Legislativo

En la Comisión Sexta del Senado, se realizó una Audiencia Pública con el fin de escuchar a los representantes de los diferentes sectores del sector turístico para aunar criterios que sean viabilizados en la nueva Ley General del Turismo. El viceministro del Turismo, Julián Guerrero, explicó el ABC que se tuvo en cuenta para la redacción del documento y que tiene que ver con: El turismo y el desarrollo sostenible; Formalización y competitividad del sector: Negocios Responsables y la Reactivación del Sector Turismo: Protección del empleo y generación de ingresos. “Tenemos todo el interés de contribuir a una Ley que tenga en cuenta la reactivación de la economía de nuestro país, estamos trabajando en todas las inquietudes del tema fiscal, la plataforma donde se adquiere la tarjeta de turismo de San Andrés, rebajas en servicios y toda una gama de necesidades para sacar adelante el sector”, argumentó el Viceministro del Turismo. Intervienen los delegados del sector Representantes del sector turístico solicitaron una reducción del 5% a la tarifa administrativa y al combustible; exención de los paquetes turísticos, ampliar base aportante de parafiscales; levantar restricción del 50% de pasajeros en transporte terrestre; proteger política pública del sector y suficiente ilustración de la profesión del guía de turismo. “El turismo no lo hacen los legisladores, ni el Gobierno Nacional, ni los prestadores del servicio; lo hace el turista y para ello debemos tener normas idóneas que se hagan cumplir y nosotros ofrecer servicios de calidad”, manifestó el representante de Confeguias, Carlos Gómez. Los senadores, miembros de la Comisión coincidieron en manifestar que se debían buscar mecanismos pertinentes para que dicha Ley genere un impacto positivo en la reactivación económica del país. Paula Cortés, representante de Anato en su intervención pidió reemplazar el término exclusión por exención de los paquetes turísticos porque eso ayudaría a la verdadera reactivación. “La tarifa administrativa debe quedar con también con el IVA del 5% y la inclusión solidaria debe ser con las aerolíneas, el hotel y el consumidor”. Lupoani Sánchez de Acoldes aseguró que en el transporte de turista hay un elevado grado de informalidad y se debe ampliar la base portante de parafiscales. “Solicitamos levantar restricción de transporte terrestre del 50% de capacidad porque contamos con protocolos de bioseguridad, conductores preparados y autovigilancia”. Felix Antelo de la empresa Viva Colombia enfatizó que “competimos con los países que nos rodean para ello necesitamos la reducción del 5% en tiquetes y combustible ya que con esto se genera más turismo”. María Lara de Latam, en su intervención dijo que “hay que revisar modelos de consecion, marco regulatorio que ayuda simplificar, proteger la política pública del sector y ayudar a aumentar y mantener la competitividad”. Por su parte Carlos Gómez de Confeguias hizo un llamado sobre la profesión del guía del Turismo que debe ser integral. “Debe haber suficiente ilustración de dicha profesión y cómo mínimo debe ser tecnólogo para prestar un servicio de calidad al turista”. Wilson Iriarte, miembro de la Mesa Departamental de Turismo en Caquetá, pidió al Viceministro apoyo en los protocolos de bioseguridad y el fortalecimiento al sector Turismo en certificación. Conclusiones Los senadores ponentes del proyecto, Horacio José Serpa y Ruby Chagui, sostuvieron que buena parte del resultado de la Reforma a la Ley del Turismo, ha sido el trabajo mancomunado entre los sectores. “Sea esta la oportunidad para evaluar y expresar inquietudes que permitan llevar a feliz término una verdadera reactivación económica en el pais”, precisaron. El jefe de la cartera de Turismo, explicó las propuestas normativas que tienen que ver con cambio en la definición de desarrollo sostenible y cambio en la definición de turista; cambio y definición en el concepto de ecoturismo y cambio de definición de recurso atractivo a turístico. “Se crea el descuento para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Este es un beneficio tributario para las inversiones en proyectos de mejoramiento ambiental encaminadas al desarrollo de productos o atractivos turísticos que contribuyan a la preservación y conservación de la diversidad biológica, los recursos naturales renovables y del medio ambiente”, aseguró. El coordinador ponente de la Cámara, Oswaldo Arcos propuso tener en cuenta dos aspectos como son: permitir bajar al sector aéreo el 5% en todos los servicios y que el hipoconsumo del 9% a restaurantes se convierta en un 5% de IVA. Ante todas las inquietudes y peticiones de los invitados, el Viceministro de Turismo aclaró que se tendrán en cuenta toda vez que se trata de sacar adelante el sector. “Vamos a mejorar la redacción legal para que todo que lo más claro posible, seguiremos trabajando unidos para facilitar el proceso y llegar a un feliz término de reactivar nuestra economía”. Representantes del Gremio Hotelero En la segunda ronda de la audiencia pública, sobre el proyecto que busca reformar la Ley General de Turismo, se escuchó a los representantes del gremio, entre los cuales participaron Rafael Martínez de la Asociación de Turismo Responsable-ACOTUR, Catalina Prieto, de la empresa Despegar, Pablo Jaitman, director de Price Travel, Paula Cortes de ANATO, y Rudesindo Moreno, de la Confederación Turística de Colombia-CONFETUR. Los invitados resaltaron la importancia de la protección del medio ambiente. Por su parte el viceministro de Turismo Julián Guerrero Orozco, dijo ”los guías turísticos no deben ser excluidos, por el hecho de saber un solo idioma. El guía debe ser reconocido como una herramienta de inclusión, para lograr una comunidad más competitiva”. En la audiencia también se destacó la importancia de las plataformas de servicios turísticos para promover y reactivar el sector hotelero, logrando así la sostenibilidad. Finalmente se planteó la propuesta de generar incentivos para el turismo y estimular las vacaciones en temporadas bajas, con líneas de crédito especiales que buscan dinamizar el turismo y reactivar su lado económico en tiempo de pandemia. Tomado del Senado

Con modificaciones de la subcomisión accidental en cabeza de la senadora Paloma Valencia, fue aprobado el Proyecto de Ley No. 320 de 2020 “Por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. Con 19 votos positivos de los legisladores, los niños, niñas y adolescentes de Colombia recibieron apoyo para fortalecer sus derechos y acabar con las prácticas de violencia, fenómeno que incrementó en época de la pandemia. Al rendir informe de la subcomisión la senadora Paloma Valencia, (Centro Democrático), explicó que “El texto tiene unas modificaciones importantes, se recogieron todas las inquietudes, las preguntas las preocupaciones de todos los sectores, se hizo un esfuerzo importante de conciliación, el texto fue enriquecido y los representantes autores del proyecto también quedaron muy conformes con lo que se logró hacer en la sub comisión”, anotó la senadora. El senador Gustavo Petro de Colombia Humana, al manifestar su apoyo a la iniciativa dijo “la mayor política de seguridad que se debe cumplir en un país es la atención integral afectiva a la primera infancia para que no se críen en medio de la violencia”. Por su parte el senador Carlos Guevara, del partido MIRA, señaló que “El informe ajusta los temas de redacción y en precisión de términos, manteniendo las normas de crianza y el ejemplo de los padres sobre los hijos, agregando que es un mensaje muy positivo para el país” La preocupación por el recorte en el presupuesto del ICBF en 2021, la dejó entrever el Senador Alexander López, del partido Polo Democrático, al respecto indicó “Todos estamos de acuerdo en rechazar la violencia contra los niños, pero hay que atender los problemas de fondo que afectan a la niñez, el proyecto del presupuesto general de la nación le quita al ICBF 621 mil millones, lo que afecta a más de 100 mil niños de primera infancia en alimentación”. Hubo consenso en los ajustes que se le hicieron al proyecto por parte de la subcomisión que se creó para tal fin y se dejó abierto el tema para que el Gobierno Nacional adecue políticas o programas para una buena crianza de los hijos “Faltan muchos recursos para atender a los niños más vulnerables del país, pero este proyecto es fundamental para proteger a los niños de la violencia intrafamiliar, más del 50% de los menores son maltratados por sus padres, y es nuestro deber protegerlos”, explicó la senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador. Otros Proyectos de Ley objeto de debate En la sesión de este martes también se discutieron los proyectos de ley No.165/2020, por medio de la cual se reglamenta la declaratoria de la fuerza mayor o caso fortuito que tienen como ponente al senador Miguel Ángel Pinto, quien explicó sobre la iniciativa que “acudir a los centros de conciliación es un requisito de procedibilidad para descongestionar la justicia, quedando las constancias cuando exista acuerdo y si no lo hay cada parte tendrá la libertad de iniciar el proceso judicial”. Por mayorías se determinó crear una subcomisión para analizar en profundidad este proyecto. Finalmente, en la Comisión Primera se inició la deliberación del Proyecto de Ley No. 113/2020, por medio de la cual se eleva la comisión especial de vigilancia del proceso de descentralización y ordenamiento territorial a comisión constitucional, permanente, se modifican el artículo 2 de la Ley 3 de 1992, los artículos 63, 369 y 383 de la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. Por tratarse de una Ley orgánica se aprobó el aplazamiento del debate y la votación para la próxima semana cuando inicien las sesiones presenciales. Tomado del Senado

Con el objetivo de estudiar y evaluar la posibilidad de iniciar las sesiones presenciales en las instalaciones del Congreso de la República, Positiva Compañía de Seguros S.A./ARL, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, realizaron una inspección minuciosa para encontrar los factores de riesgo prevalentes en el ambiente laboral para garantizar la salud de los funcionarios de la entidad. Después de dicha inspección, la ARL presentó un completo informe técnico de asesoría y asistencia técnica de 44 páginas al Senado de la República, identificando las condiciones de seguridad y salud de las instalaciones. En el mismo sentido, llevó a identificar y analizar las condiciones de seguridad en las instalaciones del Capitolio Nacional y el Edificio Nuevo del Congreso, donde se efectúan las sesiones plenarias y de comisiones; esto con el fin de verificar que se cumplan los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional para evitar el contagio y la propagación del Covid-19. Para el resultado final del informe se tuvo en cuenta la distancia entre las curules, la ventilación natural, las puertas de acceso a los espacios, la amplitud de los pasillos, la distribución de los puestos de trabajo, el proceso productivo, las tareas, los procedimientos, los equipos de trabajo, el tiempo de exposición de jornadas o turnos de trabajo, y la característica del personal que labora en la entidad. De igual manera, se consideró que en una jornada laboral en el Capitolio Nacional, Edificio Nuevo del Congreso y en otros centros de trabajo del Senado en donde se realizan las sesiones de plenarias y comisiones Constitucionales, Legales, Especiales y Accidentales en donde se efectúa control político, y se debaten y aprueban Proyectos de Ley, laboran 108 senadores, 298 servidores públicos de planta, 991 servidores públicos de las Unidades de Trabajo Legislativo, aproximadamente 400 contratistas, 100 personas entre pasantes, Policía Nacional asignada al Congreso, servicios generales, entre otros. Con la reapertura de los diferentes sectores del país y el retorno a las labores después del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional para mitigar el contagio y propagación del Covid-19, las decisiones tomadas por los entes territoriales, y las conclusiones a las que llegó Positiva Compañía de Seguros S.A./ARL, la Mesa Directiva del Senado de la República por mayoría ha determinado convocar a las sesiones mixtas a partir del 13 de octubre de 2020. Por lo tanto, para el caso de retomar las sesiones, se recomendó por parte de la ARL lo siguiente: ● Prohibir de forma inmediata la elaboración y/o preparación de alimentos en zonas de cocineta de las comisiones, no destinadas formalmente para este fin y que no tienen control sanitario, así como no consumir alimentos en ningunos de los recintos. ● Prohibir el ingreso de visitantes, debido a que esto incrementa la carga ocupacional de los edificios. ● Prohibir o restringir el uso del sótano, por la no circulación adecuada de ventilación natural. ● Restringir el uso de los ascensores solo y exclusivamente, para personas en condición de discapacidad. ● Ser exigentes en el uso de tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos mínimo cada 3 horas, desinfección de prendas, limpieza de puestos de trabajo, desinfección de recintos y pasillos, control y toma de temperatura. Considerando el concepto y las recomendaciones de la asesoría en el control de los espacios locativos, el recinto de las plenarias solo puede albergar 32 personas con puestos de trabajo fijo entre Senadores, Secretario General, Subsecretario, Jefe de Leyes, Jefe de Relatoría, citados, y 7 personas de apoyo para un total de 39, manteniendo un distanciamiento físico de 2 metros, con la claridad que no podrá haber público presente en las barras del recinto. Para esto, se dispondrá el cálculo de la representación en el recinto de la plenaria del Senado de la República por partido o movimiento político con base en la metodología de la cifra repartidora, teniendo claro que la totalidad de las organizaciones políticas (15) contarán con al menos un representante en el recinto; ellos definirán en su autonomía quienes ingresarán con relación a los cupos asignados. De igual forma, el listado de los Senadores deberá ser remitido a la Presidencia con antelación a cada sesión, para el estricto cumplimiento del aforo permitido. Los demás miembros del Senado sesionarán de forma no presencial y simultánea, a través de la plataforma digital establecida para este fin. Si bien el aforo máximo del recinto permite la presencia de 26 Senadores más los tres que integran la Mesa Directiva siguiendo los protocolos de bioseguridad, para efectos de facilitar que todos los congresistas que deseen asistir a las sesiones de manera presencial puedan hacerlo, la Sede Social y el Salón de la Constitución estarán habilitados para que desde allí participen en las sesiones de la Plenaria del Senado. Para las comisiones Constitucionales, Legales, Especiales y Accidentales del Senado de la República,se autorizará a que convoquen a sesiones mixtas cumpliendo las condiciones de bioseguridad recomendadas por la ARL Positiva. La ocupación de cada recinto manteniendo un distanciamiento físico de 2 metros, depende de los espacios disponibles dentro de ellos; se debe tener en cuenta que esto sería el máximo de personas por recinto, incluyendo Senadores, personal de apoyo e invitados, sin presencia de ninguna persona del público. Para la Comisión Primera, solo pueden estar 10 personas con disponibilidad en su puesto de trabajo con sistema DCN de asistencia y votación Bosch que hace uso de la biometría para el registro, y 17 sillas como apoyo. En la Comisión Segunda, podrán asistir presencialmente 6 personas en su puesto de trabajo con sistema de asistencia y votación, y 5 sillas como apoyo. Para la Tercera el aforo sería de 7 personas con ubicación en su puesto de trabajo y 5 sillas para personal de apoyo. Para la Comisión Cuarta, se permitirían 9 personas con disponibilidad en su puesto de trabajo con sistema DCN de asistencia y votación Bosch, y 6 sillas de apoyo. En la Comisión Quinta la ubicación con puestos de trabajo sería

Por iniciativa de las congresistas Angélica Lozano (Partido Alianza Verde), Aída Avella (Partido Decente), Maritza Martínez (Partido Liberal), entre otras, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, realizó la Audiencia Pública, sobre acoso sexual en las universidades, relaciones laborales o profesionales en Colombia. Al iniciar la audiencia, la senadora Angélica Lozano, expuso que el acoso sexual, es un problema cultural, social y de vacíos legales. “Necesitamos identificar acciones, para hacer ajustes concretos y construir políticas públicas, para frenar esta situación”, aseguró. De la misma forma, la vicepresidenta de la comisión, la Representante, Irma Luz Herrera, informó que, según Medicina Legal, se han presentado 4.100 delitos sexuales, de los cuales el 40% ha ocurrido en el transporte público y 7 de cada 10 mujeres, han sufrido acoso sexual. Afirmó que el 41%de las mujeres no denuncian por temor. Panel Acoso Sexual en la Academia y Sociedad Civil: En este espacio, Camila Correa, profesora de la Universidad del Rosario, aseguró que el acoso sexual, es una forma de violencia contra las mujeres, “muchas situaciones no se investigan y eso es una desprotección a las víctimas” afirmó. En su intervención, Natalia Guzmán, de la Universidad externado de Colombia, expresó que la Ley 1010 de 2006, debe ser compatible con el tratamiento de acoso sexual, en atención a las universidades, para atender las víctimas de género. Entre tanto, Ana Fergusson, gerente de la seccional Bogotá de la ANDI, indicó que el 70% de las empresas, están implementando políticas de atención y prevención en acoso sexual. “Esta es una situación que afecta el desarrollo profesional de las mujeres. Buscamos visibilizar los canales de denuncias y que las empresas prioricen sobre estos temas”. En su momento, Lina Rizo del colectivo RECSISTERS, manifestó que la industria audiovisual del país requiere políticas públicas transversales, que promuevan los derechos y protejan a las víctimas de violencia sexual. Reveló que, en ese sector, existe un alto índice de mujeres afectadas por el acoso sexual, “por eso se requiere de una política integral que proteja la vida de todas”, dijo. Asimismo, la periodista Catalina Ruíz, manifestó que todo se da por el abuso de poder, “el periodismo ofrece espacios, para que las víctimas puedan contar y sentirse seguras. Ellas no están solas, este es un problema que nos atañe a todas”. En el panel sobre perspectivas sobre el acoso en las relaciones laborales, el viceministro de educación, Luis Pérez, expuso que están trabajando en la adaptación de una plataforma virtual, que permita un espacio en la prevención y promoción en los temas de violencia de género. Pérez sostuvo que los lineamientos y protocolos para la prevención de violencia de género en la educación superior, están listos. Así mismo, los planes de trabajo estructurados, para poder hacer seguimientos en un mejoramiento continuo en la educación. “Hemos estado trabajando para responder a las necesidades que tiene el país en este tema”. En su turno, el vicedefensor del Pueblo, Jorge Calero, sostuvo que esa entidad, ha evidenciado dificultades en la operación de la Justicia, en los temas de acoso sexual. Afirmó que están socializando en las diferentes regionales del país, la ruta para la atención y prevención de estos actos. “Para la Defensoría, es importante trabajar en la prevención de estas conductas y que existan sanciones para las personas que cometen estos hechos. Rechazamos todo tipo de violencia contra las mujeres y solicitamos total protección de sus derechos”, resaltó. Por su parte, la vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera, afirmó que esa entidad ha priorizado los delitos contra las mujeres, como una herramienta para aumentar la imputación en los casos “seguiremos trabajando, porque tenemos un compromiso con las mujeres”, dijo la funcionaria, quien agregó, “Quisiéramos tener más resultados, en estos momentos tenemos 127 sentencias condenatorias. Seguiremos fortaleciendo nuestra labor, necesitamos más investigadores en estos delitos con enfoque de género” aseguró la vicefiscal. Entre tanto, la Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López, expresó “estamos avanzando en este tema, que se presenta en todos los espacios. Tenemos que erradicar este flagelo, con una mejor regulación”. Reiteró la importancia de hacer alianzas estratégicas, para abordar este tema de manera integral. “Esperamos contribuir, para lograr eliminar todo tipo de violación contra las mujeres” afirmó la Magistrada. Senadoras de la Comisión proponen Ley para erradicar el acoso sexual Igualmente, la senadora Ana María Castañeda, (Partido Cambio Radical) indicó que la Ley 1010 de 2006, no ofrece las herramientas, para las mujeres víctimas de acoso sexual y laboral “En el caso de la academia, un estudio de la universidad Central muestra que el 42% de los estudiantes han sufrido algún tipo de acoso”. La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Nora García Burgos, (Partido Conservador) sostuvo que “muchas mujeres temen a denunciar, para no perder su trabajo. Es indispensable que, desde las empresas, se promuevan mecanismos y estrategias de bienestar. Queremos hechos reales, que protejan sus derechos. No queremos más violencia contra las mujeres”. Afirmó la senadora. La senadora Esperanza Andrade (Partido Conservador) expuso, “tenemos que fortalecer las políticas públicas, para proteger a la mujer. Estamos comprometidas con las colombianas y en la equidad de género”. En la parte final de la Audiencia, la consejera presidencial para la equidad de la Mujer, Ghidy Gallo, aseguró que, en los últimos 12 años, se han registrado más de 18 mil denuncias de acoso sexual, de las cuales el 84% son mujeres víctimas. Afirmó que están implementando, en todas las regiones, un protocolo pedagógico de prevención y atención, con enfoque de género, de cero tolerancia ante el acoso sexual. Virgilio Hernández, procurador delegado para la defensa de la familia y la mujer, aseguró que, en el país, no existen rutas de atención y prevención para las víctimas de acoso, “deben existir políticas públicas contra el machismo, esta conducta proviene de esa cultura” Dijo que esa entidad, tiene una estructura, para atender a las mujeres víctimas de acoso sexual. Afirmó que existen muchos vacíos para erradicar esta problemática. Las asistentes aseguraron

En el marco de un debate de Control Político, realizado hoy en la Comisión II del Senado, el Congreso de la República y el gobierno nacional ratificaron su compromiso para luchar porque en los procesos de justicia transicional se conozca la verdad y para que los derechos de las víctimas a la justicia, paz, reparación y no repetición sean prioridad. La participación de las víctimas en versión libre es baja. Solo el 16.2% han participado en las audiencias de reclamaciones, se conoció. El Debate sobre “Acuerdos de Extradición, extradición y/o deportación de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Ley 975 de 2005” fue citado por los senadores Antonio Eresmid Sanguino Páez (Alianza Verde) y Feliciano Valencia Medina (MAIS – Movimiento Alternativo Indígena y Social). Por el gobierno nacional participaron los ministros de Relaciones Exteriores, Claudia Blum; de Justicia y el Derecho (e), Javier Augusto Sarmiento y Andrés Fajardo en representación del Defensor del Pueblo. Prioridad justicia transicional Los senadores citantes y los integrantes de la Comisión II Constitucional del Senado, que es presidida por el senador Juan Diego Gómez (Conservador), y los representantes del gobierno nacional coincidieron en que es necesario que en los procesos de justicia transicional se conozca toda la verdad. “Se han extraditado a unos señores que tienen cuentas pendientes con la justicia colombiana y con las víctimas y en la resolución de extradición no se garantiza su regreso. ¿La verdad en qué quedó?” preguntó el senador Antonio Sanguino Páez. El congresista de la Alianza verde sostuvo que es necesario que los extraditados que están por retornar al país no se queden con la verdad en Estados Unidos u otro país. “Los Tratados de Extradición firmados por Colombia no prevén una obligación al estado solicitante para retornar a la persona extraditada una vez haya cumplido su condena. En general esta no es una obligación que los estados pacten en sus tratados de extradición”, Respondió la ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum. Por su parte, otro de los citantes, el senador Feliciano Valencia dijo que en Colombia existe una verdad a medias contada por los líderes del paramilitarismo. Esa verdad se debe conocer para que sea completa y permita avanzar en el camino de la reconciliación que garantice la no repetición y que no reine la impunidad. El ministro (e) de Justicia y del Derecho Javier Augusto Sarmiento de otro lado destacó que el gobierno de Estados Unidos no ha negado o rechazado las solicitudes de extradición que se han elevado de manera oportuna por parte del gobierno de Colombia. Es deber buscar la verdad La senadora Paola Holguín (Centro Democrático) insistió en que en Colombia no se pueden justificar los crímenes por afinidad ideológica. Esto no puede llevar a la complicidad criminal. A su vez el senador Ernesto Macías Tovar, de la misma colectividad dijo que no había necesidad de crear una jurisdicción especial para la paz. Recordó que fue en el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe que se establecieron condiciones con obligaciones para el sometimiento de los paramilitares. “Todos los criminales deben contar la verdad. Si no reconocemos la verdad con qué autoridad reclamamos que unos lo hagan y otros no”, recalcó. Finalmente el senador José Luis Pérez Oyuela (Cambio Radical) destacó que es conveniente aclarar que la Cancillería es el canal diplomático en los casos de extradición. Esto por toda la confusión que sobre estos temas se manejan en el país. Tomado del Senado