junio 1, 2026

Congreso de la República

Aprobado en tercer debate proyecto de ley que dará alivio a deudas de más de 350 emisoras comunitarias

Fue aprobado en la Comisión VI de Senado, en tercer debate, con ponencia de la senadora Ruby Chagüi, el proyecto de ley que permitirá por única vez, un alivio de un 100 por ciento en deudas como amortizaciones, multas, entre otros, pendientes con el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, FONTIC, de más de 10 años para alrededor de 350 emisoras comunitarias y de interés público en el país. La iniciativa es de autoría del senador Alejandro Corrales y del representante Gabriel Vallejo. La senadora ponente aseguró que este proyecto busca establecer condiciones especiales para la normalización de cartera por una única vez para los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora de interés público y comunitario. “Buscamos generar un alivio a los concesionarios del servicio de emisoras de interés público y emisoras comunitarias que carecen de ánimo de lucro y que, por tanto, pueden enfrentar mayores presiones financieras para lograr su operación y llevar la información a las zonas más apartadas del país, circunstancia que ante la situación de emergencia a causa del COVID-19, resulta especialmente relevante. Son más de 10 años con estas deudas que quedarán saldadas para estas emisoras”, mencionó la senadora Chagüi. Por otra parte, la congresista también destacó la función social que tienen las emisoras en Colombia, “ante todo debemos precisar que el servicio de radiodifusión sonora de interés público y comunitario cumple una función social esencial pues no solo proporciona servicios de información, educación y entretenimiento, sino además representa los intereses de las comunidades ante el Estado y los espacios de poder”. Chagüi también aseguró que de esta forma se instaurar la radiodifusión como un servicio público esencial, por lo que se debe garantizar el acceso a este, particularmente para aquellos usuarios de menores ingresos. Por su parte, la ministra TIC, Karen Abudinen, dijo que la condonación será por 4.361 millones de pesos, con corte al 31 de agosto, esto es un descuento del 100%. “Estas emisoras tienen más de 10 años que tienen esta situación y por eso nosotros queremos ayudarlas, más en el marco de esta pandemia”. El tipo de deudas que serán absueltas para las emisoras comunitarias son por amortización, autorizaciones, pago inicial, sanciones, multas, concesiones y permisos por uso del espectro. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión VI de Senado y espera cursas su último debate en la plenaria del Senado de la República.  Imprimir    Correo electrónico

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Situación de la Vía Salamina – El Piñón a debate de control político mañana en Comisión Sexta de Cámara

Los representantes a la Cámara Martha Villalba, de Atlántico, y Hernando Guida Ponce, del Magdalena, estarán realizando en la Comisión Sexta el debate de Control Político sobre la urgente intervención que se necesita por parte del Gobierno Nacional para atender la grave situación que se presenta por causas de la erosión entre la Vía Salamina – El Piñón, en el departamento del Magdalena. Para la representante Martha Villalba “si no se hace un trabajo estructural en este sector, los alarmantes niveles de erosión en esta zona pronostican desde ya un grave riesgo social, económico y ambiental. Urge intervención y trabajo en equipo por parte de los entes competentes, pero sobre todo compromiso por parte del Gobierno Nacional porque no queremos que ocurra lo que ocurrió en el Sur del Atlántico en 2010”. El Representante Hernando Guida fue enfático al afirmar que “en este debate van a estar presentes las entidades competentes del Gobierno Nacional para que asuman un compromiso serio con la implementación de una solución integral, tanto de la grave emergencia actual, como con la construcción de una nueva vía que debe convertirse en el eje del desarrollo social y económico de la subregión ribereña. Llegó el momento de ponerle fin a muchos años de sufrimiento de estas comunidades”. A la sesión, que está programada para las 9:00 a.m., con transmisión por YouTube, están citados el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el director de CORMAGDALENA, el gerente del Fondo de Adaptación y el Director General del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), para que expliquen desde su competencia y misión institucional las circunstancias que propiciaron la erosión,  las medidas adoptadas con el propósito de evitar una tragedia y las respuestas de recuperación asociadas a la crisis. Tomado de la Cámara de Representantes

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“Demanda de Electricaribe contra varias ciudades de la región caribe es malvada”

Ante la decisión de Electricaribe de demandar a varias ciudades de la Región Caribe reclamando el pago de miles de millones de pesos por el supuesto consumo de energía de barrios subnormales de esta región del país, los Congresistas de la Bancada Caribe en el Congreso de la República, manifiestan que:

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La legalización del Cannabis medicinal

Así lo indicó el Representante a la Cámara Rubén Darío Molano Piñeros, al afirmar que la legalización del Cannabis y sus usos medicinales, como ya está sucediendo en el país, es realmente el verdadero camino para enfrentar la guerra contra el narcotráfico en Colombia. Las afirmaciones del Congresista se dieron en el marco del Debate Control Político citado en la Comisión Quinta de la Cámara de representantes para que los funcionarios del Gobierno nacional citados expongan la percepción y retos que tiene el país frente a la industria del Cannabis medicinal, su posible uso como sustituto de los cultivos ilícitos y como una opción industrial para el desarrollo económico colombiano. El debate, citado por los Representantes a la Cámara Juan Fernando Espinal Ramírez, Rubén Darío Molano Piñeros y Edwin Gilberto Ballesteros, fue el escenario para que los representantes de los empresarios, funcionarios del Gobierno nacional y congresistas, discutieran sobre la importancia de esta naciente industria en el contexto de la economía colombiana y se expresaran inquietudes con respecto a los procesos y experiencias frente a la legislación, legalización y comercialización del Cannabis.  En su intervención, el Representante Juan Fernando Espinal Ramírez aseguro que es muy importante conocer la percepción y los retos que tiene el Gobierno nacional frente a la industria del Cannabis como actividad económica que está dando tránsito al fortalecimiento económico de todos los colombianos. En una amplia y detallada exposición del contexto internacional, el Representante dijo que alrededor de 46 países hoy tienen reglamentada la actividad del Cannabis medicinal como una actividad económica legal, que activa el comercio y las exportaciones de manera significativa. Aseguró que en el mundo se pasó de comercializar 1,4 toneladas de Cannabis medicinal en el año 2000 a comercializar en el año 2017 alrededor de 406 toneladas. Añadió que EE.UU. y Alemania son países pioneros en la producción y comercialización, siendo Alemania el país que más ha crecido, donde al año se comercializan alrededor de 15,6 toneladas. Dijo que en Europa se estima que para el año 2023 va a haber una proyección de 55 billones de Euros derivados de la actividad económica del Cannabis. Espinal indicó que las proyecciones económicas muestran sin duda un mercado que va a alcanzar para el año 2025 una producción representada en 166.000 millones de dólares a nivel mundial: “Estas cifras nos hacen un llamado para ver que tenemos una gran oportunidad para que esta actividad económica en Colombia realmente entre dentro de las líneas económicas del país”, aseguró. Espinel reveló cifras de un estudio de FEDESARROLLO, publicado este año, que establece que el Cannabis medicinal podría generar más empleos y crecimiento para el agro colombiano que el banano y las flores. “Yo creo que este estudio es sumamente importante y llamativo, además porque establece que puede implementar a nivel nacional cerca de 100.000 empleos”, afirmo. Por su parte, el Representante a la Cámara Edwin Gilberto Ballesteros aseguró que este es un espacio de construcción donde estamos revisando diferentes alternativas y oportunidades para que Colombia pueda volverse competitivo y potencializar esas oportunidades que tenemos en nuestras regiones frente a una industria tan importantes que viene desarrollándose en América y en el mundo. El Congresista, invito a todos los funcionarios, representantes del Gobierno nacional, para construir una ruta, un manual, un protocolo y todas las herramientas necesarias que le sirvan a empresarios, industriales y campesinos, para que vean realmente una oportunidad de competir en una industria en la que Colombia tiene muchísimas oportunidades. “Tenemos que volvernos receptores de toda esa inversión extranjera que hoy países como Canadá, Francia, EE.UU y otros, quieren empezar a desarrollar en nuestro país”, señaló. Al finalizar las intervenciones de los Representantes a la Cámara citantes, Rubén Darío Molano Piñeros fue enfático en afirmar que la legalización del Cannabis y sus usos medicinales, como ya está sucediendo en Colombia, es realmente el verdadero camino para enfrentar la guerra contra el narcotráfico y agregó que son inmensos los beneficios que esta actividad nos genera en términos de riqueza, en generación de empleo y en términos de desarrollo agropecuario y agroindustrial para impulsar el desarrollo agrícola y rural que tanta necesidad tiene Colombia de impulsar con seriedad, con determinación y con políticas de mediano y largo plazo. Molano Piñeros dijo que la legalización de la industria del Cannabis medicinal, el estímulo y fomento con fines farmacéuticos y terapéuticos, es una alternativa de la mayor importancia que debería todos los días escalar en su avance y en su producción hasta convertirse en un negocio debidamente regularizado, que le arranque de las manos la materia prima a la industria criminal del narcotráfico y que la ponga al servicio de nobles causas como la salud y de las mismas actividades ancestrales de las comunidades indígenas. En el debate de control político, al que asistieron como invitados representantes de los empresarios, estos dijeron que los trámites ante el Gobierno nacional, para el licenciamiento y regulaciones de los diferentes aspectos del negocio del Cannabis medicinal, se están demorando mucho. “No hay eficiencia y eficacia en los trámites”, indicaron. Los empresarios se quejaron por las demoras del Estado en los trámites y procesos de licenciamiento de los diferentes aspectos de la cadena de producción y comercialización del Cannabis medicinal. Señalaron que la industria necesita de más personas especializadas en los procesos, programas de capacitación técnica, agrónomos, abogados y toda clase de expertos en los temas relacionados con la salud, dado que es un importante generador de negocios y oportunidades de empleo. Afirmaron que la legislación no se hizo para pequeños y medianos empresarios, si no para grandes empresarios y multinacionales.  “Esto podría ser una gran revolución industrial para el país, pero no existen líneas de crédito para el Cannabis”, aseguraron. Los empresarios invitaron al Congreso de la República para que legisle más en esta materia pensando en los pequeños y medianos empresarios y al Gobierno nacional que agilice los procesos de licenciamiento. Finalmente, manifestaron sus preocupaciones por la mala interpretación de la ley 1787 que estimula la informalidad de la industria, la imposibilidad de la transferencia de nuevas tecnologías y de

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Autoridades y comunidades del Caquetá piden al Congreso modificar decisión del diferendo limítrofe que entregó al Meta 3.700 kilómetros cuadrados

En audiencia pública, la Comisión de Ordenamiento Territorial escuchó a las partes involucradas en el diferendo limítrofe entre Caquetá, Meta y Guaviare con el fin de dirimir el conflicto territorial, el cual ya completa más de 50 años. La senadora ponente María del Rosario Guerra aclaró en audiencia pública que los límites entre Caquetá y Meta están estipulados en la Ley y por eso no pueden acoger los límites tradicionales que están solicitando los habitantes del Departamento del Caquetá. El senador ponente Eduardo Pacheco dijo que desde un comienzo los dos departamentos desecharon el informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es decir que inicialmente no hubo acuerdo entre Caquetá y Meta. “Ahora estamos en otro punto”, dijo. “El departamento de Caquetá se acoge al documento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Nosotros decidimos de fondo (Senado), en el tema, vamos a ver si hacemos un estudio constitucional del tema”, agregó. Esta fue la decisión que adoptaron los legisladores de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT. Con fundamento en lo expuesto en los informes de ponencia expuestos, los miembros de las subcomisiones designadas por las mesas directivas de las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes proponemos a los miembros de estas comisiones: – No acoger y, en consecuencia, devolver el informe técnico radicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en relación con el deslinde entre los departamentos de Caquetá́, Meta y Guaviare por no ajustarse a lo estipulado en la Ley 1447 de 2011 en sus artículos 3º y 8º. – Mantener los límites entre los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, tal y como figuran en los mapas oficiales actuales. – Solicitar al IGAC actualizar los límites de acuerdo con lo señalado en este informe. – Desvincular al departamento del Guaviare del diferendo limítrofe entre los departamentos del Caquetá́ y Meta, sobre la base que existe consenso en el punto trifinio de límite entre Guaviare, Meta y Caquetá́ correspondiente al nacimiento del rio Ajajú, y que sus límites no se ven modificados ni por la propuesta del IGAC ni por la presentada por los departamentos de Meta y Caquetá́. Las posturas comenzaron con el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, quien insiste en que los predios en litigios son de Caquetá y no del Meta, porque ha mantenido presencia en el territorio en litigio de manera histórica. “Hay infraestructura educativa, vial y demográfica adscrita al Caquetá”, manifestó. Así mismo, el secretario de planeación de Caquetá, Ancizar Marín Correa, presentó la ponencia de su departamento y pidió “no devolver el informe técnico radicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, en relación con deslinde de los departamentos Caquetá y Meta, por considerarse ajustado a derecho y de conformidad a los estipulado con la Ley 1447 de 2011”. El alcalde de San Vicente, Julián Alfredo Perdomo, solicitó respetuosamente a los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado que les permitan realizar un plebiscito para establecer el futuro de esta región. El Congreso decidió mantener los límites entre los departamentos de Caquetá ́, Meta y Guaviare, tal y como figuran en los mapas oficiales actuales. Fráncico Javier Munera, obispo de San Vicente del Caguán, pidió se tenga en cuenta el estudio técnico del IGAC, que dice que ese territorio pertenece al Caquetá. “Este territorio es caqueteño. San Vicente del Caguán juega un papel fundamental para la región”, dijo el prelado. En respuesta, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, manifestó que no quiere quitarle ni un sólo centímetro al Caquetá. “Las pretensiones del Caquetá son de 3.700 metros cuadrados. La ley es la Ley, y es justa. Nosotros demostramos que el informe del IGAC es antijurídico e ilegal. Hemos sido juicios con la ley en la mano y sin populismo defendemos el territorio. Desde hace 60 años están definidos los límites”, precisó. Otros planteamientos La abogada Irene Roa, quien se encarga de la defensa de la gobernación del Meta, en proceso limítrofe con Caquetá, señaló que la controversia versa por una porción de tierra, “queremos plantear lo siguiente. El informe técnico del IGAC no es absoluto, no condiciona la necesidad del Congreso. El Congreso tiene la competencia para decidir. Al IGAC le está dado que hacer el deslinde y presentar un informe con los alcances de un informe técnico, pero no es condicionante de una decisión, de lo contrario no tendría ninguna razón de ser este procedimiento. Es lo contrario, el informe está sujeto a ser observado y a ser debatido y a ser vencido como los venció el Meta”, destacó la abogada. Julián Alonso López, secretario jurídico de Gobernación del Guaviare, confirmó que no tienen pretensión alguna ese proceso limítrofe con Meta y Caquetá porque no está juego la integridad territorial del departamento del Guaviare. No se afectó el territorio de Guaviare y se mantienen los límites tradicionales Por su lado, el senador Jorge Londoño, dijo. “Debemos definir en justicia y no en la Ley sobre el diferendo limítrofe de Caquetá y Meta”. “No desechemos la propuesta de un funcionario que pidió una consulta. Esta consulta es un insumo vital con el concepto de territorialidad. Esa ley tiene sentido en cuanto a que pueda interpretar la justicia. Lo justo no lo vamos a encontrar en la norma”. Mientras tanto, el senador Jorge Guevara, quien nació en esa zona del país, dijo que en estos momentos no hay nada definitivo en el diferendo limítrofe entre Caquetá y Meta. ”Se ha ganado un consenso del informe serio y sobre el terreno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El territorio no es un espacio frío, es un sitio que tiene un componente humano, que tiene hechos históricos”, manifestó. El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, Miguel Amín, dijo que la conclusión es modificar la Ley 1447 de 2011 y sus decretos reglamentarios para que los actores tengan la posibilidad de ser escuchados por la Plenaria del Senado. “Esta no es sesión congregacional, no se

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Sector comercio, industria y turismo trabaja en proyectos integrales

En la Comisión Sexta, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, presentó las acciones adelantadas por su cartera para la reactivación del sector como la ampliación de líneas de crédito con más plazo, tasa y mayores garantías para los sectores más afectados, así como la implementación del decreto de control de precios evitando la especulación y el acaparamiento. Igualmente, informó que se adoptaron en sectores de restaurantes y turismo incentivos adicionales como la exclusión del IVA, la reducción en el IVA a tiquetes temporalmente, la eliminación transitoria de la sobretasa a la energía, la exclusión del impuesto al consumo en restaurantes, la supresión del IVA también en franquicias para restaurantes, a la vez que resaltó el acompañamiento que adelantan a los procesos de reestructuración de empresas con nuevos decretos desde la Superintendencia de Sociedades. En materia de empleo señaló que se tomó la decisión de diferir el pago de impuestos y de contribuciones en IVA y renta para el sector turismo y otros asociados, contribuciones como el parafiscal para el turismo, la disminución en costos de pensiones, generación de liquidez a través de líneas de crédito especiales. Destacó el trabajo de Bancoldex de la mano de las gobernaciones con créditos regionales y dijo que se han colocado hasta el momento cerca de 1,2 billones de pesos en medio de la pandemia. Otro aspecto importante que el jefe de la cartera resaltó es el de las líneas de garantía en crédito con el Fondo Nacional de Garantías, que ha desembolsado 6.9 billones de pesos y tiene en reserva uno más, en donde el Estado es garante para los sectores afectados en un 90%. Preciso que se avanzó en un decreto que regulaba el tema de arrendamiento, buscando lograr acuerdo entre las partes y de no ser posible facilitar la terminación unilateral del contrato, acompañaron a las guías de turismo con un subsidio durante tres meses y los esfuerzos de subsidios a la nómina y pagos de primas que diseñó el gobierno nacional. La siguiente etapa la denominó el Ministro como el reinicio de la actividad productiva, para él ­no hay dilema entre la salud y la vida o la salud y el empleo. Explicó que está haciendo un proceso de reapertura gradual, progresiva, ordenada en economía, el cual se ha ido técnicamente implementando y preciso que a partir del 1° de septiembre, el 99% de los sectores desde la perspectiva de la oferta podrán operar con responsabilidad empresarial, al tiempo que informó que su cartera desarrolló 95 lineamientos para igual número de subsectores de la economía, en protocolos de bioseguridad implementados con el Ministerio de Salud, los cuales se acompañan con una dosis de cultura ciudadana. En el transcurso de su presentación dio la buena noticia que en el último mes, en exportación de elementos de protección, Colombia logró exportar 30 millones de dólares. Intervienen los senadores Tras la intervención del Ministro, el senador Iván Agudelo sentó su posición frente a la reactivación del sector solicitando al Gobierno Nacional la materialización de líneas de crédito. Por su parte, la congresista Ruby Chagui resaltó el trabajo que viene haciendo el Ministro de Comercio, Industria y Turismo con respecto al manejo dado durante esta pandemia y a los procesos que viene adelantando en la reactivación económica del sector, así mismo hizo un llamado ante las cifras de desempleo en el país y pidió la pronta activación de créditos a microempresas para que generen nuevos empleos. El legislador Horacio Serpa pidió un salvavidas al Gobierno para este sector y aprovechó su intervención para hacer un llamado de atención frente a la situación que están viviendo con respecto a los impuestos del comercio, a la nómina y arriendos. La presidenta de la Comisión Sexta, senadora Amanda Rocio González, se refirió al incremento de la población femenina inactiva laboralmente en el país. Para el cierre de esta Comisión, los representantes de los diferentes gremios solicitaron líneas de créditos con mayores períodos de gracia para dar viabilidad a la reactivación del sector y fueron enfáticos en que estas sean especiales e inmediatas, ya que han sido los más afectados por las medidas restrictivas en cada una de las regiones. Dentro de sus requerimientos insisten en la extensión del subsidio a la nómina, facilidad en arrendamientos, rescate de empresas a través de capital a restaurantes, hoteles y agencias de viajes, exclusión del IVA para el alojamiento, respaldo del 100% de garantía a los créditos del sector turístico y eliminación de la sobretasa. Tomado del Senado

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“Votación y elección del Procurador General de la Nación será estrictamente presencial”: Arturo Char

El presidente del Senado, Arturo Char Chaljub, anunció que acatando el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación y el debido acompañamiento de las autoridades sanitarias, la sesión plenaria para la elección del Procurador General de la Nación y del Magistrado de la Corte Constitucional será estrictamente presencial. Por lo anterior, la Secretaría General del Senado, expidió una circular con las medidas y protocolos de bioseguridad para los honorables senadores en la que explica que solo ingresarán al Capitolio Nacional los honorables congresistas, los seis candidatos y los funcionarios determinados por la Secretaría General y la Dirección General Administrativa. No se permitirá el ingreso de escoltas, funcionarios, UTL, contratistas e invitados, etc. No habrá ingreso de vehículos. Habrá transmisión en directo por el Canal Congreso y Youtube: Canal Congreso Colombia. Los medios de comunicación y periodistas tendrán ingreso a la plataforma zoom en una sala especial y recibirán la información, a través de la Oficina de Información y Prensa. Tomado de la pagina oficial del Senado  

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Senadores piden al Gobierno que incremente a $3 billones el presupuesto del sector agropecuario

Los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro, anunciaron en la Comisión Quinta del Senado que se van a reunir en los próximos días para ajustar el presupuesto del sector Agropecuario para el 2021, después que los legisladores de todos los partidos coincidieron que el sector necesita como mínimo un presupuesto cercano a los $3 billones. El senador Alejandro Corrales aseguró que el sector agropecuario no se ve beneficiado en el Presupuesto General de la Nación 2021. “Educación tiene un incremento de $2.7 billones, es más que todo el presupuesto del sector agropecuario. Eso es para mirar la magnitud. Agricultura tendrá un presupuesto de $1.7 billones ¡Total! Estamos retrocediendo a niveles de hace diez años”, destacó en su intervención. También señaló Corrales que la institucionalidad del sector pierde cerca del 8% de los recursos, la reducción del presupuesto del Ministerio es del 3% y el recorte al presupuesto de inversión del ICA 5%. Agregó que la disminución del presupuesto de la ADR respecto de la asignación presupuestal del 2018, es del 50%, frente a 2019, es decir, se recortó cerca del 71% de las asignaciones, frente a 2020 que el recorte es del 35%. “Subsectores acuícola y pesquero, el recorte presupuestal principalmente por la vía de inversión propuesto para la vigencia 2021 es del 17%; si se compara con lo girado en 2020, la disminución total es del 14%. Por otro lado, el acceso al crédito y los recursos para la gestión del riesgo son dos temas fundamentales para proteger el desarrollo del campo y cuidar la generación de empleos que impulsa”, precisó. Corrales, del Centro Democrático, manifestó que el Programa de Renovación de Cafetales aún no tiene cofinanciación del Gobierno Nacional y es muy importante, porque es un sector que ha avanzado en medio de la pandemia y ha ayudado a la economía del país. El congresista Jorge Londoño dijo que el campo tiene rostros humanos de desesperanzas y promesas incumplidas. “Con la pandemia pensamos que nuestros campesinos serían mejor tratados, porque le cumplieron a Colombia abasteciendo las ciudades y no hubo hambruna. En 2021 la reducción del presupuesto de todo el sector agropecuario perderá el 26%, mientras que el sector minero crece 27% en relación al 2021. A la agencia rural se le disminuye el presupuesto, se desestimula proyectos productivos, comercialización, de distritos de riesgos, adecuación de tierras, entre otros temas”, destacó el congresista de la Alianza Verde. La legisladora Maritza Martínez dijo que no están satisfechos con la asignación para el sector agropecuario, cuando genera el 16% de los empleos del país. “El presupuesto para 2021 debía ser de $3.2 billones si hubiéramos seguido el presupuesto que se destinó en 2018. El Dane informó que entre abril y junio la economía sufrió una caída 15% y las tres actividades que más crecieron fueron inmobiliarias, financieras y agricultura, pero cuando vimos por actividades del sector agro, todas las actividades sufrieron deterioro en la producción. No hubo mayor productividad”, destacó la senadora del partido de La U. Por su lado, el senador Miguel Barreto aseguró que están muy preocupados en los departamentos agropecuarios (Tolima, Boyacá, Meta, Caquetá), porque no hay repunte en ese sector. “Lo que queremos es dejar una reflexión al Gobierno y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El Ministerio de Agricultura debería tener un presupuesto como mínimo de dos puntos del total del Presupuesto Nacional como mínimo”, recalcó el legislador. El congresista Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, destacó que el Gobierno esté dedicado a implementar en Colombia el Catastro multipropósito para conocer todos los predios y saber qué se puede hacer con ellos. “Si pudiéramos actualizar más rápidamente el catastro multipropósito solucionaremos problemas que tiene el sector agropecuario. El llamado a que haya celeridad. El llamado al ministro Carrasquilla es a solucionar el problema de la falta de internet en el sector rural. Sobre las vías terciarias hay que decir que en los últimos diez años no se ha invertido un solo peso”. Por la Farc, Pablo Catatumbo dijo que la tasa de desempleo hace un año era 10.5%, se había reducido en 170 mil los puestos de trabajo y el sector agropecuario registró la mayor pérdida. “Desde antes de la pandemia, el sector agropecuario presentaba compleja situación por pérdida de empleo. Si este tema ha empeorado, no sabemos qué puede suceder si no se toman las medidas correctas. No entendemos la contradicción de salvar el empleo y no invertir en el sector agropecuario. Sin recursos para campesinos El legislador Didier Lobo aprovechó la sesión para lamentar en la Comisión Quinta del Senado que fue a conseguir recursos al Ministerio de Agricultura para los campesinos del Cesar, pero salió triste. “Ministro lo visité la semana pasada en su despacho y cuando me preguntaron cómo me fue, lo que pude decirles fue que salí triste”, comentó. La senadora Sandra Ortiz, Alanza Verde, llamó la atención al Gobierno, porque las partidas del sector agropecuario fueron recortadas y recordó que una situación como esa llevó a un paro agrario. “Catorce billones de pesos en el Ministerio de Hacienda. Gestión de Recursos Públicos $4 billones. Le podemos trasladar un billón al sector. Intersectorial del Gobierno $4 billones. Fortalecimiento de Recaudo $6 billones. En Hacienda hay ítems que tienen más recursos para el sector agropecuario. Ministro en buena onda. Renegociamos los TLC”. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, descartó que para afrontar la pandemia y financiar el Presupuesto 2021 vaya acudir a un crédito del Banco de la República. “Lo primero es que el Banco de la República ya está haciendo una gran expansión monetaria. El sistema de pagos se ha visto favorecido con un mayor aumento de la base monetaria. Lo segundo es que nosotros no tenemos cerrados los accesos a otras formas de crédito. No tenemos susto de elevar el endeudamiento. Lo tercero es que el Emisor puede ampliar la oferta de dinero, pero necesita que haya demanda. Y en países como el nuestro es posible que la demanda

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Mujeres congresistas solicitan más recursos para programas de género

La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer analizó junto con el Gobierno Nacional el trazador del presupuesto 2021 para las políticas públicas de mujeres. Al iniciar la sesión, la presidenta de la Comisión, la senadora Nora García Burgos del Partido Conservador, afirmó que “tenemos muchas herramientas para continuar empoderando a nuestras mujeres, por eso necesitamos saber cuál es el presupuesto para los programas que propenden por su realización”. Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión, Irma Luz Herrera, resaltó la importancia de contar con un anexo presupuestal de mujeres en el Presupuesto General de la Nación. ”Esto nos permitirá saber los recursos para los programas, será una herramienta fundamental para el seguimiento del presupuesto en los próximos años”, dijo la legisladora, quien aseguró que las mujeres han sido las más afectada por la pandemia y se necesitan recursos para su reactivación económica y protección de la violencia intrafamiliar. En su presentación, la directora de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, Marcela Numa, manifestó que los recursos serán asignados, según los programas presentados, para el desarrollo de las políticas de género en el país. La funcionaria informó que en el Presupuesto General de la Nación-PGN para la vigencia 2021 se asignarán recursos por el orden de 1.83 billones de pesos, en 38 entidades que manejan programas de equidad de género; tales como la autonomía económica, participación en las tomas de decisiones, salud y derecho sexual reproductiva, educación y acceso a las nuevas tecnologías y mujer libre de violencia. Numa expuso que 12 mil millones de pesos serán para funcionamiento y el resto para los programas de inversión. En su momento, Laura Tobón, del Departamento Nacional de Planeación-DNP, sostuvo que para lograr cerrar las brechas que indica el Plan Nacional de Desarrollo-PND, entre hombres y mujeres, es necesario promover la equidad de género, para eliminar las barreras existentes en la participación de las colombianas en el proceso de desarrollo. Intervención de las congresistas la senadora Aída Avella (Decentes), solicitó al Gobierno Nacional que especificara los recursos asignados para las Secretarías de las Mujeres en las regiones. También pidió que estudie la posibilidad de salvar a los 30 mil estudiantes de la Universidad Nacional, con la matrícula cero, teniendo en cuenta la crisis económica del país. Entre tanto, la senadora Liberal Laura Fortich hizo un llamado para que se fortalezcan los rubros para los programas de la población más vulnerable del país y para tratar la violencia contra las mujeres. Al igual que los que protegen los derechos de los niños y niñas. “Las brechas entre hombres y mujeres, no disminuirán con estos presupuestos”, afirmó. De igual manera, la senadora Ana María Castañeda, (Cambio Radica), consideró que “hay muchas inequidades existentes. Con este presupuesto no veo soluciones para disminuir las brechas de género. Necesitamos que se les cumpla a las mujeres del país los objetivos que vemos inalcanzables”. La congresista solicitó aumento en el presupuesto con enfoque de género. Asimismo, la legisladora Ruby Chagüi del Centro Democrático, manifestó su preocupación por el déficit de 2.2 billones de pesos en el DPS. “Me preocupa que se afecten los programas de prosperidad social y de mujer rural”, aseveró. Finalmente, las congresistas presentaron su inconformidad por la disminución de los recursos para el desarrollo de los programas con enfoque de género. Especialmente en los temas de mujer rural, desempleo, emprendimiento, violencia y salud y pidieron que se revise bien en el PGN. Tomado de la página web del Senado  Imprimir    Correo electrónico

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CAMBIO DE RÉGIMEN PENSIONAL, UN ASUNTO DE JUSTICIA SOCIAL

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad”. Así mismo expuso que “De ahí que, inexorablemente, irradie la importancia de que las personas, al momento de escoger el régimen que más les beneficie según sus condiciones sociales y económicas concretas, estén debidamente asesoradas”. En el Congreso de la República se está debatiendo un Proyecto de Ley que tiene por objeto permitir por un breve lapso (6 meses) el traslado de afiliados entre Regí- menes de Pensiones. El término de Justicia Social se entiende como la “necesidad de lograr un reparto equitativo de bienes sociales a los que toda persona tiene derecho”. En otras palabras, la justicia social se enfoca, en la “repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad como, por ejemplo, el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los Derechos Humanos”. Es tan importante este valor en la sociedad, que la Organización de Naciones Unidas instituyó el Día Mundial de la Justicia Social, el cual de acuerdo a lo establecido por la ONU, debe orientarse a “erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos”. Ahora bien, en Colombia toda persona que cumpla con los requisitos establecidos (edad y semanas cotizadas) tiene derecho a gozar de una pensión; estando este derecho intrínsecamente ligado al concepto de Estado Social de Derecho, y garantizando el descanso remunerado y digno de una persona como resultado de años de trabajo permanente y prolongado. Sin embargo, en la práctica vemos que el derecho a la pensión ha sido a lo largo de los años, uno de los más problemáticos y cambiantes, puesto que cada vez se hace más difícil cumplir con las condiciones y requisitos legales para acceder a la misma. Tan es así que, para mediados de 2019 la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) informó que 6 de cada 10 afiliados al sistema de pensiones no logran obtenerla, un equivalente a tan solo el 37% de trabajadores que cumplen la edad de retiro. Desde el año 1994, mediante la Ley 100 de 1993, Colombia adoptó un modelo paralelo de seguridad social en pensiones, caracterizado por la competencia entre régimen público (Régimen de prima media – RPM), y privado (Régimen de ahorro individual con solidaridad – RAIS). Sin embargo, en la implementación de estos modelos y de la ley en general, se presentaron falencias desde el inicio, las cuales generaron desprotección a los usuarios, así como vulneración de sus garantías, al momento de escoger entre permanecer en el Régimen de Prima Media o acceder al nuevo régimen (RAIS). Lamentablemente se presentó la circunstancia de que muchas personas debieron tomar esta decisión en medio de total desinformación, desconocimiento, y sin contar con la asesoría de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pues estas omitieron la obligación de brindar la información adecuada, oportuna, completa y precisa, que permitiera al usuario tomar la decisión más favorable a su calidad de vida durante la vejez. La información, un derecho La información, un derechoDe acuerdo a lo establecido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la información es considerada como “un derecho de todo ciudadano a enterarse sobre aquello que desconoce, de manera clara, detallada y Juan Carlos Wills Ospina, representante a la Cámara. “Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad”. Así mismo expuso que “De ahí que, inexorablemente, irradie la importancia de que las personas, al momento de escoger el régimen que más les beneficie según sus condiciones sociales y económicas concretas, estén debidamente asesoradas”. 31 transparente, acerca de situaciones que pueden llegar a ser de su interés; es un derecho fundamental y, correlativamente, una obligación del Estado hacerlo respetar y garantizar su cumplimiento”. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho lo siguiente: “La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información. La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad”. Así mismo expuso que “De ahí que, inexorablemente, irradie la importancia de que las personas, al momento de escoger el régimen que más les beneficie según sus condiciones sociales y económicas concretas, estén debidamente asesoradas. Es así, pues la información asimétrica referente a la forma en que operan tanto el RPM como el RAIS, de suyo comprometen la escogencia libre y consiente de los afiliados y, en consecuencia, deba la misma quedar sin efectos”. Juzgados sofocados con procesos judiciales Por esto, ante la falta de información y doble asesoría por parte de las AFP, al día de hoy los juzgados laborales se encuentran sofocados con cientos de procesos judiciales en los que se pretende declarar la nulidad del traslado de afiliados que se encontraban en el Régimen de Prima Media y que migraron al Régimen de Ahorro individual administrado por los fondos privados de pensiones. Esto teniendo en cuenta que la ley establece que si al usuario le faltan 10 años o menos para cumplir la edad de pensión, no es posible hacer cambio de

CAMBIO DE RÉGIMEN PENSIONAL, UN ASUNTO DE JUSTICIA SOCIAL Read More »