junio 2, 2026

Paz

“Con la paz no se juega”: Fiscal Néstor Humberto Martínez

Martínez además desmintió que la Fiscalía haya levantado la suspensión de las órdenes de captura que habría solicitado en su momento el Gobierno Nacional en el marco de la Ley 418. El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aclaró que la Fiscalía General de la Nación no posee una orden de detención con fines de extradición en contra del exjefe guerrillero Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez. “No es cierto, como se dice en los territorios de consolidación, que por virtud de una orden de captura que habría librado la Fiscalía, el señor Márquez tuvo que salir del espacio territorial en que se encontraba y que supuestamente una hora después de su salida habría llegado el Ejército Nacional a hacer efectiva esa orden de captura. No es cierto ni lo uno ni lo otro”, explicó el alto funcionario a través de un comunicado de prensa. En el oficio se argumenta que la situación jurídica de las nueve personas que se encuentran bajo indagación en estos momentos, de las cuales la mayoría formó parte del viejo Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debe examinarse desde los siguientes escenarios: El primero es que conforme a la Ley 418, si el Gobierno del Presidente Duque, de acuerdo con los dictados de la ley, tal como ha sido modificada esa ley, opta por solicitarle a la Fiscalía que se levante la suspensión de las órdenes de captura, esta deberá proceder de conformidad con esa solicitud. “Sin embargo, el Gobierno Nacional no le ha solicitado el levantamiento de esa suspensión a la Fiscalía General de la Nación”, agregó. En segundo lugar si estos reinsertados reinciden en el delito y violentan ese principio medular de la paz que es la no repetición, el fiscal Martínez podrá “exigir el cumplimiento de la ley, porque los reincidentes están sometidos a la jurisdicción ordinaria sin ningún tipo de discusiones ni de conflictos de competencia con ninguna otra jurisdicción, porque el que la hace la paga, pero esa no es la regla de lo que hemos venido advirtiendo que se haya violentado esa frontera para llegar a la ilegalidad, por lo cual no hemos proferido ordenes de captura en este momento”. “Si como lo dice Naciones Unidas se ha incumplido el acuerdo de paz, procedería ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), iniciar el incidente de incumplimiento de que habla la Ley 1922 de este año, y ese incidente lo podríamos promover la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, las víctimas o de oficio la propia JEP y declarar el incumplimiento por parte de los reinsertados con las consecuencias que establece la ley y la sentencia de la Corte Constitucional que habla de la pérdida de los beneficios para estos reincidentes, que incumplan el acuerdo de paz”, indicó el documento como tercer escenario. “Sin embargo esa actuación judicial puede empezar a estar empañada porque tengo que declararle al país que la Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios, unos inescrupulosos estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la Jurisdicción Especial de Paz no actúe como debe actuar cumpliendo con la Constitución y la Ley. Por esa razón, hemos abierto una indagación a cargo de un fiscal especial que deberá producir decisiones prontamente con el fin de impedir que no se vaya a violentar el cumplimiento estricto de la Constitución y de la Ley en esa jurisdicción, a partir de acciones inenarrables pero de las cuales tenemos evidencias por parte de algunos funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz. Ese es el estado de cosas y de estos temas hay que hablar con claridad, con precisión y sin especulaciones”, concluyó el fiscal.

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Duque exige liberación de secuestrados para continuar diálogos con ELN

No se puede seguir validando la violencia como mecanismo de acceso a la palabra del Estado, declaró el mandatario al llegar a la Cumbre de Gobernadores. El Presidente Iván Duque manifestó hoy “con mucha tranquilidad” y “con firmeza” su voluntad de avanzar hacia la desmovilización, el desarme y la reinserción del ELN”, pero reiteró la necesidad de que ese grupo insurgente libere a los secuestrados. “No nos llamemos a engaños, necesitamos la suspensión de todas las actividades criminales, empezando por la liberación de los secuestrados”, aseveró el mandatario. El Presidente, quien este viernes cumple el primer mes de su gobierno, declaró a su llegada a Mompox, sede de la Cumbre de Gobernadores, que “si esos hechos de buena fe ocurren (…) el Gobierno está listo para proceder”. Lo que no se puede “es seguir validando la violencia como mecanismo de acceso a la palabra del Estado”, puntualizó. Con información de la Presidencia de la República

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Solicitados en extradición que fueron excluidos de listas de las FARC no pueden ir a la JEP: Procuraduría

El Ministerio Público señaló que alias ‘El Inválido’, exmilitante de las FARC – EP, cumple los requisitos de la JEP y no debe ser extraditado. La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) regresar a la justicia ordinaria los casos de tres extraditables que son requeridos por jueces de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Los postulados, identificados como Osías Riascos Ocampo, Santos Román Narváez Ansazoy y Julio Armando Belalcázar Estacio, solicitaron su ingreso a este nuevo sistema de justicia transicional y ser beneficiados con la garantía de que no serían extraditados. El Ministerio Público encontró que sus peticiones no cumplen con los requisitos exigidos  por la JEP, porque su condición de exmilitantes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC – EP) no se encuentra acreditada en sus respectivos procesos. En los casos de Osías Riascos y Narváez Ansazoy, la Procuraduría estableció que fueron excluidos de las listas que las FARC entregaron a la Oficina del Alto Comisionado para la PAZ con los nombres de sus integrantes, mientras que Belalcázar Estacio aparte de no ser incluido en esos listados, tampoco ha sido acusado formalmente por el delito de rebelión, otro de los requisitos establecidos para ser aceptado por esta jurisdicción especial. Osías Riascos, conocido con los alias de  ‘Chachito’ o ‘Yimi Riascos’, Narváez Ansazoy, alias ‘Román’, y Belalcázar Estacio, alias ‘Barón’, son señalados de pertenecer, presuntamente, a distintas estructuras ilegales que enviaron estupefacientes desde Colombia a Estados Unidos, utilizando rutas a través de países centroamericanos, y solicitaron su inclusión a la JEP argumentando que esas conductas tuvieron relación con las FARC – EP. El ente de control pidió que estos tres casos sean remitidos a la justicia ordinaria para que continúe el trámite de extradición, ante la falta de competencia de la JEP para conocerlo. En otro concepto radicado ante la Sección de Revisión, la Procuraduría pidió a la JEP que cobije con la garantía de no ser extraditado a Pedro Luis Zuleta Noscué, alias ‘El Inválido’ o ‘El Cojo’, porque cumple los requisitos exigidos para gozar de ese beneficio. Zuleta Noscué, quien fue jefe de finanzas del sexto frente de las FARC en el Cauca, es requerido por una corte de Estados Unidos por hechos relacionados con tráfico de estupefacientes entre 1985 y 2001. El Ministerio Público encontró que su condición de exmilitante de las FARC – EP está debidamente acreditada al figurar en las listas de integrantes que esa agrupación suministró al Gobierno Nacional y por someterse voluntariamente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El órgano de control consideró que el caso de Zuleta Noscué es competencia de la JEP, porque los hechos investigados por la justicia de Estados Unidos ocurrieron entre 1985 y 2001, y esta jurisdicción tiene atribución para conocer las actuaciones cometidas por los exintegrantes de las FARC en desarrollo de las conductas desplegadas por la entonces guerrilla con anterioridad al primero de diciembre de 2016. Con información de la Procuraduría General de la Nación 

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ONU confirma que excomandantes de las FARC abandonaron sus zonas veredales

La  Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, aseguró este jueves que en las últimas semanas, seis dirigentes de cuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el Suroriente del país, tomaron la decisión de dejar estas zonas y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí. “Independientemente de los motivos que llevaron a estos excomandantes a tomar esta decisión, están incumpliendo su obligación en virtud del capítulo 3.3 del Acuerdo Final de Paz que los compromete a contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación”, declaró la entidad a través de un comunicado. Agregó que en este momento de transición, se están generando cuestionamientos al proceso de reincorporación, mientras que los miembros y dirigentes de la FARC continúan “apostándole al proceso de paz a pesar de las múltiples dificultades que han enfrentado en este camino”. La Misión destaca que, en los Espacios del Suroriente, los excombatientes de las FARC-EP y sus familias han desarrollado más de 40 proyectos productivos de todo tipo, en su gran mayoría financiados por ellos mismos, con el apoyo de algunas universidades, organizaciones no gubernamentales, la comunidad internacional y empresarios de la región. El éxito de estos proyectos sigue siendo fundamental para lograr una reincorporación efectiva de esas personas. El pasado 27 de julio el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas manifestó públicamente “la importancia de lograr la plena reincorporación política, legal y socioeconómica de los exmiembros de las FARC-EP, incluso mediante la continua labor del Consejo Nacional para la Reincorporación (CNR) para asegurar el acceso a tierra y establecer proyectos productivos”. A su vez la Misión invita a que a través del CNR, sus mesas departamentales y locales, el proceso de acceso a tierra, diseño, financiamiento e implementación de proyectos productivos con enfoque comunitario se retome con el necesario sentido de urgencia.

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Duque visitará al Papa Francisco para dialogar sobre paz

Este anuncio me motiva como Presidente y me alegra por el país: Iván Duque. El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, informó este jueves que se reunirá con el Papa Francisco el próximo 22 de octubre en Ciudad del Vaticano. Uno de los puntos a tratar es el compromiso del Gobierno Nacional con la paz del país. “Me complace informarle al país que el próximo 22 de octubre me reuniré con su Santidad el Papa Francisco en el Vaticano. Dialogaremos sobre la agenda de equidad de Colombia, así como el compromiso de nuestro gobierno en materia de legalidad para consolidar la paz”, escribió el mandatario desde su cuenta en twitter. Me complace informarle al país que el próximo 22 de octubre me reuniré con su Santidad el Papa Francisco @Pontifex en el Vaticano. Dialogaremos sobre la agenda de equidad de Colombia, así como el compromiso de nuestro gobierno en materia de legalidad para consolidar la paz. pic.twitter.com/VNUxBfI1Zy — Iván Duque (@IvanDuque) 6 de septiembre de 2018 El anunció lo hace el jefe de Estado luego de cumplirse un año de la visita del Sumo Pontífice al país, la que, según Monseñor Héctor Fabio Henao, dejó un mensaje de reconciliación nacional y por ello se celebraran liturgias “de acción de gracias a Dios por lo que ha sido la visita del Santo Padre, sus palabras, el testimonio y todos aquellos gestos con los que él sembró en Colombia un mensaje de esperanza”.

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ELN espera presencia de delegación del Gobierno para continuar diálogos

Que haya una posición política distinta no nos desanima, tenemos ideas diferentes, lo importante es hablar, y que este camino de la solución política no se detenga: ELN El Ejército de Liberación Nacional (ELN) agradeció la oferta del Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez de posibilitar las negociaciones de paz con el Estado colombiano en el país ibérico. El jefe negociador del grupo insurgente, Pablo Beltrán, ratificó su voluntad de continuar con los diálogos y aseguró que esperan la presencia de la delegación del Gobierno de Iván Duque en La Habana, Cuba. “Queremos agradecer la oferta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de ayudar al avance del proceso de paz en Colombia. Celebramos que haya dicho que es muy importante que terceros que sean de la confianza de ambas partes ayuden”, aseguró Beltrán a un medio extranjero. Por su parte el mandatario colombiano, luego de la reunión que sostuvo con su homólogo español, ratificó que si el ELN tiene “voluntad de paz” debe expresarla por medio de la liberación de los secuestrados que tiene en su poder. En días pasados el jefe guerrillero confirmó que los retenidos, de los que tiene conocimiento, son cuatro soldados, tres policías y dos contratistas militares. “El Ministerio de la Defensa ha propiciado todos los protocolos necesarios para que se pueda adelantar esa liberación, pero nosotros no estamos en una liberación de secuestrados”, enfatizó el Presidente Duque. Y señaló que hace pocos días presentó al Congreso un paquete de reformas para que “hacia adelante en nuestro país quede absolutamente claro que ni el secuestro ni el narcotráfico son mecanismos para financiar, promover y ocultar la rebelión ni mucho menos ser conexos al delito político”. “Lo he dicho y lo reitero: Si el ELN tiene voluntad de dialogar, yo también la tengo, pero sobre la premisa de la suspensión o la terminación de todas las actividades criminales, como elemento de confianza”, declaró el mandatario mientras agradeció el ofrecimiento del Gobierno español para acoger eventuales negociaciones con el ELN. Según Beltrán, el Gobierno y el Ministerio de Defensa no están de acuerdo en que participen terceros de la comunidad internacional en las liberaciones, como el grupo armado lo ha solicitado en repetidas ocasiones.

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La llegada histórica de las Farc al Congreso

En un hecho histórico para el país, diez exintegrantes de las FARC iniciaron su labor como congresistas el 20 de julio pasado, gracias al derecho que adquirieron con la firma en 2016 de los acuerdos de paz. El exgrupo guerrillero llega al Capitolio Nacional a inaugurar una nueva forma de hacer política, tras permanecer en rebelión contra el Estado colombiano por espacio de cinco décadas. Sus representantes harán sentir su voz en un riguroso control político que harán desde el Poder Legislativo en estos cuatro años. Más allá de la controversia generada por lo pactado en La Habana entre el saliente gobierno de Juan Manuel Santos y la otrora poderosa organización insurgente, las imágenes de los antiguos comandantes de las FARC ocupando sus curules sin armas y vestidos de civil en el recinto del Congreso constituyen un paso trascendental para el país en su anhelo de alcanzar algún día la paz integral. En plenaria senador por el partido Farc, Carlos Lozada Diez escaños en el Legislativo, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, desde los cuales no solo harán una defensa de los acuerdos negociados en la isla caribeña, sino también una “férrea” oposición al presidente entrante, Iván Duque, quien se ha mostrado partidario de realizar ajustes al texto acordado, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como a implementar un modelo económico diferente al que esa exguerrilla pregonó durante su lucha armada. Pero, ¿qué piensan sus colegas de su participación como congresistas y cómo puede contribuir su presencia a poner fin a la polarización que vive el país? Un reto para la tolerancia La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, cree que la intervención de exguerrilleros de las FARC, ahora como miembros de una fuerza política, en los debates y discusiones que se den en el Congreso de la República, es un “enorme” reto para la democracia, la institucionalidad y la tolerancia. Aunque asegura que sus nuevos compañeros obtuvieron las curules por un acuerdo que los colombianos rechazaron en las urnas, considera que lo importante en esta legislatura es “generar un ambiente que permita sacar adelante todos los proyectos prioritarios del actual gobierno, pero sobre todo recuperar la confianza ciudadana en el Congreso como institución”. Para el parlamentario liberal, Silvio Carrasquilla, la presencia en el Capitolio de quienes un día empuñaron las armas y hoy le están apostando a la política como alternativa es un mensaje al mundo de que sí se puede construir un país diferente por medio del diálogo y la concertación. “Preferimos mil veces tener en el Congreso de la República a los guerrilleros y no verlos colocando bombas contra la población civil y atacando nuestros soldados”, como lo hicieron muchas veces en el pasado, señala. Un buen negocio La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, está convencida de que haber logrado la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue un “buen negocio” para el país, “porque se libró de un actor armado que hizo daño durante más de 50 años, cambiando sus armas por 10 curules”. El reto que tienen ahora, según la legisladora, es ejercer con responsabilidad su tarea como congresistas, aunque considera que el desafío mayor de la paz “es con los colombianos que han padecido la pobreza, la exclusión y corrupción”. Pese a los altibajos que ha tenido el proceso, cada vez son más las voces que respaldan la participación de la antigua organización insurgente en la política. La senadora conservadora, Nora Brugos, percibe como algo bueno para el fortalecimiento de la democracia la apertura de espacios a otras ideologías, siempre y cuando exista voluntad de paz. “Que de verdad haya el deseo de trabajar y ayudar a construir país de parte de aquellas personas a las cuales el Gobierno les ha dado la oportunidad de volver a la sociedad civil”. Lo que significa que las FARC lleguen al Congreso Como partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), estrenará en esta primera legislatura las garantías que establece el nuevo estatuto de la oposición. Inicialmente, hará parte del bloque de 50 congresistas de Senado y Cámara que ejercerán control político al gobierno entrante desde agosto. El grupo, que se denomina “bancada por la paz, la vida y la democracia”, lo componen también la Alianza Verde, El Polo Democrático, la Lista de la Decencia, el movimiento MAIS y la Unión Patriótica (UP). “Ahí tienen la oportunidad de realmente demostrar si han estado siempre a favor del país y si tienen buenas ideologías. Personalmente, estoy de acuerdo que estén en el Congreso, que discutan con ideas, porque las armas nunca son el camino. Espero que les vaya bien, porque, de lo contrario, no valdría la pena tanta lucha que han dado. Tengo la esperanza de que sean excelentes legisladores”, afirma el senador Jonathan Tamayo Pérez. De igual manera piensa su compañero de bancada, Gustavo Bolívar, para quien la llegada de las FARC al Capitolio significa entrar en una era de civilización en la que los conflictos se resuelven por la vía política. El gran problema, a su juicio, es que no se les está cumpliendo con lo pactado en la mesa de negociación, lo que podría tener efectos a futuro. “Es ahí donde tenemos que trabajar, por tratar de que se cumplan los acuerdos. Tenemos en las manos un tesoro que estamos desperdiciando, la paz, y no vale la pena dejarlo escapar de las manos”, agrega. Se ha conseguido un gran avance con el cierre de cinco décadas de conflicto armado interno, por lo que, según el senador de la Alianza Verde, Iván Name Vásquez, hay que seguir remando. “Quienes estén interesados en la guerra es mejor que se vayan para otro lado porque Colombia no quiere retornar a ese horrible pasado”. ¿Qué piensan los congresistas del Partido FARC? El representante a la Cámara, Omar de Jesús Restrepo, ve saludable para la democracia su participación como congresista en esta nueva legislatura que comienza. “Para nosotros es muy importante, muy significativo, el arranque

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Partido FARC radica proyecto de ley para dar tratamiento penal diferencial a pequeños agricultores de cultivos ilícitos

El partido FARC y la Convergencia por la Paz, la vida y la Democracia, radicaron este miércoles el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial a pequeños agricultores de cultivos de uso ilícito. “En respuesta a la insistencia del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, de recurrir a la erradicación forzada como principal estrategia para la lucha contra el narcotráfico, y dando continuidad a lo establecido en el Acuerdo de Paz”, se presentó una propuesta construida en diálogo con varias organizaciones sociales para proteger a las “familias campesinas que no vieron más alternativa económica en un campo azotado por la crisis, que el cultivo de coca, marihuana o amapola”, anunciaron a través de un comunicado. Según la propuesta, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) identificará quienes puedan beneficiarse del tratamiento penal diferencial y que siguientes requisitos tendrían que cumplir: 1. Que se trate de la comisión de alguna de las conductas punibles previstas en los artículos 375, 376, 377 y 382 de la Ley 599 de 2000. 2. Que se trate de pequeños agricultores o agricultoras, pequeños productores o los sujetos que tengan la calidad de intervinientes en el primer eslabón de la cadena de producción de cultivos de uso ilícito. 3. Que no se les demuestre pertenencia a grupos armados organizados . 4. Que se manifieste ante la Dirección del PNIS, o quien haga sus veces, o ante cualquier autoridad estatal, una declaración voluntaria para ser acogida dentro de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, y oportunamente suscriba un acta de compromiso ante las autoridades administrativas competentes. 5. Que no se reincida en la comisión de las conductas punibles. Se exonerará de sanciones penales a pequeños cultivadores que hayan manifestado la voluntad de sustituir sus cultivos y se priorizará en la atención a mujeres en condición de pobreza y a los pueblos étnicos. El partido aseguró que espera poder aprobar este proyecto y así “dar confianza y garantías a las familias que ya están participando en los programas de sustitución concertada y que necesitan una inversión social comprometida con el desarrollo y los derechos de las comunidades”.

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Hay que proteger a nuestros líderes sociales

Por: Hernán Andrade Presidente del Partido Conservador Como presidente del Partido Conservador, hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se protejan la vida, la integridad y los derechos de todos los líderes sociales, comunitarios, campesinos, y políticos del país, y que se ponga especial énfasis en la protección de aquellos que residen o trabajan en zonas de especial nivel de riesgo, y de aquellos que ya han sido víctimas de amenazas o intimidaciones. Colombia no puede seguir asistiendo a esta horrenda cadena de noticias de violencia. A toda persona se le debe garantizar su derecho fundamental a ejercer sus actividades de liderazgo social, comunitario y político, en toda parte del territorio nacional, y garantizar que pueda hacerlo sin riesgo para su integridad y su vida. Y esta garantía no debe conocer color político ni orientación ideológica: todos los líderes, de todas las tendencias y todas las ideas, deben gozar de iguales garantías para el ejercicio de su labor social y comunitaria. “Colombia no puede seguir asistiendo a esta horrenda cadena de noticias de violencia. A toda persona se le debe garantizar su derecho fundamental a ejercer sus actividades de liderazgo social, comunitario y político”. Personalmente apoyé la negociación de paz, como lo hicieron muchos otros miembros de este Partido. Hoy tenemos la convicción de que esta fue la decisión correcta. Pero mucho alertamos al Gobierno de la necesidad de copar con su autoridad legítima e institucional todo el territorio del país, para que se impidiera el surgimiento de nuevas formas de violencia organizada, alimentadas por la creciente actividad de narcotráfico, sobre la cual hemos advertido y seguiremos advirtiendo. El Partido Conservador Colombiano expresa su solidaridad y sus más sinceras condolencias a las familias de los líderes sociales asesinados, y pide al Gobierno Nacional que les brinde rápidamente la protección que requieran.

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Partido FARC rechaza uso de sus siglas para fines violentos

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), ratificó este viernes la transparencia de la organización, así como de sus dirigentes en la vida pública y condenó el uso de sus siglas por parte de varios grupos y personas al realizar acciones delictivas. “Deslindamos por completo a nuestro partido y a su militancia de las actividades de cualquier grupo o persona, que se aparte de lo determinado por la X Conferencia Nacional de las FARC-EP y el primer Congreso Constitutivo de nuestro partido FARC, que ratificaron por unanimidad los Acuerdos de La Habana. Condenamos el uso de nuestras siglas o memoria para tales fines”, dijo la colectividad a través de un comunicado. Aseguró además que sus militantes no tienen que responder ante ningún requerimiento de las autoridades en los términos y condiciones pactados en el Acuerdo Final e insistió en que “nadie que se reclame integrante de nuestro partido debe obrar de modo distinto”. “Dejamos las armas, rompimos definitivamente con cualquier comportamiento ilegal, aceptamos someternos al orden constitucional y legal reformado y surgido como resultado de los Acuerdos de Paz”, señala la misiva. El partido FARC recordó que su transición a la vida democrática se dio gracias a  los Acuerdos de Paz alcanzados en La Habana, tras cinco años discusiones con delegados del Estado colombiano. “Gracias a esos acuerdos pudimos poner fin a más de medio siglo de cruenta confrontación armada”, sostuvo. Además, le insistió al Gobierno colombiano “honrar cumplidamente su palabra” para respetar y defender los acuerdos. Por lo que a su vez le hacen un llamado a la comunidad internacional para que sea  garante de que “el Estado no falte a sus compromisos”.

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