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La Procuraduría General de la Nación por medio de un informe advierte de posibles irregularidades en la compra de tierras destinadas a para campesinos en situación de vulnerabilidad como parte de los objetivos de la reforma agraria propuesta por el Gobierno Nacional, la entidad refiere que estarían en riesgo de malos manejos, dineros que alcanzan la cifra de $136.911 millones. Todo indica que esta investigación por parte de la Procuraduría General y la Contraloría General, se dio debido irregularidades detectadas en la revisión de estos procesos, por medio de las auditorías internas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que arrojó inconsistencias y desviaciones de los trámites dejando en evidencia posibles irregularidades. Trámites irregulares Desde diversos sectores se ha expuesto la lentitud y poca efectividad de los trámites de compra de tierras para los campesinos, lo que hace parte de una de las banderas de progreso de la administración Petro, las estadísticas hablan de que en dos años se han adquirido 93.000 hectáreas, según indicó Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una cifra que no alcanza la expectativa de entrega de 500.000 hectáreas al campesinado colombiano. Recordemos que el resurgimiento agrario ha sido uno de los principales motores de desarrollo impulsados por el llamado Gobierno del Cambio, así como el cumplimiento del Acuerdo de Paz del 2016. Para llegar a esta conclusión la Procuraduría General de la Nación revisó de manera aleatoria 86 de las 288 compras de tierras que hizo la ANT desde inicios de la actual administración del Estado, hasta febrero pasado, cuando Gerardo Vega salió del cargo de director, encontrando irregularidades en el 62 % de las adquisiciones. ¿Qué dice el Ministerio Público? Por su parte el Ministerio Público indica en el informe que “a fin de realizar un cálculo estimativo de los valores que se ponen en riesgo con tales acciones se tomaron como base los precios de los inmuebles estimados para el pago según la información de los expedientes de compra y los valores pagados por los avalúos en los casos en los que se señala que no se debieron ordenar. En suma, el valor que se pone en riesgo corresponde a El informe fue realizado por el procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero, en donde se da cuenta también que se compraron 14 predios por $51.787 millones, a pesar de que no tienen vocación agrícola y desconociendo observaciones técnicas que se formularon”. Señala, además el ente que hubo irregularidades en las promesas de compraventa de 16 predios adquiridos por $30.623 millones e inconsistencias en 26 predios por $27.039 millones porque no hubo acta de entrega. Se da cuenta de posible falla en la compra de 8 predios que la ANT adquirió por un total de $15.281 millones, las cuales podrían tener la condición de tierras baldías lo que implicaría que no son adjudicables. Otro de los hallazgos de la Procuraduría advierte inconvenientes en la compra de 10 predios por $11.791 millones, calificados como inhábiles para realizar allí actividades agropecuarias porque en su mayoría están conformados por humedales o cuerpos de agua. Entre otras irregularidades la Procuraduría destaca la baja ejecución presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras “Pese a que se asignaron altos recursos para la compra de tierras, la ejecución financiera real es baja, con un desembolso mucho menor de lo previsto, lo que sugiere una gestión ineficaz de los recursos”.