Posconflicto Archivos - Página 13 de 19

Abren investigación para esclarecer si hay agentes del Estado involucrados en ataques a líderes sociales

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Fernando Carrillo aseguró que falta comunicación con las comunidades para potenciar los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional por combatir los delitos contra líderes sociales. El procurador General, Fernando Carrillo, anunció este miércoles la apertura de una investigación en la que se esclarecerá si la Fuerza pública está implicada en las muertes de líderes sociales en el país. “Estamos iniciando las indagaciones para esclarecer si hay agentes de la fuerza pública involucrados en los asesinatos de los líderes sociales. Hay una cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales”, aseguró el procurador. Carrillo pidió a los alcaldes y gobernadores que “asuman la responsabilidad en la protección de la vida de los líderes sociales”, y solicitó a la ciudadanía, denunciar, si tienen conocimiento, de funcionarios del Estado que tengan relación con agentes de la Fuerza pública comprometidos en los homicidios de los líderes sociales. También confirmó que, según el informe ‘Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia’ de la Procuraduría General de la Nación, hay una sistematización en los crímenes cometidos contra los defensores de tierras. “Aquí hay despojadores de tierras que están asesinando a estos líderes” concluyó el funcionario.

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Santos ordenó a Mindefensa dar respuesta a Comisión de la Verdad

Actualidad, Defensa, Ministerios, Paz, Posconflicto, Presidencia / revistacg

El Presidente señaló que la información que se entregue debe aportar al conocimiento de la verdad dentro del conflicto armado. Según fuentes cercanas a la Casa de Nariño, citadas por medios de comunicación locales, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, solicitó al Ministerio de Defensa que se dé respuesta a la carta de la Comisión de la Verdad en la que se pide información sobre las Fuerzas Armadas. No obstante, el mandatario consideró que dicha información no debe atentar contra la seguridad nacional, de acuerdo con la versión difundida este miércoles. Este pronunciamiento se dio después de conocerse un oficio de la Comisión de la Verdad en el que este organismo pidió al Ministerio de Defensa información que durante la época del conflicto interno se recaudó, operaciones realizadas y los delitos en los pudieron verse involucrados integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas. En entrevista con medios locales, el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux aseguró que no tiene la intención de hacer público los informes solicitados, ya que la Comisión no cumple con responsabilidades jurídicas, sino que busca la verdad histórica de lo ocurrido durante la confrontación armada. Además, explicó, que la Comisión de la Verdad tiene el mandato para solicitar esa información en el marco del Acuerdo de Paz.

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Santos convoca gran pacto nacional por la vida de los líderes sociales

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Durante la firma de la ley que establece el Estatuto de la Oposición, el Jefe del Estado presentó el texto del Pacto que rechaza y condena los homicidios, atentados y amenazas contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y subraya que el derecho a la vida y el respeto a la diferencia son pilares fundamentales de un Estado democrático. El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, convocó este lunes a todos los sectores del país a proteger a los líderes sociales y firmó un gran pacto nacional de rechazo a la violencia, atentados y asesinatos contra los defensores de los derechos humanos. El Presidente explicó que dicha iniciativa, mencionada el domingo por el jurista Rodrigo Uprimny en su columna semanal, debe ser “un compromiso de todos” y “debe estar por encima de cualquier diferencia”. “Me pareció que deberíamos aprovechar este para protocolizar este gran pacto nacional”, expresó el Presidente Santos, quien lo firmó de primero. El Jefe del Estado dijo que se solicitara que lo firmen el Presidente electo, Iván Duque; la Vicepresidenta electa Marta Lucía Ramírez; los presidentes del Congreso y los partidos políticos; el Fiscal General y el Defensor del Pueblo, entre otros. Minutos antes, Santos había hecho énfasis en que la vida de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, es sagrada. “Por eso reitero mi absoluto y categórico rechazo a los asesinatos y ataques de los que han sido víctimas, y le ratificó al país que no descansaremos hasta dar con los responsables de estos actos infames”, manifestó. El gobernante señaló que “todos debemos rechazar y condenar ese fenómeno criminal y multiplicar nuestros esfuerzos para protegerlos de forma eficaz” y dijo que “condenar la violencia en todas sus formas debe ser un propósito nacional”. Con información de la Presidencia de la República.

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Santos sancionó ley de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales

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El Jefe del Estado declaró que la norma promulgada “va a ser un paso muy muy importante para la seguridad de los colombianos” y “va a tener una consecuencia muy importante para el país en los próximos días”. El Presidente Juan Manuel Santos sancionó este lunes la ley que permitirá a organizaciones del crimen organizado someterse en grupo a la justicia y reveló que esta norma va a tener una consecuencia muy importante para el país en los próximos días. “Acabamos de sancionar la ley que va a ser un paso muy importante para la seguridad de los colombianos. Una ley clave para el futuro del país y que además permite seguir cumpliendo el contenido de los Acuerdos de Paz.”, expresó el Jefe del Estado tras firmar la norma aprobada por el Congreso, en un acto efectuado en la Casa de Nariño. El Mandatario indicó que “esta ley permite la aplicación del derecho penal de forma colectiva”. Precisó que “su principal objetivo es garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias: Fortalecer las normas y mecanismos para enfrentar más efectiva, más contundente la delincuencia organizada” y en segundo lugar, “fija un procedimiento especial para que grupos armados organizados, como grupo, se sometan a la justicia”. No obstante, el Presidente Santos subrayó que la lucha contra las organizaciones criminales continuará. “Y esto que quede muy claro: no implica darles reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de Justicia Transicional, de ninguna forma”, dijo. Advirtió que “la lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables, como lo estamos viendo de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de los derechos humanos, contra movimientos sociales, contra movimientos políticos, esa lucha la tenemos que continuar”. Explicó que el proyecto se construyó y discutió durante más de un año, y fue objetivo de discusión en los Acuerdos de La Habana, ya que en los procesos de posconflicto se ha visto que “quedan unos remanentes, grupos al margen de la ley que continúan delinquiendo”. La Ley de Sometimiento pone en marcha dos estrategias. La primera, fortalece las normas y los mecanismos para enfrentar a esta delincuencia organizada con nuevos delitos tipificados, como el constreñimiento ilegal por parte de miembros de grupos delictivos armados organizados; el asesoramiento a grupos delictivos armados organizados y la amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. También se aumentan y se modifican penas para otros delitos como: constreñimiento al sufragante, concierto para delinquir, utilización y fabricación ilegal de uniformes e insignias de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o accesorios. Una segunda estrategia es un procedimiento especial para que los grupos armados, se sometan a la justicia y tiene dos fases: el acercamiento con el Gobierno Nacional y luego una judicialización ante Fiscalía y ante los jueces. El Presidente reiteró que “la sujeción a la justicia en ningún caso impedirá la extradición de los miembros de estos grupos, y quienes se sometan podrán tener condiciones especiales de reclusión, pero las pueden perder si incumplen”. Agregó que “el sometimiento colectivo tiene una rebaja de hasta de la mitad de la pena, si se cumplen los compromisos”. Recordó que cuando se intentó el sometimiento del grupo criminal Erpac, que tenía alrededor de 400 integrantes que se entregaron colectivamente, no había un procedimiento ilegal para regular ese proceso. El gobernante manifestó que con la ley sancionada “se están sentando las bases sólidas para la construcción de la paz y de un país más seguro”. Resaltó que “esta ley va a tener una consecuencia muy importante para el país en los próximos días”, ya que, luego de una intensa campaña contra el llamado Clan del Golfo, que ha tenido resultados muy positivos, ese grupo se vio obligado a iniciar un acercamiento. “Hemos tenido –con mi autorización y el señor Vicepresidente y otros funcionarios y con la Fiscalía- conversaciones con abogados que representan a este grupo del crimen organizado del Clan del Golfo, para su sometimiento”, informó. “Y lo que nos han dicho es que apenas esta ley se sancione se iniciará el proceso. Vamos a iniciar este proceso en forma coordinada: gobierno y fiscalía, para recibir a los miembros de esta organización, someterlos a la justicia; y creo que es un paso muy importante para la tranquilidad y seguridad del país”, puntualizó. En la sanción de la ley de sometimiento estuvieron presentes el Vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo; el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; los ministros del Interior, Guillermo Rivera; de Justicia, Enrique Gil Botero y Defensa, Luis Carlos Villegas; y los parlamentarios que trabajaron en la aprobación de la norma. El Fiscal General de la nación declaró, por su parte, que “es muy importante que el Consejo de Seguridad Nacional defina cuales son los grupos armados organizados” para que las herramientas de esta ley empiecen a aplicarse. “Estamos hablado cerca de 5 mil, 6 mil hombres en armas y los más importante a juicio de la Fiscalía son los nuevos instrumentos de judicialización que no tenía el Estado, como por ejemplo, en el caso de concierto para delinquir, aumentar las penas de 8 años a 18 años”, declaró el Fiscal. El Presidente de la República confió en que este paso se dé lo más pronto posible, “El Gobierno está listo, la Fiscalía está lista. Y si estos señores cumplen con lo que han venido diciendo, creo que será un paso para la seguridad del país”, sostuvo. “De manera que, creo que esta es una muy buena noticia para el país, buena noticia para la paz y buena noticia para la seguridad de los colombianos”, concluyó el Presidente Juan Manuel Santos. Con información de la Presidencia de la República

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“Estatuto de Oposición es un hito para apertura democrática del país”: Santos

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“Ese Estatuto no es otra cosa que una serie de garantías mínimas para que todos los partidos en antagonismo político e ideológico con el gobierno de turno –y los gobiernos locales– ejerzan con total libertad y en igualdad de condiciones, sus derechos democráticos”, expresó el Jefe del Estado durante la sanción de la norma. El Presidente de la república, Juan Manuel Santo, sancionó este lunes el Estatuto de Oposición en la Plaza Núñez, que une la Casa de Nariño con el Capitolio Nacional, con la asistencia de los presidentes de las altas cortes y líderes de diversas fuerzas políticas y sociales. El mandatario manifestó que construir paz es un proceso largo, que toma tiempo, pero “los beneficios ya comienzan a verse, 3 mil vidas salvadas, la tasa de homicidios más baja de los últimos 42 años y una importante reducción en los índices de reclutamiento de menores, secuestro y desplazamiento forzado, para mencionar algunos”. “La paz es mucho más que el silencio de los fusiles. La paz es progreso, desarrollo, oportunidades. Y es también convivencia y tolerancia”, añadió. Precisó que el Estatuto le reconoce a la oposición la financiación y el acceso a medios del Estado, así como seguridad política, jurídica y personal, y participación en mesas directivas de corporaciones públicas y en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Indicó que en el compendio de normas “se desarrolla la disposición constitucional que les da curul en el Congreso de la República a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia que obtengan la segunda votación más alta”. “Y algo muy importante: incluye a fuerzas independientes, que ni son gobierno ni son oposición”, advirtió el Presidente y añadió que el Estatuto de la Oposición, si bien es parte de los compromisos que se incluyeron en el Acuerdo de Paz, aplica para todos los partidos. “Algo sé yo sobre la oposición, porque la he sufrido como tal vez ningún otro mandatario en la historia reciente, según dicen los conocedores. La verdad es que rompieron las reglas de juego para mantener un mínimo de decencia y convivencia, que en el pasado se habían respetado. Y eso no es bueno”, sostuvo el mandatario. El Presidente de la República relató que lo acusaron “de comunista, de castrochavista, de ser miembro de las FARC, de haber financiado mi campaña con dinero del narcotráfico, de traidor, de haberme robado las elecciones, de recibir sobornos de Odebrecht, de tramposo, de haber entregado el país a la guerrilla –ahora están con el mismo cuento con el ELN–, de apátrida, de haber comprado el Premio Nobel, de haber vendido las Fuerzas Armadas, de ahuyentar la inversión. Hasta me atribuyeron el Fenómeno del Niño”. Subrayó que a pesar de todo eso siempre respetó a la oposición y confió en que en adelante imponga la palabra moderación. Con información de la Presidencia de la República.

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“No vamos a descansar hasta que la estructura criminal de alias ‘Guacho’ sea desvertebrada”: Mindefensa

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En declaraciones a los medios de comunicación desde la Dirección General de la Policía Nacional, el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, entregó un reporte sobre los operativos realizados contra el crimen organizado. En primer lugar, Villegas se refirió al operativo de la Policía Nacional, que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dio captura a Jesús Vargas, alias ‘Reinel’, considerado el tercer o cuarto hombre en el nivel de jerarquía del Grupo Armado Residual de alias ‘Guacho’. Su detención se logró en inmediaciones de Mondomo (Santander de Quilichao). ‘Reinel’ es señalado de ser el presunto responsable de la custodia de los integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados en la frontera con Colombia en abril anterior y luego asesinados por sus captores semanas después. “Unos trabajos muy detallados de inteligencia y de investigación criminal permitieron establecer el paradero de este cabecilla en Mondomo y la policía a través del Gaula se desplazó hasta ese lugar y efectuó el contundente golpe. ‘Reinel’ se encontraba en esa zona del Cauca por orden de ‘Guacho’ con el fin de tratar de obtener control sobre una ruta de droga en ese departamento que le había sido intervenida por las autoridades”, informó Villegas. El sujeto, que deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo, ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De otra parte, el ministro señaló que en el marco de la operación ‘Agamenon II’, fueron capturados alias ‘Lalo’ y otros siete presuntos miembros del ‘Clan del Golfo’. “El resultado se dio en unas acciones simultáneas en Caucasia, a través de tres allanamientos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y son responsables de sicariato y de control de rentas criminales”, agregó. ‘Lalo’, identificado como Javier Morales, es el cabecilla urbano de la subestructura ‘Julio César Vargas’, tiene 39 años y “mantiene a través del amedrentamiento, el control de rentas criminales en la zona. En el operativo también se incautaron armas y cartuchos. “Con esto creemos que esa región del bajo Cauca recupera una tranquilidad que tanto necesita no solo por razones de seguridad ciudadana y orden público, sino por la emergencia de Hidroituango”, puntualizó Villegas. Con información del Ministerio de Defensa

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Fiscalía atribuye asesinatos de líderes sociales a ejércitos del narcotráfico

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“Tenemos que redoblar la defensa de los líderes sociales y de los ciudadanos de a pie que están siendo objeto de la acción de grupos al margen de la ley en los territorios del postconflicto, lo que ha aumentado el homicidio en 6,5% en el primer semestre de 2018”: Fiscal Martínez Neira. La nueva dinámica delictiva en los territorios de consolidación, luego del abandono de las armas por parte de las Farc, está caracterizada por el surgimiento y fortalecimiento de organizaciones delincuenciales, que son verdaderos ejércitos al servicio del narcotráfico. Esto ha generado nuevos conflictos en las zonas donde hacen presencia estas bandas, las cuales luchan por su posicionamiento y consolidación a través del control de los cultivos ilícitos y además de buscar mantener el dominio de los corredores del narcotráfico. Las regiones más afectadas por estas nuevas dinámicas son particularmente Cauca y Antioquia, donde se está experimentando una mayor afectación a los líderes sociales. Al cierre del primer semestre de 2018, el homicidio se incrementó a nivel nacional a una tasa del 6,5% en año corrido, como resultado de las confrontaciones territoriales entre organizaciones vinculadas al narcotráfico. “En medio de este conflicto se están viendo seriamente afectados los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, quienes están librando unas batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlas de los cultivos ilícitos y de esta guerra por el territorio”, afirmó hoy en Medellín el Fiscal Martínez Neira. “En los territorios de narcocultivos y corredores del narcotráfico, la situación es dramática y preocupante. En el bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, el homicidio está creciendo en año corrido un 164%, y durante el primer semestre de 2018, el homicidio creció 47% en Antioquia”, afirmó el Fiscal. Al presentar un análisis de la criminalidad que se observa desde la Fiscalía, el jefe del Ente Acusador expresó que “además de la preocupante situación que afecta a los líderes, encontramos que en estos territorios están cayendo también, en medio de las balas del narcotráfico, miles de colombianos anónimos. Por citar un ejemplo, en Cáceres, Antioquia, en lo corrido del año han muerto 33 habitantes del municipio y la tasa de crecimiento del homicidio ha sido de 175%, mientras en los listados de Naciones Unidas, han sido asesinados en esta zona 2 líderes sociales entre 2016 y 2018. Las tensiones por mantener y apropiarse de los corredores del narcotráfico, generan este ascendente nivel de criminalidad”. Resultados La Fiscalía General le está cumpliendo al país. De los 178 líderes sociales que han sido asesinados entre 2016 y 2018, según el listado de la ONU, se ha establecido la autoridad de los homicidas en el 50% de los casos. Por ello, han sido capturadas 184 personas, imputadas de esos crímenes, y, en total, se han vinculado 211 a las investigaciones. Los resultados presentados por la Fiscalía muestran que los perpetradores de estos crímenes son, en mayor importancia, miembros del Clan del Golfo y de Grupos de Delincuencia Organizada, que se dedican al cultivo y tráfico de drogas y al narcomenudeo. Al destacar los resultados obtenidos por la Fiscalía, dijo Martínez Neira que de los 88 casos esclarecidos, en 16 ya hay sentencias condenatorias; 36 procesos se encuentran en etapa de juicio y en 22 adicionales ya se surtió la audiencia de imputación, aparte de 14 capturas que están en fase de indagación. “No desfalleceremos en el esfuerzo de judicializar a los asesinos de nuestros líderes, pero debemos decirlo con claridad: la razón del Estado no es contar muertos y, por ello, lo que tenemos que hacer como sociedad es preservar sus vidas”, concluyó. Medidas de prevención Ante la creciente amenaza sobre líderes sociales y como parte de la política pública que debe reaccionar frente a este fenómeno, la Fiscalía General de la Nación le propuso al Congreso tipificar por primera vez el delito de amenaza contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La iniciativa, que fue aprobada por el Legislativo, será sancionada este próximo lunes, con lo cual las amenazas serán judicializadas rápidamente con penas entre 6 y 10 años de prisión. El tipo penal relativo a la amenaza requería un elemento subjetivo complejo, que exigía que causara “zozobra social”, lo que ha quedado eliminado. Con información de la Fiscalía General de la Nación.

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La JEP llama a comparecer al Estado Mayor de las Farc por secuestros

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“Priorización quiere decir que hay que empezar por algo y estamos empezando por este punto con los ex integrantes del Secretariado y Estado Mayor de FARC-EP”: Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a 32 excomandantes de las Farc-EP (grupo guerrillero desmovilizado tras la firma de los Acuerdos de Paz) a comparecer ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación el próximo 13 de julio, en el marco de la apertura del proceso que se inició por los secuestros y extorsiones que cometió esa organización insurgente entre los años 1993 y 2002 en varias regiones del país. El expediente recoge los documentos enviados por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fundación País Libre y ONG’s dedicadas a la lucha contra el secuestro y la extorsión en el país. “Los magistrados y magistradas de la Sala de Reconocimiento darán traslado a los comparecientes de las Farc-EP de un listado de personas presuntamente retenidas de manera ilegal por la antigua guerrilla y cuyo paradero no se tiene conocimiento. Este listado hace parte de la base de datos que la Fundación País Libre le entregó a las Farc”, precisa la citación. Entre los llamados a comparecer ante la Sala, se encuentran el exjefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Carlos Antonio Lozada’, ‘Jesús Santrich’, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota, ‘Olmedo Ruiz’, ‘Marco Calarcá’ y ‘Byron Yepes’.

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Santos convoca a Comisión Nacional de Garantías ante asesinato de líderes sociales.

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En Tumaco el Mandatario anunció reunión con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para revisar “lo que está sucediendo”. El Presidente Juan Manuel Santos informó este jueves que le ordenó al Ministro de Defensa el traslado de los Inspectores del Ejército y la Policía para “supervisar qué es lo que está sucediendo y cómo está reaccionando la Fuerza Pública” frente a los hechos en los que han sido ultimados líderes sociales. Indicó, así mismo, que la neutralización de tales acciones exige “un trabajo conjunto de muchas entidades y muchas personas”. Tras condenar la muerte violenta de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Margarita Estupiñan, durante las últimas horas en Tumaco, el Mandatario le reiteró a la Fuerza Pública que “tiene que actuar con toda la contundencia contra los responsables, lo mismo la Fiscalía y todas las autoridades”. El Jefe del Estado anunció durante su visita a ese municipio nariñense donde entregó un C entro Integrado de Servicios y un Centro Regional de Atención a Víctimas, que convocará para el martes próximo a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para hacer con todas las entidades “una revisión de lo que está sucediendo”. Indicó que la Fiscalía “me dice que ya tiene unos resultados importantes que nos quiere mostrar en esa reunión”, agregó. Por último, el Mandatario condenó nuevamente los homicidios de los líderes sociales y afirmó que se trata de “hechos totalmente inaceptables”. Según denunció la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año fueron asesinados “311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de derechos humanos”. La entidad señala que los departamentos más perjudicados son Cauca (78 homicidios), Antioquia (43), Norte de Santander (21), Nariño (18), Valle del Cauca (16) Chocó (16), Risaralda (14) y Arauca (13), lo que indica que en Colombia muere un líder social cada cuatro días luego de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Con información de Presidencia de la República.

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Medicina Legal confirma que los cuerpos hallados son de pareja ecuatoriana

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“Nosotros aplicamos la ciencia y en estos casos el elemento más informativo para tener a la mano es el estudio molecular del ADN”, aseguró Medicina Legal. El director de Medicina legal, Carlos Valdéz, confirmó este miércoles que los dos cuerpos hallados en Tumaco son de los ecuatorianos Vanessa Velasco Pinargote y Oscar Efrén Villacís Gómez, secuestrados por disidencias de las Farc al mando de alias ‘Guacho’. La pareja fue encontrada a orillas del río Mira en donde anteriormente se hallaron los cuerpos del grupo periodístico del diario El Comercio, igualmente secuestrados y asesinados por miembros de la estructura Oliver Sinisterra que comanda alias ‘ Guacho’. Lea también: Gobierno confirma que los cuerpos encontrados pertenecen a los periodistas ecuatorianos. Según los resultados forenses, los ciudadanos ecuatorianos fallecieron hace aproximadamente dos meses por una anemia aguda causada por las múltiples heridas propinadas con arma cortante y corto punzante. Agregó que el alto grado de descomposición de los cuerpos ha dificultado las labores de identificación, por lo cual se están aplicando todos los protocolos para poder tener una certeza del 100%.

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