El sábado 3 de mayo, el municipio de Jambaló, en el departamento del Cauca, fue escenario de un feroz ataque armado contra la estación de Policía local. De acuerdo con los primeros reportes, el hostigamiento incluyó ráfagas de fusil y explosiones que afectaron gravemente los alrededores de la estación, generando pánico entre los habitantes de esta localidad indígena, históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales. Los uniformados, en medio del fuego cruzado, se vieron obligados a refugiarse en el hospital municipal. Imágenes del enfrentamiento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, reflejando la gravedad del ataque. Hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales ni heridos, pero las autoridades anunciaron que en las próximas horas entregarán un balance oficial de los hechos. Ese mismo día, en el municipio de Caloto, también en el Cauca, se registró otro atentado: una motocicleta cargada de explosivos fue activada, aumentando la preocupación por una posible ofensiva coordinada. En ambos casos, las autoridades presumen la responsabilidad de las disidencias de las FARC, que mantienen una fuerte presencia en la región y buscan mantener el control del estratégico corredor del Cañón del Micay. El representante a la Cámara por el Cauca, Óscar Campo, se pronunció en la red social X, afirmando que estos ataques pueden leerse de dos maneras: como una respuesta desesperada de los grupos armados ante la pérdida de control territorial, según el Gobierno del Cambio, o como una señal del fracaso de la estrategia de seguridad del actual gobierno, percepción que comparten muchos caucanos. Campo también denunció que estos grupos continúan financiándose mediante el cultivo ilícito de coca, al tiempo que el programa de “Paz Total” no muestra avances concretos. Ataque en Córdoba: patrulla de la Armada fue blanco de explosivos La violencia también se extendió al norte del país. En San Bernardo del Viento, Córdoba, una patrulla de la Armada Nacional fue atacada con un artefacto explosivo en la noche del 2 de mayo. El hecho fue confirmado por el gobernador del departamento, Erasmo Zuleta Bechara, quien informó que, afortunadamente, no se registraron víctimas ni heridos. El gobernador calificó el ataque como una amenaza directa contra la seguridad de la población costera y alertó sobre el aumento de este tipo de actos violentos en la región. Este atentado sería el noveno en Córdoba en las últimas semanas, en el marco del denominado “plan pistola”, una ofensiva criminal que ha dejado al menos cinco uniformados muertos y seis heridos solo en ese departamento. Zuleta exigió una respuesta contundente del Gobierno nacional y denunció que Córdoba no puede seguir enfrentando esta situación sin respaldo efectivo. “Exigimos resultados y acompañamiento permanente del Gobierno nacional en esta lucha contra quienes quieren sembrar el terror”, sentenció el mandatario. Estas acciones violentas coinciden con crecientes críticas a las directrices del Ministerio de Defensa, liderado por Iván Velázquez, especialmente por la reciente recomendación de evitar enfrentamientos directos con grupos ilegales, lo que ha sido interpretado por algunos sectores políticos como una orden de “esconderse”. La senadora Paloma Valencia fue una de las más críticas, asegurando que este tipo de instrucciones demuestran debilidad institucional frente al crimen organizado. Colombia enfrenta una nueva ola de violencia, marcada por ataques armados en varias regiones del país, que reavivan el debate sobre la efectividad de la estrategia de seguridad del actual gobierno y la viabilidad de su política de Paz Total.
