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¿Llegó la hora de replantear relaciones?

Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Especiales, Estado, Gobierno, Senado / revistacg

¿Llegó La Hora De Replantear Relaciones? Aunque para el Gobierno esta legislatura fue positiva porque se logró sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo (PND), considerado la hoja de ruta del Presidente Iván Duque Márquez en estos cuatro años, algunos congresistas creen que el balance no es el esperado, porque en su concepto, el Ejecutivo no ha logrado construir la gobernabilidad que se requiere para garantizar el trámite de iniciativas importantes como las reformas política y judicial. La postura de los partidos Liberal, Cambio Radical y La U -con las mayorías en el Legislativo- de distanciarse del Gobierno le restaron capacidad de maniobra al mandatario, quien se resistió a darles participación a las fuerzas políticas en su administración, como parte de su nuevo estilo de gobernar, en el que priorizó el nombramiento de ministros y funcionarios técnicos durante sus primeros meses de gestión. Analistas consideran necesario un replanteamiento en las relaciones con el Congreso de la República, pensando en los proyectos que se vienen y en la campaña electoral que se cruza con la próxima legislatura, en la cual estará en juego el poder regional. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, encargada de impulsar y coordinar las iniciativas y acciones del Gobierno ante los congresistas, admite que el esquema que se planteó era distinto, pero muy positivo para la democracia colombiana. “Creo que eso es constructivo para el país y eso es una relación sana de respeto entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Rama Judicial. Es la separación real de poderes”, afirma. Y es que a pesar de las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario, como se evidenció en la votación de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo gubernamental logró sacar avante el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” en este periodo de sesiones. Según la jefe de la cartera de asuntos políticos, el PND era la gran apuesta oficial para este semestre y con su aprobación en el Senado y la Cámara de Representantes se legisló para los próximos cuatro años, luego de una concertación con las regiones y los sectores políticos, económicos y sociales del país. La reforma política se quedó sin aire Ante el poco ambiente en el Congreso para salvar la reforma política, que había sido modificada en sus partes sustanciales, la ministra del Interior desistió de continuar con su trámite. Las pocas probabilidades que existían de revivir las listas cerradas para las elecciones a corporaciones públicas llevaron a la funcionaria a darle sepultura a la iniciativa en esta legislatura. “Ante la imposibilidad de continuar con el trámite de la lista cerrada y la equidad en la representación de las mujeres, el Gobierno no insistirá en adelantar la reforma política”, escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter. Con el proyecto, se buscaba depurar el ejercicio de la política, eliminando el voto preferente con el cual obtienen una curul los candidatos que alcancen un mayor número de votos al interior de sus partidos, sin importar el orden en que aparezcan registrados en el tarjetón electoral. Ello ayudaría a evitar prácticas como el clientelismo o la compra de votos. La reforma, una de las promesas del entonces candidato Iván Duque, hacía parte del paquete de medidas anticorrupción anunciadas por el Ejecutivo para fortalecer los partidos, reducir los costos de las campañas y garantizar transparencia en la forma de hacer política en Colombia. Pero el Gobierno no se da por vencido y desde ya buscará el apoyo de las distintas bancadas para impulsar un nuevo proyecto a partir del 20 de julio. Un cambio necesario La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, espera el apoyo de los partidos a la reforma política que se presentará en julio próximo. Para garantizar el trámite de los proyectos del Gobierno, incluida la reforma política que será presentada nuevamente en la próxima legislatura, es indispensable un replanteamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República lo antes posible para poder avanzar en las iniciativas que aún están pendientes. Así lo considera el politólogo y académico, Fernando Rojas, quien ve poco probable que se mantenga el modelo con el que el Presidente Iván Duque Márquez ha querido gobernar por el costo político que le puede generar. “Le toca hacer un giro para lo que quiere, porque a pesar de las buenas intenciones, su estilo no le ha dado los resultados esperados”, señala. Aunque se logró la aprobación del PND, en el que se establecen los objetivos, programas e inversiones para el cuatrienio, el analista cree que el Gobierno “no logró encontrar el camino para sacar adelante los demás temas de la agenda legislativa (en este periodo de sesiones), ni tampoco generar confianza”. Por eso coincidió en que un acuerdo con las fuerzas políticas es el camino para destrabar los proyectos clave, como las reformas a la justicia y las pensiones o de lo contrario, habría dificultades para garantizar la gobernabilidad en lo que resta de gestión. Desde ya se rumora sobre una reestructuración de la relación con los partidos tradicionales que podría derivar en una crisis ministerial, así como en su participación en la administración, ad portas de cumplirse un año del ascenso del entonces candidato del Centro Democrático al poder. La gran pregunta que surge frente al nuevo panorama que se plantea, es si el partido oficialista estaría dispuesto a aceptar que otras organizaciones políticas tengan representación en el Gobierno, para contar con nuevos aliados en el Congreso. A pesar de las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario, como se evidenció en la votación de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo gubernamental logró sacar avante el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Lo que si se descarta es un revolcón. En caso de presentarse los cambios en el gabinete, estos se darían de manera gradual. La reestructuración habría comenzado con la salida de Gloria María Borrero

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Se abren paso alianzas para alcaldías y gobernaciones

Especiales, Gobierno, La Revista, Política / revistacg

Comienza cuenta regresiva para elecciones A cuatro meses de las elecciones para renovar alcaldías y gobernaciones, ya se vislumbran alianzas entre los grandes partidos políticos para inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato. Es el caso de la Gobernación del Atlántico, para la cual se ha venido consolidando el nombre de la exministra de Vivienda, Elsa Noguera, gracias al apoyo de la poderosa casa Char, el Centro Democrático y los liberales. Y es que en un país polarizado, los consensos de cara a los comicios regionales del 27 de octubre próximo, están a la orden del día. Eso le abriría el camino a Jaime Pumarejo para convertirse en el nuevo alcalde de Barranquilla. Por los lados del Valle del Cauca, la candidatura de Álvaro López Gil, quien cuenta con el apoyo de los conservadores, ha tomado fuerza en las últimas semanas, constituyéndose en un contendor de peso para la exdirectora de Coldeportes, Clara Luz Roldán en su aspiración de llegar a la Gobernación. Mientras tanto en Antioquia, el exdirector del IDEA, Mauricio Tobón, arrancó en firme su campaña para ocupar el primer cargo de ese importante departamento del país, con el aval de más de 100 mil firmas ciudadanas, distinción a la que también aspira Andrés Guerra, candidato del Centro Democrático. Para la alcaldía de Medellín, el uribismo le apuesta con todo al exsenador Alfredo Ramos Maya. En el Tolima, sigue ganando apoyos la candidatura de Alberto Girón Rojas a la Alcaldía de Ibagué, mientras en Nariño se posicionan los nombres de John Rojas -con el respaldo de más de 150 mil firmas- y del médico y empresario, Damir Bravo, para la Gobernación. Aunque el sonajero nacional es amplio, serán pocos los escogidos. Por lo pronto, el 27 de junio se dará inicio al periodo de inscripción de los aspirantes, que podrían superar los 120 mil. En otras ciudades y departamentos

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Así quedan las regiones en el Plan de Desarrollo

Especiales, Gobierno / revistacg

Así quedan las regiones en el Plan de Desarrollo El alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía; el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita; la directora de Planeación, Gloria Alonso y el Presidente Iván Duque, durante la sanción del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” en la ciudad de Valledupar. El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, sancionado por el Presidente Iván Duque, que contempla inversiones por 1.096 billones de pesos, fue construido con una visión de progreso para los territorios, que contarán en estos cuatro años con 851,9 billones de pesos, es decir el 78% del valor total de los recursos anunciados, para mejorar la educación y la conectividad, apostarle al emprendimiento y lograr una mayor productividad con miras a garantizar un nivel de crecimiento sostenible. El desafío será consolidar un cambio social que permita cerrar las brechas que existen entre el campo y la ciudad. Para avanzar en la transformación de Colombia, bajo los principios de legalidad, emprendimiento y equidad, el Gobierno Nacional espera sacar a más de tres millones de personas de la pobreza extrema y monetaria en este cuatrienio, así como crear 1,6 millones de empleo, duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales y cubrir a 2 millones de niños con educación inicial. También se propone convertir la productividad en la fuente primordial de crecimiento de los próximos cuatro años, aprovechando las potencialidades de las regiones para mejorar su competitividad y conectividad. La administración central priorizará, además, a los sectores de la salud, vivienda, servicios públicos, transformación digital e infraestructura. En el primero de ellos se buscará elevar el índice de desempeño de los 922 hospitales públicos para mejorar la atención a los usuarios y se implementarán proyectos de telesalud dirigidos a las poblaciones apartadas del país, mientras en el segundo, se beneficiará a 600.000 hogares con el mejoramiento de su vivienda, se otorgarán subsidios de arrendamiento para ahorrar y adquirir casa nueva a 200.000 familias y se iniciarán 520.000 unidades habitacionales de interés social para brindar mayor bienestar a la población urbana y rural. En servicios públicos, el Gobierno mantendrá los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3, proveerá de agua potable a tres millones de colombianos nuevos, beneficiará a 150.000 hogares con programas de sustitución de electrodomésticos de mayor eficiencia energética y vinculará a otras 100.000 familias al servicio de electricidad y a un millón al servicio de gas. Transformación digital e infraestructura Para el Presidente Iván Duque, la transformación digital es tal vez una de las metas más grandes que tiene por alcanzar en estos cuatro años de gestión. Es así como se propone lograr que 11,8 millones de hogares (70%) estén conectados a internet (hoy lo están 7,4 millones), que la administración pública se modernice con la digitalización y automatización masiva de trámites y que se utilice el Big Data en la lucha contra la corrupción. En infraestructura, la estrategia gubernamental plantea otras fuentes de financiamiento para la sostenibilidad de los distintos medios de movilización. También el apoyo del Estado a la implementación de sistemas de transporte público colectivo o masivo, tanto terrestres, marítimos o fluviales en cualquier lugar del territorio nacional y la cofinanciación por parte de la Nación, cuando se usen vehículos de cero emisiones, es decir eléctricos. Sector agro y productividad En esos dos frentes, que serán clave para el crecimiento regional, el Gobierno se dispone pasar de 200 a 4.000 el número de empresas apoyadas a través del programa de fábricas de productividad, aumentar el porcentaje de las que sean innovadoras al 25% para romper la tendencia a la caída de los últimos 10 años e incrementar la productividad laboral de sectores no minero-energéticos en el país. Como parte de las acciones que buscan fortalecer el campo colombiano, el PND contempla la asistencia técnica a 550.000 productores, para lo cual se espera que, al terminar el segundo semestre de 2019, alrededor de 20.000 de ellos hayan sido atendidos con el servicio público de extensión agropecuaria, así como beneficiar a 300.000 productores con agricultura por contrato. Hasta la fecha, gracias al programa de “Coseche y Venda a la Fija”, se han firmado 5.746 entre agricultores y compradores. Pero lo que tiene en mente el Gobierno va mucho más allá, como por ejemplo, expandir y rehabilitar cerca de 150.827 hectáreas en el cuatrienio, aumentar el área de cobertura de los distritos de riego y avanzar en la formalización de 24.350 títulos sobre predios privados y 24.160 títulos que otorgan acceso a tierras. Bogotá, a la cabeza en recursos En los próximos cuatro años, las inversiones para Bogotá en el Plan Nacional de Desarrollo ascenderán a 119.6 billones, recursos que estarán dirigidos a la construcción del Metro, la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre, las troncales de Transmilenio y la extensión del aeropuerto Eldorado, entre otras obras. Pero también la capital del país le apostará a proyectos de apertura y ampliación de vías para mejorar la movilidad de ciclistas y peatones, y a la intervención del hospital San Juan de Dios, el Instituto de Inmunología y el Materno Infantil, como patrimonio cultural de la Nación. Plaza de Toros la Santamaría y planos del Metro que se construirá en Bogotá. No menos importante, será la descontaminación del río Bogotá, la financiación de parques regionales y la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transmilenio) por la Troncal Avenida Ciudad de Cali- Soacha y la Troncal de la Avenida Boyacá desde la 170 hasta la Autopista Sur. Del total de 119,6 billones de pesos, 83,4 billones irán para el pacto por la equidad, 6,3 billones al transporte y 8,4 billones a la descentralización y conexión de territorios. Departamentos con mayor presupuesto Antioquia, el departamento con mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB) nacional se ubica en el primer lugar en materia de inversiones en el Plan de Desarrollo 2018-2022, con un total de 96 billones de pesos, que estarán encaminados a formalizar el trabajo

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Periodista comunitario asesinado en Nariño

Actualidad, Boyacá: Andina, Bicentenario, Fiscalía, Fuerza Pública, Judicial / revistacg

El locutor de la emisora comunitaria de Samaniego, Nariño, Libardo Montenegro fue asesinado en la noche del pasado martes 11 de junio por dos sicarios que se movilizaban en una moto. Según informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Montenegro realizaba diferentes programas en Samaniego Estéreo, entre ellos un programa informativo llamado “El despertador” en la mañana, un magazín “Café al Día” y un programa de dos a las cuatro de tarde con música y cápsulas informativas. Las primeras informaciones señalan que no existía ningún reporte de amenazas contra Montenegro, sin embargo desde la Oficina Local de Paz de la Secretaría de Gobierno de Samaniego, informaron que la seguridad en el municipio es compleja y que desde tiempo atrás han venido solicitando al Gobierno Nacional que intervenga en esta situación. Según informó el periodista Leobar Ibarra Fernández, director del programa Nuestro Sur Televisión, Libardo Montenegro le concedió una entrevista en horas de la mañana, allí hablaron de un encuentro por la paz, programado para el próximo viernes 14 de junio por la defensa de la vida y los derechos humanos en Samaniego. Desde la FLIP han hecho una solicitud de carácter urgente al Gobierno para que estudie la situación, se espera una pronta respuesta frente al hecho. De acuerdo con una investigación realizada por esta organización, Samaniego cuenta sólo con cinco medios de comunicación, dos de la fuerza pública, una radio comercial, un canal de televisión y una emisora comunitaria. Por esta razón hace parte de los 578 municipios con déficit de oferta de información local o zonas silenciadas.

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Revocatoria de visados: La factura de cobro norteamericana

Especiales, Estado, Gobierno, Internacionales, Judicial / revistacg

Revocatoria de visados: La factura de cobro norteamericana Las objeciones presidenciales a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, terminaron convirtiéndose en una lupa que magnificó todas las grietas que se han derivado de lo que se acordó con las FARC en La Habana en 2016. Permeando a la Corte Constitucional (que le dedicó un año y un mes a su revisión), y con un paso por el Congreso que lo único que dejó claro fue la evidente incapacidad para lograr consensos al interior del Legislativo, en mayo pasado el turno fue para las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos. ¿Qué le está cobrando el país del norte al gobierno colombiano? La revocatoria de las visas por parte del gobierno de Donald Trump a varios miembros de la rama judicial se ha convertido en uno de los desplantes diplomáticos más significativos de los últimos tiempos. Sin mayores explicaciones por parte de la embajada norteamericana en Bogotá, el tema trató, en vano, de ser contenido, y hoy es claro que lo que se esconde detrás del mismo, tiene nombre y apellido: el aumento en los cultivos ilícitos y la extradición. Un antecedente vergonzoso En década de los años noventa, durante el gobierno del Presidente, Ernesto Samper Pizano, Estados Unidos, en cabeza de Bill Clinton, le revocó la visa al mandatario colombiano. Aunque no son casos directamente comparables, la mañana del 12 de julio de 1996, Colombia y el mundo se despertaron con un titular que ponía en entredicho la legitimidad y la transparencia del gobierno colombiano: Estados Unidos había hecho realidad su amenaza de cancelarle el visado al Presidente Ernesto Samper Pizano, por haber “participado a conciencia en negociaciones con el narcotráfico. Hay certeza de que entraron dineros de está procedencia en su campaña electoral. La sanción es personal, no contra el gobierno colombiano, y Samper no es bienvenido en Estados Unidos”. Dicha declaración, pronunciada por el entonces portavoz del Departamento de Estado en una rueda de prensa en Washington, fue el comienzo de un periodo vergonzoso para las relaciones diplomáticas bilaterales. Más allá de la desacreditación mundial del Ejecutivo colombiano, el margen de maniobra en la escena internacional por parte del Gobierno se disminuyó y si no fuera porque Ernesto Samper tenía la presidencia de Movimiento de Países No Alineados (Noal), su gestión y capacidad de operación en el exterior habría sido casi nula. En aquel entonces, la respuesta por parte de la Casa de Nariño fue corta y contundente: “El gobierno se manifiesta indignado por esta medida unilateral e intervencionista (…) y la sanción sienta un inaceptable precedente intervencionista en el que el Gobierno de Estados Unidos desconoce el sistema jurídico de Colombia”, fue el comunicado que emitió entonces la Presidencia en Bogotá. El caso del expresidente Samper es un buen ejemplo de cómo Estados Unidos ha recurrido en más de una ocasión a esta modalidad de presión a través de la cancelación de las visas por razones políticas. No obstante, en esta oportunidad hay un hecho sin precedentes para la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países: históricamente y como lo ocurrido con Samper, el gobierno de turno norteamericano revocaba las visas a razón de acusaciones de narcotráfico o delincuencia, pero nunca se habían dado, como lo aseguran varias personalidades políticas, por diferencias de opinión en decisiones judiciales. La presión diplomática hoy A los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo (izquierda), Diana Fajardo (Centro), y al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño (derecha), se les revocó su derecho de entrada a Estados Unidos durante el mes de marzo, aunque a dos de ellos se les reestableció el visado poco después. Y es que lo que pasó durante los meses de abril y mayo, sí responde a una práctica usual de castigo y de presión diplomática que Estados Unidos siempre ha aplicado a sus vecinos del sur (hizo lo mismo contra los juristas del Tribunal Supremo de Nicolás Maduro), pero nunca por las razones que al parecer le está aplicando en estos momentos a los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño y al representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas, quien ha dicho que este es un claro mensaje del gobierno norteamericano al legislativo colombiano. Pero, ¿cuál es el mensaje? Y lo que es aún más relevante: ¿por qué ahora? Es cierto que un país tiene todo el derecho a decidir quién ingresa a su territorio, pero revocarle la visa a un magistrado, al parecer por haber sido ponente de la Ley Estatutaria de la JEP, y porque ello podría tener implicaciones opuestas a los intereses norteamericanos en procesos de extradición, es un hecho nunca antes visto. Al parecer lo mismo le pasó a la magistrada Diana Fajardo, quien hizo parte de los debates relacionados con el proceso de paz. En un escueto comunicado la delegación diplomática norteamericana en Bogotá dijo que los expedientes de visas son confidenciales, por lo que no se hacen comentarios sobre casos individuales. “El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa. Todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos”. Ante este ejercicio de poder blando (aquella capacidad de un determinado actor político, como un Estado, para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos, con el complemento de medios diplomáticos), de acuerdo con el profesor de política exterior norteamericana y experto en seguridad hemisférica de la Pontificia Universidad Javeriana, Emerson Forigua, aunque aún no son claras las razones por las cuales Estados Unidos adoptó esa postura (las hipótesis se han limitado a la especulación

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La justicia pasó la prueba

Especiales, Judicial / revistacg

La justicia pasó la prueba El exjefe de la desmovilizada guerrilla de las FARC, Jesús Santrich, al momento de abandonar la prisión. Aunque el caso Santrich, que derivó en la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal María Paulina Riveros, no generó una crisis institucional, si dejó en evidencia la fragilidad de un sistema judicial, que pese a estar constituido desde hace más de 100 años, tiene dificultades para acoplarse al modelo de justicia transicional que nació de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, en 2016. Más allá de lo ocurrido con la decisión de la JEP sobre la no extradición del exjefe rebelde a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico, lo que la situación mostró de nuevo es la gran polarización que existe en el país. Aunque la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ordenar la libertad de Jesús Santrich, precipitó el remezón en la Fiscalía General de la Nación y provocó desacuerdos entre los poderes, congresistas y académicos coinciden en que no hubo crisis institucional y que se trató de un Los integrantes de la JEP tienen la responsabilidad de investigar los delitos cometidos durante el conflicto. momento coyuntural que puso a prueba la fortaleza del sistema judicial colombiano, de cara a los retos que se vienen con la entrada en funcionamiento del modelo de justicia transicional. “Coincido en que no hubo crisis. Por el contrario, yo creo que esto lo que ha demostrado es la vigencia de la institucional. Tampoco considero que haya un choque de poderes, sino que cada uno planteó su postura y todo se resolvió finalmente por los canales correspondientes”, afirma el experto en Derecho Penal, Francisco Bernate, quien recuerda que antes todo se solucionaba en Colombia decretando un estado de sitio o una conmoción interior. Sin embargo, reconoce que la decisión que adoptó la JEP con respecto al excomandante de las FARC generó dificultades porque “se privilegiaron las posturas personales sobre la institucionalidad”. Martínez decidió renunciar al cargo de Fiscal General, en protesta por la orden de la JEP de liberar a Santrich, a quien Estados Unidos reclama en extradición para juzgarlo por el intento de envío de cocaína a ese país. Según el gobierno de Washington, el exguerrillero habría participado en la negociación para el traslado de droga a territorio norteamericano, en una fecha posterior a la firma del acuerdo de paz. ¿Qué desencadenó los hechos? El excomandante de las FARC, cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte, fue arrestado en abril de 2018, luego que Estados Unidos lo señalara de conspirar para enviar cocaína a ese país y lo pidiera en extradición. En su condición de desmovilizado, se acogió a la JEP, tribunal que fue creado a instancias de las negociaciones de paz para juzgar los delitos cometidos durante cinco décadas de conflicto armado en Colombia. Quienes se sometan al modelo alternativo de justicia, pueden acceder a penas de prisión reducidas y a la garantía de no extradición, beneficios que pierden si reinciden en actividades ilegales tras la firma del acuerdo con las FARC, por lo que el caso pasa a manos de la justicia ordinaria. Aunque el gobierno de Washington y la Fiscalía colombiana aseguran tener pruebas de la participación de Santrich en el intento de envío de droga a Estados Unidos, en una fecha posterior a la entrada en vigencia del tratado de paz, la JEP detuvo en mayo pasado su extradición y dispuso su libertad por carecer de evidencias suficientes para establecer cuando se cometió el delito. Sin embargo, el exguerrillero fue recapturado por la Fiscalía cuando salía de la cárcel, bajo una nueva acusación: concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Días después la Corte Suprema de Justicia ordenó que lo dejaran libre por tener fuero de congresista y le abrió una investigación formal. El entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, renunció tras la decisión de la JEP de negar la extradición de Santrich a Estados Unidos. Tras el fallo de la justicia transicional, el Fiscal Martínez anunció su renuncia irrevocable al cargo, medida que también tomó el mismo día la vicefiscal María Paulina Riveros. Acto seguido, la Procuraduría informó que apelaría la decisión que adoptó la JEP a favor del exnegociador de paz. Gloria Borrero, saliente ministra de Justicia. Margarita Cabello, nueva ministra de Justicia. En la misma semana, el Presidente de la República, Iván Duque, aceptó la dimisión de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero y nombró a la exmagistrada Margarita Cabello en su reemplazo. Aunque se quiso ligar su salida del cargo con el caso Santrich, expertos aseguran que desde hace algún tiempo se hablaba del interés de Borrero de cambiar de rumbo. “Es algo coyuntural, porque la entonces ministra ya había manifestado o se sabía que no iba a continuar. Con relación al Fiscal, yo creo que una decisión personal lo llevó a adoptar una medida como esa. Fue una semana difícil, donde la institucionalidad salió avante y se demostró que somos una democracia vigorosa”, señala Bernate. Lo que piensan en el Congreso El representante a la Cámara, Germán Navas Talero, considera que no se ha vulnerado la justicia y que siempre que existan dos jurisdicciones, habrá conflictos entre ambas por colisión de competencias. “En Colombia ha habido miles de casos como ese, este no es un invento de controversia jurídica, es un hecho propio de los colombianos”, asegura el legislador del Polo Democrático Alternativo. Por su parte, el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, cree que en el caso Santrich lo que hay es un problema probatorio por resolver. “Yo no creo que sea tan frágil la justicia colombiana, porque al fin y al cabo ha desarticulado organizaciones criminales tal vez de las más peligrosas del mundo. Ha desmantelado la narcopolítica del cartel de Medellín con el proceso 8.000 y ha desmantelado la parapolítica”, afirma. El parlamentario no descarta que se pueda repetir

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Seguiremos trabajando para liberar parques y entornos escolares de la droga: Duque

Actualidad, Gobierno, Judicial / revistacg

El Presidente de la República, Iván Duque, se refirió a la decisión de la Corte Constitucional que tumbó dos artículos del Código de Policía relacionados con el consumo de licor y drogas recreativas en vía publica. De acuerdo con Duque, el gobierno acatará la decisión, sin embargo no comparte lo sancionado por la Corte. El Presidente anunció que no va a descansar “un solo minuto para cerrar las ‘ollas’ de microtráfico y liberar los parques y los entornos escolares de la droga”. La mayor preocupación para el Jefe de Estado es la afectación que esto representa para los menores de edad, dado que esta es la población que frecuenta escenarios de ocio como parques y zonas de juego. “Nos duele esos niños en muchos hogares vulnerables de Colombia, que caen en la drogadicción y que después no tenemos forma de sacarlos”, aseguró Duque. Con respecto al decreto que el Presidente firmó el pasado 1 de octubre y que penalizaba la dosis mínima, aseguró que “en diez meses con ese decreto logramos liberar más de 11.000 parques y miles de entornos escolares”.

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Fiscalía captura a Silvia Gette

Actualidad, Caribe, Fiscalía, Judicial / revistacg

La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, vinculada con el desfalco del centro educativo fue condenada a nueve años de prisión por el delito de abuso de confianza a raíz de un “autoprestamo” por un millón de dólares en 2007. La decisión contra Guette fue dada a conocer el pasado 29 de mayo, sin embargo solo hasta el día de hoy se procedió a su captura. De acuerdo a lo anunciado por funcionarios del INPEC, la exrectora ya había sido condenada por un juez y en un proceso diferente a 6 años y medio de prisión domiciliaria, la Fiscalía debía esperar a que ese juez tomara una decisión frente al caso, dado que no podía aplicarse las dos medidas al mismo tiempo. De acuerdo con el ente investigador, en las próximas horas se procederá a trasladar a Guette a la cárcel el buen pastor por decisión del INPEC.

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Santos será investigado por caso Odebrecht

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Estado, Gobierno, Judicial / revistacg

La Comisión de Acusaciones le abrió una investigación preliminar al expresidente de la República, Juan Manuel Santos, por la presunta financiación de su campaña por parte de la constructora brasilera. El presidente de la Comisión, Ricardo Ferro, anunció la apertura de la investigación contra el exmandatario, así como la citación a comparecencia ante el tribunal de Bernardo “El Ñoño” Elías, fijada para el próximo 17 de junio. La decisión se deriva de las declaraciones entregadas por Elías a Vicky Davila. “Como es de público conocimiento, la periodista Vicky Dávila entrevistó a Bernardo Elías quien hizo unos pronunciamientos con respecto al tema de Odebrecht. Frente a esas declaraciones un ciudadano interpuso una denuncia ante la Comisión de Investigación y es nuestra obligación darle trámite, por lo que hemos decidido abrir una investigación preliminar para entrar a determinar si hay o no lugar a proceder en una investigación formal”, explicó el representante Ricardo Ferro. Dependiendo de los resultado que arroje la audiencia contra Elías, se podría proceder a llamar a declarar al expresidente Santos.

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Desempleo disparado en Colombia

Actualidad, Economía, Estado / revistacg

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) acaba de revelar su informe de mercado laboral para el mes de abril de 2019, en el que se evidencia un preocupante aumento en la cifra de desocupación en todo el país y una caída en la tasa de empleabilidad en las zonas urbana y rural. De acuerdo con el organismo, el índice de desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, que incluye a Bogotá D.C., Medellín, Cali y Barranquilla fue de 11,1%, lo que significa un incremento de 0,8% frente a abril de 2018. A nivel nacional, la tasa se ubicó en 10,3%, lo que representa un aumento de 0,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. En lo que se refiere a la Tasa Global de Participación -indicador de empleo en el país- se evidenció una fuerte caída del 2,4%, frente al mes de abril de 2018, que la ubica en el 62,2%. Esta cifra es la que preocupa a los diferentes sectores productivos colombianos, debido a que evidenciaría que la economía nacional no esta en capacidad de absorber el crecimiento de la población en edad laboral.

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