agosto 1, 2026

Judicial

“Es un deber ciudadano asistir a las urnas y votar la consulta anticorrupción”: Duque

“La lucha contra la corrupción no tiene partido político, no tiene ideología, tiene que ser una tarea de todos”, dijo el mandatario. El Presidente Iván Duque exhortó a los colombianos a asistir a las urnas este 26 de agosto para votar la consulta anticorrupción. “Aunque haya coincidencias con el paquete legislativo que nosotros presentamos, es un deber ciudadano, en la conciencia de cada cual, asistir a las urnas y votar las preguntas con las que se sienta identificado”, afirmó. Durante la posesión de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, de cinco viceministros y de cuatro directores de entidades, este martes en la Casa de Nariño, el mandatario aseguró que “la lucha contra la corrupción no tiene partido político, no tiene ideología, tiene que ser una tarea de todos los funcionarios”. Y recordó que este Gobierno, con su agenda en materia de lucha contra la corrupción, “está decidido en recuperar la legalidad, en promover el emprendimiento y tener como el objetivo la equidad”. El jefe de Estado reiteró que “en la lucha contra la corrupción todos los esfuerzos sirven, todos los esfuerzos multiplican nuestra tarea”. Y afirmó que también asistirá este domingo a las urnas, “porque aquí se trata de unir esfuerzos”. El Presidente Duque también envió un mensaje a los colombianos sobre el programa de reactivación económica del Gobierno. “Está orientado a ser una gran transformación social. ¿Cuál es? Formalizar el empleo”. “Que tengamos ciudadanos que cuando trabajen puedan tener mejores ingresos, porque la excesiva carga tributaria a los que generan empleo, sean micros, pequeños, medianos o grandes empresarios, lo único que hace es anclar y amarrar nuestra economía”, sostuvo. Y concluyó que la reactivación económica busca generar los recursos necesarios para “avanzar en materia de educación, en materia de salud, en materia de cultura, en materia vivienda”. Con información de la Presidencia de la República 

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Corte Suprema niega nuevo hábeas corpus a “Jesús Santrich”

Santrich no tomó posesión efectiva de su cargo por consiguiente no se tratara de un congresista en ejercicio efectivo de sus funciones legislativas, que es a quien resguarda la norma con el fuero: Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia ratificó la improcedencia del hábeas corpus de Seuxis Paucias Hernández Solarte, desmovilizado de las FARC–EP conocido como “Jesús Santrich” y detenido con fines de extradición. Acción constitucional formulada en esta segunda oportunidad por un veedor ciudadano, alegando presuntas privación y prolongación ilegal de la libertad. En esta ocasión, el magistrado de la Sala de Casación Laboral, Rigoberto Echeverri Bueno, confirmó la actual competencia del Fiscal General de la Nación para mantenerlo detenido, y descartó que “Jesús Santrich” tenga fuero especial como congresista. “Las solicitudes de libertad deben ser decididas por el propio Fiscal General de la Nación (…) hasta tanto la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz defina si el detenido es beneficiario de la garantía de no extradición, en función de la fecha de ocurrencia de los hechos indagados, o la Corte Suprema de Justicia, en la etapa judicial del trámite de extradición, decida lo pertinente. “Adicionalmente, el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte no tomó posesión efectiva de su cargo y, como consecuencia, no puede decirse que, para estos precisos fines, se tratara de un congresista en ejercicio efectivo de sus funciones legislativas, que es a quien resguarda efectivamente la norma con el fuero”, explicó. “Si en este caso no hubo una posesión efectiva de la función legislativa, no tiene sentido predicar un fuero constitucional que, como ya se dijo, no es en estricto sentido un privilegio personal, sino una garantía institucional a favor de la independencia del Congreso de la República. Tampoco puede admitirse que las conductas que originaron la captura hubieran tenido alguna relación con la labor legislativa, pues nunca la ha desempeñado”, consigna la providencia. Como se recuerda, en una anterior oportunidad otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia había descartado la ilegalidad del procedimiento que adelantó la Fiscalía General de la Nación para capturar al integrante del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, pedido en extradición por autoridades de los Estados Unidos por narcotráfico. Con información de la Corte Suprema de Justicia 

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Hay que proteger a nuestros líderes sociales

Por: Hernán Andrade Presidente del Partido Conservador Como presidente del Partido Conservador, hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se protejan la vida, la integridad y los derechos de todos los líderes sociales, comunitarios, campesinos, y políticos del país, y que se ponga especial énfasis en la protección de aquellos que residen o trabajan en zonas de especial nivel de riesgo, y de aquellos que ya han sido víctimas de amenazas o intimidaciones. Colombia no puede seguir asistiendo a esta horrenda cadena de noticias de violencia. A toda persona se le debe garantizar su derecho fundamental a ejercer sus actividades de liderazgo social, comunitario y político, en toda parte del territorio nacional, y garantizar que pueda hacerlo sin riesgo para su integridad y su vida. Y esta garantía no debe conocer color político ni orientación ideológica: todos los líderes, de todas las tendencias y todas las ideas, deben gozar de iguales garantías para el ejercicio de su labor social y comunitaria. “Colombia no puede seguir asistiendo a esta horrenda cadena de noticias de violencia. A toda persona se le debe garantizar su derecho fundamental a ejercer sus actividades de liderazgo social, comunitario y político”. Personalmente apoyé la negociación de paz, como lo hicieron muchos otros miembros de este Partido. Hoy tenemos la convicción de que esta fue la decisión correcta. Pero mucho alertamos al Gobierno de la necesidad de copar con su autoridad legítima e institucional todo el territorio del país, para que se impidiera el surgimiento de nuevas formas de violencia organizada, alimentadas por la creciente actividad de narcotráfico, sobre la cual hemos advertido y seguiremos advirtiendo. El Partido Conservador Colombiano expresa su solidaridad y sus más sinceras condolencias a las familias de los líderes sociales asesinados, y pide al Gobierno Nacional que les brinde rápidamente la protección que requieran.

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Fiscalía llama a indagatoria a Santofimio por asesinato de Rodrigo Lara Bonilla

Lara Bonilla se caracterizó por sus duros cuestionamientos al narcotráfico. La Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria a el exministro Alberto Santofimio Botero y al ex representante a la Cámara Jairo Ortega, por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984. “Importante decisión en estrategia de esclarecer magnicidios. En caso por asesinato de exministro Rodrigo Lara Bonilla, (30/04/84), Fiscalía citó a indagatoria a Alberto Santofimio Botero y a Jairo Ortega. Quedaron programadas para 27 y 28 de agosto, respectivamente”, informó el ente investigador a través de su cuenta en twitter. El vehículo en el que viajaba el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue interceptado por dos sicarios en moto, Iván Darío Guisado y Byron Velásquez, cuando se dirigía a su casa en el norte de Bogotá. Guisado hirió de muerte al jefe de cartera de la época y falleció luego de que Vásquez perdiera el control de la motocicleta. Alberto Santofimio Botero fue ministro de Justicia, senador y dos veces candidato presidencial. Actualmente cumple 25 años de cárcel tras ser hallado culpable como instigador y determinante del asesinato de Luis Carlos Galán. Jairo Ortega Ramírez fue representante a la Cámara y se hizo famoso por incluir en su lista y llevar al Congreso de la República a extinto jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Además, se le recuerda por su polémica acción en la que con un cheque en mano hablaba de supuestos vínculos de Lara Bonilla con el narcotraficante Evaristo Porras, tema que jamás pudo comprobar.

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Fiscalía llama a interrogatorio al abogado Diego Cadena por caso Uribe

La Fiscalía General de la nación llamó a interrogatorio al abogado Diego Javier Cadena Ramírez, por su participación en la supuesta manipulación de testigos para que declararan en favor del expresidente, Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. “Se trata de una oportunidad que va a tener el doctor Cadena para que exprese ante el fiscal de conocimiento lo que a él le consta en relación con los hechos que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la honorable Corte Suprema de Justicia”, explicó el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Con esta citación se vincula formalmente al proceso al abogado Cadena. Según interceptaciones en poder de la corte, el jurista habría visitado en repetidas oportunidades a Juan Guillermo Monsalve, exmilitante del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para que se retractara de las acusaciones que había hecho contra el congresista del Centro Democrático, en las que lo vinculaba con el grupo paramilitar. “En desarrollo de la conversación el abogado Cadena le manifestó a Monsalve actuar en nombre del doctor Álvaro Uribe Vélez, y le pidió firmar un documento previamente elaborado con el fin de presentarlo con el recurso de reposición”, afirmó el alto tribunal en el documento, a través del cual llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe y al representante Álvaro Hernán Prada en el marco de la investigación que se les sigue por los supuestos delitos de fraude procesal y soborno. El exmandatario se ha declarado inocente frente a las acusaciones que se han hecho en su contra.

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Exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, se declara culpable ante Corte de Estados Unidos

El exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, se declaró este martes culpable ante una corte federal del sur de Florida, Estados Unidos, por los delitos de conspiración para lavar dinero, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude en giros bancarios. El abogado de Moreno, Leonardo Pinilla, también se declaró culpable por los mismos delitos. Cabe recordar que ambos tenían procesos en curso en Colombia por concierto para delinquir, utilización indebida de información privilegiada y cohecho. El exfiscal fue capturado el 27 de junio de 2017  por haber creado una organización para pedir millonarias sumas de dinero a cambio de desviar procesos judiciales al interior  de la Corte Suprema.  El 29 de noviembre de ese mismo año, la Sala Penal de la Corte  autorizó  la extradición de Moreno y Pinilla hacia territorio estadounidense por supuestamente haberle pedido $100 millones al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons a cambio de entregarle información privilegiada de las declaraciones juradas de los testigos en su contra. Se espera que el próximo 19 de noviembre se conozca su sentencia en la que podría pagar hasta 20 años de prisión        

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Defensa de Uribe Vélez sigue a la espera de que la Corte envíe material probatorio

Los abogados del senador Álvaro Uribe Vélez siguen a la espera del material probatorio por el cual se abrió la investigación en contra del expresidente por presunta manipulación de testigos. El abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, explicó a medios locales, que a pesar de la solicitud hecha formalmente a la Corte Suprema de Justicia, ente encargado de la investigación que se adelanta en contra del congresista del Centro Democrático y por la que fue llamado a rendir indagatoria, no ha recibido piezas digitales que según el jurista son valiosas para preparar su defensa. “Hasta el viernes pasado, a la defensa del expresidente Uribe la Corte no le ha entregado importantes elementos digitales que están pendientes de ser reproducidos en una tera entregada para esos propósitos, y no nos han entregado ninguna de las intercepciones que realizó la Fiscalía, ordenada por el alto tribunal. Así que estamos pendientes de conocer ese material probatorio”, afirmó Granados. El congresista fue llamado a rendir indagatoria por la Corte, dentro de la investigación que se le sigue por los supuestos delitos de fraude procesal y soborno. Inicialmente, Álvaro Uribe envío una carta a Ernesto Macías, presidente del Senado de la República, en la que renunciaba a su curul, pero decidió reversar su decisión días después. Actualmente, el alto tribunal tiene pendiente resolver una recusación en contra de los magistrados que asumieron la investigación contra el expresidente y luego reprogramar, de ser necesario, la indagatoria. Lea también: Uribe Vélez recusa a magistrados de la Corte Suprema

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Ley de Víctimas está desfinanciada: Procuraduría

Tras siete años de implementación de la Ley de Víctimas y los Decretos Leyes los resultados obtenidos no se han dado a un ritmo que permita estimar que se cumplirá con los objetivos reparadores en los tres años que quedan de vigencia. Para la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas (CSMLV), el esfuerzo fiscal requerido para el financiamiento de la Ley de Víctimas en el periodo comprendido entre 2018 y 2021 debería ser de aproximadamente $129.29 billones de pesos, lo que supera el valor estimado por el Gobierno Nacional en $28.4 billones. Según la CSMLV, esta situación evidencia que el plazo de ejecución actual y los recursos disponibles resultan insuficientes. Si se toma como referente el valor ejecutado para esta política pública en 2017, que fue de $13.5 billones, se calcula que para cumplir con los requerimientos de la ley se requieren cerca de 10 años adicionales. Para la implementación de la política de víctimas, el Gobierno Nacional asignó, entre 2012 y 2018, $76.9 billones de pesos a precios constantes de 2018. Sin embargo, no realizó un esfuerzo fiscal adicional, sino una destinación prioritaria de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), que alcanzó el 56% del total asignado. La Comisión identificó fallas de planeación que inciden en la implementación de la política, inconsistencias en los reportes sobre el cumplimiento de los indicadores del Conpes 3726 y del Plan Nacional de Desarrollo. Además, de una insuficiente incorporación del enfoque étnico en la política de víctimas, por lo que hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que tenga en cuenta las conclusiones en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo, que deberá contemplar una revisión exhaustiva de la política pública dirigida a la población víctima. Resulta imperativo que el Estado realice un análisis presupuestal riguroso y detallado de la Ley y los Decretos Étnicos frente a su cumplimiento, en consideración a su vigencia, de modo que se garantice un escenario real del financiamiento y una mayor eficiencia financiera y administrativa, en procura de la satisfacción de los derechos de las víctimas. Con información de la Procuraduría General de la Nación. 

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Partido FARC rechaza uso de sus siglas para fines violentos

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), ratificó este viernes la transparencia de la organización, así como de sus dirigentes en la vida pública y condenó el uso de sus siglas por parte de varios grupos y personas al realizar acciones delictivas. “Deslindamos por completo a nuestro partido y a su militancia de las actividades de cualquier grupo o persona, que se aparte de lo determinado por la X Conferencia Nacional de las FARC-EP y el primer Congreso Constitutivo de nuestro partido FARC, que ratificaron por unanimidad los Acuerdos de La Habana. Condenamos el uso de nuestras siglas o memoria para tales fines”, dijo la colectividad a través de un comunicado. Aseguró además que sus militantes no tienen que responder ante ningún requerimiento de las autoridades en los términos y condiciones pactados en el Acuerdo Final e insistió en que “nadie que se reclame integrante de nuestro partido debe obrar de modo distinto”. “Dejamos las armas, rompimos definitivamente con cualquier comportamiento ilegal, aceptamos someternos al orden constitucional y legal reformado y surgido como resultado de los Acuerdos de Paz”, señala la misiva. El partido FARC recordó que su transición a la vida democrática se dio gracias a  los Acuerdos de Paz alcanzados en La Habana, tras cinco años discusiones con delegados del Estado colombiano. “Gracias a esos acuerdos pudimos poner fin a más de medio siglo de cruenta confrontación armada”, sostuvo. Además, le insistió al Gobierno colombiano “honrar cumplidamente su palabra” para respetar y defender los acuerdos. Por lo que a su vez le hacen un llamado a la comunidad internacional para que sea  garante de que “el Estado no falte a sus compromisos”.

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Gobierno se compromete a proteger derechos de pueblos indígenas

La ministra del Interior destacó que la conmemoración del día internacional de los pueblos indígenas es una oportunidad para reconocer y visibilizar la importancia de la diversidad cultural y su identidad en la historia de la Nación, reconocida por ser multiétnica y pluricultural. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, invitó a este grupo étnico a trabajar y mantener el diálogo para proteger sus derechos, conservar su cultura y costumbres ancestrales, reivindicando sus garantías como ciudadanos colombianos. A través de un comunicado la jefe de cartera se comprometió a mantener el diálogo sincero y respetuoso con los pueblos indígenas, para de esta forma encontrar y concertar las condiciones que permitan generar la equidad que se pretende en este nuevo Gobierno, dando prevalencia a los postulados constitucionales. “Nuestro gobierno dará las pautas para el relacionamiento con los pueblos indígenas de Colombia, generando armonía entre los preceptos legales y las políticas gubernamentales que propenderán por un acercamiento entre el Estado y sus asociados, además de lo cual, generará la reconciliación entre los sectores económicos, políticos y sociales, partiendo del reconocimiento y aceptación de las diferencias culturales”, aclaró el documento. Gutiérrez anunció que los pueblos indígenas contarán con acompañamiento, asesoramiento técnico y profesional del Ministerio, con la finalidad de concertar una política pública que garantice y proteja sus derechos proporcionando espacios de participación y diálogo sobre las decisiones que los afecten. “Desde esta cartera se harán todos los esfuerzos para garantizar el pleno bienestar de las comunidades indígenas y el ejercicio de sus propias formas de cultura y gobierno, motivando el trabajo administrativo, técnico y político de autoridades, líderes y profesionales”, concluyó el oficio firmado por la ministra. Con información del Ministerio del Interior

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