mayo 31, 2026

Cámara: Cámara de Representantes

La creación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad en Colombia, tema de discusión en comisión Quinta de la Cámara de Representantes

En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se llevó a cabo debate de Control Político a la Ministra de Ambiente y Biodiversidad Susana Muhammad. Dentro de las aclaraciones hechas por la ministra se informa que se logró en la reforma tributaria crear el fondo por el cual se garantizará que el 80% del impuesto del carbono para gestión y conservación ambiental, que se destinen los recursos para el aumento de la participación del sector en los territorios, el cual tiene como objetivo articular, gestionar y financiar los proyectos que contribuyan en la gestión ambiental y disminución del cambio climático. Los recursos serán administrados por una sociedad fiduciaria, la cual financiará planes, programas y proyectos de índole ambiental de manera eficiente, éste garantizará la articulación estratégica de actores locales, regionales, nacionales e internacionales para generar las transformaciones sostenibles en los territorios y facilitar la canalización de recursos de distintas fuentes para las intervenciones ambientales a gran escala. Esta instancia articulará con el Sistema Nacional Ambiental, que dará cuenta desde la planificación integral, de la atención de las prioridades y realidades de los territorios y las comunidades. Se espera que, con la firma del decreto para los próximos días, se avance en la apertura de las licitaciones de las fiduciarias y demás estructuras que se requieren para dar funcionamiento efectivo al fondo. Así mismo, este fondo será el escenario de una real integración de cada sector del gobierno, como agricultura, ambiente, educación, cultura, comunicación, defensa, en la lógica y conciencia de la urgente necesidad de iniciar la mitigación del cambio climático, lograr un cambio real de la lógica de la inversión pública, sumada a la estructuración de programas con otros sectores de la sociedad, el sector privado, la cooperación internacional, en función de los servicios ambientales, como por ejemplo, el alivio de la deuda pública externa por naturaleza, la gestión de los mercado de carbono sin intermediarios y certificadores. Así como conservar la autonomía y soberanía a través de la inversión del estado y el esfuerzo de los moradores de las tierras, con capacidades públicas para la conservación y restauración de los suelos. El fondo dará garantías al sistema de recaudo para el cuidado de la naturaleza e inversión del sector ambiental, la dispersión de los fondos existentes en las diferentes instancias que permita una acción contundente con los recursos, que incluya nuevos proyectos, inversiones, acuerdos internacionales, el posicionamiento de la deuda, impuestos de carbono,  las multas del sistema, en una sola bolsa que garantice la gestión ambiental en Colombia, que a su vez contribuya a mitigar las causas del cambio climático, y poder hacer macro proyectos que fortalezcan la alianza con grandes aliados para detener la pérdida de biodiversidad, y la transformación ambiental colombiana a mediano y largo plazo. Tomado por la Cámara de Representantes

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Presupuesto del 2024 y debates de control, entre los temas de la semana

En la plenaria del martes el presidente Andrés Calle, informará cuáles representantes integrarán la comisión accidental sobre la reforma a la salud. Una actividad legislativa centrada en temas económicos, el seguimiento al plan nacional de desarrollo, la discusión de un proyecto de ley sobre la obligación de presentar un examen médico a los funcionarios como el presidente de la República, son algunos de los temas que se debatirán en la Cámara de Representantes el 11 de septiembre. El principal asunto que centrará la actividad de la Cámara tiene que ver con el presupuesto general de la nación para el año 2024.  El lunes en la Comisión Tercera se tienen citados entre otros a los ministros de Ciencia, TIC, Ambiente, Agricultura y Minas, para que expliquen el monto asignado para el otro año. El martes, ya en sesión de comisiones económicas conjuntas, se empezará a votar el presupuesto. La Comisión Primera, tiene agendado, entre otros, el proyecto medio del cual se establece la práctica obligatoria de un dictamen médico integral anual para cargos uninominales electos democráticamente, como por ejemplo el presidente de la República, que es de autoría del Carlos Felipe Quintero Ovalle (Partido Liberal). Por su parte la Comisión Segunda, prevé estudiar el proyecto de ley que establece el 12 de octubre de cada año como el día de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana; mientras que en la Comisión Quinta se ha citado a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para explique los impactos, el alcance y desarrollo del decreto que pretende reglamentar los artículos 223 de la Ley 1819 de 2016 y 196 de la Ley 2294 de 2023 o plan de desarrollo. En la plenaria, el martes, de acuerdo al anuncio del presidente de la Cámara, Andrés Calle, se conocerá cuáles congresistas integrarán una comisión accidental que llevará un informe sobre el proyecto de reforma a la salud, el cual está para segundo debate y tiene cerca de 400 proposiciones de modificación. El miércoles está citado el debate de control político, en la Comisión II a los ministros de Defensa e Interior, Iván Velásquez y Luis Fernando Velasco,  para que informen sobre los resultados de la implementación de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías Para la Vida y La Paz” que tiene como propósito principal la protección de la vida y de la prórroga de la Ley 418 de Orden Público. Tomado por la Cámara de Representantes

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Plenaria de la Cámara arrancó votación de la reforma a la salud

En la sesión se negaron impedimentos, como también se hundió la ponencia negativa que pedía el hundimiento. Tras más de 8 horas de discusión, la plenaria de la Cámara de Representantes inició este martes la discusión del proyecto de ley de la reforma a la salud. La plenaria, en primer lugar superó la discusión de 21 impedimentos, los cuales fueron negados. Luego se dio una amplia discusión a la ponencia negativa que presentaron los representantes Juan Felipe Corzo (Centro Democrático) y Betsy Pérez (Cambio Radical), la cual se negó. El presidente de la Cámara, David Calle Aguas, previo a este momento, anunció que procederá a integrar la subcomisión que se había aprobado la semana anterior en la plenaria, la cual buscará presentar un informe para buscar un entendimiento en la reforma. “En cumplimiento de mi deber como presidente de la Cámara en brindar las garantías necesarias para todas las fuerzas políticas de la corporación, crearemos una comisión accidental para estudiar las proposiciones que tiene el articulado y concertar un texto. Debido a la urgencia que tiene nuestro país, de dar el trámite del debate del proyecto que busca reformar el sistema de salud en Colombia y previendo no se presenten dilaciones injustificadas al mismo se estipularán, conforme a lo dispuesto por la ley 5ta, los plazos, miembros, cronogramas y términos de las actividades que den cumplimiento al objetivo de la Comisión Accidental”. Precisó el presidente Calle que la comisión accidental que la misma funcionará “con los principios que establece la Constitución y la ley quinta como lo es el principio de instrumentalidad de las formas, economía y racionalidad en el procedimiento legislativo y la diligencia parlamentaria. Esto significa que, bajo estos principios, la discusión de un proyecto de ley inicia cuando se aprueba el informe de ponencia, por lo que agotando estos puntos en el trámite del proyecto, anunciamos que se suspende el debate hasta que la comisión accidental RINDA UN INFORME Y SE PRESENTE ANTE LA PLENARIA”. El presidente Calle espera que ese informe logre “conciliar las más de 390 proposiciones que se han presentado al proyecto de reforma”. La discusión del proyecto seguirá este miércoles, luego de un debate de control político al gobierno sobre el tema de la seguridad en el país. Tomado por la Cámara de Representantes

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A dos debates de convertirse en ley, prohibición de fracking en Colombia

El Gobierno del Cambio sigue comprometido en la lucha del cuidado de los ecosistemas y la protección del agua en el país. A dos debates de convertirse en ley de la República la prohibición del fracking y los yacimientos no convencionales en Colombia, el Gobierno Nacional ratifica su posición sobre esta iniciativa que busca proteger el agua, el suelo y los ecosistemas del país en medio de la crisis climática. En la Audiencia Pública citada por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, hizo un fuerte llamado al país para que se genere conciencia sobre los impactos que traería el fracking en medio de la crisis climática que ya enfrenta Colombia. “Nos preguntan por qué no aprobamos los pilotos de fracking, ¿los vamos a hacer sin saber sus impactos en la geología colombiana?, ¿vamos a profundizar riesgos y a inyectar 44 millones de litros de agua para un pozo que solo permite sacar cunchos de petróleo? Debemos pensar en las comunidades, en las regiones y en la tierra”, comentó la Ministra. Así mismo, Muhamad afirmó que “los colombianos debemos preguntarnos si en plena emergencia de crisis climática que estamos viviendo se debe ampliar la frontera de producción de hidrocarburos a través de técnicas no convencionales que tienen mayor impacto sobre el uso del suelo y el agua. El Acuerdo de París no solo fue ratificado por este Congreso, es ley de la República, además el Congreso aprobó la Ley de Acción Climática con nuestras metas de descarbonización de 51% al año 2030”. La Ministra describió con detalle los daños que puede ocasionar este tipo de práctica en los suelos y fuentes hídricas del país, las cuales estarían en riesgo por el uso desmedido de químicos que en un 75% son tóxicos para el ambiente y la salud humana. “Lo que debemos hacer es descarbonizar, no ampliar la oferta con prácticas inciertas. Tenemos siete años para reducir las emisiones en un 45%. Es un efecto acumulativo, si no reducimos las emisiones no hay ventana de oportunidad y no podremos cumplir con el Acuerdo de París; con el fracking no lo lograríamos», recalcó. Durante la audiencia, las comunidades también tuvieron la oportunidad de intervenir y mostrar sus puntos de vista en contra del fracking, así como los aprovechamientos reales que se le pueden dar a los suelos productivos en Colombia. Además, Muhamad aseguró que “el fracking no afecta la economía. Esto no estaba proyectado en las cuentas fiscales del Gobierno Nacional, por lo que no habrá ningún tipo de riesgo económico”. Datos claves sobre Fracking Un pozo de fracking necesita 44 millones de litros de agua, la misma que se podría usar para suministrar a toda la comunidad de Puerto Wilches, municipio donde se proyectaron los pilotos. El 90% del agua utilizada para el fracking no se puede reutilizar para el uso en agricultura o consumo humano. El 75% de los químicos que se usan para el fracturamiento de rocas contaminan las fuentes hídricas y los subsuelos donde se realiza la exploración. Los pilotos no tienen estudios previos y se desconoce el daño causado en los suelos donde se realizaría este proyecto. El 25% de las personas alrededor de proyectos de fracking desarrollan algún tipo de cáncer o presentan enfermedades a corto plazo. Tomado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

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La DIAN sigue a pasos lentos mientras los evasores continúan eludiendo al fisco

En Cámara cuestionan acciones de la DIAN contra la evasión y elusión Advierten que sï bien la modernización de la entidad es la carta principal para combatir esos delitos, su avance es incierto. La Dian todavía no sabe cómo recaudar los 80 billones de la evasión. “No existe certeza de que en 2024 la lucha contra la evasión pueda aportar los cerca de $10 billones que se propone la DIAN”, advirtió al director de esa entidad Luis Carlos Reyes, la representante a la Cámara de la U, Saray Robayo Bechara. Durante el debate de control político en la Comisión Tercera de la Cámara, la congresista, afirmó que, desde la aprobación de la Reforma Tributaria, finalizando 2022, la DIAN cuenta con las herramientas que pidió para solucionar la pérdida de $80 billones por evasión en el país, sin que hasta ahora se vean resultados eficaces y contundentes para combatir ese flagelo. Según Robayo Bechara, las acciones aún no son muy claras y aún estamos hablando de una quimera sobre la que no se puede construir el país.  y se necesita realizar un verdadero trabajo decidido para hacer frente a la evasión. Si bien, el tema central del debate se centró en la lucha contra la evasión, Saray Robayo Bechara, pidió al director de la DIAN activar más estrategias para prevenir el contrabando, especialmente, el del tabaco, ya que en la región Caribe las cifras están por encima del 60% e incluso en Sucre, alcanza el 90%. La legisladora alertó que este no es un tema menor, porque está relacionado con rentas criminales que ponen en riesgo la seguridad de los tenderos y que limitan la efectividad de las medidas que desde el Congreso y el Gobierno se adelantan para desincentivar el consumo de tabaco. Robayo hizo énfasis en que la modernización no puede demorar la ejecución de correctivos por decisiones de la dirección de la DIAN. “Es fundamental que se agilice la modernización de la entidad que está a más de la mitad de ejecución y cambiarlo afectaría la crucial lucha contra la evasión”, subrayó. Finalmente, dijo que la acción de la DIAN debe ser proactiva, que se debe proyectar con responsabilidad porque el país necesita certezas y no solamente discursos quiméricos que podrían crear falsas expectativas. Tomado por la Cámara de Representantes

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Representantes se manifiestan sobre la situación de riesgo en Cundinamarca y Meta

En las últimas semanas, las comunidades del Oriente Cundinamarqués y de la cordillera del Meta se han visto fuertemente afectadas por constantes deslizamientos de tierra en medio de lluvias torrenciales y eventos sísmicos que han afectado a toda la región. Pérdidas materiales, de viviendas, de trabajos y de tranquilidad aquejan a habitantes de los municipios como Quetame (Puente Quetame), Medina y Guayabetal en Cundinamarca, y El Calvario en el Meta quienes, desde hace varias semanas, claman por el acompañamiento de los gobiernos locales, departamentales y del gobierno nacional. Dicha situación también ha generado que la región de la Orinoquia esté prácticamente incomunicada con el centro del país a raíz de la caída de material en los puntos críticos de la vía al Llano, lo cual ha llevado incluso a que los habitantes de los sectores aledaños al corredor vial hagan uso de su derecho a manifestarse pública y pacíficamente para exigir soluciones definitivas de parte de las autoridades, por ejemplo, en la intervención de, al menos, seis viviendas que necesitan ser reconstruidas en el municipio de Guayabetal. Celebramos el Plan de Contingencia Operativa concertado en el Puesto de Mando Unificado – PMU, los compromisos acordados para el tránsito de habitantes y trabajadores de los diferentes municipios afectados, labores de limpieza de la calzada, subsidio para comerciantes de la vía y mitigación del riesgo. No obstante, como miembros de la Comisión Accidental de Seguimiento al Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres de la Cámara de Representantes, apoyamos la solicitud del alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, en cuanto a la imperiosa necesidad de realizar una declaratoria de emergencia social y económica para atender la grave situación que atraviesa la región de los Llanos Orientales y las provincias de Oriente, El Guavio y Medina en Cundinamarca. También hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, a las oficinas de Gestión del Riesgo del Meta y Cundinamarca, a la Concesionaria COVIANDINA y a las comunidades afectadas de los diferentes municipios a instalar una mesa de diálogo en el marco de esta comisión para hacer seguimiento a las soluciones a corto, mediano y largo plazo que permitan brindar apoyo a las comunidades que tanto lo necesitan en estos momentos. La gestión del riesgo es un tema de vital importancia para el país, sobre el que debemos estar preparados. Cuenten con el acompañamiento de los y las integrantes de esta comisión accidental como articuladores del proceso para el bienestar de los y las colombianas. Tomado por la Cámara de Representantes

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Por un Congreso más transparente: radican proyecto de rendición de cuentas y organizaciones se suman a la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Representantes

Un grupo multipartidista de congresistas radicó proyecto de ley para promover la transparencia entre el Congreso de la República y la ciudadanía. Así mismo, se formalizó compromiso con la MOE, el PNUD, Transparencia por Colombia, UniAndes, el Instituto Anticorrupción y el ICP para conformar la secretaría técnica de la Comisión Anticorrupción y de Integridad Pública. El pasado miércoles 23 de agosto, fue radicado el proyecto de ley estatutaria, de la autoría de los congresistas Cathy Juvinao, Angélica Lozano, Julio César Triana, Germán Blanco y David Racero, por medio del cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre congresistas y ciudadanos, estableciendo mecanismos para la rendición de cuentas. En coautoría respaldan el proyecto los congresistas Andrés Calle, Alejandro García, Jaime Raúl Salamanca, Elkin Ospina, Juan Sebastián Gómez, David Luna, Daniel Carvalho, Carolina Giraldo, Duvalier Sánchez y Wilder Escobar. El proyecto busca que senadores y representantes a la Cámara informen, expliquen y den a conocer su gestión a través de informes públicos, que podrá consultar la ciudadanía de manera digital, en donde reporten información como sus proyectos de autoría, proposiciones y constancias presentadas en comisiones y plenarias, debates de control político promovidos, denuncias ciudadanas, audiencias públicas y mesas técnicas convocadas, acciones adelantadas ante organismos del estado y los viajes internacionales realizados en calidad de congresista. Así mismo, se plantea que los congresistas convoquen espacios de diálogo público al finalizar cada legislatura para socializar su gestión de manera virtual o presencial. Juvinao expresó que este proyecto hace parte de la agenda de transformación del Congreso y añadió que “estamos cumpliendo un mandato de la ciudadanía que fue respaldado por 11 millones de personas en la consulta anticorrupción 2018 para que los congresistas fueran más transparentes en sus labores. Además, en mi calidad de vicepresidenta de ParlAméricas, impulsamos este compromiso que tiene el Congreso de Colombia como miembro de la organización para tener un parlamento abierto que materialice los reclamos ciudadanos y recobre legitimidad; esto solo se logra si la gente conoce lo que aquí hacemos a través de la rendición de cuentas”. Juvinao y Racero, coordinadores de la Comisión Anticorrupción y de Integridad Pública de la Cámara de Representantes, instalaron la secretaría técnica de la comisión, que está integrada por la Misión de Observación Electoral (MOE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Transparencia por Colombia, la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, el Instituto Anticorrupción y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózafa (ICP) con el objetivo de brindar apoyo técnico y temático en materia de lucha contra la corrupción, promover iniciativas orientadas a este fin, hacer seguimiento y elaborar reportes de riesgos de corrupción en los proyectos y reformas en curso, generar espacios de discusión con expertos y academia y asesorar a la Comisión en controles políticos por casos de corrupción. Tomado por la Cámara de Representantes

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“El precario servicio de salud para las mujeres se presenta en zonas rurales y en barrios marginales de las ciudades”

Así lo advirtió el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, durante una sesión formal de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de la Cámara de Representantes. Una advertencia hizo este miércoles el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios Jaime Hernán Urrego, en el Congreso de la República, al afirmar que, pese a que la Entidad invierte 47 billones de pesos para garantizar los servicios de salud de 25 millones de mujeres colombianas, los indicadores de gestión del riesgo son precarios. Para el viceministro Urrego, la deficiente cobertura de citologías, mamografías y demás enfermedades que afectan la salud de las mujeres, se presenta en zonas rurales y en los barrios marginales de las principales ciudades. En ese sentido, el funcionario, durante su intervención en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de la Cámara de Representantes, invitó a la reflexión de todos los actores involucrados y a la sociedad en general para abrir el debate acerca de qué tipo de modelo de salud se requiere en Colombia. “Nuestro desafío, desde el Ministerio de Salud, es vigilar que los recursos que hemos destinado para garantizar la salud de las mujeres se ejecuten como lo mandan la Constitución y la ley”, precisó el doctor Urrego. Así mismo, el Viceministro de Salud afirmó que el Ministerio invierte de manera directa cerca de 10 mil millones de pesos para atender a las mujeres en temas como derechos sexuales y reproductivos y prevención de la violencia. Durante su exposición, el doctor Urrego también dio a conocer 11 estrategias que la Entidad desarrolla en pro de la política pública de las mujeres para la vigencia 2023-2024, dentro de las cuales se destacan: – La recuperación, fortalecimiento y modernización de la red pública hospitalaria en zonas con baja oferta de servicios. – El fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios territorializados permanentes y sistemáticos para garantizar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en las mujeres. – La formulación de políticas de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres libre de violencia. Tomado por el Ministerio de Salud

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Avanzan las garantías por los derechos de las personas buscadoras de víctimas por desaparición forzada

En un encuentro liderado por la representante del Huila Leyla Marleny Rincón Trujillo en el marco del proyecto de ley No. 242 de 2022. Se reunió la Red de Buscadoras y Buscadores del Sur en el Salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República el 16 de agosto. En dicho evento, se buscó continuar el diálogo formativo y la construcción conjunta para reconocer y proteger de forma integral la labor y los derechos de las personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada. La Red de Buscadoras y Buscadores del Sur “Tras las huellas de la vida” ha logrado articularse con más de 250 familias buscadoras de personas desaparecidas en el departamento del Huila, logrando una importante labor de incidencia para posicionar este tema en la opinión pública. La representante Leyla Marleny Rincón Trujillo destacó la importancia de reconocer y proteger la labor de las personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada, señalando que su valor es una contribución vital a la sociedad. “Este encuentro representó una oportunidad para honrar la memoria de las víctimas y avanzar en la consolidación de la paz total en Colombia”, aseguró la congresista. Es importante destacar que el objetivo principal de la Red de Buscadoras y Buscadores del Sur es encontrar, en compañía de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a las más de 1.200 personas que se han reportado como dadas por desaparecidas en el departamento del Huila, pero, además, la Red le apuesta a la articulación con diferentes actores estratégicos sociales e institucionales, que son necesarios para continuar en el trabajo de visibilizar la desaparición como fenómeno en el sur del país, garantizar la búsqueda como un derecho, buscar el acompañamiento psicosocial y psicoemocional a las buscadoras, consolidar estrategias de reparación y memoria, reconocer y reivindicar el rol de las personas que buscan y generar sostenibilidad para la Red misma como un espacio de contención colectiva. La Red de búsqueda continúa recolectando información documental para el proceso de acreditación colectiva como víctimas ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). Durante el encuentro, los asistentes compartieron un emotivo momento en el que se presentó un gran telar en forma de mariposa que, simbólicamente, representa la esperanza de volar tras encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Este telar fue hecho por habitantes de diversos municipios del Huila y recoge las historias de dolor y sufrimiento tras la desaparición de sus seres queridos. Asimismo, se invitó a los asistentes a firmar el telar como símbolo del compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas, haciendo de esta iniciativa un gran pacto social en el que se comprometieron a luchar por la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas del conflicto armado y la desaparición forzada en Colombia. En paralelo a este encuentro, se aprobó la semana pasada, en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley No. 242 de 2022, liderado por el ponente HR. Alirio Uribe Muñoz. Este proyecto de ley busca reconocer y proteger los derechos de las personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada en Colombia, adoptando medidas de prevención, información, atención y sensibilización de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos y mandatos legales previos. Entre las medidas contempladas, se destacan los principios que guiarán la interpretación y aplicación de la ley, así como los deberes del Estado frente a las personas buscadoras. Asimismo, se reconoce el rol de estas personas como constructoras de paz y se establecen medidas de sensibilización pública y la rendición de un informe anual ante las comisiones de Derechos Humanos y Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República. La aprobación de esta ley representa un gran avance en la protección de los derechos de las mujeres y personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada en Colombia y es vital para hacer justicia a las víctimas y reivindicar su labor en la sociedad. Tomado por la Cámara de Representantes

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Radicado proyecto de ley que crea el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación

Hoy los representantes Eduard Sarmiento, David Racero, Tamara Argote, del Pacto Histórico, junto a Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde y la senadora Gloria Flórez, radicaron el Proyecto de Ley cuyo fin es crear el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación. El corazón de este proyecto de ley es la creación de una nueva arquitectura institucional y normativa para la gobernanza alimentaria basada en los derechos humanos, en la que participen en la toma de decisiones de manera amplia y verdadera las y los titulares de derechos. Se busca configurar el escenario para la construcción de una Política Pública Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, mediante un proceso amplio y participativo de quienes viven las realidades desde su territorio. Además, el proyecto establece otras medidas encaminadas a generar avances en la transparencia y rendición de cuentas frente a la situación del derecho a la alimentación, el monitoreo de la política pública y la promoción de una alimentación saludable y sostenible. Para este fin, entre otras instancias se destaca la creación del Observatorio de Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (ODHANA). Como afirma Juan Carlos Morales González, director ejecutivo de FIAN Colombia, “Este proyecto de ley, que surgió de las organizaciones sociales, ayudará a superar la situación alimentaria del país transformando los condicionantes estructurales que nos han llevado al actual estado de cosas. El sistema dará coherencia a las distintas políticas alimentarias vigentes en Colombia con la participación de quienes son titulares de derechos”. Una de las maneras de proteger el sistema más allá de los sucesivos gobiernos, es consagrarlo en el marco de una Ley de la República. Así las cosas, no basta con que el Sistema quede dentro del Plan Nacional de Desarrollo, o planteado a través de decretos de gobierno, es importante asegurar su permanencia en el ordenamiento nacional y darle operatividad, presupuesto y dolientes a la realización y la garantía del derecho a través del sistema. Así mismo, el también autor y Representante del Pacto Histórico, Eduard Sarmiento dijo que: “para el gobierno del cambio es fundamental encaminar acciones para la consolidación de la soberanía, las autonomías y la seguridad alimentaria como escalas de realización del derecho humano a la alimentación como derecho fundamental para la vida digna, no podemos seguir viviendo en un país con hambre en nuestro país”. Otro de sus autores, el Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, afirmó: “el gran Acuerdo que debe construir este país es la erradicación del hambre. Es un compromiso y un deber, del Gobierno Nacional y del Congreso abordar esta problemática con una mirada multidimensional para dar respuestas estructurales, especialmente a las poblaciones y territorios más afectados por el hambre”. Tomado por la Cámara de Representantes

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