Opinión Archivos - Página 26 de 27

¡A legislar por Colombia!

Guillermo García Realpe, senador, Partido Liberal. Hemos terminado un largo proceso de campaña electoral donde superamos toda clase de obstáculos, recorrimos el país llevando nuestro mensaje a los más remotos lugares de la geografía nacional, escuchando a la gente, proponiendo soluciones a sus problemas y extendiendo nuestra mano amiga a las comunidades. Hoy podemos decir que gracias a ustedes hemos logrado nuestro objetivo. Representarlos nuevamente en el Congreso de la República nos llena de gran entusiasmo pero también es un enorme compromiso para seguir luchando por las causas sociales de todos los colombianos. Tengan la plena seguridad de que siempre estaremos a su disposición para elevar la voz de las regiones en el Senado de la República, para ser su vocero ante las esferas a nivel nacional, para legislar con la mayor responsabilidad y transparencia que amerita nuestra dignidad. Nos esperan grandes retos para los próximos cuatro años en todas las temáticas nacionales. Los vamos a asumir con total entrega y compromiso, porque es nuestro deber y una responsabilidad con todo el pueblo colombiano. “Representarlos nuevamente en el Congreso de la República nos llena de gran entusiasmo pero también es un enorme compromiso para seguir luchando por las causas sociales de todos los colombianos”. Soy Senador de la República gracias a su apoyo. Mi decidido compromiso de trabajo con ustedes y por Colombia. Seguiremos luchando por el sector agropecuario y ambiental, por los usuarios de los servicios públicos, por la población vulnerable, por los derechos de los animales y también por el Macizo Colombiano. Nuestra propuesta Paz con la Naturaleza se consolida más, continuaremos el gran trabajo emprendido hace ya varios años para avanzar en todo lo que ella implica. Espero en cuatro años poder decir que le cumplimos una vez más a nuestros campesinos, ambientalistas, animalistas y en general a todas las personas que de una forma u otra nos dieron su apoyo para llegar de nuevo al Congreso de la República. Estaré también atento a las normas que desarrollan los programas del posconflicto, pues saben ustedes que somos defensores de la paz y por ello tenemos que garantizar que todo lo pactado se cumpla a cabalidad en la práctica. En nuestra labor encontrarán siempre a un aliado que velará por una Colombia justa y equitativa, donde la pobreza y miseria que aún agobia a miles de compatriotas sea cosa del pasado. Trabajaremos incansablemente para que las regiones marginales tengan inversión social, oportunidades laborales, más productividad y más desarrollo. Combatir la pobreza y la corrupción a fondo también deben ser tareas principales del nuevo Congreso. Daremos una lucha frontal para combatir estos flagelos que minan la esperanza de los ciudadanos. En nombre mío y de mi familia reciban un saludo fraterno, gratitud infinita por todo el apoyo recibido a lo largo de este tiempo y cuenten siempre con un amigo que estará a su disposición para los más altos menesteres. ¡Paz con la Naturaleza!

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El despertar de la economía

Economía, Editorial, Opinión / revistacg

Por, Álvaro Érazo Paz La economía colombiana comienza a dar señales de recuperación, tras un año difícil en el que la caída en el precio del petróleo y los choques externos recibidos frenaron su crecimiento. Como lo dijo en su momento el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, lo peor ya pasó y hacia adelante soplarán vientos mucho más favorables. El optimismo reposa en el dinamismo que experimentan sectores como la construcción y el sistema financiero y el repunte, aunque tímido, que ha tenido la industria y el comercio al arrancar el 2018, con incrementos en la producción y las ventas. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el comportamiento favorable se explica principalmente por el desempeño de las actividades industriales, que en enero pasado tuvieron variaciones positivas en la producción real. Las cifras demuestran que se está revirtiendo la tendencia negativa y que se está caminando de nuevo hacia la recuperación. Las proyecciones apuntan a un crecimiento cercano al 2.7% al cierre de diciembre, empujado por la inversión, mientras los pronósticos en materia de inflación la sitúan en 3.4% al finalizar el año. A eso se suma el aumento en la confianza de los consumidores y la reducción en las tasas de interés, factores que, según los analistas, sugieren un mejor comportamiento del consumo de los hogares y el comercio. También la persistencia de una tasa de cambio competitiva y el impulso de sectores como la agricultura y el turismo, este último, jalonado por las nuevas condiciones de seguridad que ofrece la firma de los acuerdos de paz con las FARC en regiones que por décadas estuvieron inexploradas. Eso sin contar los réditos económicos que traerá para el país la desmovilización de la mayor y más antigua guerrilla de la región. Pese a que los vaticinios en generación de empleo no son tan optimistas, debido a que la tasa de desocupación se mantendrá en dos dígitos en el 2018, los expertos prevén un crecimiento moderado, con un dólar estable, un costo de vida controlado y una industria en reanimación. Las más favorecidas con el despertar de la economía serán, desde luego, las regiones, que en lo que resta de administración serán priorizadas con proyectos de infraestructura vial para volverlas más competitivas en su área rural. La apuesta por el progreso en los entes territoriales es total. Ya están en marcha obras de gran envergadura para la construcción y rehabilitación de las vías terciarias y secundarias, así como proyectos para mejorar la cobertura y calidad en salud y educación. Se espera que al menos 55 municipios de quince departamentos sean receptores de los recursos destinados para reactivar el campo, garantizar un desarrollo sostenible y elevar las condiciones de vida de la población. Un reto ambicioso, pero necesario.

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Los congresistas responden “SIN RODEOS”

Actualidad, Columnistas, Opinión, Personajes, Política, Sin Rodeos / revistacg

Honorio Henríquez Senador, Centro Democrático Pienso que, más que el Congreso, ha sido el Gobierno de Juan Manuel Santos el que durante 8 años ha dejado a un lado el proceso de descentralización. Un claro ejemplo de ello es la ley orgánica 1454 de 2011 de ordenamiento territorial, la cual no le otorga más autonomía a las regiones, sino que las convierte en un mero ente administrativo, financiado con recursos de los departamentos y municipios que las conforman. Desde el Congreso de la República, debemos trabajar en el desarrollo de una ley que dé una verdadera autonomía administrativa y presupuestal a los municipios, siguiendo los lineamientos propios del artículo 311 de la Constitución Política para subsanar las dificultades existentes en el Sistema General de Participaciones. Antonio Restrepo Representante a la Cámara, Cambio Radical Los recursos del Gobierno Nacional, como los distribuyen, de acuerdo a normas de las constitución, y otros mediante la presentación de proyectos en los ministerios. Nosotros no ordenamos ni ejecutamos, solo ayudamos a agilizar proyectos de las entidades territoriales. Martha Villalba Representante a la Cámara, Partido de la U En mi caso, que represento al departamento del Atlántico, no hemos dejado solos a nuestros alcaldes. Siempre hemos sido defensores de la autonomía y la descentralización administrativa y una clara muestra ha sido el apoyo que, desde la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso, le hemos dado a nuestros entes territoriales. Recientemente, dimos nuestro respaldo a la firma de la Región Administrativa y de Planificación (RAP), para que, en nuestro caso, el Caribe Colombiano se constituya como una región unida, con estructura propia y autonomía financiera para decidir sobre su bienestar y desarrollo regional, inversión y competitividad. Angela Robledo Candidata Vicepresidelcial La Constitución de 91 estableció como principio fundamental la descentralización, con el ánimo de fortalecer la democracia y las capacidades de gestión y de presupuesto en las regiones de Colombia, en los más de 1000 municipios que tenemos; sin embargo, no solo el legislativo, sino el ejecutivo, ha venido causando un fenómeno de concentración de los recursos. Entonces, lo que asistimos con muchas leyes que se producen desde el Congreso de la República es una desconcentración de funciones, es decir, muchísimas responsabilidades para gobernadores y alcaldes o alcaldesas con ningún presupuesto. Vale la pena recordar que, quizá, el primer golpe a ese espíritu de la Constitución fue la reforma a los artículos 356 y 357; que tenía que ver con el sistema general de participación, la transferencia de recursos para salud y la educación -que a veces era el tema ambiental y agua a los municipios-, el cual, mediante una reforma dada durante el gobierno de Andrés Pastrana en 2001, se disminuyó. Rosmery Martínez Senadora, Cambio Radical Debo decir categóricamente que no. Nuestra lucha desde el Congreso de la República ha sido siempre diezmar el enfoque centralista que visibilizamos los ciudadanos, por cuanto, como bien sabemos, nuestra Constitución pretende la descentralización en tal aspecto. Por ende, se ha buscado que cada una de las regiones sean proactivas en sus decisiones públicas, que tiendan a estimular la sociedad y que se prevea oportunamente el impacto del conflicto, el cual ha sido producto de la desestructuración social e institucional, del centralismo en el manejo de los recursos. Quiero, como legisladora, que nuestras regiones edifiquen un mejor futuro en la toma de dichas decisiones públicas; continuaré apoyando la gestión de las administraciones municipales para que sus propuestas de desarrollo socioeconómico sean incluidas en los presupuestos y planes de acción de las entidades del orden nacional. Victor Correa Representante a la Cámara, Polo Democrático Yo creo que sí los ha dejado solos, y de manera conveniente, porque la nueva descentralización de los recursos obliga a que se tenga que tener un congresista amigo en Bogotá, que ayude a gestionar los recursos para ir a las regiones. Para este año 2018, se supone que se tenía que adelantar la reforma a la ley 715, con la cual se resolverían algunos elementos de la descentralización, poco hizo el Congreso de la República. Aquí hay unos congresistas que trabajamos el tema pero como institución, por el desfinanciamiento que tuvo la alimentación y el transporte escolar, producto de la falta de recursos que gira el sistema general de participaciones. Poco ha hecho el Congreso para presentar una reforma constitucional que garantice que volvamos a aquello que sí planteaba la Constitución del 91, que más del 45% de los ingresos de la nación tenían que ser transferidos vía sistema general de participaciones. ¿Que le preguntarías a los congresistas?

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Llamado al corazón de los bogotanos

Bogotá D.C., Columnistas, Opinión / revistacg

Por, Representante a la Cámara, Tatiana Cabello Flórez Bogotá es la ciudad que le aporta el 25% de los ingresos a la Nación, el mayor centro industrial, turístico y económico de Colombia, la urbe que recibe a diario a miles de compatriotas de todas las regiones del país que llegan en busca de oportunidades y una mejor calidad de vida. Por eso, al comprender la relevancia que esta ciudad tiene para el devenir de la patria, es completamente inadmisible que al mismo tiempo que se reportan importantes proyecciones económicas, también tengamos que ver las altas cifras de abandono infantil que ocurren en la capital. En efecto, según la Policía Metropolitana, en estos dos meses que llevamos del 2018, se han presentado 6 casos de abandono, donde se han podido rescatar 10 niños indefensos. Por su parte, el ICBF reportó que el año pasado Bogotá fue la ciudad donde más se presentó este problema, reportando 225 casos. Las entidades encargadas del cuidado de las nuevas generaciones deben incluir el flagelo del abandono infantil dentro de sus principales prioridades de atención. Desafortunadamente, flagelos como la droga, el abuso del alcohol y la violencia intrafamiliar cada vez están teniendo un impacto más directo en el crecimiento de nuestros niños. Estos factores, reportan las autoridades, son las principales causas que llevan al abandono de los menores. Ante esta dolorosa situación, desde estas palabras, quiero hacerle un llamado al corazón de los bogotanos. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Debemos unir esfuerzos entre todos los actores de nuestra sociedad, dejar al lado nuestras diferencias políticas, sociales y económicas y llegar a un acuerdo sobre lo fundamental: sobre nuestra infancia, sobre nuestra familia. Como tal, la crisis por la que atraviesa desde hace varios años la familia, el núcleo esencial de la sociedad, nos ha llevado a esta situación. La fractura de los cimientos en la enseñanza de valores y principios, que deben guiar el camino de las nuevas generaciones, debe ser reparada con urgencia a través de acciones concretas y efectivas. Estas acciones, sin embargo, no pueden ser desarticuladas. Desde las autoridades públicas debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para combatir esta inaceptable realidad de manera armónica. Por mí parte, continuaré defendiendo con vehemencia los intereses de nuestra niñez en un esfuerzo conjunto con el distrito y seguiré siendo la voz de todas aquellas mujeres y niños que, por diferentes circunstancias, no pueden expresar abiertamente las dificultades por las que puedan estar atravesando. Por su parte, el Distrito y el Gobierno Nacional deben desplegar todas las medidas que sean necesarias para proteger a la niñez de nuestro país. Las entidades encargadas del cuidado de las nuevas generaciones deben incluir el flagelo del abandono infantil dentro de sus principales prioridades de atención. Finalmente, como sociedad, debemos fortalecer las redes de apoyo entre la ciudadanía. Cuando entre todos, vecinos, familiares, trabajadores y amigos nos comprometemos con las causas superiores de la patria podemos garantizar que la delincuencia será derrotada, que la formación de los menores será integral y que el futuro de nuestras nuevas generaciones será próspero y lleno de luz.

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Estrategia contra la delincuencia

Bogotá D.C., Columnistas, Opinión / revistacg

Por, Horacio José Serpa, político colombiano. El 2017 cerró con cifras preocupantes sobre la situación de inseguridad. Hoy los ciudadanos continúan percibiendo las calles de todo el país con miedo, particularmente en las capitales. Delitos como el hurto a personas, motos, residencias, comercios y celulares continúan a la orden del día para este 2018. Medellín se ha vuelto prueba de ello. Esta semana en tan sólo 48 horas fueron asesinadas 10 personas, razón para que se considere que la lucha contra este flagelo se está perdiendo, ¿qué haremos entonces? No podemos resignarnos ante el crimen. La gente sigue reclamando más seguridad a sus gobernantes y a sus instituciones, a quienes muchas veces ven lejanos de las necesidades de la comunidad; no hay confianza suficiente con los vecinos o autoridades locales, y son frecuentes las denuncias públicas sobre procedimientos policiales irregulares. Pero hoy, consciente de que este es un problema que tenemos que atacar, quiero referirme a un modelo ya existente, que está a la mano de todos y que deberíamos utilizar con mayor empoderamiento. Se trata del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante, una estrategia preventiva en la que están llamados a trabajar conjuntamente ciudadanos y policías para conocer las actividades delincuenciales de los barrios y enfrentarlas. En la nueva realidad del país se requiere una policía que vele por la sana convivencia y por la comunicación oportuna. En Latinoamérica, ciudades como Santiago de Chile han implementado durante las últimas décadas planes que buscan estimular la participación del ciudadano en políticas de seguridad, teniendo resultados exitosos. En Colombia, el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante ha cambiado la manera de trabajar de la Policía, pero aún falta aumentar la confianza de los ciudadanos ante la institución. Vecinos pueden alertar sobre situaciones o personas sospechosas dando aviso al policía de su cuadrante, contribuyendo a una respuesta más rápida por parte de los uniformados. Sin embargo, se requiere que la institución cuente con un mayor pie de fuerza que le permita superar su principal limitación. Entendamos que la seguridad no es sólo hacer cumplir el Código de Policía o imponer comparendos a los infractores. En la nueva realidad del país se requiere una policía que vele por la sana convivencia y por la comunicación oportuna. Desde la política tenemos el deber de proteger, impulsar y reformar estos modelos que buscan minimizar la delincuencia. El presidente y Congreso que estamos a puertas de elegir tienen una misión especial en materia de seguridad, su rol debe estar encaminado a devolverle la esperanza a los ciudadanos que consideran que la lucha contra la delincuencia se está perdiendo.

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Indolencia del estado frente a la violencia contra la mujer

Columnistas, Opinión / revistacg

Por, senadora Rosmery Martínez Rosales, Partido Cambio Radical Aunque en Colombia existen leyes tendientes a la sensibilización, prevención y sanción contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres, como la Ley 1257 de 2008, de la cual soy coautora, los altos y preocupantes indices de impunidad continúan de forma vergonzosa incrementando los niveles de desconfianza en el sistema de administración de justicia, y transmitiendo el negativo mensaje de que se puede maltratar a la mujer. ¡Ya!, deberíamos tener claro que la respuesta a la violencia contra la mujer requiere los esfuerzos de todos, sin excepción alguna. ¿Por qué la ley no llega a las personas? ¿Por qué su desconocimiento? Junto con el desarrollo normativo, se debe avanzar a nivel institucional y comunitario en estrategias pedagógicas contundentes que sensibilicen y socialicen la normatividad existente. Es necesario romper los paradigmas de exclusión y de discriminación; vivimos condicionados por una estructura social enraizada en la desigualdad funcional entre mujeres y hombres, lo cual concibe efectos perversos de subyugación, como si las mujeres no fuesen seres humanos con anhelos, expectativas, creencias y valores. ¡Ya!, deberíamos tener claro que la respuesta a la violencia contra la mujer requiere los esfuerzos de todos, sin excepción alguna, debemos direccionar el establecimiento de una política pública que articule todas las entidades nacionales, incluyendo los entes de control, como fórmula irrebatible para que se garantice avanzar en la prevención de la violencia contra la mujer, fortalecer los mecanismos de atención, protección y apoyo social, y ejecutar procesos judiciales eficaces para valorar los daños de tipo psicológico, sexual, físico o patrimonial generado. Uno mi voz a la voz de todas las mujeres que reclaman ser valoradas y reconocidas para que esta política pública se vuelva realidad y no quede reducida a un juego de palabras. Esta es una causa por la que hay que seguir luchando, porque hoy solo se percibe la indolencia del Estado colombiano, quien parece más familiarizado con la muerte y la agresión, como si no tuviera consciencia de que la violencia contra la mujer ¡mata!, y no únicamente mata a la mujer, descompone la célula familiar y erosiona los cimientos de nuestra sociedad. Reitero, la atención a la mujer debe ser comprometida, integral y coherente: esta es una obligación constitucional y un imperativo ético.

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El ELN no quiere paz

Columnistas, Opinión / revistacg

Por, Rigoberto Barón Neira, Senador, Partido Centro Democrático El desgobierno en que vivimos los colombianos es evidente, hace rato que los grupos guerrilleros creen tener el derecho de hacer y deshacer, un territorio sin ley, porque el presidente Santos no es más que un títere de las Farc y un bufón para el ELN. Luego de casi un año de supuestas negociaciones en Ecuador, aquí en Colombia vivimos los verdaderos resultados de lo que se gestionó en Quito; atentados a oleoductos, policías asesinados, ataques a bases militares, un sin fin de ofensivas contra los colombianos y según Santos todo anda viento en popa. El supuesto cese bilateral por la llegada del Papa a Colombia se tradujo en que iban a dejar de matar mientras el Papa estuviera en suelo colombiano y, una vez este se fuera, el derramamiento de sangre continuaría, se realizaría una ola de atentados en el país, 24 para ser exactos. El 10 de enero del presente año, el ELN atacó Petrolera en Cubará, Boyacá, luego se efectuaron dos detonaciones a oleoductos en Saravena, Arauca, y uno contra Ecopetrol en Aguazul, Casanare. No siendo suficiente, francotiradores atacaron patrulla de la Armada Nacional, donde resultaron heridos dos infantes de marina. Fuera país maltrecho, falta poco para ver la luz y salir de uno de los capítulos más oscuros de la historia colombiana. Luego de estos ataques, el jueves 11 de enero asesinaron dos policías en el municipio de Arauca y bloquearon la vía que comunica con Bogotá, no obstante, al siguiente día secuestraron a trabajador de Ecopetrol en Saravena y más tarde, lanzaron granada a garita de la Policía en el municipio de Fortul. Nuevamente, el 14 de enero dinamitaron el oleoducto Transandino en Nariño y el 15 de enero se recibieron denuncias de lo que serían extorsiones y amenazas al sector del comercio en Pueblo Rico y Risaralda. Finalmente, como si todo esto no fuera suficiente, el pasado 19 de enero hubo un ataque a la base del Ejército en Teorama, Norte de Santander, que dejó como resultado un militar muerto y dos heridos. No sé qué es más grave, que este Gobierno pase por alto estos hechos y levante la mesa de Quito por unos días, o que ahora la Misión de Observación de la ONU asegure que desde el vencimiento del cese al fuego bilateral no se han registrado incidentes. Después de estas declaraciones lo único que se puede pensar es que, tanto el presidente como la Misión, estaban de vacaciones durante este escabroso mes, porque no hay manera de desconocer estos hechos. Esta afirmación es bastante grave, pero además es muy serio, que al estar en conocimiento de estos ataques y la Misión de la ONU no los informe ni haga registros, pasan a ser automáticamente cómplices al dejar a un lado el objetivo de ofrecer garantías a la población afectada. Desde siempre manifesté que la mesa de negociación se debía acabar, porque el Gobierno Santos es una figura débil ante estos terroristas, que nunca mostraron voluntad de paz, lo único que hicieron en Quito fue hacernos perder tiempo y dinero, nos faltaron al respeto a todos los colombianos hablando de paz, mientras sostenían armas y derramaban sangre de inocentes. Definitivamente este es un mandato sin pantalones y sin firmeza, primero le regaló el País a las Farc y ahora quiere hacer lo mismo con el ELN. Fuerza País maltrecho, falta poco para ver la luz y salir de uno de los capítulos más oscuros de la historia colombiana.

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Los niños reclutados

Columnistas, Opinión, Política / revistacg

Por, representante a la Cámara Margarita Restrepo, Centro Democrático Se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Reclutamiento de menores, una fecha de singular relevancia por el momento que está viviendo nuestro país. Cuando empezaron los diálogos de La Habana, alcé mi voz para pedirle al gobierno de Santos que exigiera la devolución de la totalidad de menores que estaban en poder de las Farc. Para que dichas conversaciones tuvieran un mínimo de legitimidad, era imprescindible que la estructura criminal desvinculara a los más de 3 mil niños que estaban en sus campamentos del terror. Al margen de cualquier otra determinación, no era admisible desde ningún punto de vista que en Cuba se negociara un acuerdo mientras que en las selvas colombianas las niñas reclutadas contra su voluntad siguieran siendo utilizadas como esclavas sexuales. Mi llamado no fue atendido. Santos negoció a pesar de que los niños jamás fueron devueltos a sus hogares. Es una afrenta, a todos los niños que sufrieron las peores vejaciones mientras estuvieron esclavizados en los campamentos de las Farc, que aquellos que los utilizaron, violaron, manipularon y obligaron a cometer actos ilegales, estén en la calle haciendo proselitismo político. Las Farc hicieron del reclutamiento forzado de menores una política generalizada y sistemática. El departamento de Antioquia fue uno de los que más padeció ese flagelo. Por tratarse de un crimen de lesa humanidad, este no puede prescribir ni ser cobijado por amnistías o indultos. En el Estatuto de Roma, se contempla a la esclavitud como un crimen de lesa humanidad. El reclutamiento de niños es una de las más abyectas modalidades de este crimen que, valga recalcar, es el único por el que la corte penal internacional ha impartido sentencias condenatorias. Existe un acuerdo global para castigar a los responsables del reclutamiento de menores. Criminales de guerra africanos como Charles Taylor y Thomas Lubanga fueron capturados, llevados ante la CPI, juzgados y condenados. Su delito: haber convertido a miles de niños, contra su voluntad, en asesinos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los cabecillas de las Farc? Absolutamente ninguna. Hemos oído en las últimas semanas los relatos estremecedores de las mujeres de la corporación “Rosa Blanca”. Ellas, que fueron niñas reclutadas por distintos frentes de las Farc, han revelado los vejámenes a que fueron sometidas. De manera heroica, ante la impunidad, decidieron romper su silencio, salir del anonimato y encarar a sus victimarios, para exigirles reparación y demandar ante el Estado la aplicación de la justicia. Es una afrenta, a todos los niños que sufrieron las peores vejaciones mientras estuvieron esclavizados en los campamentos de las Farc, que aquellos que los utilizaron, violaron, manipularon y obligaron a cometer actos ilegales, estén en la calle haciendo proselitismo político y preparándose para ocupar las curules en el Congreso de la República que Juan Manuel Santos les obsequió.

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Colombia: País peligroso para ser mujer

Columnistas, Opinión, Política / revistacg

Por, senador Juan Manuel Galán, Partido Liberal Colombia puede ser uno de los países del mundo más peligrosos para ser mujer. Según cifras del DANE, en nuestro país las mujeres y las niñas son el 51% de la población. En 2016, de acuerdo con los últimos datos de la Corporación SISMA Mujer, ellas representaron más del 59% de los casos de violencia intrafamiliar; el 85,32% de los casos de violencia sexual y se convirtieron en el mayor porcentaje de víctimas de homicidios perpetrados por la pareja o ex pareja. Las recientes denuncias de mujeres líderes de opinión, sobre situaciones de abuso, maltrato y violación, vuelven a poner el tema sobre la mesa. Los informes nos muestran que este tipo de violencia no está concentrada en algunas regiones, sino generalizada en todo el país. Así lo indican el Instituto de Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad y el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, autores en el 2017 del primer índice de género en el que midieron el bienestar de las mujeres en relación con factores como la inclusión, la justicia y la seguridad. “En 2016, de acuerdo con los últimos datos de la Corporación SISMA Mujer, ellas representaron más del 59% de los casos de violencia intrafamiliar; el 85,32% de los casos de violencia sexual y se convirtieron en el mayor porcentaje de víctimas de homicidios.” Este índice nos muestra que la puntuación de Colombia cayó a 120 en la dimensión de seguridad, y que nuestro país obtuvo un ranking general de 96/153. En realidad, todos sabemos que hace falta voluntad del sector público y del sector privado para una verdadera promoción de la equidad entre mujeres y hombres y la garantía de su seguridad. Es cierto que nuestro país no está aislado en esta problemática. De hecho, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en promedio, al menos 12 mujeres son asesinadas cada día en Latinoamérica por condiciones de género. Sin embargo, esto no puede ser una excusa, pues por nuestras cifras internas, pareciera que hubiéramos desarrollado una alta tolerancia hacia este tipo de violencia y su crudeza. Las mujeres están pidiendo un cambio, y el país no puede seguir negándose a escuchar. Comparto las palabras del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que en su discurso de apertura del Foro Económico Mundial en Davos, esta semana, desafió a los líderes de las corporaciones más grandes del mundo y a la institucionalidad pública, a proteger a las mujeres y a potenciar su rol en el desarrollo de los países. Como bien lo dijo el Primer Ministro, el tiempo de escuchar y aprender ya pasó; ahora, es tiempo de liderar, tomar en serio cada denuncia y resolverla. En el caso colombiano, cada minuto cuenta.

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Se nos creció ELeNano

Bogotá D.C., Columnistas, Opinión / revistacg

Por, Samuel Hoyos, Representante a la Cámara, Partido Centro Democrático Después de siete años de gobierno de Juan Manuel Santos, tres ministros de defensa, el texto de La Habana y la fallida negociación con el ELN, los resultados de la cartera de defensa son concluyentes. Los cultivos de coca aumentaron en más de un 52%, las disidencias de las FARC hacen presencia en más de 48 municipios, la percepción de inseguridad aumenta cada día en el país y el ELN, que parecía estar desaparecido, ahora está más fuerte que nunca, destruyendo el país para demostrarlo. “Presidente, la ausencia de justicia que no es nada distinto a la impunidad” Respecto a las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, luego de un año de instalada la mesa en Ecuador, los resultados obtenidos fueron una agenda de cinco puntos que carecen de metodología y practicidad para negociar y un ELN fortalecido que no solo coptó las fuentes de financiación de las FARC, sino que también hace presencia en departamentos en los que nunca ejerció ningún tipo territorial, y en los que ahora realiza ataques terroristas en zonas rurales y centros urbanos. Nueve días después de que el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la negociación con este grupo criminal, el ELN decretó un paro armado -ya no de un día, sino de cuatro y a nivel nacional- que hasta hoy se traduce en múltiples atentados contra de la fuerza pública y la población civil, bloqueo y voladuras de vías nacionales, y destrucción de la infraestructura nacional. Por su parte, la respuesta del Gobierno Nacional, ante estos hechos de violencia irracional, es continuar con el ejército acuartelado esperando con la paciencia (o la ingenuidad) del santo Job, un acto de buena fe por parte de este grupo criminal. La consecuencia de estos hechos es el olvido de una premisa fundamental en estas circunstancias y es que las negociaciones con grupos criminales se deben hacer de una posición estatal de poder, premisa que Juan Manuel Santos olvidó desde hace cinco años cuando inició la negociación con las FARC y que no solo sirvieron para desinstitucionalizar al país, sino para mostrarle al ELN que entre más actos terroristas cometan, y más presionen al Gobierno Nacional, más prebendas van a conseguir. Presidente, la ausencia de justicia que no es nada distinto a la impunidad, para lo único que sirve es para envalentonar a los criminales e incentivar perversamente a la venganza.

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