agosto 3, 2026

Judicial

No paran los crímenes contra líderes sociales

El líder social, Luis Trujillo, fue asesinado el jueves en el departamento del Magdalena, en la vereda Los Linderos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hasta el momento las autoridades no han podido determinar el móvil del del crimen y se encuentran recavando pruebas para determinar sus responsables. Las asociaciones sociales de la región han alertado sobre la situación de violencia que se vive en la zona, la cual ya preocupa a los habitantes, que han pedido mayor protección. El secretario de Seguridad y Convivencia, Camilo George, aseguró que “estos actos cobardes no nos doblegarán. Más unión, fortaleza y acción que nunca”, dijo. Según un informe de la ONG Programa Somos Defensores, que había alertado sobre el crimen, 25 defensores de derechos humanos fueron asesinados entre enero y marzo de este año en el país, mientras en lo corrido del año la cifra ya supera los 66 líderes sociales muertos de manera violenta en Colombia. Trujillo era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada del Sol, jurisdicción del corregimiento de Guachaca, en zona rural de Santa Marta, una de las regiones afectadas por el conflicto armado interno.

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¡Santrich libre!

Acatando la decisión de la Corte Suprema de Justicia fue expedida la boleta de salida para el exjefe guerrillero Jesus Santrich, quien acompañado por sus abogados, abandonó las instalaciones del bunker de la Fiscalía. Santrich salió de las instalaciones de la Fiscalía con el esquema de seguridad del también integrante del partido FARC, Pablo Catatumbo. Se espera que el exjefe guerrillero se reúna con sus copartidarios en la Cámara de Representantes, donde según informó su abogado defensor Eduardo Matias, Santrich se posesionara en la curúl que ostenta en esa corporación, nacida como resultado del acuerdo de paz de La Habana; el mismo que hoy lo tiene fuera de la cárcel y en espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir el proceso contra este por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

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Corte Suprema de Justicia ordena libertad inmediata de Jesús Santrich

La Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la libertad del exjefe guerrillero de las FARC, Jesus Santrich, al considerar que en su calidad de aforado constitucional deberá ser procesado por la Corporación y no por un juez ordinario. El siguiente es el comunicado expedido por el Tribunal: A partir de la sentencia del Consejo de Estado de ratificarle la investidura de congresista, la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”, porque con esa condición es aforado constitucional y lo debe procesar penalmente esta Corporación. En consecuencia, por unanimidad la Sala de Casación Penal declaró fundada la impugnación de competencia presentada por la defensa del exjefe guerrillero y dispuso el envío inmediato del expediente por narcotráfico en su contra, a la Sala Especial de Instrucción de la Corte. “El fuero no es un privilegio personal sino busca el amparo de la investidura. Si, en el presente caso, el Consejo Nacional Electoral reconoció el nombramiento de Seuxis Paucias Hernández Solarte como congresista y, además, el Consejo de Estado negó la pérdida de tal investidura a pesar de no posesionarse en la fecha indicada (debido a razones ajenas a su voluntad), se desconocería la dignidad del cargo que la persona conlleva al permitir que autoridades diferentes a la Corte Suprema de Justicia puedan investigarlo, juzgarlo o afectarlo con medidas restrictivas de la libertad, sin importar que las conductas que se le atribuyan no tengan relación alguna con las funciones. “En este orden de ideas, la condición foral del artículo 186 de la Constitución Política inicia con el reconocimiento por parte de la autoridad competente y no con el ejercicio de las funciones derivadas de la solemnidad de la posesión”, subraya la Corte. Por otro lado, la providencia decide además las consecuencias del reconocimiento de la investidura como congresista, por lo cual resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte frente a decisiones de funcionarios que no tenían competencia para su aprehensión y legalización. “Sería entonces contrario a los derechos fundamentales del aforado constitucional mantenerlo privado de la libertad, cuando aquellos se han desconocido. Por eso, se impone otorgarle la libertad. Esta decisión es una de las manifestaciones del control constitucional que tienen que ejercer todos los administradores de justicia”, consigna el pronunciamiento. En síntesis, la Corte precisó: (i) La jurisprudencia tradicional de la Corte ha vinculado el ejercicio de las funciones propias del cargo de congresista con el reconocimiento de la calidad de aforado en situaciones que implicaban dejación, abandono, suspensión o supresión de tales funciones. Nunca trató el tema: “¿a partir de cuándo se adquiere el fuero del artículo 186 de la Carta Política?” (ii) Como quiera que el fuero no es un privilegio de índole personal sino una garantía de la investidura, este comienza cuando la autoridad competente (Consejo Nacional Electoral) le reconoce al congresista tal condición. Y persiste mientras se mantenga vigente. Dicho reconocimiento necesariamente precede a la solemnidad de la posesión. Y (iii) en este asunto, a Seuxis Paucias Hernández Solarte el Consejo Nacional Electoral, en Resolución de 28 de julio de 2018, le confirió la investidura como representante a la Cámara. Y el Consejo de Estado, en decisión de Sala Plena recién confirmada, negó la solicitud de pérdida de investidura y reconoció que no ha podido posesionarse por motivos de fuerza mayor no atribuibles por su culpa. Ninguna decisión de amparo transitoria o provisional para suplir la curul puede afectar esta condición.

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La JEP reconoce como víctimas a militares secuestrados en la toma de Miraflores

20 uniformados y sus familiares, podrán ejercer sus derechos a recibir medidas de protección, conocer la verdad sobre lo sucedido, ser reparadas y acceder las versiones de los responsables en el caso 001, sobre secuestro. La Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP (Justicia Especial para la Paz) reconoció como víctimas a 20 militares secuestrados en la toma de Miraflores, Guaviare, que fue perpetrada por la extinta guerrilla de las Farc-EP el 3 de agosto de 1998. Todas estas personas habían solicitado expresamente ser acreditadas como intervinientes especiales dentro del caso 001, pues fueron mantenidas de manera prolongada en condiciones de cautiverio que aún son investigadas por la Sala de Reconocimiento. A la fecha, 205 víctimas han sido acreditadas dentro del caso 001, conocido como el de retenciones ilegales. 📄| La #JEP acredita como víctimas a militares secuestrados en la toma de Miraflores. Se trata de 20 militares y sus familiares, cuyos casos fueron documentados por la Asociación Colombiana de Víctimas de Secuestro, Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes (@acomides). pic.twitter.com/tN8ZGp5kh8 — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 28 de mayo de 2019

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Jesus Santrich seguirá tras las rejas

El exguerrillero, que hizo parte de las negociaciones de paz con el gobierno Santos, deberá continuar su proceso por delitos relacionados al narcotráfico en Colombia, tras las rejas. De acuerdo con la solicitud del apoderado de Santrich, el exguerrillero recibió un habeas corpus que solicitaba su inmediata liberación. Sin embargo, con lo dicho por los magistrados, el habeas corpus respondía a un caso en particular (el llevado por la JEP) y sin relación a la nueva orden de captura emitida por la Fiscalía en el proceso en su contra. El argumento que ha esgrimido la defensa gira en torno a la ilegalidad de su captura, pues aseguran que nunca recupero de forma efectiva su libertad, de acuerdo a lo solicitado por el Tribunal de Bogotá y una nueva solicitud de habeas corpus a favor de Santrich. El magistrado Dagoberto Hernandez, respondió a un nuevo pedido de la defensa, “la legalidad de la captura que mantiene a Seuxis Paucias Hernández Solarte restringido en su derecho de locomoción debe discutirse al interior del proceso penal, donde pueden desplegar a plenitud el ejercicio del derecho a la defensa y el debido proceso, como lo hicieron sus apoderados al apelar la decisión de legalización de captura”.

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Otra líder social que pierde la vida en Colombia

Concepción Corredor, líder social del Casanare, entró a engrosar la penosa lista de lideres asesinados en el territorio nacional en lo que va de 2019, ella es la número 63 de los que han sido reportados. De acuerdo con lo informado por la Defensoría del Pueblo del Casanare, “dos hombres que se movilizaban en moto, encapuchados y quienes habrían manifestado pertenecer al ELN, ingresaron a la vivienda, llevándose de manera violenta a la lideresa, manifestando que la necesitaban para hablar de algunos asuntos”. En la madrugada de este sábado, el cuerpo de Concepción fue hallado en un lugar cercano a su residencia con varios impactos de bala, de acuerdo con alguna versiones, sobre este se habría encontrado un panfleto de un frente desconocido del ELN. Concepción, militante del partido Alianza Verde, era líder social y campesina, realizaba labores con mujeres y fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Pradera e integrante de la Comisión de Mujeres del partido.

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Comisión Presidencial de Excelencia Militar

El Presidente de la República Iván Duque anunció la decisión de conformar una Comisión Especial compuesta por tres juristas independientes, cuyo objetivo es revisar que los procedimientos de la Fuerza Pública se ajustan a normas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El anuncio del Presidente llega tras las recientes revelaciones del diario New York Times, relacionadas con los lineamientos de las fuerzas militares y la posibilidad de que se reviva la política de los “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales que marcaron el pasado de la Institución y el Estado colombiano. La intención del primer mandatario es que esta Comisión “haga un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales” de la fuerza pública y que “evalúe con profundidad que se ajustan a las normas internacionales en DD.HH y DIH”. Los elegidos para conformar dicha comisión independiente serán, el exministro Hernando Yepes, el expresidente de la Corte Constitucional Mauricio González y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Por último el jefe de Estado anunció que espera que la Comisión haga “todas las recomendaciones que considere al Gobierno Nacional, para que sigamos avanzando hacia esa excelencia indiscutible en la forma como opera la Fuerza Pública en nuestro país”.

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Asesinan a personera de Samaniego, Nariño

La personera de Samaniego, Paula Andrea Rosero, se desplazaba en su carro cuando fue abordada por dos personas en motocicleta que le dispararon en repetidas ocasiones. Paula Andrea, de 47 años, quedó malherida después de que sujetos en motocicleta dispararan en repetidas ocasiones en su contra. El crimen ocurrió en un sector del casco urbano del municipio, conocido como ‘Romboide’, a un kilómetro del barrio San Juan, donde ella residía. Luego de la huida de los sujetos que la hirieron, los vecinos del sector se encargaron de llevar a la funcionaria hasta el hospital Lorencita Villegas, donde llegó sin signos vitales. La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre este hecho y afirmó que “las autoridades correspondientes deben esclarecer cuánto antes las circunstancias de su muerte y encontrar a los responsables de este crimen”.

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Condenan a José Elías Melo a 11 años de prisión por caso Odebrecht

Este lunes un juez de primera instancia envió de inmediato a la cárcel La Picota de Bogotá al expresidente de Corficolombiana (filial de Grupo Aval) afirmando que autorizó los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, para quedarse con la Ruta del Sol 2. Melo deberá pasar 141 meses (11 años y 9 meses) privado de la libertad por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Además, deberá pagar una multa que asciende a los 174 salarios mínimos legales vigentes. Asimismo, no podrá ejercer cargos públicos durante 13 años. A principios de abril se conoció la condena en primera instancia contra José Elías Melo, después de que un juez considerara que el exdirectivo sí sabía del soborno de US$6,5 millones que Odebrecht le entregó al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien estaba a cargo del extinto INCO, la antigua agencia de Infraestructura, hoy ANI, en 2009, en este año se se abrió la licitación de la Ruta del Sol 2 y se adjudicó su contrato por más de $2 billones. Dicho pago fue hecho para asegurarse que la Concesionaria Ruta del Sol, conformada por Corficolombiana, Odebrecht y el grupo Solarte, se quedara con la construcción de ese corredor vial.

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El general Santoyo, el “Porcino” y otros 100, deportados desde Estados Unidos

Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe durante su gobierno, aceptó cargos por narcotráfico en Estados Unidos, donde ya cumplió su condena. En Colombia será procesado por la desaparición forzada de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín. La Procuraduría destituyó en 2003 al General tras demostrar que ordenó cerca de 2.000 interceptaciones ilegales en Medellín. Sin embargo en 2006 el Consejo de Estado reversó la suspensión en su contra y lo restituyó en la Fuerza Pública. El militar ya fue puesto a disposición de las autoridades y deberá responder por la desaparición de los dos defensores de derechos humanos en 2006, crimen por el cual reposaba una orden de aseguramiento en su contra. En el mismo vuelo llegó Leonardo Gómez Pinilla, alias Porcino, involucrado en el Cartel de la Toga y el encargado de delatar a a los involucrados en el “Cartel de la Hemofilia” en el departamento de Córdoba.

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