diciembre 3, 2024

Acuerdos

Fin del Paro de Transportistas, Gobierno y Gremio de Camioneros llegaron a acuerdos

El Gobierno Nacional y el Gremio de Camioneros, finalmente y tras tres días de negociaciones llegaron a un consenso con las bases que organizaban las protestas y los representantes del transporte, al culminar la gestión de estas mesas expresaron que los términos de los acuerdos se dieron con la intención de construir un sistema más sostenible y proteger al pequeño camionero. Estos son los acuerdos que se pactaron en el acta de compromiso para poner fin al paro camionero: 1⃣ Solicitar ante las autoridades el archivo de los procesos penales y las sanciones administrativas que se hayan impuesto en el ejercicio del derecho a la protesta. 2⃣ La primera nivelación del precio del ACPM se dará en dos momentos, $400 que regirá a partir de la modificación de la resolución y otra de $400 que se implementará el 1 de diciembre de 2024. 3⃣ Suspender las alzas de combustible tipo diésel, hasta que no se logren las transformaciones estructurales en el transporte de carga y de pasajeros que se atendieron en las mesas. 4⃣ Convocar, en un término no mayor a 8 días, mesas técnicas, con el fin de estructurar el sistema de costos eficientes SiceTAC. 5⃣ El @MinTransporteCo se compromete a garantizar la inclusión de todos los actores en las discusiones referentes al SiceTAC. 6⃣ El @MintrabajoCol se compromete a incluir en la Reforma Laboral un artículo especial para el sector transportador, que recoja las necesidades planteadas por los representantes de los conductores. 7⃣ El @MinTransporteCo se compromete a revisar la regulación actual del Registro Nacional de Carga -RNDC- y el SiceTAC, para implementar mejoras en dichos sistemas. 8⃣ Convocar una mesa de trabajo, dentro de los 8 días con los gremios que representen las bases de la modalidad del servicio de transporte público de pasajeros especial, para tratar los temas estructurales de dicha modalidad. 9⃣ Convocar una mesa de trabajo, dentro de los 8 días, con los gremios que representen las bases de la modalidad del servicio de transporte público colectivo, para tratar los temas estructurales de dicha modalidad. Convocar una mesa de trabajo, dentro de los 8 días siguientes, con los gremios que representen las bases de la maquinaria amarilla para tratar los problemas estructurales de dicha actividad. 1⃣1⃣ Continuar con la estrategia de fortalecimiento de la Superintendencia de Transporte para mejorar la capacidad de control del Sistema de Información de Costos Eficientes -SiceTAC- y demás conductas que se constituyen en incumplimiento de las normas que regulan las relaciones económicas. 1⃣2⃣ Revisar y modificar la política de chatarrización vehicular, para garantizar la reposición uno a uno, incluyendo volquetas y vehículos de carga de dos ejes rígidos. 1⃣3⃣ Presentar en el Congreso el proyecto de Ley del Régimen Sancionatorio del sector transporte. 1⃣4⃣ Generar una mesa de trabajo con el @MinHacienda y @MinEnergiaCo para analizar nuevamente la fórmula mediante la cual se fija el precio del combustible, garantizando al participación de los gremios que representan a las bases transportadoras. 1⃣5⃣ Todos los firmantes del acta de compromiso que integran asociaciones, bases del gremio de transporte de todas las modalidades de servicio y representantes de los mismos, se comprometen a levantar los puntos de concentración y protesta a nivel nacional de manera inmediata.

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Preocupación por parte de la Sociedad de Agricultores por el reciente acuerdo firmado entre el Gobierno y el ELN

Después de que las delegaciones del Gobierno nacional y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) anunciaran que firmaron el primer punto de los diálogos de paz, y en el cual se establece de qué forma podrá participar la sociedad civil, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) expresó su preocupación sobre la firma de este apartado.  La ceremonia de firma contó con la presencia de Manuela Márquez, delegada del ELN, y Rodrigo Botero, delegado del Gobierno de Colombia, quienes leyeron públicamente el documento del acuerdo. El primer punto aborda la necesidad de involucrar a la sociedad civil en la construcción de una paz duradera y sostenible, garantizando que las voces de todos los sectores sean escuchadas y consideradas en las decisiones cruciales del país. Este acuerdo es el resultado de 78 encuentros que congregaron a 8.465 personas de 3.132 organizaciones sociales, representando 30 sectores integrados en el Comité Nacional de Participación. Además, enfatiza la importancia de la participación democrática y pluralista en la transformación de las condiciones que han generado y perpetuado el conflicto armado en Colombia. La firma de este acuerdo es percibida como un paso fundamental en el camino hacia la reconciliación y el cese de la violencia por parte del grupo armado, según lo expresado por los delegados. Sin embargo, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), manifestó su preocupación respecto a este acuerdo. Señaló que al menos tres elementos generan inquietud. En primer lugar, cuestionó el carácter vinculante de los acuerdos alcanzados en los mecanismos de participación, lo que, a su juicio, no garantiza la inclusión de toda la sociedad. “Parece que estas transformaciones terminan siendo de obligatorio cumplimiento por las partes y deberán convertirse, como dice el mismo texto, en políticas públicas. Entonces, la gente se pregunta qué va a pasar con la Constitución y si se va a respetar”, afirmó.  En segundo lugar, destacó las garantías de participación ciudadana, especialmente en áreas rurales donde el ELN tiene presencia significativa. “En departamentos como Arauca, Nariño y muchos otros, el documento no menciona un compromiso del ELN de abandonar la minería criminal o la extorsión, que siguen siendo fuentes de financiación de este grupo terrorista”. Finalmente, cuestionó la intención del Gobierno en relación a una posible Asamblea Constituyente, mencionando que la interpretación del acuerdo genera temores adicionales. “La lectura de ese documento, junto con lo dicho por el excanciller Leyva sobre la Constituyente, indiscutiblemente genera una gran preocupación adicional”, comentó.

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44 acuerdos se han logrado en la negociación colectiva del Ministerio del Trabajo y sus 16 sindicatos

Luego de seis sesiones que iniciaron desde el 21 de marzo, la negociación colectiva del Ministerio del Trabajo y sus organizaciones sindicales, arroja como resultado, acuerdos en 44 puntos. De la misma manera el Ministerio del Trabajo se ha comprometido a revisar acuerdos incumplidos por administraciones anteriores. Los negociadores del Ministerio de Trabajo y los representantes de las organizaciones sindicales, designados como negociadores destacaron que las conversaciones avanzan en medio de pleno respeto y la disposición comprometida de alcanzar acuerdos en beneficio para cerca de 1.700 trabajadoras y trabajadores de la entidad. El Ministerio del Trabajo deberá revisar con el Ministerio de Hacienda las aspiraciones económicas contenidas en el pliego unificado y espera en dos semanas entregar respuesta sobre ellas. El viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, lideró la última reunión, destacó el ambiente en el que se ha desarrollado la negociación y ratificó el compromiso del gobierno de buscar un acuerdo que satisfaga los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras y permita fortalecer la función misional de la cartera. “Dentro de los puntos que se han concertado con la administración, cerca de 40 y hay algunos que son muy álgidos y tienen que ver con entidades externas como el Ministerio de Hacienda en donde se requieren recursos que tienen que ver con la nivelación salarial y una bonificación. El próximo 25 de abril, se volverán a reunir y avanzar en un acuerdo de la convención para los próximos dos años”, destacó Juan Nicolás Sarmiento, negociador principal del pliego de los sindicatos del Ministerio del Trabajo. Tomado de MinTrabajo

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La JEP inicia expulsión de Márquez, Santrich, Romaña y El Paisa

Después del anuncio de Iván Márquez, “Jesús Santrich”, “Romaña”, “El Paisa” y otros disidentes de las FARC de volver a las armas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró el inicio del proceso de expulsión del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición de quienes están apoyando la iniciativa de regresar a la guerra en contravía de lo acordado en La Habana. “A la JEP, según lo dispuesto en el marco normativo que nos rige como institución en un Estado de Derecho, le corresponde adoptar decisiones frente a estos hechos, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 5to. transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y 20 de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción que establecen la pérdida de todos los beneficios, incluida la permanencia del sistema si se produce el rearme. Esta es una causal de exclusión de los comparecientes que se aplicará inequivocamente a quienes hayan incurrido en esa conducta”, declaró la presidente del tribunal, Patricia Linares en una rueda de prensa.  La decisión se da en consecuencia a las revelaciones de disidentes de las FARC, que liderados por Iván Márquez, expresaron su propósito de volver a empuñar armas de fuego, un hecho calificado por la magistrada Linares como grave para el acuerdo de paz. “Las noticias de rearme de algunos exmiembros de las FARC, hoy en la clandestinidad, cuyos incidentes de incumplimiento (…) se encuentran en trámite de la JEP; constituye sin duda, un hecho de la mayor gravedad para el proceso de paz, que con sacrificio y no exento de dificultades, se viene desarrollando en nuestro país”. A pesar de que la decisión ya fue avalada por la Sala Plena, la jurista dejo claro que el proceso está sujeto a la normativa vigente y que, por lo tanto, se deben cumplir unos procesos y tiempos que los magistrados asumirán con la mayor celeridad.  “Indudablemente, surge una situación que es un hecho notorio, que en el marco de lo que corresponde a los jueces de la República y a la JEP, serán analizados de manera inmediata”. Igualmente, la JEP resaltó que “la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ya había ordenado la apertura de incidente de verificación de cumplimiento contra seis exintegrantes de las Farc-EP que aparecen en el vídeo por no cumplir con sus compromisos ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, casos a los que se sumarían los demás disidentes que aparecieron en el video.  

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