junio 18, 2026

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Defensoría del Pueblo revela preocupante panorama de desplazamiento forzado en Colombia

La Defensoría del Pueblo, a través de su delegación para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, presentó el boletín correspondiente al mes de junio de 2024, el cual revela un panorama alarmante en cuanto a confinamiento, desplazamiento forzado y riesgo de desplazamiento. Durante junio de 2024, se registraron un total de 21 eventos de movilidad humana forzada, distribuidos de la siguiente manera: 14 eventos que implican riesgos de desplazamiento y confinamiento, cinco casos de desplazamiento forzado masivo, y dos eventos de confinamiento. Los departamentos más afectados por estos eventos fueron Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, donde persisten confrontaciones entre diferentes actores armados y disputas por el control territorial y económico, particularmente en economías ilícitas fuera de la ley. Además, se reportaron eventos relacionados con operaciones militares del Ejército Nacional contra estos grupos. Se destaca una situación preocupante en el bajo Cauca antioqueño, donde aproximadamente 18,000 personas enfrentan limitaciones o impedimentos a la movilidad, presumiblemente debido a la presencia de grupos armados. En cuanto a la migración en la frontera entre Colombia y Panamá, el boletín resalta cifras de la Ficha MIT – Migrantes Irregulares en Tránsito, publicada por Migración Colombia. Entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2024, cruzaron el Darién 214,781 personas migrantes con necesidad de protección internacional. Los venezolanos constituyen la mayoría con 149,356 personas, seguidos por ecuatorianos (17,025), haitianos (14,775), chinos (10,653), indios (2,883), entre otros.

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Violencia en Buenaventura disminuyó, según representante Alejandro Ocampo

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, aseguró que la violencia disminuyó en Buenaventura en el mes de julio.  De acuerdo con el congresista, desde la instalación de la mesa de diálogos entre las bandas criminales de Los Shottas y Los Espartanos junto al Gobierno Nacional el pasado 18 de julio del 2023 se logró la reducción de la violencia en un 70%. “El 4 de agosto de 2023, las estructuras asumieron el compromiso público de desescalar la violencia a través del establecimiento de una tregua por el término de 30 días, la cuál ha sido prorrogada en cuatro ocasiones y actualmente acordada hasta el 5 de agosto del 2024. Así mismo, hemos alcanzado una reducción de los actos violentos en un 70% en los últimos dos meses”, indicó el representante a través de un comunicado.  Sin embargo, en medio de las negociaciones entre estas dos bandas criminales otros actores armados se han hecho con el control del territorio, como las disidencias de las Farc y el ELN, lo que ha provocado el desplazamiento masivo de las comunidades de la zona rural de Buenaventura.  Recientemente la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta ante la grave situación humanitaria que se vive en el territorio. Unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre y otras 65 familias de la comunidad Joaquincito de la parte baja de Río Naya se encuentran confinadas por la violencia. La entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional a tomar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de las familias desplazadas.  “Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría reitera la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023. Adicionalmente, es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada”, señaló. 

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Defensoría del Pueblo lanza alerta por desplazamiento masivo en Buenaventura

La Defensoría del Pueblo lanzó alerta por el incremento del desplazamiento forzado en zona rural de Buenaventura. El escalamiento del conflicto armado ha provocado el desplazamiento masivo de las comunidades de la zona rural de Buenaventura. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y otros actores criminales han obligado a más de cien familias a huir; unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre y otras 65 familias de la comunidad Joaquincito de la parte baja de Río Naya se encuentran confinadas por la violencia.  “El accionar indiscriminado de los integrantes de la Columna Móvil Jaime Martínez, del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, obligó al desplazamiento de unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre perteneciente al consejo comunitario de la cuenca del río Naya— hacia la zona urbana de Buenaventura, Valle del Cauca. Otras 65 familias de la comunidad Joaquincito, la cual forma parte del resguardo indígena Epedara Siapidara —de la parte baja del río Naya—, debieron confinarse para salvaguardar sus vidas”, indicó la Defensoría. Asimismo, la entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional para que acate las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023 e implemente las acciones necesarias para salvaguardar a las comunidades.  “Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría reitera la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023. Adicionalmente, es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada”, señaló. 

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Santa Bárbara pide ser escuchado

En el municipio de Santa Bárbara, Nariño, muchas cosas no cambian: los controles militares cada vez son más rigurosos y sus habitantes siguen bajo la zozobra de la guerra. Pese a contar con enormes riquezas naturales y una privilegiada ubicación geográfica, el alcalde José María Estupiñán asegura que se han convertido en un territorio olvidado por el Estado, razón por la cual   reclaman “con urgencia” su intervención para combatir los problemas sociales, económicos y de seguridad que por décadas ha sufrido esa zona del pacífico nariñense. Varios proyectos de gran envergadura han sido presentados ante el Gobierno Nacional por el alcalde de Santa Bárbara, José María Estupiñán, con el fin promover su desarrollo y competitividad. Sin embargo, el mandatario local considera que su ayuda ha sido nula por los obstáculos que ponen para entregar los recursos y así gestionar con éxito lo que se ha puesto a su consideración. “Uno corre a Bogotá y todos los proyectos que se presentan son devueltos porque les falta una coma. Ponen muchas trabas y, cuando uno hace las debidas correcciones, dicen que no hay recursos”, asegura. Las necesidades no dan espera y, aunque las regalías para el municipio están aseguradas, todavía no se ha invertido un solo peso. Los proyectos no dan espera y por eso, desde que asumió las riendas de la alcaldía, el mandatario se ha trazado un solo objetivo: transformar a Santa Bárbara con una nueva y mejor infraestructura en los centros educativos, hospitales y vías terciarias. El compromiso del alcalde es mejorar la infraestructura de los centros educativos, hospitales y vías terciarias.  Más seguridad Con la salida de las FARC, tras la firma de los acuerdos de paz, la violencia se ha intensificado por los enfrentamientos entre grupos subversivos que buscan tomarse el control de las rutas del narcotráfico. “Esa teoría que existía de que los espacios que dejaban las FARC serían copados por otros actores, lo estamos viviendo, por eso creemos que la intensidad del conflicto se está acrecentando de manera preocupante”, señala el alcalde. Ante el accionar de diferentes expresiones de violencia en la zona, la administración municipal lanzó una alerta por posibles nuevos desplazamientos masivos y la necesidad de apoyo continuo y oportuno por parte de los entes departamentales y nacionales, ya que Santa Bárbara no cuenta con la presencia de Fuerza Pública, por lo que su capacidad de respuesta está desbordada. Minería más segura El principal renglón económico de Santa Bárbara es la minería, pues más del 70% de las familias se sustentan a diario con esa actividad. Según denunció el alcalde, días atrás la Fuerza Pública quemó cinco vehículos que hacían parte de una supuesta red de minería ilegal, tirando al río el ACPM y dejando a la población por varios días sin consumo vital de agua potable.  Para los mismos habitantes, el problema ambiental se está comiendo la tierra y los ríos de varias regiones del Pacífico. En su condición de máxima autoridad del municipio, José María Estupiñán le hace un llamado al Gobierno Nacional para que dialogue con la población y así llegar a un consenso, implementar programas de empleo donde se le dé garantías a la comunidad de tener un sustento económico, mayores ingresos y oportunidades de progreso. “No podemos quedarnos callados, hay que denunciar esto que el Gobierno Nacional está pasando por alto. Estamos de acuerdo en que la minería se legalice, pero de manera concertada, a través del diálogo”, agrega. El alcalde denunció que la Fuerza Pública destruyó maquinaria utilizada por una supuesta red de minería ilegal. Es urgente la presencia del Gobierno Tres días después de su posesión, el presidente Iván Duque llegó hasta Tumaco para escuchar las peticiones de los alcaldes municipales en temas de seguridad, salud y educación. El mandatario de Santa Bárbara es optimista y cree que se puede llegar a un diálogo con la autoridad nacional para que estas promesas no se queden solo en el papel y se hagan realidad. El Estado colombiano tiene una deuda histórica con el Pacífico, que, a pesar de ser una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, mineral y forestal, cuenta con los índices más altos en pobreza y violencia. Antes de terminar su mandato, el alcalde quiere dejar ejecutados varios programas que consoliden y promuevan la paz que tanto quieren los habitantes. “Tengo que hacer algo, porque por algo me eligieron, yo hablo por mi comunidad y haré lo que esté en mis manos para que el Gobierno fije su atención en nosotros”.  

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Vence plazo para presentar solicitudes de restitución de tierras

“El éxito de la gestión de la URT puede deberse al cambio de indicadores y metas, así como al aumento en la negación de solicitudes de restitución de tierras”: CCJ. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) recordó que este jueves culmina el periodo fijado por el decreto 1167, para la presentación de solicitudes por parte de las víctimas de despojo ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT).  Advirtió que en repetidas oportunidades la resolución, expedida el 11 de julio de 2018, determinó un período de tres meses exactos para las víctimas que pretendían ser incluidas en el registro. El pasado 10 de septiembre, la CCJ demandó ante el Consejo de Estado dicho decreto con el argumento de que fijar una fecha límite de presentación de solicitudes es violación a la ley de Víctimas que da plazo hasta el 2021 para aplicar la Ley de Restitución de Tierras. “El Gobierno nacional debe derogar el decreto 1167 de 2018 porque afecta gravemente los derechos de las víctimas del despojo e impide su goce y disfrute”, escribió la CCJ en su cuenta de twitter. Y aseguró que se necesita de por lo menos tres años para la culminación del proceso, ya que hasta el momento este no ha sido exitoso. “Las víctimas que han sido despojadas son en su mayoría campesinos, población afrodescendiente, indígenas, población vulnerable que no tiene acceso a información, algunos son analfabetas o no hablan español como en el caso de comunidades indígenas y carecen de asesoría legal y no pueden acceder a las grandes ciudades y esto agrava la situación de acceso a la justicia”, dijo Jennifer Mujica subdirectora de la CCJ. Según un informe presentado por la comisión, durante el foro XIV Clínica sobre Restitución de Tierras, 40 mil solicitudes de reclamantes de tierras han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos estipulados. Esto significa que “las metas que superan el 100% de cumplimiento de la operación de la URT se fundamentan en un cambio de indicadores y en una alta negación de las solicitudes a las víctimas que se presentaron ante la entidad”, agregó. Por su parte Danny Usma, funcionario de la Unidad de Restitución explicó en su momento que se ha logrado responder el 99 por ciento de los pedidos y que la intensidad en las reclamaciones ha bajado considerablemente en el último año. Usma aclaró que las peticiones rechazadas obedecen a los filtros para definir quiénes tienen derecho sobre las tierras. “No todo el que reclama finalmente tiene derecho a la restitución de tierras, las condiciones jurídicas, su relación jurídica con el presionar o las fechas del hecho victimizante, hacen parte de las evaluaciones para determinar si las condiciones se cumplen”, explicó.

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