mayo 23, 2025

Edición Especial Gobierno

El Catatumbo en permanente crisis social y humanitaria

Jairo Cala Representante a la Cámara por Santander Partido FARC Desde hace décadas el Catatumbo viene presentando una grave crisis humanitaria y social que hasta el momento deja más de 10.000 desplazados que huyen de la confrontación armada1, esto sumado al histórico abandono del Estado, convierten a esta región en un campo de guerra donde hacen presencia la insurgencia, el narcotráfico, el paramilitarismo y el Ejército Nacional, posicionando al Norte de Santander como el tercer departamento donde más asesinatos de líderes sociales ocurren en el país2. El Catatumbo es una región estratégica, no solo por su ubicación geográfica fronteriza, sino también por su variedad climática y su riqueza natural traducida en petróleo, carbón, uranio y agua, lo que paradójicamente la ha condenado a la intervención de la locomotora minera y petrolera que poco o nada deja para sus habitantes, junto a la incursión militar, que solo ha dejado miseria y despojo de tierras para sus comunidades, a quienes se les ha limitado la posibilidad de hacer uso del suelo apto para una agricultura diversificada y una producción agraria encaminada a fortalecer la economía de sus pobladores. Es evidente que el abandono estatal ha privado a las comunidades de derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda y empleo digno, sumado a la precaria situación de la ruralidad expresada en la falta de infraestructura, apoyo técnico, financiación y un mercado justo que permita comercializar la producción campesina. Esta crisis ha facilitado la proliferación de cultivos de uso ilícito, el despliegue de redes del narcotráfico y la confrontación entre los actores armados por disputas del territorio, lo que ha generado la violación sistemática de Derechos Humanos y un desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario. Como medida de protección, fueron impulsados por las comunidades alrededor de 34 refugios humanitarios en los municipios de Tibú, Convención, Teorama, La Playa de Belén, Ocaña, Hacarí y San Calixto, siendo estas dos últimas poblaciones las que presentan el mayor número de personas en situación de vulnerabilidad. Y así mismo, nació la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, para visibilizar la grave situación de la región y articular acciones de protección para las comunidades y procesos organizativos.  Esta comisión está integrada por representantes del Pueblo Barí, el Movimiento por la Constituyente Popular MCP, el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT y de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, con el apoyo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU y el acompañamiento de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y la Asociación de Personeros del Catatumbo. Pese a estas iniciativas, preocupa el tratamiento que el Gobierno Nacional le da a esta problemática: el aumento del pie de fuerza y la represión armada; la decisión de volver a las fumigaciones con glifosato y a la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito; y las garantías económicas y de seguridad para fortalecer la perjudicial agroindustria. Así lo demostró el presidente Iván Duque en su más reciente visita al Catatumbo, quien ofreció un consejo de seguridad para militarizar aún más la zona y luego inauguró un centro de producción de aceite de palma con empresarios de este sector, para las 20.000 hectáreas de palma ya existentes en esta región; pero poco y nada ha propuesto para fortalecer la economía campesina y combatir el narcotráfico a través de la inversión social. Ante este escenario, lo que queda por hacer es un llamado al Gobierno Nacional en cabeza del presidente, a la comunidad internacional y a las comunidades catatumberas a cumplir y hacer cumplir los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo regionales tras las distintas movilizaciones campesinas, y  a que haya una implementación pronta y eficaz del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera pactado en La Habana: base para la vida digna y la construcción de la paz territorial.   1 Cifra de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 2 Según la Defensoría del Pueblo.

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La Jagua de Ibirico trabaja por la reactivación del campo

Consciente de que el carbón es un recurso no renovable, La Jagua de Ibirico, en cabeza de su alcaldesa Yarcely Rangel Restrepo, trabaja para transformar su economía, que actualmente depende un 90 por ciento de ese mineral, para brindar otras oportunidades a sus habitantes. Esto se está cumpliendo gracias al principal eje temático del Plan de Desarrollo que es la reactivación del campo, el cual contempla acciones para estimular el crecimiento económico, promover una agricultura sostenible, generar empleo y reducir las desigualdades, lo que crea las condiciones para el cierre de brechas entre lo urbano y rural. En cumplimiento de las estrategias planteadas en el Plan Desarrollo para dinamizar las actividades productivas y mejorar la competitividad, la alcaldesa impulsa procesos de comercialización y transformación de la producción pecuaria en la región.  Es así como se avanza en la ejecución del proyecto para la construcción de una planta de beneficio de ganado bovino y porcino en la vereda La Libertad, corregimiento de La Palmita, obra que ya está adelantada en un 60%. Fortalecimiento de la infraestructura vial rural La administración local avanza también en el programa de construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías rurales para mejorar la movilidad, facilitar el transporte de productos a los consumidores y estimular su comercialización. La iniciativa se cumple mediante la estrategia de banco de maquinaria y contratación de proyectos viales y beneficiará a las veredas Sororia Alto y Bajo en su conexión con el corregimiento de La Palmita. La intervención de la vía alcanzará los 3.2 kilómetros y demandará una inversión de $ 3.265.528.948. Proyecto productivo de cultivo de lulo en el sector rural Con el firme propósito de aumentar la productividad, la alcaldesa Yarcely Rangel Restrepo dio inicio al proyecto de “Fortalecimiento de la cadena productiva frutícola del cultivo de lulo en la zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico”. La idea es establecer 22,5 hectáreas del producto, con un mayor apoyo técnico en capacitación y asistencia. Con el proyecto se benefician 30 familias campesinas, las cuales son miembros de la Asociación de Productores de Frutas de La Jagua de Ibirico (ASOFRUJAI). La mandataria propone, además, el fortalecimiento de ocho (8) asociaciones de pequeños productores piscícolas del municipio, conformadas por 202 familias campesinas que en promedio cuentan con (5) miembros cada una. Se dispondrá de la infraestructura necesaria para la cría de especies como tilapia roja y cachama, mediante la entrega de alevinos de peces, alimento concentrado para los mismos, capacitaciones y asistencia técnica.

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En defensa de las víctimas, continúa el debate frente a delitos sexuales

La Corte Constitucional es el referente máximo frente a la guarda e integridad de nuestra Carta Política y, por supuesto, sus fallos son indiscutiblemente orientadores en la protección de derechos fundamentales. Sin embargo, fue sorpresivo el último pronunciamiento respecto a la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, que, aunque sin duda alguna fue proferido en aras de proteger el interés máximo de la paz, generó muchos interrogantes que deben ser resueltos por el bien de las víctimas del conflicto interno armado. Por supuesto, el mayor interrogante para las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia es considerar los delitos sexuales como conexos frente al juzgamiento en la Jurisdicción Especial para la Paz, dejando sin eficacia la decisión del Congreso de la República en cuanto a la inexistencia de dicha conexidad, pues para quienes representamos a nuestros conciudadanos, es legítimo velar en cualquier contexto por la protección máxima a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad o indefensión. Esta corporación investida de toda competencia y legitimidad, en los debates del proyecto de ley estatutaria en mención, se pronunció vehemente  respecto a que las  conductas que resultaban más reprobables al interior de la sociedad, como lo son los delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes serían investigadas y sancionadas conforme lo estipula la Ley 599 de 2000 o la que haga sus veces, “y no procederán ninguna clase de beneficios o subrogados penales, judiciales y/o administrativos, incluyendo los que se consagran en la presente ley”. (Artículo 146 PL Estatutaria número 08 de 2017 Senado – 016 de 2017 Cámara). La senadora se ha caracterizado por la defensa de las víctimas del conflicto. Sin piso el reclamo de miles de víctimas Insistimos que el pronunciamiento de la Honorable Corte, fundamentado en un argumento estrictamente procedimental, dejó sin piso el reclamo de miles de víctimas que además de la verdad y la reparación exigen una justicia que sancione rigurosamente este tipo de delitos que atentan contra la vida y la integridad de los futuros ciudadanos de nuestro país. En mi calidad de Vocera del Partido Conservador Colombiano, en el Senado de la República dejé constancia sobre esta decisión en el entendido de que debe primar el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, a vivir una vida libre de violencias. Por lo tanto, debe prevalecer su protección y no es aceptable una doble victimización. La primera, por cuenta de sus agresores, y la segunda, por parte del Estado que desatiende el mandato del bloque de constitucionalidad, pues, así las cosas, las víctimas quedarán burladas pese a que la jurisdicción ordinaria conserva competencia respecto de tales delitos cuando no cumplan los estrictos requisitos de conexidad con el conflicto armado que prevé el Acto Legislativo 01 de 2017. No es concebible tolerar actos atroces Invocamos la permanencia del artículo 146 del proyecto de ley, tal y como fue aprobado en el Congreso de la República, con el único animo de reparar a las víctimas, pues no es concebible diferenciar, rebajar y tolerar actos tan atroces como los cometidos contra los cuerpos de los niños, niñas y adolescentes que fueron usados como trofeos de guerra. La discusión amerita una seria reflexión y, en ese sentido, el Partido Conservador Colombiano radicó un proyecto de Acto Legislativo con el fin de desligar de los delitos políticos, todos los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Es decir, que los mismos sean sancionados por la justicia ordinaria y que no sean objeto de indultos o amnistías. El debate lo seguiremos proponiendo, y las víctimas estarán en el centro de la discusión con sus voces y su participación activa en la configuración de los procedimientos que satisfagan sus derechos a una verdadera reparación.

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“Mi compromiso es con el meta”

Alejandro Vega es uno de los legisladores más jóvenes en llegar al Congreso. Con 32 años, este abogado, oriundo de Villavicencio, Meta, asumió el reto de lanzarse como representante a la Cámara, con el fin de ayudar a superar los problemas que imperan en esa región. Su tarea legislativa comenzó con el pie derecho, pues hace unas semanas logró que el Congreso le diera luz verde a un proyecto de ley que le permite al departamento tener una única autoridad ambiental. Esta propuesta le garantiza al Meta la protección total de los recursos naturales, así como autonomía territorial. “Económicamente, el departamento del Meta ha basado su competitividad y desarrollo en tres sectores: El agropecuario, el turístico y el petrolero. Según Alejandro Vega, su objetivo es consolidar al territorio como un dinamizador de la economía y convertirlo en uno de los destinos turísticos por excelencia en el país. Para lograrlo, busca potenciar una política pública que incremente el tráfico de visitantes extranjeros, para de esa manera dejarle recursos a la región. “Nuestro campo es muy competitivo y con la realización de las vías terciarias se logrará conectar los centros de producción con los centros de comercialización. Lo que hay que hacer es acompañar con asociatividad a los pequeños productores para que tengan las mismas condiciones de empleo”, asegura el congresista. Alejandro Vega es uno de los nuevos líderes del Partido liberal. “Voy a trabajar por las necesidades de mi región, hacer debates de control político al Gobierno Nacional para que trabaje también por nuestro país” Problemas Con la consolidación de la paz, se han descubierto territorios que ni siquiera los propios metenses conocían. Aunque el departamento ya se puede recorrer en su totalidad, el representante sostiene que faltan nuevas vías y la recuperación de otras, para volver más competitiva la región. A pesar de esta proyección, hoy solo se cuenta con una carretera de acceso a la capital del país y, desde 1994 hasta el día de hoy, los peajes se han mantenido con los precios más elevados del país. Pese a tener un desarrollo tecnológico significativo, sectores políticos coinciden en que no es suficiente, pues la vía la pagan el 100% de los metenses, turistas y empresarios, quienes no han visto mayor inversión por parte del Estado en materia de infraestructura vial. Todo esto ha afectado el turismo de forma considerable, además de traerles a los comerciantes millonarias pérdidas.  De acuerdo con Vega, se necesita un “compromiso real del Gobierno y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pues hay fallas geológicas que fueron identificadas hace 15 años y que hasta la fecha no se han controlado”. Más allá de un llamado, se requiere, según él, de un debate de control político para que se promuevan soluciones y acciones. Impulso a nuevos liderazgos Con una bancada que se renovó en más del 50%, en su mayoría por gente joven, el Partido Liberal les ha apostado a los nuevos liderazgos. A través de la iniciativa Jóvenes con futuro, Vega busca promover el emprendimiento y la innovación para ese sector de la población. “Tomé la decisión de asumir este reto político para abrirle espacios a la juventud que tiene aspiraciones profesionales, para que vean que es posible participar”, dice. Otra de sus propuestas es la de constituir un centro de pensamiento en el departamento del Meta para que los jóvenes se incorporen y trabajen en pro del país. “Ahí estaré para que ellos me cuenten sus necesidades y desde el Congreso poderlos ayudar”. Su trabajo desde el Legislativo La reforma a la justicia, la reforma pensional y políticas de paz, son algunos de los temas que harán parte de la agenda legislativa  de la Comisión Primera y de la cual Vega hace parte. “Desde allí vamos a trabajar por las necesidades de nuestra región, así como hacer debates de control político al Gobierno Nacional para que trabaje por nuestro país”, afirma. Considera que la paz es el mayor activo que tienen los colombianos y su consolidación no se da de un día para otro, sino que se hace mediante acciones permanentes. Por eso cree que es necesario garantizarla mediante el fortalecimiento del sector agropecuario y turístico, que permita a su vez empoderar económicamente a las familias campesinas. Reformas judicial y pensional Accordion Co En palabras del representante, “a la justicia hay que rescatarla y blindarla de herramientas para sacarla de esta mala imagen que tiene”. Por eso considera que, en la reforma al sistema judicial anunciada por el Gobierno Nacional, es necesario darle soluciones efectivas a los procesos, y confianza a los colombianos. Su misión desde el Congreso de la República también será la de fortalecer el sistema pensional, que les garantice a las personas que están laborando que después de unos años de servicio realmente puedan acceder a la pensión. “Tenemos que aliviar la carga pensional de los que ya están retirados y hacer que este sistema se autofinancie”, concluye. Nieves Márquez, líder político y social de Puerto Gaitán, ha demostrado su apoyo al representante Alejandro Vega.

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“La gente quiere cambio y renovación”

Amanda González es la primera mujer del departamento del Casanare que llega como senadora al Congreso de la República para promover “grandes cambios” en su región. Como integrante de la Comisión Sexta de la Cámara Alta, ha prometido salvaguardar los intereses de la que llama media Colombia, así como estimular su desarrollo turístico, económico, social y cultural. Desde su curul, la legisladora espera poder contribuir a la defensa de los derechos integrales de la mujer, sector al que asegura representar con orgullo, para poder abrirles oportunidades laborales y mejorar la capacidad de ingreso de las madres cabezas de hogar. Como médica, buscará que los colombianos gocen de un servicio de salud digno y de calidad. “Quiero que me recuerden por hacer una política diferente en este país, eso es lo que quiere la gente, el cambio, la renovación, donde nosotros actuemos con responsabilidad, y con sentido de pertenencia por nuestra gente”, sostiene la parlamentaria. Desde su curul, la legisladora espera poder contribuir a la defensa de los derechos integrales de la mujer, sector al que asegura representar con orgullo, para poder abrirles oportunidades laborales y mejorar la capacidad de ingreso de las madres cabezas de hogar. Como médica, buscará que los colombianos gocen de un servicio de salud digno y de calidad. “Quiero que me recuerden por hacer una política diferente en este país, eso es lo que quiere la gente, el cambio, la renovación, donde nosotros actuemos con responsabilidad, y con sentido de pertenencia por nuestra gente”, sostiene la parlamentaria. Aunque la senadora era poco conocida, logró ganarse la confianza y el respaldo de la comunidad, gracias a su compromiso con el desarrollo económico y social. Sorpresa electoral Amanda González se convirtió en una de las sorpresas electorales de los comicios legislativos del 11 de marzo pasado, al ubicarse como la tercera senadora que logró más votos en el Centro Democrático en representación del Casanare, con 46.321sufragios. Aunque su cara era poco conocida en el escenario político, logró ganarse la confianza y el respaldo de la comunidad en las urnas, gracias a su trabajado en el área administrativa de la salud en su región. Por eso su compromiso con su desarrollo económico y social es total. Aunque su labor legislativa estará enfocada en mejorar la cobertura de los servicios médicos y en empoderar a la mujer casanareña, la congresista buscará fortalecer la economía del departamento a través de iniciativas que estimulen al sector productivo local. Además de la ganadería extensiva y los cultivos de arroz y palma de aceite, ese territorio alberga varios campos petróleos que lo convierten en el mayor explorador de crudo del país. Por ello la senadora trabajará por aprovechar al máximo el potencial que ofrece la región. “La idea es fomentar el desarrollo agroindustrial para generar nuevas oportunidades laborales, así como inculcar el respeto por los bienes ambientales, garantizando una economía sostenible”, señala la parlamentaria. Los mayores retos que enfrentará Además de la consolidación de la economía, la legisladora espera contribuir al fortalecimiento de sectores importantes del departamento como el turismo ante la gran riqueza cultural que se percibe en las múltiples fiestas que allí se celebran cada año. Y es que el Casanare atrae a los visitantes por su vegetación, sus extensas sabanas y laderas de la cordillera Oriental, así como por su amplia red hidrográfica, donde confluyen ríos, quebradas y caños para actividades deportivas y ecológicas. Dejar huella en el Congreso La senadora tiene claro que en el Congreso de la República hay que comenzar a realizar cambios para responder a tiempo a las necesidades sociales más sentidas de los colombianos. “Quiero hacer una tarea política diferente, porque quiero ser recordada por ser una persona que haga las cosas bien y de la mejor forma”, asegura González, quien considera que desde el Capitolio Nacional se puede dar el gran salto hacia la transformación de Colombia. “Quiero que me recuerden por hacer una política diferente en este país, eso es lo que quiere la gente, el cambio, la renovación, donde nosotros actuemos con responsabilidad, y con sentido de pertenencia por nuestra gente” Amanda Rocío González es profesional en Medicina, con especialización en Administración y Servicios de Salud de la Universidad del Meta, así como en Salubridad Pública de la Universidad del Rosario. Es magíster en Gestión de Organizaciones en la Escuela de Administración de Negocios EAN. Fue gerente del Hospital del municipio de Aguazul, Casanare, así como del centro de salud de Monterrey por varios años. Se convirtió en una de las figuras de mayor fuerza en el uribismo, al ganar un escaño en el Senado de la República con la tercera mejor votación del partido Centro Democrático. Amanda González, senadora de la República.

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