Posconflicto Archivos - Página 8 de 19

Partido Farc denuncia asesinato de dos exguerrilleros en proceso de reincorporación

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“Con estos dos asesinatos ascendemos al doloroso número de 84 camaradas asesinados después de la firma del Acuerdo Final”: partido Farc. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este jueves que dos de sus miembros fueron asesinados mientras se encontraban en el proceso de reincorporación a la vida civil. El cuerpo sin vida de Sebastián Coy Rincón, quien pertenecía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Mariana Páez” ubicado en el departamento del Meta, fue encontrado en la zona rural del municipio de Uribe, luego de que el exguerrillero fue reportado como desaparecido el pasado 15 de noviembre. En circunstancias similares, afirmó la bancada, se halló el cadáver de Ángel Aleyser Meléndez en la vereda el tablón del municipio de Leiva, Nariño. “De acuerdo con la información suministrada por pobladores de estas dos regiones del país, en el caso de Sebastián Coy, el hecho ocurrió en cercanías al lugar donde se encontraban acampados integrantes del Ejército Nacional que operan en el departamento del Meta; respecto de Ángel Meléndez llama la atención que pese a las reiteradas denuncias de organizaciones sociales, las estructuras criminales siguen fortaleciéndose en el departamento de Nariño”, aseguró la colectividad en un comunicado. Los miembros del partido le solicitaron al Presidente Iván Duque Márquez una reunión con el fin de poner sobre la mesa “acciones reales y concretas para brindar garantías de seguridad y protección efectivas a quienes fuimos firmantes del Acuerdo (de paz) y los miles de líderes y lideresas sociales que realizan su actividad en los territorios”. Ante este panorama, el pasado lunes, el Gobierno Nacional presentó el Plan de Acción Oportuna para Defensores de Derechos Humanos (PAO), con el fin, según lo afirmó el jefe de Estado, de prevenir y proteger, individual y colectivamente, los derechos, la vida, la libertad, integridad y seguridad de líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y comunales. No obstante, ante esta realidad, la bancada pidió “de inmediato” la intervención de la comunidad internacional, especialmente de los países garantes, con el fin de demandar del Estado colombiano el cumplimiento del Acuerdo firmado por ambas partes en La Habana, Cuba, en 2016. “No vamos a permitir que se siga arrebatando la vida a los constructores de Paz mientras las estructuras paramilitares se fortalecen en territorios “consolidados” por el Gobierno Nacional”, concluyó la misiva.

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JEP deja en firme orden de práctica de pruebas en caso Santrich

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No aceptó recursos de reposición de la Procuraduría y de la defensa. La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dejó en firme la decisión de practicar pruebas en el proceso de aplicación de la garantía de no extradición requerida por Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, quien es solicitado en extradición por una Corte del Distrito Sur de Nueva York. “Mediante decisión mayoritaria adoptada el 15 de noviembre de 2018, (la Sección) resolvió no reponer el auto del 23 de octubre pasado que decretó pruebas en el proceso de aplicación de la garantía de no extradición solicitada por Seuxis Paucias Hernández Solarte”, aclaró el tribunal en un comunicado de prensa. Según la JEP, al resolver los recursos presentados por la Procuraduría, y por la defensa de Hernández Solarte, la Sección destacó que “el trámite de garantía de no extradición es novedoso y diferente al que se desarrolla en materia de extradición ordinaria”. “El auto del 15 de noviembre no comparte las consideraciones de la delegada del Ministerio Público cuando sostuvo que la Sección, en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, no atendió los trámites ordinarios previstos en materia de extradición, usurpando y extralimitándose en las funciones”. La Procuraduría especificó, semanas atrás, que de acuerdo con la Ley 1922 de 2018, la Sección de Revisión no puede pronunciarse sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición, sino que sus facultades se limitan a decidir si los hechos fueron cometidos antes o después de la firma de los Acuerdos de Paz.

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Procuraduría se opone a que general (r) Maza Márquez se acoja a la JEP

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El Ministerio Público advirtió que los delitos por los que fue condenado no tienen que ver con el conflicto. La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar la solicitud de acogimiento que hizo el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, porque crímenes como el del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, por el que fue condenado a 30 años de cárcel, no tuvieron relación con el conflicto. En un concepto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Procuraduría alertó sobre la falta de competencia para conocer de los hechos que rodearon los homicidios con fines terroristas por los que fue sentenciado el oficial, hoy en retiro, por lo que también solicitó declarar improcedente la petición de libertad transitoria condicionada y anticipada y que el expediente sea devuelto a la Corte Suprema de Justicia. Aunque el ente de control considera que para 1989 las circunstancias en el país eran las propias de un conflicto armado, los hechos que comprometieron al entonces general activo Miguel Maza Márquez, no tuvieron relación directa ni indirecta con el conflicto, ni se cometieron con ocasión del mismo, y a pesar de su gravedad, la conducta cometida tuvo relación con delincuencia organizada, como quedó establecido en la sentencia condenatoria. El general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez en su solicitud de acogimiento a la JEP y petición de libertad transitoria aseguró que sus actuaciones hicieron parte de la violencia derivada del conflicto armado interno, por lo que lleva más de 5 años privado de la libertad. La Corte Suprema de Justicia, el 23 de noviembre de 2016, condenó al exdirector del DAS a 30 años de prisión por los homicidios con fines terroristas de Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñalosa Sánchez, Santiago Cuervo Jiménez y Pedro Nel Angulo Bonilla –este último en grado de tentativa-, sumado al delito de concierto para delinquir. Ante la solicitud del general Maza Márquez, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumió su estudio para verificar si se reunían los requisitos para entrar en la JEP, entre ellos que los hechos punibles cometidos tengan relación con el conflicto armado interno. Con información de la Procuraduría General de la Nación

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Cambios al acuerdo de paz son una jugarreta de la clase política: Iván Márquez, el Paisa y Romaña

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La misiva fue firmada por Márquez, Óscar el Paisa, Aldinever Morantes, Romaña, Iván Alí o Iván Merchan, entre otros. Luciano Marín Arango, alias Iván Máquez, y un grupo de excombatientes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) dirigieron una carta a Zeuxis Pausias Hernández Solarte más conocido como Jesús Santrich, en la que aseguran que su extradición significaría el fracaso de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos. “De corazón estamos contigo. Te reiteramos nuestra solidaridad total. Nos enorgullece tu dignidad que la equiparamos con la de Simón Trinidad. Una eventual extradición tuya por cuenta de un burdo montaje judicial de la DEA y la Fiscalía, o la perpetuación injustificada de tu presidio, significarán el fracaso irremediable de la paz. Poco a poco se están cayendo las mentiras del Fiscal Martínez. Si no hay pruebas contra ti, deben aplicarte el principio de favorabilidad produciendo tu excarcelación inmediata”, afirman en la misiva. De acuerdo con lo expuesto en la carta, la captura de Santrich sembró una enorme desconfianza con el Estado, pues para ellos, solo basta una acusación de la Administración para el Control de Drogas, (DEA por sus siglas en inglés), para que renazca el “fantasma de la extradición”. Los exguerrilleros aprovecharon para criticar los cambios que se han hecho al Acuerdo del 24 de noviembre de 2016, que según ellos, lo convirtieron en “un horroroso frankenstein santanderista”. “Le cercenaron el alma y cambiaron su esencia por obra y gracia de la interpretación jurisprudencial, la implementación legislativa y la perfidia del Estado”. “Las alteraciones al contenido del Acuerdo por parte del Estado son al mismo tiempo problemáticas como desconcertantes. Si la JEP se concibió para todas las partes involucradas en el conflicto ¿por qué excluyen de su competencia a los terceros que son civiles o agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública que de alguna u otra manera victimizaron colombianos con sus determinaciones? Es necesario reiterarlo: la Jurisdicción Especial no fue acordada solamente para la guerrilla, sino para todos los actores del conflicto”, añadieron. Para los excomandantes, los cambios se deben a “una jugarreta” de la clase política para evitar que los verdaderos responsables de crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas salgan a la luz pública. “Los utilizaron en la guerra sucia y en victimizaciones horrorosas y ahora quieren lavarse las manos como Pilatos. Eso no es justo y no obedece a la verdad. Todo el tiempo utilizaron a las FFAA para mantenerse en el poder mientras se enriquecían con la corrupción y se llenaban de privilegios”.

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Corte Suprema remite expediente del exjefe del DAS Maza Márquez a JEP

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El pasado febrero, el exdirector del DAS solicitó a la JEP revisar su caso. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia envió el expediente contra el exdirector del DAS, general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que esta estudie la posibilidad de aceptarlo como agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública. Debido a que el caso del general retirado ya cuenta con un fallo condenatorio, el alto tribunal consideró inexistente la posibilidad de que Maza Márquez quiera dilatar la investigación en su contra, y añadió que los hechos por los cuales fue condenado están relacionados con los nexos que tenía con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaban en el Magdalena medio. “El proceso ya terminó, ello no impide que por parte de la JEP se examine si es posible que el condenado acceda a algún tipo de beneficio del Acuerdo Final de Paz, diferente a la revisión de la sentencia, por ser de competencia exclusiva de esta corporación”, explicó la Sala Especial en el oficio entregado. En 2016 el general Maza Márquez fue sentenciado a 30 años de prisión como coautor de los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir por su participación en la planeación y ejecución del magnicidio de Luis Carlos Galán, precandidato presidencial.

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Fiscalía incauta bienes a proveedores de las Farc por 2.100 millones de pesos

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Los bienes ocupados superan los 2.100 millones de pesos y fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La Fiscalía General de la Nación en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, impuso medida de extinción de dominio a inmuebles que presuntamente fueron adquiridos con dineros ilícitos de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De acuerdo con la investigación, los predios pertenecían a una organización criminal que durante diez años suministró armas y explosivos a los diferentes frentes guerrilleros de las FARC, y producto de esta negociación recibió “millonarias sumas” de dinero con las que realizó la compra de bienes en los departamentos del Meta, Boyacá y Cundinamarca. Las propiedades pertenecen a Alejandro Camacho y Viviana López Calle, quienes ya han sido condenados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y concierto para delinquir. Los bienes incautados corresponden a un apartamento con garaje y una oficina en Bogotá, un lote ubicado en Sotaquirá y cuatro terrenos en Villavicencio. Con información de la Fisclalía General de a Nación

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JEP abre incidente de verificación de cumplimiento a alias “el Paisa”

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La Agencia de Reincorporación Nacional (ARN) además informó a la Sala de Reconocimiento que no tiene noticia del paradero de Velásquez a pesar de que este había sido un líder activo en varios proyectos con sus antiguos subalternos. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la apertura de incidente de verificación de cumplimiento a Hernán Darío Velásquez, más conocido como “el Paisa”, excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). A través del auto 65 se tomó la decisión fundamentada en que Velásquez no presentó el oficio solicitado por la JEP, en el que debía informar su proceso de reincorporación y otras actividades relevantes para el caso, dentro del plazo que se le dio a los 31 exguerrilleros, ni solicitó prorroga. “No compareció personalmente ni nombró abogado de confianza. Hasta la fecha el señor Velásquez no tiene representación legal ni comparece a notificarse personalmente frente a las decisiones adoptadas en este caso”. “La ausencia persistente de este compareciente, a pesar del inicio de los proyectos productivos, sumada a su inactividad ante la JEP y al incumplimiento de la orden emitida por la Sala de presentación del informe de seguimiento, son indicios de un posible incumplimiento del régimen de condicionalidad”, argumentó la jurisdicción. La Sala citará a audiencia para decidir si hubo o no incumplimiento y ordenará alguna de las medidas del sistema de gradualidad. En este proceso, se solicitará al Sistema de Asesoría y Defensa de la JEP (SAAD) que designe abogado defensor para Velásquez y que comunique dicha selección a la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento, para que proceda a notificarlo de esta decisión. Por último, la JEP convocó a las víctimas de “el Paisa” interesadas en participar en el incidente de verificación del cumplimiento.

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ELN pide a Comisión de Paz mediar para retomar negociaciones con el Gobierno

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“Conocedores de su compromiso con la paz del país, solicitamos sus buenos oficios para poder seguir avanzando en lograr la terminación del conflicto armado y acordar transformaciones para una Colombia en paz y equidad”: Delegación ELN. El jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los diálogos de paz, Pablo Beltrán, solicitó a la Comisión Accidental de Paz del Senado mediar para que se reactive la mesa de negociación con el Gobierno. La petición está consignada en una carta, en la que además les propone a los congresistas concretar una reunión para exponer sus ideas e inquietudes. “A la fecha de hoy se cumplen 63 días desde la última reunión de la mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Nuestra Delegación en todo este tiempo se ha mantenido en la Mesa, a la espera que el Gobierno honre los Acuerdos de paz firmados con el Estado y envíe su Delegación, para darle continuidad a este proceso de solución política del conflicto que hemos emprendido”, indicó el líder guerrillero. El Presidente Iván Duque ha sido enfático en que el grupo insurgente debe liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder y suspender las actividades criminales para retomar los diálogos de paz. El mandatario ha expresado en repetidas ocasiones su voluntad de reanudar las negociaciones, sin embargo, insiste en que no aceptara el secuestro como mecanismo de “chantaje”. “El Gobierno está colocando exigencias unilaterales, que rompen la bilateralidad de un proceso de negociación, con los que desconoce acuerdos previos. Si Duque considera que se requieren ajustes a los compromisos existentes, estos deben ser examinados y acordados por las dos partes en la Mesa”, expuso Pablo Beltrán en la misiva.

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Ceballos invita a Iván Márquez y a alias “El Paisa” a definir su permanencia en la legalidad

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Este martes se llevará a cabo una reunión en la que la Comisión Accidental de Paz del Congreso de la República, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos tratarán la carta enviada por los excomandantes guerrilleros. El Alto Comisionado para la paz, Miguel Ceballos, consideró este martes que los exjefes de las FARC, Iván Márquez y Oscar Montero alias “El Paisa” deben definir si van a permanecer en el marco del acuerdo de paz firmado en 2016, pues la carta que remitieron al Senado de la República no da respuesta alguna a este interrogante planteado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “La JEP sigue en espera de una respuesta que solicitaron frente a si ellos continuarán o no con el acuerdo de paz, porque esa carta no está dirigida al juez natural que es el tribunal especial, por consiguiente, no estamos seguros de sí una carta le basta a la JEP para considerar que ellos sigan en el acuerdo”, explicó el funcionario. En entrevista con medios locales, Ceballos exhortó a los excomandantes guerrilleros a anunciarles al país y a los organismos internacionales interesados, si ellos siguen perteneciendo al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) o no. “Nosotros como Gobierno vemos la voluntad de un partido que quiere darle impulso a los acuerdos firmados en 2016, que ya tiene posesionados ocho congresistas, quienes están comprometidos con todos los colombianos. Ya no estamos hablando de una guerrilla sino de personas políticamente activas”, agregó. El pasado lunes, Iván Márquez y alias “El Paisa” enviaron una carta a la Comisión Accidental de Paz del Congreso en la que reiteraron su desacuerdo con las “modificaciones al texto original convenido”, ya que según ellos se transfiguró el acuerdo de La Habana y se convirtió en un horroroso Frankenstein. “No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos”, dice la misiva en la que también se refieren a la captura y posible extradición de Jesús Santrich. El comisionado aclaró que la extradición de Santrich es una decisión “autónoma” de la Rama Judicial. “Esa determinación la tomó el señor Fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) antes de la posesión del Gobierno actual y frente a eso el Presidente Iván Duque ha sido respetuoso a las decisiones del ente investigador y de todas aquellas resoluciones anteriores al inicio de su mandato”. “La seguridad jurídica se les ofrece a todos los colombianos. Dentro de lo que Iván Márquez y los integrantes de la mesa de negociación diseñaron, se comprendió la posibilidad de que los delitos que se cometieran después de la firma del acuerdo contarían con un tratamiento distinto en el que incluso se contemplaba la extradición”, recordó Ceballos. “Es una carta que es positiva. Muestra unas preocupaciones evidentes que son preocupaciones objetivas, de todos; justamente yo estuve la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresando esas mismas preocupaciones”, aseguró por su parte la senadora del partido FARC, Victoria Sandino. Finalmente, el Alto Comisionado mostró su preocupación por el abandono del esquema de seguridad por parte de los excomandantes insurgentes, pues esto puede implicar un riesgo a su integridad física del que el Estado quedaría absuelto ya que según explicó el funcionario, el Gobierno está cumpliendo con su parte destinando los recursos humanos y económicos para la protección de los reinsertados.

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Alcalde de Villavicencio pide al presidente Duque solución inmediata a cierres en la vía al Llano

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El alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, pidió este sábado al presidente Iván Duque soluciones inmediatas al problema que se presenta en la vía que comunica a esa ciudad con Bogotá, cuyos cierres permanentes han dejado cuantiosas pérdidas a la economía de la región. Durante su intervención en el taller “Construyendo País”, el mandatario local lamentó que siendo uno de los centros urbanos más afectados por el conflicto armado que ha vivido el país por más de cinco décadas, la ciudad no haya sido priorizada por el Estado colombiano en materia de inversión. Recordó que Villavicencio ha sido receptor de la problemática de más de 65 mil desplazados por la violencia, y pese a apostarle a la paz, no se le tuvo en cuenta en la asignación de recursos adicionales para la puesta en marcha de proyectos sociales y de infraestructura, en la fase inicial del posconflicto. En la antesala del encuentro, la Consejera Presidencial para las Regiones, Karen Abudinen, destacó la importancia de la capital del departamento del Meta para el desarrollo integral de la región de los Llanos Orientales, especialmente su ubicación estratégica para potenciar actividades agroindustriales y de explotación de hidrocarburos, así como de necesidades y oportunidades en materia de infraestructura vial y conectividad. Los talleres abren un espacio de diálogo social en el que el Gobierno Nacional tiene la oportunidad de escuchar los problemas de la comunidad y trabajar de primera mano en la construcción de propuestas con los ciudadanos de cada zona de Colombia. Desde que iniciaron los encuentros, se han adquirido 219 compromisos por parte de la administración central, que ya se han empezado a cumplir. En Villavicencio, los llaneros han presentado al presidente propuestas en temas como educación, salud, seguridad, justicia, tecnología, cultura, deporte, turismo, infraestructura y víctimas.

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