Revocatoria de visados: La factura de cobro norteamericana Las objeciones presidenciales a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, terminaron convirtiéndose en una lupa que magnificó todas las grietas que se han derivado de lo que se acordó con las FARC en La Habana en 2016. Permeando a la Corte Constitucional (que le dedicó un año y un mes a su revisión), y con un paso por el Congreso que lo único que dejó claro fue la evidente incapacidad para lograr consensos al interior del Legislativo, en mayo pasado el turno fue para las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos. ¿Qué le está cobrando el país del norte al gobierno colombiano? La revocatoria de las visas por parte del gobierno de Donald Trump a varios miembros de la rama judicial se ha convertido en uno de los desplantes diplomáticos más significativos de los últimos tiempos. Sin mayores explicaciones por parte de la embajada norteamericana en Bogotá, el tema trató, en vano, de ser contenido, y hoy es claro que lo que se esconde detrás del mismo, tiene nombre y apellido: el aumento en los cultivos ilícitos y la extradición. Un antecedente vergonzoso En década de los años noventa, durante el gobierno del Presidente, Ernesto Samper Pizano, Estados Unidos, en cabeza de Bill Clinton, le revocó la visa al mandatario colombiano. Aunque no son casos directamente comparables, la mañana del 12 de julio de 1996, Colombia y el mundo se despertaron con un titular que ponía en entredicho la legitimidad y la transparencia del gobierno colombiano: Estados Unidos había hecho realidad su amenaza de cancelarle el visado al Presidente Ernesto Samper Pizano, por haber “participado a conciencia en negociaciones con el narcotráfico. Hay certeza de que entraron dineros de está procedencia en su campaña electoral. La sanción es personal, no contra el gobierno colombiano, y Samper no es bienvenido en Estados Unidos”. Dicha declaración, pronunciada por el entonces portavoz del Departamento de Estado en una rueda de prensa en Washington, fue el comienzo de un periodo vergonzoso para las relaciones diplomáticas bilaterales. Más allá de la desacreditación mundial del Ejecutivo colombiano, el margen de maniobra en la escena internacional por parte del Gobierno se disminuyó y si no fuera porque Ernesto Samper tenía la presidencia de Movimiento de Países No Alineados (Noal), su gestión y capacidad de operación en el exterior habría sido casi nula. En aquel entonces, la respuesta por parte de la Casa de Nariño fue corta y contundente: “El gobierno se manifiesta indignado por esta medida unilateral e intervencionista (…) y la sanción sienta un inaceptable precedente intervencionista en el que el Gobierno de Estados Unidos desconoce el sistema jurídico de Colombia”, fue el comunicado que emitió entonces la Presidencia en Bogotá. El caso del expresidente Samper es un buen ejemplo de cómo Estados Unidos ha recurrido en más de una ocasión a esta modalidad de presión a través de la cancelación de las visas por razones políticas. No obstante, en esta oportunidad hay un hecho sin precedentes para la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países: históricamente y como lo ocurrido con Samper, el gobierno de turno norteamericano revocaba las visas a razón de acusaciones de narcotráfico o delincuencia, pero nunca se habían dado, como lo aseguran varias personalidades políticas, por diferencias de opinión en decisiones judiciales. La presión diplomática hoy A los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo (izquierda), Diana Fajardo (Centro), y al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño (derecha), se les revocó su derecho de entrada a Estados Unidos durante el mes de marzo, aunque a dos de ellos se les reestableció el visado poco después. Y es que lo que pasó durante los meses de abril y mayo, sí responde a una práctica usual de castigo y de presión diplomática que Estados Unidos siempre ha aplicado a sus vecinos del sur (hizo lo mismo contra los juristas del Tribunal Supremo de Nicolás Maduro), pero nunca por las razones que al parecer le está aplicando en estos momentos a los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño y al representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas, quien ha dicho que este es un claro mensaje del gobierno norteamericano al legislativo colombiano. Pero, ¿cuál es el mensaje? Y lo que es aún más relevante: ¿por qué ahora? Es cierto que un país tiene todo el derecho a decidir quién ingresa a su territorio, pero revocarle la visa a un magistrado, al parecer por haber sido ponente de la Ley Estatutaria de la JEP, y porque ello podría tener implicaciones opuestas a los intereses norteamericanos en procesos de extradición, es un hecho nunca antes visto. Al parecer lo mismo le pasó a la magistrada Diana Fajardo, quien hizo parte de los debates relacionados con el proceso de paz. En un escueto comunicado la delegación diplomática norteamericana en Bogotá dijo que los expedientes de visas son confidenciales, por lo que no se hacen comentarios sobre casos individuales. “El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa. Todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos”. Ante este ejercicio de poder blando (aquella capacidad de un determinado actor político, como un Estado, para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos, con el complemento de medios diplomáticos), de acuerdo con el profesor de política exterior norteamericana y experto en seguridad hemisférica de la Pontificia Universidad Javeriana, Emerson Forigua, aunque aún no son claras las razones por las cuales Estados Unidos adoptó esa postura (las hipótesis se han limitado a la especulación
