septiembre 16, 2024
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minería ilegal

Fuerzas Militares destruyeron cinco unidades de producción minera ilegal

En área rural de Istmina, en el departamento del Chocó, el Ejército Nacional y la Policía destruyeron cinco unidades de producción de minería ilegal que estarían avaluadas en 4.500 millones de pesos aproximadamente. Hoy, 21 de febrero, el Comando de las Fuerzas Militares inició la estrategia denominada ‘Tiempo 2′ para combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros. Según declaraciones del general de Infantería de Marina, Wilson Martínez: “Estamos destruyendo una unidad de producción minera, conocida como dragón. Está avaluada entre 1.600 y 1.800 millones de pesos, y además tenía una capacidad de producir 5 kilos de oro al mes, generando rentas criminales a grupos armados, como el Clan del Golfo”.  De acuerdo con un informe de la Contraloría, la minería ilegal en el Chocó ha degradado al menos 3.185 hectáreas en 13 municipios de la región. Además, en el país, se estima que existan 300 municipios de 17 departamentos que tengan producción de minería ilegal. Conforme a declaraciones de las Fuerzas Militares, en lo que va de este año se han intervenido 11 unidades de producción minera. Por su parte, el secretario del Interior y Gobierno del Chocó, Omar Francisco Vidal, resaltó la importancia de proporcionar condiciones dignas a la población dedicada a la minería artesanal, dentro de un marco de respeto al medio ambiente. Foto tomada de la cuenta de X de la Fuerza de Tarea Conjunta Titan “Unión – Integridad – Victoria”

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El Ejército en compañía de la Policía Nacional localizaron yacimiento de minería ilegal en Antioquia

Tres personas fueron capturadas por realizar esta actividad ilícita. En cumplimiento al Plan de Campaña Ayacucho, soldados del Ejército Nacional, lograron ubicar y destruir elementos empleados para la explotación ilícita de recursos minerales en la subregión Nordeste del departamento de Antioquia. La operación militar se desarrolló en la vereda Otu, del municipio de Remedios, donde los soldados de la Décima Cuarta Brigada, junto con funcionarios de la Policía Nacional, capturaron a tres personas que se encontraban realizando esta actividad ilegal; también se incautó una retroexcavadora, tres dragas y seis motores. Con la destrucción de estos elementos se afectan las economías ilegales de los grupos delincuenciales organizados por cerca de 108 millones de pesos. Así mismo, se logra reducir el impacto ambiental de dos hectáreas cuadradas con un valor aproximado de 300 millones de pesos, en las que se evidencia una deforestación de 1600 árboles aproximadamente, los cuales tendrán un tiempo de recuperación de 20 a 30 años. Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización. El Ejército Nacional continúa su ofensiva contra la minería ilegal, para proteger el medio ambiente en la región del nordeste antioqueño y evitar la deforestación y contaminación de fuentes hídricas. Tomado de FFMM

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Colombia y Brasil en la lucha contra la minería ilegal en la Amazonía

En la primera operación binacional, Colombia y Brasil desmantelaron una estructura ilícita de yacimientos mineros que extraían más de 23 kilogramos de oro al mes. Estas acciones se realizan en el marco del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (Conaldef), que este año ha logrado contener delitos ambientales en cuatro Parques Nacionales Naturales: Paramillo, La Paya, Puré y Amacayacu. 19 enormes maquinas que eran destinados a la extracción ilícita de yacimientos mineros, una excavadora y un bote de transporte de combustible son algunos de los elementos de maquinaria destruidos en las inmediaciones. Esta actividad ilegal generaba grandes afectaciones a los ecosistemas amazónicos, a través del vertimiento de 114 kg de mercurio y la contaminación de 68 millones de litros de agua. Con su destrucción se evita la remoción de toneladas de suelo, subsuelo y capa vegetal, así como la contaminación de los cuerpos de agua con químicos como mercurio, cianuro y combustibles. De hecho, se estima que una draga minera puede verter hasta 6.000 gramos de mercurio a los ríos en un día. Se está trabajando, de manera conjunta con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, para lograr un punto de control binacional ubicado en la frontera y así tener una vigilancia permanente y conjunta. Así las cosas, esta acción binacional es un hito en la lucha contra la explotación ilícita de yacimientos mineros y de deforestación, pues los puntos de operación descubiertos tenían la capacidad de extraer mensualmente 23 kilogramos de oro, valorados en más de 6.000 millones de pesos. Tomado del Ministerio de Ambiente

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Inutilizadas unidades de producción minera ilegal en Caquetá

En el marco del Plan Ayacucho, el Comando Aéreo de Combate N. 6, CACOM 6, de su Fuerza Aeroespacial Colombiana llevó a cabo operación conjunta y coordinada con el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Policía Nacional. Durante el desarrollo de la operación, se logró la inutilización de 03 dragas y 05 motores avaluados en 120 millones de pesos, usados para la explotación ilícita de unidades de producción minera en la vereda San Roque en el municipio de Curillo, Caquetá, generando una producción estimada de 2.000gr (2kgs) de oro al mes, por un valor de 480 millones de pesos en el comercio, debilitando así, el musculo financiero de los Grupos Armados Organizados Residuales – GAO´r que delinquen en esta región del país. Sus fuerzas militares y de policía, trabajan día y noche por preservar los recursos naturales del suroriente colombiano, por ello, a través de estas operaciones, buscan disminuir daños irreversibles e irreparables a ecosistemas protegidos, previniendo las afectaciones geológicas, biológicas, hídricas y atmosféricas que provoca la minería ilegal en nuestro país. Es así, como su Fuerza Aeroespacial Colombiana continuará desplegando sus capacidades distintivas a lo largo y ancho del territorio nacional, atacando los factores de inestabilidad presentes en el país, garantizando de esta manera el cuidado del medio ambiente. Tomado de: Fuerzas Armadas de Colombia

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Neutralizadas estructuras utilizadas para minería ilegal en Vichada

En el departamento de Guainía, se logró inutilizar maquinaria y equipos utilizados para la extracción ilícita de yacimientos mineros, evitando así el daño continuo a al patrimonio natural, gracias a una operación conjunta y coordinada entre su Fuerza Aérea Colombiana, la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Policía Nacional en una importante misión de combatir la minería ilegal. En las áreas rurales de ‘Chorromanaca’ y ‘Laguna Guibo’, ubicadas en el municipio de Inírida, las autoridades localizaron y desmantelaron siete unidades de producción minera y cinco dragas artesanales operando ilegalmente en el corregimiento fronterizo de San Felipe. Se estima que el valor de estas unidades de producción minera y dragas artesanales asciende a los 470 millones de pesos pues, dentro de estas 12 estructuras, se encontraron numerosos equipos e insumos comúnmente utilizados en la extracción ilegal de yacimientos mineros como; motores diésel, bombas de succión, compresores, motobombas, equipos de buceo y combustible, entre otros elementos. Así mismo se identificaron y capturaron dos individuos, los cuales fueron dejados a disposición de las autoridades competentes junto con el material incautado. Con la neutralización de estas estructuras, se da un golpe contundente al músculo financiero de estos grupos armados pues se logró evitar la extracción mensual de aproximadamente 7.5 kilogramos de oro y seis toneladas de materia prima, lo que representa una pérdida estimada de alrededor de dos mil millones de pesos para las economías ilegales. Su Fuerza Aérea Colombiana continuará realizando operaciones conjuntas y coordinadas con el objetivo de contrarrestar la explotación ilegal de los recursos del oriente de la región. Tomado de la Fuerza Militar Colombia 

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Santa Bárbara pide ser escuchado

En el municipio de Santa Bárbara, Nariño, muchas cosas no cambian: los controles militares cada vez son más rigurosos y sus habitantes siguen bajo la zozobra de la guerra. Pese a contar con enormes riquezas naturales y una privilegiada ubicación geográfica, el alcalde José María Estupiñán asegura que se han convertido en un territorio olvidado por el Estado, razón por la cual   reclaman “con urgencia” su intervención para combatir los problemas sociales, económicos y de seguridad que por décadas ha sufrido esa zona del pacífico nariñense. Varios proyectos de gran envergadura han sido presentados ante el Gobierno Nacional por el alcalde de Santa Bárbara, José María Estupiñán, con el fin promover su desarrollo y competitividad. Sin embargo, el mandatario local considera que su ayuda ha sido nula por los obstáculos que ponen para entregar los recursos y así gestionar con éxito lo que se ha puesto a su consideración. “Uno corre a Bogotá y todos los proyectos que se presentan son devueltos porque les falta una coma. Ponen muchas trabas y, cuando uno hace las debidas correcciones, dicen que no hay recursos”, asegura. Las necesidades no dan espera y, aunque las regalías para el municipio están aseguradas, todavía no se ha invertido un solo peso. Los proyectos no dan espera y por eso, desde que asumió las riendas de la alcaldía, el mandatario se ha trazado un solo objetivo: transformar a Santa Bárbara con una nueva y mejor infraestructura en los centros educativos, hospitales y vías terciarias. El compromiso del alcalde es mejorar la infraestructura de los centros educativos, hospitales y vías terciarias.  Más seguridad Con la salida de las FARC, tras la firma de los acuerdos de paz, la violencia se ha intensificado por los enfrentamientos entre grupos subversivos que buscan tomarse el control de las rutas del narcotráfico. “Esa teoría que existía de que los espacios que dejaban las FARC serían copados por otros actores, lo estamos viviendo, por eso creemos que la intensidad del conflicto se está acrecentando de manera preocupante”, señala el alcalde. Ante el accionar de diferentes expresiones de violencia en la zona, la administración municipal lanzó una alerta por posibles nuevos desplazamientos masivos y la necesidad de apoyo continuo y oportuno por parte de los entes departamentales y nacionales, ya que Santa Bárbara no cuenta con la presencia de Fuerza Pública, por lo que su capacidad de respuesta está desbordada. Minería más segura El principal renglón económico de Santa Bárbara es la minería, pues más del 70% de las familias se sustentan a diario con esa actividad. Según denunció el alcalde, días atrás la Fuerza Pública quemó cinco vehículos que hacían parte de una supuesta red de minería ilegal, tirando al río el ACPM y dejando a la población por varios días sin consumo vital de agua potable.  Para los mismos habitantes, el problema ambiental se está comiendo la tierra y los ríos de varias regiones del Pacífico. En su condición de máxima autoridad del municipio, José María Estupiñán le hace un llamado al Gobierno Nacional para que dialogue con la población y así llegar a un consenso, implementar programas de empleo donde se le dé garantías a la comunidad de tener un sustento económico, mayores ingresos y oportunidades de progreso. “No podemos quedarnos callados, hay que denunciar esto que el Gobierno Nacional está pasando por alto. Estamos de acuerdo en que la minería se legalice, pero de manera concertada, a través del diálogo”, agrega. El alcalde denunció que la Fuerza Pública destruyó maquinaria utilizada por una supuesta red de minería ilegal. Es urgente la presencia del Gobierno Tres días después de su posesión, el presidente Iván Duque llegó hasta Tumaco para escuchar las peticiones de los alcaldes municipales en temas de seguridad, salud y educación. El mandatario de Santa Bárbara es optimista y cree que se puede llegar a un diálogo con la autoridad nacional para que estas promesas no se queden solo en el papel y se hagan realidad. El Estado colombiano tiene una deuda histórica con el Pacífico, que, a pesar de ser una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, mineral y forestal, cuenta con los índices más altos en pobreza y violencia. Antes de terminar su mandato, el alcalde quiere dejar ejecutados varios programas que consoliden y promuevan la paz que tanto quieren los habitantes. “Tengo que hacer algo, porque por algo me eligieron, yo hablo por mi comunidad y haré lo que esté en mis manos para que el Gobierno fije su atención en nosotros”.  

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El fallido proceso que fragmentó el país

Por, Carlos Felipe Mejía Mejía Senador de la República, Centro Democrático El país ha podido constatar durante los últimos días las consecuencias de adelantar un proceso de paz, largo, oculto y declinante, mediante el cual el presidente permitió que se iniciara la desmembración del país. Cuando se ha debido continuar como lo esperaban los colombianos, con el avance de la política de seguridad democrática que había devuelto la tranquilidad a la mayor parte del país, el gobierno decidió interrumpir el avance estratégico en seguridad en el Cauca, Nariño y en el Pacífico colombiano, justificada esta negligente actitud en la búsqueda de una paz negociada. Fueron inmovilizadas las tropas, desmantelada la inteligencia y se renunció a la ofensiva por parte del estado legítimo. Ahí empezó a consolidarse la zona más grande del país en la que el Estado y sus instituciones no pasan de ser observadores impotentes ante los hechos: Crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos, presencia creciente de la minería ilegal, bandas criminales dedicadas a todo tipo de delitos conexos a la ilegalidad, en Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó y Caquetá. No podemos decir que es territorio de nadie, ya que tiene dueños: El Guacho, la retaguardia de las Farc, el paisa, Romaña, el ELN y las demás Bacrim. Hoy se corrobora que hay cero Estado en Tumaco, corrupción total en Buenaventura, cultivos de coca multiplicándose y empoderamiento del ELN en todas las actividades económicas y políticas en el Chocó. Hoy se corrobora que hay cero Estado en Tumaco Paralelo a la negociación en La Habana, Santos permitió que amparados en una desastrosa ley existente, la cual habilita zonas de reserva campesina, se diera vía libre a la consolidación de una república independiente en el Catatumbo. Se permitió y se promovió, desde el Gobierno, el desmantelamiento del estado en esta región del Norte de Santander, la cual fue tomada por la delincuencia oficial venezolana, el ELN, el EPL, los narcotraficantes de los dos países vecinos, los contrabandistas y los corruptos. Hoy el Catatumbo es otro pedazo de país desmembrado, en el que las víctimas, las cuales son todos sus pobladores, no ven otra alternativa que el desplazamiento ante la ausencia de Estado y de autoridad. Pero no contentos con esta pérdida de soberanía nacional en estos dos frentes, se ha anunciado, y siguen trabajando en un decreto, que daría vía libre a la entrega de tierras directamente a las Farc, mediante una titulación colectiva de predios a una asociación creada y manejada por las Farc. Es la colectivización de la propiedad rural, en la que los campesinos sin nada quedan a merced de la organización político – criminal Farc, hoy con poder de decisión legal. Es todo esto, la fragmentación del Estado a la cual ha conducido este corrupto negociado de la farsa paz, que se manifiesta, además, en la contratación delictuosa que se hace con los recursos para este propósito fallido. Le queda la esperanza a los colombianos, que Iván Duque en la presidencia retome el imperio de la legalidad, recupere las instituciones y ejerza la autoridad que nos devuelva la soberanía a todo el territorio nacional.

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