mayo 25, 2026

Derecho

La Alcaldía de Medellín busca prevenir la deserción escolar para este 2025

Con la iniciativa ‘Útiles Para Soñar’ desarrollada por la Alcaldía, empresas y fundaciones locales, le apuestan a la permanencia de los alumnos en las instituciones oficiales, mediante la recolección de 5.000 kits escolares. Cuadernos, lápices, esferos, sacapuntas, borradores, colores, diccionarios, entre muchos otros elementos esenciales son los artículos que se pueden donar directamente en la Alcaldía de Medellín (calle 44 # 52 – 165, La Alpujarra), la Secretaría de Educación (carrera 52 # 44B-17, edificio Carré) y otros puntos de la ciudad. Las donaciones se recibirán hasta este domingo 23 de febrero, pues los materiales se entregarán durante la última semana de febrero en los colegios priorizados, según los índices de deserción. Para apoyar la asignación de “prioridades”, a través del proyecto estratégico ‘En el Colegio Contamos con Vos’, ejecutado en 2024, la Alcaldía tuvo en cuenta que “8.610 estudiantes que habían desertado regresaron a las aulas, 22.000 nuevos alumnos se matricularon y, además, se realizaron 70 recorridos por comunas y corregimientos para identificar a quienes estaban por fuera del sistema educativo”. El secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, invitó a la comunidad: “Queremos que todos se vinculen a esta hermosa campaña que va hasta el 23 de febrero, que lleven un cuaderno, unos colores, una carpeta que haga feliz a muchos de los niños que han regresado al colegio. Queremos que se acerquen a los centros comerciales, a la Secretaría de Educación, a las estaciones del Metro y que allí puedan llevar ese útil estudiantil. Recuerden, la educación en Medellín es lo primero”. La Alcaldía espera que, con el apoyo de la comunidad, puedan brindar más oportunidades para los niños y jóvenes de la ciudad, continuando con sus estudios con los recursos mínimos necesarios.   Tomado de: Alcaldía de Medellín.

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Presidente Petro se reunió en el Cauca con autoridades de Consejos Comunitarios y Mesa de Derechos Humanos

Presidente Petro se reunió en el Cauca con autoridades de Consejos Comunitarios

En su visita al departamento, el Mandatario asistió al Diálogo con las autoridades de los 43 Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y la Mesa de Derechos Humanos, en Santander de Quilichao, luego de participar en​​ la Minga Política y Cultural por la Defensa de la Vida y La Paz en Caldono. El Presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió este miércoles con las autoridades de los 43 Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y con la Mesa de Derechos Humanos del departamento, en el municipio de Santander de Quilichao, luego de participar en Caldono en la clausura de la Minga Política y Cultural por la Defensa de la Vida y la Paz. En la reunión con los Consejos Comunitarios, el Jefe de Estado destacó la importancia del agro y dijo que el Gobierno del Cambio quiere “fortalecer la producción de alimentos en Colombia y queremos hacerlo desde una perspectiva democrática, sobre la base de empoderar el campesinado”. En ese sentido, reiteró la necesidad de impulsar la reforma agraria, mediante la adquisición de tierras para los campesinos. “Colombia ha sido un país agrario, hasta hace poco. Todos somos hijos o nietos de labriegos, en general”, dijo, y agregó que “la mitad de la economía tiene que ver con el agro”. Indicó que el sector enfrenta dificultades como el acceso al crédito. “Hay que fortalecer el Banco Agrario para que saque ahorro de la ciudad y lo lleve como inversión al campo”, sostuvo. “Yo lo que propondría es que se haga en algún lugar del país una Convención Nacional Campesina, con lo que hay, sin sectarismos. Y a partir de ahí, la proyección hacia la construcción del sujeto social de la reforma agraria en Colombia”, puntualizó. En los eventos, el Jefe de Estado estuvo acompañado por el Ministro del Interior, Alfonso Prada; el Consejero Presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, y el Gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, entre otros funcionarios. TOMADO DE PRESIDENCIA   

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El fortalecimiento de la justicia territorial

El fortalecimiento de la justicia territorial Jorge Eduardo Londoño Ulloa Senador de la República y exministro de Justicia Alianza Verde Las necesidades de acceso a la justicia son distintas en las diferentes regiones del país y se manifiestan según los tipos de conflictos y de expectativas que predominan en ellas. Una respuesta centralista uniforme frente a necesidades diferentes puede dar lugar a que los medios institucionales de acceso a la justicia resulten ineficaces, ineficientes o simplemente inútiles al no lograr la apropiación social necesaria para conseguir la finalidad de garantizar la convivencia pacífica que subyace a los sistemas de justicia. El fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia y a los medios de prevención y gestión de conflictos desde la realidad inmediata del municipio debe abrirse paso para reconocer que la justicia, como servicio público que es, debe prestarse en condiciones contextuales de eficiencia y eficacia para la concreción de los derechos humanos. La preocupación por las necesidades de acceso a la justicia no es exclusiva de la Nación, pues también tienen incumbencia las entidades territoriales, de manera que, correlativamente, los municipios y los departamentos cuenten con mecanismos que les permitan cumplir su parte. Palabras claves Acceso a la justicia, descentralización, coordinación interinstitucional, fortalecimiento institucional.  En el reciente informe del Grupo de Trabajo sobre Justicia “Justicia para Todos” (abril de 2019), se expone la difícil realidad mundial en materia de acceso a la misma, calificando el ofrecimiento de justicia para todos como un gran fracaso ante la insatisfacción de las necesidades de justicia que sitúan a un escandaloso número de personas en condiciones de “injusticia extrema” -235 millones de personas en el mundo-, altos índices de inseguridad, victimización y revictimización, imposibilidad de resolver los problemas judiciales, delitos que ni siquiera se denuncian y que no se investigan, informalidad en las relaciones jurídicas que dificultan el reconocimiento de derechos, impiden el acceso a la propiedad y las tierras, vulnerabilidad frente a abusos, discriminación y la explotación, y, en general, una humillante situación de violación de derechos humanos sin respuesta estatal.  Nuestro país no es ajeno a estas realidades, las cuales, como la mayoría de los grandes problemas, se acentúan en “la provincia”, en los municipios y zonas de difícil acceso y en la población rural y rural dispersa , evidenciándose una clara relación entre marginalidad y limitaciones de acceso a la justicia: “El acceso inequitativo a la justicia perpetúa desigualdades en otras dimensiones: La inhabilidad de acceder a los servicios de justicia puede ser tanto una causa como un resultado de la pobreza, la desventaja y la desigualdad” . Centrarse en lo fundamental Las fallidas reformas a la justicia se han ocupado de las altas cortes, de los requisitos de sus magistrados, de las relaciones entre los órganos de justicia y las demás ramas y órganos del poder público, sobre si deberían o no ejercer funciones de elección, sobre el rol del Consejo Superior de la Judicatura, y, hoy en día, sobre si debería existir una sola alta corte de justicia. Estas importantes discusiones no han centrado su preocupación en lo fundamental: el servicio de justicia que debe prestarse a los ciudadanos y la eliminación de las barreras de acceso a la justicia. Ciertamente, son muchos los diagnósticos sobre las dificultades de acceso a la justicia desde diferentes puntos de vista que se cruzan y acusan entre sí: No habrá garantía de independencia mientras la Rama Judicial no cuente con recursos suficientes garantizados constitucionalmente; los órganos de administración de la Rama Judicial son lentos y no están diseñados -ni en su composición ni en sus procedimientos- para tomar decisiones administrativas ágiles; no existe infraestructura física, tecnológica ni personal suficiente para asumir una desbordante y creciente demanda de justicia; los procedimientos son demorados y costosos;  no existe conocimiento de la personas sobre   sus derechos y las rutas de justicia; los operadores de justicia no coordinan sus actuaciones entre sí; no hay diálogo entre los operadores de justicia y los decisores de políticas públicas; la formación de los abogados debe ser consecuente con las necesidades de justicia del país; falta de coordinación y reconocimiento pleno entre la justicia formal y las manifestaciones de justicia de grupos étnicos, etc. Todo ello ha quedado plasmado en múltiples ejercicios reflexivos sobre las reformas de la justicia: Misión Justicia, Plan Decenal de Justicia, Visión Colombia II Centenario.  En nuestra experiencia al frente del Ministerio pudimos percibir de manera directa, en las múltiples reuniones con las comunidades para proponer mejores formas de articulación para el acceso a la justicia, que los problemas de justicia no se encuentran aislados de las legítimas aspiraciones de acceso a otros derechos, de manera que, lo usual era que en una reunión para hablar de Casas de Justicia o Sistemas Locales de Justicia resultaban escuchándose aspectos relacionados con vías, educación, empleo, salud, seguridad, trabajo, etc. Competencias a las entidades territoriales Así pues, si en materia de Justicia todo tiene que ver con todo, es necesario comprender que los problemas de acceso a la justicia no se pueden resolver involucrando solamente a autoridades centrales nacionales, ni solamente por expertos en temas justicia; pues se hace necesario un conocimiento empírico de problemas, causas y efectos para poder articular y coordinar las miradas y expectativas de los actores, las autoridades y los usuarios en el preciso contexto en que se dan esas necesidades de justicia. Y el escenario donde se manifiestan los conflictos y se concretan esas realidades, diversidades y expectativas es en el municipio, razón por la cual debe ser en el municipio desde donde se construyan las soluciones a las necesidades que allí y solo allí se dan como se dan.  Esto implica entender que la gestión de la justicia también admite un examen desde el principio de autonomía territorial, del mismo modo que los conflictos tienen matices y condiciones particularizados, incluso acentuados o determinados, por lo local. Los servicios de justicia judicial claramente son nacionales y centralizados, de modo que aún en el lugar más lejano de Bogotá de nuestra geografía nacional se deben aplicar los acuerdos, guías,

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“La justicia demanda una reforma desde abajo”

“La justicia demanda una reforma desde abajo” Para Néstor Raúl Charrupi Hernández, jurista de la Universidad Externado de Colombia, es indiscutible que la administración de justicia en este país requiere de una reforma urgente, pero no a través de una Asamblea Nacional Constituyente, como se ha propuesto recientemente. Convencido que la congestión judicial es el real y verdadero problema que afronta la rama judicial, Charrupi Hernández propone, entre otras cosas, fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias, y realizar un serio y eficaz diagnóstico y análisis del exceso de litigiosidad que se aprecia en la cultura patria, evitando así que toda controversia, desacuerdo y disputa, encuentre su solución sólo en un estrado judicial. Y es que, de acuerdo con Charrupi, una reforma a la justicia a través de una Asamblea Nacional Constituyente como la que se está proponiendo en estos momentos, apuntaría a modificar sólo el funcionamiento de las altas cortes del poder judicial, cuando el país lo que realmente necesita, es una justicia que beneficie directamente al ciudadano, al hombre o a la mujer de a pie que tiene un problema con un vecino y necesita una solución pronta y efectiva del mismo.  “Las últimas reformas a la justicia terminan en conocimiento de la Corte Constitucional, órgano que por obvias razones, no se va a dejar reformar ni va a dejar que le quiten poder. Los problemas de la justicia no se solucionan haciendo modificaciones en la cúpula, en las altas cortes, o definiendo si los magistrados de la corte pueden o no tener funciones electorales, o si deben ocupar sus cargos por corto o largo tiempo, o si debe o no subsistir el Consejo Superior de la Judicatura, o deben o no intervenir en la escogencia del registrador nacional, no, la solución a los males judiciales está en garantizar una pronta, efectiva e impoluta justicia que permita el rápido y eficiente acceso por parte de la ciudadanía”, señala.  Un problema de idiosincrasia La terrible congestión a la que se ha visto abocado el sistema judicial en el país tiene según Charrupi, dos orígenes. Por una parte, la propensión a llevar toda controversia al escenario judicial, problema histórico, atávico y cultural, heredado de los españoles, y de ahí que nuestro sistema judicial tenga exceso de demandas y denuncias. “En ese sentido, por ejemplo, en Bogotá los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias Judiciales, tienen en su conocimiento alrededor de 60.000 expedientes, circunstancia que hace inviable cualquier ejercicio de oportuna justicia. Con ejemplos como éste, podríamos tener a las personas más competentes e intachables del país, y en todo caso, no habría manera o forma de atender y despachar esta ingente cantidad de casos. Por eso toca evitar que llegue tanto conflicto y litigio a la administración de justicia”.  Malas herencias de la constituyente del 91 De acuerdo con el jurista, la congestión judicial es uno de los problemas más apremiantes que enfrenta el sistema de justicia colombiano, y por eso una de las soluciones que plantea para resolver este problema, es promover la conciliación. Y la otra causa por la cual el sistema de justicia se ha ensombrecido en medio de la congestión judicial, paradójicamente, tiene su origen en la propia Constitución de 1991, Carta Política que, aunque ha tenido muchos aciertos, particularmente en la rama judicial tuvo desaciertos. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura, que nació allí, es un organismo que está politizado, y que no tiene estándares de eficiencia y calidad, por otro lado, la acción de tutela, que surgió como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales del ciudadano, desembocó, lastimosamente, en una herramienta para desconocer providencias judiciales adoptadas en el seno de las distintas competencias de la justicia ordinaria, distorsionando su verdadero propósito, al permitir reabrir casos que han sido objeto décadas de estudio, análisis, práctica de pruebas y decisiones de jueces especializados en la materia.  Adicionalmente, la centralización del sistema político y judicial, así como la urgente necesidad de tener una colegiatura de abogados, son otros de los problemas más apremiantes que Néstor Charrupi cree que tiene la justicia colombiana. “Hay que fortalecer los diferentes circuitos judiciales, darles mayor peso y autonomía, y dejar a la Corte Suprema sólo como órgano de cierre, que proceda a unificar, decantar y depurar la jurisprudencia en casos excepcionales que enmarquen debates de interés jurídico nacional. Las demás decisiones se le deben dejar plena y autónomamente a los Tribunales de Distrito Regional y a los Jueces de cada provincia que conocen de primera mano los problemas locales”, asegura el abogado. Este abogado de la Universidad Externado de Colombia, recibió el premio Polítika 2018 Gestión y Liderazgo por la labor desarrollada en beneficio del sector empresarial del país. Una reforma ideal Por último, Charrupi considera que Colombia debe explorar mecanismos alternativos de solución de conflictos, fortalecer la mediación, la amigable composición, las casas de justicia, la conciliación y la administración de justicia en cabeza de particulares, como mecanismos idóneos para evitar que toda disputa llegue a la administración pública de justicia, y otorgarle dientes a esos mecanismos para que no todo llegue a conocimiento de los jueces, excepto aquellos que si requieren de una decisión de un juez de la república. Para el connotado jurista, la mala y politizada escogencia de los administradores de justicia ha hecho que la ciudadanía no tenga confianza en sus jueces, “y no hay nada peor para una democracia, que una sensación de injusticia o impunidad porque ahí es cuando las personas deciden tomar la justicia por mano propia, generandose una conflictividad aún peor”. Este abogado de la Universidad Externado de Colombia, recibió el premio Polítika 2018 Gestión y Liderazgo por la labor desarrollada en beneficio del sector empresarial del país. “No hay nada peor para una democracia que una sensación de injusticia o impunidad, porque ahí es dónde se origina y gesta la desafortunada opción de hacer la justicia por mano propia, generandose una conflictividad aún peor”, dice Charrupi.

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