos cada uno 9:30 -10:00 am Representante Comité Santurbán- Santander Hernán Morantes y Luis Jesús Gamboa Intervención de 15 minutos cada uno 10:00 – 10:20 am Representante Comité Santurbán- Norte de Santander Intervención de 20 minutos 10:25 – 10:45 am CORAMBIENTE Intervención de 20 minutos 10:50 -11:10 am Asociación de mineros de la provincia de Soto norte Intervención de 20 minutos 11:15- 11:45 Preguntas y compromisos por parte de los senadores Nota de moderación: El senador Durán liderará el espacio y dará el uso de la palabra para la formulación de preguntas a los intervinientes. 11:45- 12:00 Cierre y conclusiones a cargo de la secretaría técnica Los integrantes de la Comisión Accidental son los senadores Jaime Durán, coordinador; Sandra Ramírez, Angélica Lozano, Juan Carlos García, Andrés Cristo, Edgar Jesús Díaz, Jesús Alberto Castilla, Antonio Sanguino, Richard Aguilar, Horacio José Serpa, Miguel Ángel Pinto y Guillermo García. Tomado del Senado

Por iniciativa de la senadora Victoria Sandino (FARC), se efectuó el debate de control político, al Ministerio de trabajo, para que informara sobre las medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, con el personal médico y las trabajadoras de servicio doméstico remuneradas. En su intervención, la senadora Sandino expresó que las trabajadoras domésticas son discriminadas y explotadas en su labor. “La mayoría son cabezas de hogar, campesinas y afrodescendientes, a quienes les fue negada la educación, son cuidadoras de muchos hogares, pero ni el Estado cuida de ellas. Necesitamos saber cuál es el compromiso del gobierno con estas mujeres”. La congresista agregó que “esta situación no es nueva, aquí hay una desprotección permanente y sistemática por parte del Estado hacia estas trabajadoras, muchas de ellas, en terribles condiciones de trabajo sin acceso a la seguridad social, con contratos precarios”. Sostuvo que en el marco de la pandemia, el 50% de las trabajadoras domésticas no contaron con los elementos de bioseguridad y muchas quedaron sin ingresos. “El gobierno debe garantizar los derechos laborales”, afirmó la congresista, quien agregó que en Colombia, de cada nueve trabajadoras domésticas, sólo dos, tienen seguridad social. Finalmente dijo que “no existe política pública diferencial, para la protección de estas mujeres. Tampoco hay un régimen sancionatorio claro. El Estado debe diseñar los mecanismos de prevención, para atender a esta población vulnerable. La Corte Constitucional las declaró sujetas de especial protección ” indicó la senadora. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó que el panorama de las mujeres domésticas en el país es de mucho cuidado, ya que 647 mil de ellas se dedican a esta labor. El 41% gana menos del salario mínimo y solo el 37% tiene acceso a la seguridad social. Afirmó que uno de los grandes inconvenientes que tenían las trabajadoras domésticas, es que sólo podían afiliarse al Sistema de Seguridad Social, las que devengaban un salario mínimo. Sostuvo que ahora, con el decreto 1174, podrán tener una posibilidad de ingresar al sistema de cotización, con sus ahorros. “Tenemos compromiso con estas mujeres, continuaremos con las mesas de trabajo. El subsidio solidario aplicará para todas ellas”, agregó. A su turno, la viceministra de Salud y Protección Social, María Andrea Godoy expresó que durante el período de la pandemia, esa cartera ha garantizado todos los elementos de bioseguridad para el trabajo doméstico. Con relación a los aportes al personal de la salud, como reconocimiento por su trabajo en la emergencia sanitaria, señaló que ya se tienen dispuestos 226 mil millones de pesos.    

El Senado de la República hizo hoy un llamado a iniciar una profunda reflexión sobre las funciones y actuaciones de la Policía Nacional, con el objetivo de fortalecer a esa institución y reconciliarla con la población, luego de los hechos violentos generados por la muerte en Bogotá del ciudadano Javier Ordóñez. El llamado fue hecho durante  la sesión plenaria, no presencial, a la que asistió el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para presentar un informe sobre la situación de orden público nacional, así como los altos mandos de la Policial Nacional. Durante la plenaria se presentaron tres informes de una comisión accidental designada por el Senado para analizar la situación de orden público en el país: uno firmado por los senadores Ernesto Macías (Centro Democrático), Efraín Cepeda (Partido Conservador) y José Luis Pérez (Cambio radical); otro firmado por el senador Juan Luis Castro (Alianza Verde) y otro por Luis Fernando Velasco (Partido Liberal). El senador Juan Luis Castro presentó un informe en el que hizo un recuento de los hechos ocurridos en Bogotá el miércoles 9 de septiembre y que originaron la muerte de Javier Ordóñez durante un procedimiento policial. “Luego del infortunado hecho murieron varias personas y por eso es necesario reflexionar lo que hacemos con la Policía para que no ocurran estos abusos de la fuerza que terminaron con la vida de 13 personas”. El senador Castro aclaró que el objeto de su informe no es menoscabar la institución de la Policía, sino por el contrario encontrar fórmulas para mejorar los procedimientos y la formación de la Policía. “El derecho a la protesta está establecido en la Constitución. Ya desde el año pasado con los paros quedó en evidencia la desconexión del Gobierno con la ciudadanía y quedó en evidencia el abuso de la fuerza por parte de la Policía para responder a esas legítimas protestas sociales”, aseguró. “La Policía desconoció la Constitución al ignorar las órdenes de la Alcaldía. Por eso le preguntamos al ministro de la Defensa quién dio la orden de disparar. Ante estos hechos es importante asumir cambios estructurales al interior de la Policía para recuperar la confianza en esta institución”, agregó el senador Castro. El legislador recordó que hay una moción de censura radicado en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no sólo por los hechos de la violencia en Bogotá la semana pasada, sino por las masacres, el asesinato de líderes sociales y la presencia en el país de tropas de Estados Unidos. A su turno el senador Luis Fernando Velasco presentó un segundo informe del resto de la comisión accidental. Inicialmente presentó un video en el que agentes de la Policía protagonizan acciones de ayuda a la comunidad. Acto seguido presentó imágenes de la represión violenta en Bogotá en las que agentes usan armas de fuego contra la población civil. “Este no es un informe contra las instituciones. Por eso presentamos las dos caras de la Policía, la cercana que ayuda a la comunidad y la abusiva que cada vez actúa más en todo el país. El pasado miércoles dos asesinos que usaban uniformes que nunca debieron portar mataron a un ciudadano y por eso hay que investigar. Luego 75 heridos de bala y hay que averiguar de dónde salieron esas balas y porqué esos policías actuaron de esa manera. ¿Quién les dio la orden a esos policías?”, dijo el senador Velasco. El senador Velasco recordó que la frustración social se ha venido incrementando a causa de actuaciones del Gobierno Nacional durante la pandemia como la ayuda a varios sectores productivos mientras que la mayoría de la población está afectada por la crisis económica. ] “¿Realmente cree el Gobierno que toda esta violencia es un plan del ELN o de grupos armados? ¿Cómo es que no saben quiénes son las Águilas Negras o los grupos que matan líderes sociales pero en poco tiempo se culpa a estos grupos? ¿Si es así por qué no se hizo nada? ¿O más bien hay problemas de formación en la Policía? Nada de lo que está diciendo el Gobierno suena lógico”. Velasco le preguntó al ministro si la semana pasada se salió de control la Policía por la falta de formación o si alguien dio la orden para que los agentes le dispararan a la población civil. “¿Alguien dio la orden de generar esta violencia?”, se preguntó. “Tenemos que reconstruir el contrato social entre la Policía y la sociedad civil porque la semana pasada ese contrato se rompió”, agregó. A su turno el senador Efraín Cepeda presentó el tercer informe. Inicialmente lamentó la muerte del ciudadano Javier Ordóñez y pidió el castigo para todos los involucrados en el hecho. “Es necesario hacer un autoexamen y fortalecer las instituciones. Si ha habido errores hay que investigar y tomar medidas para que no vuelvan a ocurrir. La Policía es la que afronta a los delincuentes de este país así que frente a estos errores no se pueden debilitar las instituciones sino fortalecerlas”. “Si hubo disparos de la fuerza pública contra los manifestantes debe haber un castigo ejemplarizante que venga desde la justicia ordinaria y no desde la justicia penal militar. Pero también hay muchos agentes y ciudadanos heridos y muchos daños materiales”. El senador Cepeda aseguró, sin embargo, que la protesta legítima fue usada por grupos delictivos que buscan el debilitamiento de la autoridad y la desestabilización del país. “Lo que estamos haciendo es un llamado a la unidad nacional para superar este momento negativo por los hechos violentos y por la pandemia. Hacemos un llamado para que unidos salgamos adelante como país”, puntualizó Cepeda. El senador José Luis Pérez presentó “evidencias” que demostrarían que las protestas legítimas por la muerte de Javier Ordóñez estuvieron infiltradas por grupos delictivos que tienen como objetivo desestabilizar el país. Por su parte el senador Ernesto Macías rechazó el uso excesivo de la fuerza dentro de la Policía y más aún si tiene consecuencias fatales. Sin embargo, también rechazó el “vandalismo y terrorismo” generado por grupos que

En Audiencia Pública, la Comisión de Paz del Senado, escuchó a los familiares y población víctima de la violencia que en las últimas semanas dejó como saldo 8 jóvenes asesinados. El presidente de la Comisión, el senador Roy Barreras, al instalar la audiencia en el coliseo principal del municipio de Samaniego, dijo que “las víctimas No están solas, tienen quienes las escuchen”, y por eso la Comisión de Paz llegó hasta ese lugar. “No hay justificación alguna para este crimen, estos asesinos deben de dejar de matar. Hay mecanismos para abandonar ese camino de la muerte. Estamos del lado de las víctimas, los asesinos deben saber que fue un acto de cobardía que  los debe avergonzar, expresó el senador Roy Barreras. Familiares de las víctimas pidieron garantías de seguridad Durante la audiencia, los familiares de las víctimas manifestaron su preocupación porque las investigaciones no avanzan y pidieron a los medios de comunicación nacional y regional dejar de asociar a sus seres queridos con bandas de narcotraficantes. Pidieron al Gobierno inversión social, que se les brinde garantías de seguridad, porque no saben quiénes asesinaron a sus hijos, así como esclarecer los hechos y dar con los autores de esta masacre. Por su parte, el gobernador de Nariño, John Rojas, ratificó su compromiso con el pacto por la paz y por la vida al considerar que allí está el impulso del plan de desarrollo de su programa de gobierno. El mandatario de los nariñenses dijo que Samaniego es un territorio donde más del 80 % de la población es víctima del conflicto y sin embargo no hace parte de los municipios PDET. Por eso solicitó al Gobierno Nacional “estudiar la vía jurídica o la fórmula para que sea incluido dentro de esas bondades de los territorios PDET”. El mandatario agregó que en Nariño los campesinos, afros e indígenas están dispuestos a hacer sustitución voluntaria de cultivos ilícitos de manera concertada, un clamor generalizado de las comunidades y se les viene apoyando mediante el programa denominado acuerdo raíz. Jesús Quintero, representante de las víctimas en Samaniego, entregó a la Comisión de Paz un documento en el que solicitaron a sus miembros el apoyo necesario para crear un ambiente de reconciliación nacional, la rectificación y/o aclaración por parte de  los medios de comunicación nacional por vincular a sus familiares víctimas de la masacre con el narcotráfico, inclusión en el registro único de víctimas , acompañamiento urgente psicosocial para las familias de los jóvenes asesinados , garantías de seguridad para los familiares con el fin de no tener que desplazarse de su municipio y resultados efectivos de las investigaciones para que el delicado hecho no se quede en la impunidad. Senadores de la Comisión de Paz expresaron solidaridad con el municipio de Samaniego El senador nariñense Guillerno Realpe manifestó que la Comisión de Paz estará muy vigilante a los compromisos hechos por el Gobierno Nacional en Samaniego para que se materialicen y para que las investigaciones avancen y se llegue a los responsables del múltiple crimen. Por su parte, el senador Feliciano Valencia pidió protección y seguridad para las familias de los 8 jóvenes asesinados y agregó que “la situación aquí en Samaniego y en otras regiones es muy dificil”.  “Nuestra solidaridad para Samaniego, estamos elaborando un proyecto de Ley sobre alertas tempranas para que sea de obligatorio cumplimiento para las autoridades”, dijo a su vez la senadora Victoria Sandino, El senador Alexander López, propuso “crear una subcomisión de la Comisión de Paz del Senado para hacerle seguimiento a la situación en Nariño en compañía de las autoridades nacionales y una veeduría internacional que haga acompañamiento e investigue esta masacre”.  “Estamos con el dolor de esta masacre y de más de 55 masacres que han ocurrido este año, un compromiso de la Comisión de Paz es acompañar todas las investigaciones”, aseguró el legislador Antonio Sanguino. A la audiencia asistieron los senadores Roy Barreras, Temístocles Ortega, Victoria Sandino,  Feliciano  Valencia, Guillermo García Realpe, Antonio Sanguino,  Rodrigo Lara , Alexander López , Pablo Catatumbo, el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, representantes de la ONU y autoridades regionales y locales. Finalmente se hizo el compromiso de regresar a Samaniego con respuestas a las tareas encomendadas y a escuchar a otros dirigentes de municipios cercanos. Tomado del Senado

La Comisión Sexta del Senado, en sesión virtual, aprobó en primer debate el proyecto que busca proteger la pesca artesanal, así mismo el que pretende disminuir la deserción en la educación media y el que regula la actividad del Agroturismo. El senador Jorge Eliécer Guevara (Partido Alianza Verde), autor y ponente del proyecto que busca declarar la pesca artesanal en la bahía de Taganga como patrimonio histórico, cultural e inmaterial de la Nación dijo que con esta iniciativa “buscamos apoyar la pesca artesanal en este lindo lugar del Magdalena. Así contribuimos con los pescadores que se dedican a esta actividad”. El proyecto se aprobó con 11 votos, después de aceptar las proposiciones presentadas por las senadoras Ruby Chagüi y Amanda Rocío González. Por su parte, Ana María García, representante del grupo de patrimonio cultural del Ministerio de Cultura, expresó que esta actividad aporta grandes valores culturales y es parte de la sostenibilidad económica del país. García propuso que se unan esfuerzos para la protección de la pesca artesanal. De la misma manera, con siete votos por el sí y uno en contra, se aprobó en primer debate el proyecto que busca disminuir la deserción en la educación media y dar herramientas socio ocupacionales para que los estudiantes continúen con su aprendizaje. La senadora, Ana María Castañeda afirmó que el 39% de los estudiantes pasan a educación media y sólo el 19% ingresan a la Universidad, el 50% de ellos, no se gradúan. “Este proyecto dará las herramientas para que nuestros jóvenes puedan continuar con su ciclo de educación. Tenemos que responder con este tipo de proyectos, que contribuyen a la deuda social que tenemos con el país” agregó. Sobre el tema, la Viceministra de Educación, Constanza Alarcón, manifestó que se está trabajando en políticas públicas para atender las necesidades de esta delicada situación y garantizar la continuidad de los estudiantes. Igualmente, la célula legislativa le dijo sí al proyecto que procurará regular la actividad del Agroturismo. “Con el proyecto se pretende fortalecer el turismo en la ruralidad, fomentar la comercialización de los productos agroindustriales, también la utilización del patrimonio rural, al igual que promover la cultura tradicional de nuestro país, donde hay una diversidad de costumbres y de gastronomía” afirmó el senador Carlos Ándrés Trujillo. Con las modificaciones presentadas para enriquecer la iniciativa, los congresistas aprobaron con 10 votos, el proyecto que busca regular la actividad del Agroturismo en el país. Por su parte, Constanza Olaya, Viceministra de Comercio Industria y Turismo, hizo algunas observaciones al proyecto. “Estamos pendientes para hacer los ajustes necesarios a esta iniciativa, que fortalecerá la sostenibilidad del patrimonio y cultural del país”, dijo. Tomado del Senado