junio 27, 2022 4:24 am
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Revista el Congreso Siglo XXI

Colombia bajo la Ley de Garantías


La Ley de Garantías Electorales comenzó a regir en Colombia y con ello la suspensión de buena parte de la contratación pública para evitar el uso de recursos del Estado en apoyos a cualquiera de los candidatos. Según la legislación vigente, las limitaciones se deben aplicar cuatro meses antes de celebrarse cualquier elección. Con la implementación de la norma se busca que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes tanto para los aspirantes como para los votantes.


En ese contexto, la ley 996 de 2005 establece unas restricciones al ejercicio de la función gubernamental como garantía de transparencia administrativa en medio del debate electoral, para lo cual se impide, por ejemplo, que la nómina estatal o la contratación directa se utilicen en la campaña política para favorecer a uno o varios candidatos. La disposición cobija a ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, gerentes, jefes de entidades descentralizadas de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y Distrital, gobernadores, alcaldes y secretarios.

Restricciones por Ley de Garantías

De acuerdo con la Ley de Garantías Electorales, que para el caso de la campaña presidencial entró en vigor el 29 de enero pasado, las restricciones en la nómina y contratación estatal tanto para funcionarios del orden nacional, como departamental y local, son las siguientes: no se pueden aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado, la cual tampoco se podrá utilizar como propaganda política de los candidatos, partidos o movimientos políticos y sociales.

Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, es decir, desde el 29 de enero de 2022 hasta la elección en segunda vuelta, si fuere el caso. Queda exceptuado de la anterior restricción, lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como los utilizados para la re- construcción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, eventos natura- les o razones de fuerza mayor y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.

Es importante aclarar que la suspensión de cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal está relacionada con la imposibilidad de crear nuevos cargos, salvo que se trate de solventar situaciones tales como renuncia, licencia o muerte que sean indispensables para el cabal funcionamiento de la Administración Pública.

Limitaciones en contratación

Existen dos restricciones, la primera para celebrar convenios interadministrativos con el fin de ejecutar recursos públicos y la segunda para celebrar contratos en la modalidad de contratación directa. La Ley 996 de 2005 establece las limitaciones para la contratación directa por parte de todos los entes del Estado, en este caso desde el día 29 de enero de 2022 hasta la elección presidencial en segunda vuelta, el 19 de junio próximo, de ser necesario. La norma es muy clara en cuanto a que no hay restricciones para las prórrogas, modificaciones o adiciones y la cesión de los contratos suscritos antes de la fecha en la que entró en vigencia la ley. A través de la modalidad de contratación directa se celebran, entre otros, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, arrendamiento de inmuebles y contratos con proveedor exclusivo. La prohibición aplica para todos los entes del Estado, de todas las Ramas del Poder Público pertenecientes al nivel nacional y territorial.

Convenios interadministrativos

Desde el 13 de noviembre de 2021, cuando comenzó a regir la Ley de Garantías para las elecciones al Congreso, hasta la fecha de elección del presidente de la República en primera o segunda vuelta (29 de mayo o 19 de junio), los gobernadores y alcaldes, así como secretarios, gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar fondos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista.

Esta restricción fue modificada por el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, en el que se autorizaba a la Nación a celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación, pero el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá decidió el 9 de noviembre pasado amparar transitoriamente los derechos al debido proceso e igualdad presuntamente vulnerados en el trámite legislativo del proyecto de presupuesto y en consecuencia ordenó no aplicar los cambios aprobados en ese momento para la Ley de Garantías hasta que la Corte Constitucional emitiera.

Concepto sobre su viabilidad. La Sala Plena del alto tribunal declaró la urgencia nacional para estudiar rápidamente las demandas que se presentaron en contra de la reforma legal que suspendió la aplicación de la norma durante la vigencia de 2022.

Los alcaldes y gobernadores tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso, gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales o distritales. Dentro de las limitaciones, se establece que no podrán modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable. Los entes territoriales ven con preocupación la prohibición para celebrar contratos interadministrativos en los ciclos electorales por el retraso que eso genera en la ejecución de obras y proyectos en sus regiones.

Fuentes consultadas: Departamento Administrativo de la Función Pública, Senado de la República, Registraduría Nacional del Estado Civil y Revista El Congreso Siglo XXI.

Afectación de la pandemia en el sector Gobierno

El impacto de la pandemia, que provocó un elevado déficit fiscal, llevó al Gobierno del presidente Iván Duque a tomar medidas en el corto plazo que le permitieran racionalizar los recursos públicos para solventar la crisis. Una de ellas fue acudir a un fuerte plan de austeridad que eliminó de tajo 33 cargos del Ejecutivo. Fue así como se suprimieron 11 de ellos en el despacho de la vicepresidencia y se eliminaron varias plazas en las consejerías para Asuntos Políticos y Legislativos, así como en la de Asuntos Económicos y Transformación Digital, entre otros. Los cambios también se dieron en el despacho del jefe de gabinete, donde se dispuso la salida de varios funcionarios. El más afectado con el recorte en los gastos de funcionamiento del aparato estatal por la pandemia, fue el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Además de economizar gastos en la vinculación de personal, el Gobierno Nacional se propuso ahorrar en 2021 más de $500.000 millones en horas extras, vacaciones, contratación para la prestación de servicios, compras de pasajes aéreos, cambios de sedes, comisiones y adquisición de vehículos. La medida también contempló una reducción de los esquemas de seguridad de los funcionarios públicos y de los gastos de publicidad estatal. “Se ha expedido el decreto de austeridad, una instrucción que le he impartido a todas las agencias del Gobierno Nacional Central, a todos los ministerios (…) y que implica restricciones, controles a todo tipo de gastos, viajes, comisiones, cambios de sedes y cambio de inmobiliarios”, aseguró en su momento el presidente Iván Duque.

Inversión para enfrentar pandemia

Para atender la Emergencia Económica por la pandemia del Covid-19, Colombia anunció en el primer año de la crisis sanitaria que se invertirían cerca de 117 billones de pesos. Se trata de más del 11% del Producto Interno Bruto (PIB), esfuerzo de varias instituciones que ha permitido garantizar los programas de ayuda económica a los sectores más golpea- dos por la coyuntura actual, especialmente durante el aislamiento preventivo obligatorio para contener la expansión del virus entre la población.

Según el Jefe de Estado, más de 24 billones de pesos corresponden a recursos administrados por el Fondo para el Manejo de Emergencia (FOME), a los cuales se suman los créditos que tienen garantía hasta del 90% para la protección de la nómina, producto de la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, que totalizan cerca de $60,2 billones. Otros 2,21 billones de pesos corresponden a la reducción de recaudo de algunos impuestos, mientras 2,4 billones de pesos son aportes para entidades subnacionales. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se ha priorizado en la destinación de recursos al sector de la salud, con el fortalecimiento de la red hospitalaria y dotación de equipos médicos durante la crisis sanitaria, así como a la protección del empleo y los auxilios directos a la población vulnerable a través de los programas “Familias en Acción”, “Ingreso Solidario” y Jóvenes en Acción”.

Efecto en la economía

En el primer año de pandemia, el efecto sobre la economía fue mayor, con una contracción de 6,6% en 2020, tras de lo cual se ha venido recuperando, gracias a los avances del Plan Nacional de Vacunación que han permitido el regreso a la normalidad de todas las actividades a lo largo y ancho del país. “Colombia es uno de los líderes de la recuperación a nivel regional y mundial. En 2022 el dinamismo continúa, creceremos 5%, la tasa más alta entre las principales economías de la región”, dijo el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo.

El Gobierno considera que las medidas implementa- das para reactivar la economía han favorecido tanto el ritmo de crecimiento como la recuperación del mercado laboral. Esto se refleja en una previsión de crecimiento económico de 10,6% y 5% para 2021 y 2022, respectivamente, por encima del 6% y 4,3% proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para ambos años. “Los motores de crecimiento estarían enfocados en los sectores de la industria y la gran rama de comercio, así como en el dinamismo de la demanda interna”, indicó en un reciente balance el Ministerio, que calificó de alentadores los resultados fiscales preliminares. Se prevé que para el 2022 el déficit siga disminuyendo hasta ubicarse en 6,2% del PIB. Ante el comportamiento de las cifras, se contemplan para este año gastos de funcionamiento por $209,1 billones, es decir, un aumento de 2,6% frente a 2021 y para el servicio de la deuda se apropiaron recursos por $71,7 billones. Por sectores, los renglones con mayor apropiación para el Presupuesto General de la Nación son educación, con $49,5 billones; defensa y policía, $42,6 billones; salud y protección social, $41,9 billones; trabajo, $34,7 billones; Hacienda, $24,3 billones; e inclusión social y reconciliación, $23,2 billones.

Un gobierno digital

De acuerdo con una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la pandemia incrementó la dependencia de las herramientas digitales y el Gobierno de Colombia no fue ajeno a esa situación para garantizar la prestación y acceso a servicios públicos como para el trabajo a distancia de los funcionarios. Y es que, ante la sorpresiva llegada del virus al país, las oficinas estatales debieron operar a remoto desde las casas de sus empleados o con horarios y personal limitado. En gran parte de las entidades se optó por crear servicios digitales nuevos o ampliar los existentes para responder a la alta de- manda de solicitudes de los usuarios. Para ello, fue necesario capacitar a los servidores públicos para el teletrabajo en tiempo récord y provisionarlos de equipos. Aunque ya muchos han regresado a sus labores de manera presencial, la gran apuesta es por el Gobierno Digital. Es así como a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se expidió el Decreto 088 del 24 enero de 2022, que establece los lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites.

Fuentes consultadas: Forbes, Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Banco Interame- ricano de Desarrollo (BID).

La gran apuesta por la digitalización

Con el fin de mejorar la calidad y eficiencia de la oferta de servicios del Estado, simplificar los procesos y reducir costos, el Gobierno nacional expidió el decreto 088 del 24 de enero de 2022, en el que se establecen los lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites de manera gradual y diferenciada, así como su realización en línea en el contexto de la Ley 2052 más conocida por los colombianos como Ley anti-trámite.

La meta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es ir fortaleciendo el Gobierno Digital con la automatización de más de 70.000 trámites para el año 2037. Para avanzar en esa dirección, la digitalización se hará en tres bloques o grupos. Inicialmente se realizará la transición del 30% de los trámites; posteriormente, de otro 30% y finalmente, del 40% restante. Como no todas las diligencias tienen la misma demanda ni complejidad, se desarrolló un método de estimación que permite asignar plazos diferenciales a las entidades para lo cual se tuvo en cuenta el desempeño institucional, la evolución de la tecnología, la conectividad y la cantidad de trámites que maneja, pero, sobre todo, las características socioeconómicas de los municipios donde operan las mismas. Es así como las entidades nacionales (136) y las territoriales (2.088), se organizaron en tres grupos, a los cuales se les asignó un plazo distinto para el proceso de digitalización y automatización de todo el papeleo. De acuerdo con el decreto, serán obligados al cumplimiento de la normativa, las autoridades de la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial y los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas. 

Lineamientos para digitalización y automatización de trámites

Según la nueva norma, las autoridades deberán ofrecer mecanismos suficientes y adecuados de ingreso gratuito a los medios electrónicos en sus sedes físicas, además de contar con personal que apoye en el trámite digital al ciudadano que así lo requiera. Las entidades territoriales podrán solicitar la ampliación de los plazos, los cuales estarán sujetos a las condiciones de conectividad, infraestructura y tecnologías exigidas, así como a la disponibilidad de presupuesto.

El decreto establece que los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, deberán digitalizar y automatizar sus trámites en un término que no supere el plazo máximo señalado para las entidades territoriales. Las autoridades deberán disponer de un Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivos (SGDEA) asegurando que todo documento electrónico deberá contar con las características de autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad. También deberán tener la capacidad necesaria para almacenar y procesar los datos digitalizados. Para el Gobierno es indispensable proteger los datos personales.

Los retos del nuevo Presidente

LOS RETOS DEL NUEVO RPESIDENTE

El nuevo presidente que gobernará Colombia en los próximos cuatro años tendrá entre sus mayores retos conseguir que el desempleo se sitúe de manera sostenida en un dígito, pero sobre todo, frenar la carrera ascendente que ha experimentado la inflación en los últimos meses, jalonada por el aumento en los precios de los alimentos y demás productos básicos, que se estaría originando en la escasez de oferta, así como en la crisis en la cadena de suministros a nivel global. En su primer informe sobre política monetaria de este año, correspondiente al primer trimestre, el Banco de la República previó para finales de 2022 y 2023 un encarecimiento de 4,3 % y 3,4 %, respectivamente. Al hacer el pronóstico, la institución tuvo en cuenta la inflación de diciembre de 2021, la cual se ubicó en 5,62 por ciento. “Las estimaciones presentan un amplio margen de incertidumbre asociado, principalmente, a la evolución de los choques de oferta externos e internos, y sus efectos sobre los precios”, señaló en su reporte el Emisor.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, coincide en que los alimentos están presionando de manera significativa el costo de vida de los colombianos, al igual que las prendas de vestir y el calzado. “La alimentación dentro del hogar está aportando 67 puntos básicos al comportamiento de la inflación en donde la papa, la carne de res, el plátano, la leche y las frutas representan casi la mitad”, dijo Juan Daniel Oviedo, director de la entidad.

Recuperación lenta del mercado laboral

Aunque se logró superar la fase más crítica de la pandemia, se prevé que la recuperación del mercado laboral, el más golpeado por las medidas de aisla
miento preventivo que se tomaron hace dos años para contener el avance del Covid-19 entre la población, será más lenta de lo que se espera para el 2022 y dependerá en gran medida del ritmo de crecimiento que experimente la economía colombiana. De acuerdo con las proyecciones que se tienen para este año, la tasa de desempleo se ubicará entre 10,5% y 13%, con un escenario central en 11,7% para 2022, pese al repunte que tuvo en 2021 el trabajo formal. “Las estimaciones de la tasa de desocupación no inflacionaria (Nairu) sugieren una brecha de desempleo urbana que, si bien sigue siendo positiva para 2022 en promedio (0,3 puntos porcentuales), es menor a la estimada en 2021″, sostuvo en su informe el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla), que estimó en 4,3% el crecimiento de la economía colombiana en este año.
Según el DANE, Colombia perdió un número considerable de puestos de trabajo por la pandemia, debido a las restricciones para operar que tuvieron sectores como el comercio, el turismo, el entretenimiento y los servicios de comida e industria manufactureras. Y es que la tasa de desempleo al cierre de 2020 fue de 15,9%, siendo el más alto en las ciudades principales, en las que hubo una desocupación de 18,2%. Aunque la reactivación de la economía ha permitido recuperar puestos de trabajo, ya que se pasó de un mínimo de 16,4 millones de ocupados en abril de 2020 a 21,3 millones en Noviembre de 2021, se necesita volver al nivel de antes de la pandemia, cuando la cifra de personas activas laboralmente era de 22,3 millones. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, Colombia ha recuperado 5,2 millones de empleos que se perdieron entre febrero y abril de 2020, los meses más críticos de la emergencia sanitaria. La mayoría se generaron en el comercio (17,4%), industrias manufactureras (12,9%) y actividades artísticas (11,5%). Los expertos consideran que llegar a la cantidad de personas ocupadas antes de la pandemia no será tan fácil y dependerá de que tan positivo sea el comportamiento de la economía este año y de los fenómenos externos que se puedan dar. Por eso, quien ocupe la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto próximo, tendrá como uno de sus mayores desafíos, el rescatar los empleos que se perdieron durante la crisis sanitaria derivada del Covid-19 en centros urbanos y rurales.

Otros retos del nuevo gobierno

Además de fomentar la formalidad laboral, el nuevo gobierno tendrá dentro de sus retos, consolidar la base empresarial y mejorar la infraestructura aérea, terrestre, fluvial y marítima para dinamizar el comercio, diversificar las exportaciones y volver al país mucho más competitivo frente a naciones que han fortalecido sus economías, gracias al desarrollo tecnológico y agroindustrial. Por ahora, los esfuerzos gubernamentales están centrados en estimular el consumo en los hogares colombianos, mover la construcción de vivienda y aumentar la conectividad. Combatir la pobreza, que se incrementó con la pandemia, será otro de los desafíos del nuevo presidente en este cuatrienio.
Organismos multilaterales situaron la pobreza en el 42,5 % en 2020 por la crisis sanitaria que vivió el país suramericano, con respecto al 2019, lo que significa que el número de pobres pasó de 17,4 a 21 millones. Se estima que unos 3,6 millones de personas están en condición de pobreza en Colombia como consecuencia de la situación generada por el Covid-19. “El
choque de la pandemia exacerbó las desigualdades, es decir, que quienes sufrieron el choque de manera más severa por pérdida de empleo, de ingresos, fueron aquellos que ya eran pobres o aquellos en categoría de vulnerabilidad”, aseguró María Dávalos, economista del Banco Mundial.
Aunque la economía colombiana creció en 2021 un 10,6 por ciento, tras el regreso a la normalidad de todas las actividades de la mano con el Plan Nacional de Vacunación que se puso en marcha para contener el virus, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) prevé una expansión de solo el 5,5 % en el 2022. Por eso los analistas incluyen dentro de las tareas del nuevo gobierno, el agilizar el ritmo de crecimiento, controlar la evasión y aumentar el recaudo. En su concepto, los ingresos tributarios anuales deben subir al menos 4 % del Producto Interno Bruto, PIB, en el próximo cuatrienio, ante la necesidad de reducir el endeudamiento.
Para los expertos es claro que Colombia padece un atraso tecnológico y de conocimiento que induce a una baja productividad, por lo que creen necesario superarlo para acelerar la diversificación y sofisticación de las canastas de producción nacional y de exportaciones. A esos retos se suman otros como la expansión de la generación de energía con fuentes renovables y el control al precio del dólar ya que cerca del 15 % de la canasta familiar colombiana es importada, así como la preservación de la seguridad urbana y rural.

Fuentes consultadas: Banco de la República, Portafolio, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Valora Analitik, El Espectador y La República.