Legislativo

Durante el debate en la plenaria de la Cámara del proyecto de ley que busca reglamentar la eutanasia en Colombia, la representante Ángela Sánchez Leal presentó una serie de argumentos en contra de la aprobación de este proyecto. La representante manifestó “El proyecto de ley intenta someramente regular el “derecho” a la muerte digna, sin que el estado previamente garantice la vida digna de los pacientes, quienes no son atendidos por las EPS, tienen que interponer acciones de tutela para entregas de medicamentos y para que realicen procedimientos médicos”.   Según los resultados de una muestra ponderada de tutelas en salud, para el año 2019 los pacientes con cáncer hicieron 68.429 solicitudes en 26.939 tutelas (12,99 % de las tutelas en salud), lo que significó un aumento del 8,66 % frente al año 2018. El 72,15 % de los pacientes diagnosticados con cáncer acudieron a la tutela para reclamar servicios, especialmente, por tratamiento integral y citas médicas especializadas.    En un segundo lugar, se encontraron las demandas por medicamentos, las cuales constituyeron el 12,56 %. Lo anterior representó un incremento del 37,7 % respecto al año 2018. En tercer lugar se ubicaron las solicitudes de elementos que no son asistenciales. Estas alcanzaron el 9 % y, básicamente, fueron por transporte, viáticos y alojamiento en aquellos casos en que fue necesario el desplazamiento de una región a otra”.    En reiterada jurisprudencia, La corte constitucional ha sostenido que el derecho fundamental a la vida no significa la simple posibilidad de existir sin tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario, supone la garantía de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales.    “Hoy los pacientes con cáncer se están muriendo en las puertas de las EPS tratando de que les den los medicamentos que por constitución y la ley tienen derecho”.    “El Estado ha fracasado en la atención en salud, en donde hay un estado de cosas inconstitucionales que vulneran los derechos de vida digna de cada colombiano. La solución no está en matar a cada colombiano que tiene una enfermedad terminal como lo propone este proyecto. Sería un fracaso aprobar una legislación que permita matar pacientes terminales y no una que les dé garantías en sus tratamientos”.   Finalmente la representante enfatizó que la eutanasia desestimula la investigación y la inversión en tecnologías y tratamiento del manejo del dolor.    INVIMA a febrero del 2021 tenía 6567 trámites pendientes de evaluación, así:  – Diciembre de 2020, había 1152 Registros sanitarios nuevos pendientes de evaluación. – Para enero del 2021, había 3615 sometimientos de renovaciones pendientes de evaluación. – A febrero del 2021, hay 1800 trámites de modificaciones de registro sanitario pendientes de evaluación.   Hay medicamentos como el Larotrectinib que inhibe la translocación del cáncer y proporciona una larga supervivencia con calidad de vida, que puede lograr que un paciente que con un tratamiento convencional de quimioterapia que se estima viva 1 año y medio supere los 60 meses e incluso viva de 9 a 10 años más de lo estimado, superando la enfermedad y el dolor, sin embargo, aún se encuentra en trámite para ser avalado por el INVIMA.     “¿Cuántas vidas se pudiesen salvar con estas tecnologías que hoy el INVIMA tiene represadas? ¿Cuántas de estas tecnologías represadas son las que permitirían el manejo del dolor a pacientes con enfermedades terminales?   Se requiere de un buen sistema de salud que garantice tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos, en vez de favorecer un sistema indolente que por omisión mata a las personas y con este proyecto lo quiere hacer por acción”. Cortesía de la Cámara de Representantes.