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Así será la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos

En cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Protocolo para la aplicación de artículos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, relacionados con la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas del espacio público. El documento plantea pautas a los entes territoriales y sus autoridades de policía, teniendo como base la protección y prevalencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, señala que las autoridades están facultadas para regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas dentro de la autonomía territorial y sus competencias legales. El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño asegura que “dentro de esa posibilidad de restringir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, que les da la ley a los alcaldes, el protocolo detalla la hoja de ruta”. Los criterios prácticos para el ejercicio de la actividad policial frente a esa conducta en la aplicación de la normatividad tienen que ver con el lugar en el que se realiza, el momento del día, el modo o las circunstancias, siempre buscando la aplicación de medidas preventivas o pedagógicas. Igualmente, el propósito es activar la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones. Tomado de Ministerio de Justicia y del Derecho

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Aprobada ley que garantiza alimentación hasta 2025 a privados de la libertad

Minjusticia / revistacg

La ley que otorga al Ministerio de Justicia, la capacidad de mantener el servicio de alimentación en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) hasta el 30 de junio de 2025, fue aprobada por unanimidad en la plenaria del Senado de la República. Posterior al 30 de junio de 2025, la responsabilidad de alimentar a los privados de la libertad en las URI y estaciones de policía recaerá en los municipios y departamentos, conforme a la orden de la Corte Constitucional en 2022. Actualmente, 17 mil personas privadas de la libertad reciben alimentación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en las URI y estaciones de policía. La asignación presupuestal para alimentación de personas privadas de la libertad tanto en centros de detención transitoria como en cárceles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en 2023 es de seiscientos cuarenta y siete mil millones de pesos ($647.000.000.000), destinando mas de noventa mil millones para centros de detención transitoria durante dicho año. Para 2024, se proyecta un presupuesto de aproximadamente seiscientos mil millones para el servicio de alimentación. La ley, compuesta por solo cuatro artículos, busca evitar un cese en la prestación del servicio, asegurando los derechos fundamentales de quienes están detenidos preventivamente en centros transitorios. El proyecto fue elaborado en colaboración armónica con entidades territoriales, resultado de mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Justicia, con la participación de la Uspec, Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Tomado de Ministerio de Justicia y del Derecho

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En el cumplimiento de las sanciones propias de la JEP nos vamos a jugar gran parte del Acuerdo de Paz: MinJusticia

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Gobierno Del Cambio reafirma compromiso de garantizar las condiciones institucionales necesarias para el cumplimiento de las decisiones judiciales de la JEP. El Ministerio de Justicia y del Derecho, en la instalación de la Instancia de Articulación entre el Gobierno nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), manifestó su compromiso con generar las condiciones para ajustar la oferta institucional que garantice la implementación de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Debemos respetar la independencia judicial y la autonomía, las decisiones que tome la Jurisdicción Especial para la Paz y poderlas implementar de una buena forma desde el ejecutivo para que realmente tengan un potencial restaurativo”, viceministro Camilo Umaña. En esta instancia, en la que participan la JEP, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Justicia y Defensa, la Unidad para las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y otras entidades que tendrán el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, aseguró que el #GobiernoDelCambio busca garantizar las condiciones institucionales necesarias para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción. “Debemos respetar la independencia judicial y la autonomía, las decisiones que tome la Jurisdicción Especial para la Paz y poderlas implementar de una buena forma desde el ejecutivo para que realmente tengan un potencial restaurativo”, afirmó. Así mismo, pidió a las entidades estatales y territoriales utilizar las herramientas jurídicas disponibles para planificar, presupuestar y ejecutar recursos que permitan la implementación de proyectos restaurativos que contribuyan a la reconstrucción del tejido social y resaltó el papel de la comunidad internacional. El viceministro destacó la importancia de la justicia restaurativa, tanto en la justicia ordinaria como en la transicional. “El ministerio tiene como una de sus banderas la creación e implementación de mecanismos de justicia restaurativa. Lo que se haga en esta materia en el campo de la JEP contribuirá a los fines de la justicia transicional y se complementará con los esfuerzos para fortalecer el enfoque restaurativo en la justicia penal ordinaria”. Por su parte, la directora de Justicia Transicional, Mariana Ardila, aseguró que “no podemos hacer este trabajo solos y solas. Tenemos el reto de motivarlos y convencerlos para que todas las entidades pongan de su parte y las sanciones se cumplan. Que esta instancia les ofrezca la información suficiente para que puedan planear, presupuestar y ejecutar esos proyectos restaurativos para que los podamos llevar a la realidad”. La Instancia de Articulación tiene como objetivo facilitar el cumplimiento y el seguimiento a las medidas de contribución a la reparación y las sanciones propias que imponga la JEP a los comparecientes. Tomado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

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El Ministerio de Justicia y del Derecho efectuó este fin de semana en San Miguel, Putumayo, el primer ‘Encuentro Territorial para la Formulación Participativa e Incluyente de la Política Nacional de Drogas 2023 - 2033’, espacio acordado con los líderes y lideresas sociales, representantes de asociaciones y organizaciones de cultivadores de coca de siete departamentos.

MinJusticia arrancó en Putumayo los encuentros territoriales para la construcción de la nueva Política de Drogas

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El Ministerio de Justicia y del Derecho efectuó este fin de semana en San Miguel, Putumayo, el primer ‘Encuentro Territorial para la Formulación Participativa e Incluyente de la Política Nacional de Drogas 2023 – 2033’, espacio acordado con los líderes y lideresas sociales, representantes de asociaciones y organizaciones de cultivadores de coca de siete departamentos. En la sesión, que contó con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se recibieron aportes de las autoridades de la región, de organizaciones sociales y cocaleras, desde los saberes del territorio. A la convocatoria hecha por la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho acudieron el líder del área de Estudios Territoriales de UNODC, Miguel Serrano; la asesora de la dirección del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), María Clara Torres; el representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), Éder Sánchez, y el alcalde de San Miguel, Beyer Peña. Los encuentros continuarán este martes 14 de febrero en Puerto Asís, Putumayo. En total son 19 municipios donde se desarrollarán los espacios territoriales previstos para las ocho regiones priorizadas, que corresponden a 14 departamentos y Bogotá. El cronograma de trabajo contempla encuentros en Caquetá, Amazonas, Bajo Cauca antioqueño, Sur de Bolívar, Córdoba, Bogotá, Norte de Santander, Risaralda, Nariño, Meta, Guaviare, Valle del Cauca, Chocó, Atlántico y Arauca. Este es el primer espacio acordado con los representantes de organizaciones sociales de Cauca, Nariño, Caquetá, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Risaralda, donde participan los líderes y lideresas de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM); de los movimientos campesinos Cultivadores de Coca y Cocalero Agrario y Ambiental (MOVICCAAP), y de las asociaciones campesinas del Sur Oriente del Putumayo (ACSOMAYO), de Puerto Leguizamo, y de Puerto Asís Putumayo (ASOPUERTOASIS), entre otros. El Gobierno del Cambio trabaja de la mano de las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito en la construcción de una política incluyente, participativa, que proteja la vida y el medio ambiente.

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El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, instaló la mesa de trabajo que por primera vez permitirá a las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos definir la hoja de ruta para la construcción de una Política Nacional de Drogas 2023-2033 incluyente, participativa, que proteja la vida y el medio ambiente.

Por primera vez organizaciones sociales de 14 departamentos construyen de manera conjunta con el MinJusticia la nueva política de drogas

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El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, instaló la mesa de trabajo que por primera vez permitirá a las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos definir la hoja de ruta para la construcción de una Política Nacional de Drogas 2023-2033 incluyente, participativa, que proteja la vida y el medio ambiente. En su intervención, el jefe de la cartera de Justicia enfatizó que “es la primera vez que las organizaciones sociales participan en la construcción de la política de drogas del Gobierno del Cambio, que reconocerá la afectación desproporcionada y la persecución y violencia que han sufrido los campesinos en los territorios”. Es la 1ra vez que las organizaciones sociales participan en la construcción de la política de drogas del #GobiernoDelCambio, que reconocerá la afectación desproporcionada, persecución y violencia que han han sufrido los campesinos en los territorios: @MinjusticiaCo @osunanestor pic.twitter.com/7rg3Z3NY0h En este escenario histórico, representantes de las organizaciones sociales de los departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Risaralda, en compañía de entidades del Gobierno nacional y de la cooperación internacional, definieron los 19 municipios donde se realizarán, a partir del mes de febrero, los Espacios Consultivos Territoriales previstos para las ocho regiones priorizadas, que corresponden a 14 departamentos y Bogotá. El ministro enfatizó que en esta jornada comenzó un diálogo que va a ser permanente, en el que comunidades tradicionalmente afectadas por el fenómeno del narcotráfico y sus implicaciones políticas, económicas, sociales y ambientales podrán compartir los efectos de este flagelo desde sus saberes territoriales, con el fin de consolidar una política de seres humanos para seres humanos. Con este espacio se inicia una gran conversación que permitirá recolectar insumos para la formulación de un instrumento que empodere la vida de las personas con el concurso de la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional y todos los actores que por años han sido afectados por este fenómeno. “Les agradecemos que, después de haber pasado por momentos de tanto dolor y sufrimiento, sigan confiando en el Gobierno para la construcción de una política de drogas y por eso el Estado se compromete a construir una Colombia más pacífica, con prosperidad y tranquilidad”, concluyó Osuna Patiño. En la mesa también estuvo la directora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, quien destacó los esfuerzos del Gobierno nacional para consolidar una política sostenible, contundente e incluyente. “Las soluciones a los retos planteados por la problemática de drogas deben venir acompañadas de estrategias que se mantengan a largo plazo. Es necesario diseñar mecanismos específicos para cada territorio que promuevan el desarrollo rural“, agregó. La realización de los espacios territoriales será coordinada por la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia. Tomado de MinJusticia

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El Comité de Escogencia para la nueva dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que a partir del 1 de febrero se abre oficialmente la convocatoria para elegir al director o directora de la entidad, y reveló que el 4 de marzo se dará a conocer el nombre de la persona elegida.

Se abren las inscripciones para elegir la nueva dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas

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El Comité de Escogencia para la nueva dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que a partir del 1 de febrero se abre oficialmente la convocatoria para elegir al director o directora de la entidad, y reveló que el 4 de marzo se dará a conocer el nombre de la persona elegida. Adicionalmente, informó que la secretaria General de la Unidad, Claudia Victoria Niño Izquierdo, asumirá la dirección de la entidad de manera temporal, una vez culmine el periodo de la actual directora, el próximo 19 de febrero. En rueda de prensa el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Eduardo Umaña Hernández, ratificó el compromiso indeclinable del Gobierno nacional por el cumplimiento pleno y efectivo del Acuerdo de Paz y destacó el empeño del Ministerio de Justicia y del Derecho en elegir los mejores perfiles para conformar del comité que se encargará de elegir de forma autónoma e independiente al nuevo director de la UPBD. Por su parte María Camila Moreno, miembro de la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional y vocera del Comité de Escogencia, dio a conocer los pormenores del proceso de selección. Explicó que el 1 de febrero entrará en funcionamiento la página web a través de la cual los interesados podrán conocer las características de la convocatoria y postularse hasta el 10 del mismo mes. El 18 de febrero se publicará la lista de los postulantes que cumplen con los requisitos mínimos. Los ciudadanos que quieran hacer observaciones podrán presentarlas hasta el miércoles 22 de febrero. El 1 de marzo se dará a conocer la lista de las personas seleccionadas para las entrevistas presenciales, que se llevarán a cabo el 2 y 3 de marzo; y el 4 de marzo se entregará a la cartera de Justicia el resultado del proceso con el nombre de la persona escogida. La vocera del comité recordó que desde el 4 de enero del presente año el Comité de Escogencia se ha reunido para establecer los detalles del proceso, el cronograma y los criterios de selección. Al tiempo, indicó que las fechas podrían variar de acuerdo con el número de postulados. El Comité -cuya creación se pactó en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera- se encuentra integrado por cinco expertos en temas relacionados con justicia transicional, paz y derechos humanos: la magistrada Myriam Ávila Roldán, delegada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Marcie Mersky, delegado del Secretario General de Naciones Unidas; María Clemencia Castro, delegada de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado; Álvaro Gil Robles, delegado de la presidencia de la Corte Europea de Derechos Humanos; y María Camila Moreno, miembro de la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ). Tomado de MinJusticia

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El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, designó a los miembros de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado, que estará integrada por 10 académicos de reconocida idoneidad y experiencia en materia de política criminal, criminología, derecho constitucional, derecho penal y ciencias afines.

MinJusticia designa miembros de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado

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El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, designó a los miembros de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado, que estará integrada por 10 académicos de reconocida idoneidad y experiencia en materia de política criminal, criminología, derecho constitucional, derecho penal y ciencias afines. Una de las primeras tareas que tendrá la Comisión Asesora será la revisión, formulación de comentarios y retroalimentación del proyecto de ley con el que el ministerio busca modernizar y humanizar la política criminal y penitenciaria, para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional, declarado inicialmente por la Corte Constitucional en 1998 y reiterado en los últimos años. A través de la Resolución 0014 de 2023, el ministro Osuna Patiño designó a los académicos: Marcela Gutiérrez Quevedo, directora del Centro de Investigación de Política Criminal y coordinadora de la Cátedra UNESCO; Mónica Cifuentes Osorio, abogada, exgerente Jurídica del Proceso de Paz con las FARC y exprocuradora Delegada con funciones de intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y María Victoria Llorente Sardi, politóloga, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y consultora de organismos multilaterales e instituciones públicas colombianas en proyectos sobre paz, diálogo, seguridad ciudadana, prevención del crimen, reforma policial y política de drogas. Asimismo, a Gloria Patricia Lopera Mesa, especialista en argumentación jurídica, magíster en antropología y doctora en Historia y Derecho; Luisa Fernanda Cano Blandón, máster en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Derecho; Rodrigo Uprimny Yepes, abogado e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad ‘Dejusticia’ y doctor en Economía; Iván Orozco Abad, especialista en Derecho Constitucional y Teoría del Estado y doctor en Ciencia Política; Miguel Emilio La Rota Uprimny, abogado, economista y máster en Políticas Públicas y Administración Pública; Daniel Gómez Mazo, abogado y máster en Derecho, y Mauricio Pava Lugo, especialista en Casación Penal y conjuez de la Corte Suprema Justicia. Los miembros de la comisión fueron designados ad honorem para un período de dos años, que podrá prorrogarse si así lo considera el ministro de Justicia. La comisión escogió como presidente a Rodrigo Uprimny Yepes y como vicepresidenta a Gloria Patricia Lopera Mesa. Funciones de la comisión De acuerdo con el artículo 20 del Decreto 2055 de 2014, son funciones de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado colombiano la revisión anual de “los contenidos de las medidas de política criminal y penitenciaria adoptadas por el Estado colombiano, para establecer su coherencia y razonabilidad, y sugerir las revisiones que resulten necesarias”. También puede “adelantar estudios e investigaciones sobre las causas, manifestaciones y consecuencias de la criminalidad en Colombia, con el fin de presentarlos al Consejo Superior de Política Criminal”, además de “impulsar con las universidades y centros de educación el adelantamiento de investigaciones y tesis de grado sobre temas relacionados con la política criminal y asesorar dichas investigaciones y tesis”. Finalmente, “compilar anualmente los principios de política criminal del Estado colombiano, en particular para la determinación de los criterios que deben considerarse al momento de la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la Nación”, y las demás que le asigne el Consejo Superior de Política Criminal. Tomado de MinJusticia

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El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, en su participación en la audiencia pública 'Crisis Penitenciaria: Retos y Soluciones', afirmó que los colombianos deben esperar del actual Gobierno políticas públicas novedosas, las cuales incluirán reformas legales y administrativas para hacer de las cárceles lugares de resocialización, reparación y creación de segundas oportunidades para las personas que han sido condenadas o que están detenidas a la espera de un juicio.

El Gobierno aplicará políticas novedosas para superar el hacinamiento carcelario: MinJusticia

Actualidad, Minjusticia / revistacg

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, en su participación en la audiencia pública ‘Crisis Penitenciaria: Retos y Soluciones’, afirmó que los colombianos deben esperar del actual Gobierno políticas públicas novedosas, las cuales incluirán reformas legales y administrativas para hacer de las cárceles lugares de resocialización, reparación y creación de segundas oportunidades para las personas que han sido condenadas o que están detenidas a la espera de un juicio. “Este gobierno fue elegido para cambiar las cosas en este país. Así que no esperen que diseñemos políticas iguales a las que se han diseñado en el pasado. Vamos a diseñar políticas públicas de cambio”, aseguró el ministro. Explicó que el compromiso del Gobierno es encontrar una solución duradera, cierta y no populista. “Queremos llevar los derechos humanos al mundo carcelario y hacer que estos establecimientos no sean un escenario de negación de la personalidad humana y de los derechos humanos más básicos, sino de resocialización, reparación y creación de segundas oportunidades”. El titular de la cartera de Justicia precisó que el propósito es superar el estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte Constitucional desde hace más de 20 años. “Si solo lográramos eso, creo que sería una muy buena noticia para nuestro país” “El hacinamiento en las cárceles también tiene que ver con que las personas que son condenadas pasan demasiado tiempo en la cárcel. Es una reflexión que sé, no es popular y que no suscita adhesiones, pero la sociedad colombiana debería pensar si esas penas larguísimas, de 50 o 60 años tienen sentido cuando se trata de resocializar, crear segundas oportunidades y reparar a las víctimas”, anotó. Por último, el ministro Osuna insistió en el compromiso que tiene el Gobierno de “encontrar soluciones ciertas y eficaces, no mágicas. Acompañamos a la sociedad civil y queremos escuchar esas propuestas de solución en cuanto al diseño de políticas púbicas que nos permitan por fin salir de esa situación, que ha sido calamitosa”, puntualizó. Tomado al Ministerio de Justicia

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Gracias a un trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se realizó por primera vez un estudio sobre mortalidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas (SPA), el cual aporta información relevante en torno a los impactos generados por este fenómeno y constituye un insumo para la toma de decisiones de política pública en la materia, muy útiles considerando que actualmente no se cuenta con estadísticas unificadas a nivel nacional.

MinJusticia presenta resultados del Estudio de Mortalidad Asociada al Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia

Actualidad / revistacg

Gracias a un trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se realizó por primera vez un estudio sobre mortalidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas (SPA), el cual aporta información relevante en torno a los impactos generados por este fenómeno y constituye un insumo para la toma de decisiones de política pública en la materia, muy útiles considerando que actualmente no se cuenta con estadísticas unificadas a nivel nacional. Es la primera vez que contamos con información de este tipo. Las cifras abarcan el periodo 2013-2020 y evidencian una juiciosa labor, por parte de la cartera que lidera Wilson Ruiz Orejuela. Dicho estudio se enmarca en la Política integral para enfrentar el problema de las drogas, ‘Ruta Futuro’, el cual contempla la gestión de una serie de indicadores con el fin de proporcionar información sobre la situación del consumo de drogas ilícitas y sus consecuencias, entre ellas, el número de muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas (SPA). El ejercicio evidenció que en el periodo 2013 – 2020 se identificaron 28.541 defunciones asociadas a consumo de drogas, teniendo en cuenta que presentaron resultados positivos de toxicología asociados a sustancias psicoactivas. Las principales sustancias encontrados fueron alcohol, cocaína y marihuana. Aunque también se hallaron 37 casos asociados a morfina y 19 a tramadol. Además, se identificaron cinco muertes asociadas al consumo de fentanilo, sustancia que no tenía referencia conocida de mortalidad en Colombia, pero que en Estados Unidos y Canadá causa actualmente miles de muertes. La investigación partió del análisis de la información de toxicología de las muertes que entran por lesiones de causa externa, con lo que se logró una aproximación más precisa sobre de los fallecimientos asociados al consumo de SPA. Esto, a su vez, generó información importante para diseñar políticas más acertadas, dado que previo a este estudio no se conocía la verdadera dimensión del impacto del uso de drogas en la mortalidad. Para darle contexto al estudio, hay que decir que las estadísticas de defunciones asociadas al consumo de drogas muestran diferencias y evidencian subregistros. Los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de 2020 reportan 126 defunciones relacionadas con trastornos mentales y del comportamiento asociados al uso de SPA. Mientras en el mismo año, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) registra 12 muertes. Ahora bien, en 2019 el Sistema de Estadísticas Vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), reportó 222 defunciones por sobredosis con estupefacientes. La Ley 769 de 2002 establece que, para todos los accidentes de tránsito, con lesiones personales y fatales, se deben realizar pruebas de embriaguez. En cambio, no hay obligatoriedad de ejecutar pruebas para identificar otras sustancias psicoactivas vinculadas a otro tipo de lesiones de causa externa. Así las cosas, estás últimas sólo se realizan por solicitud de la autoridad competente, cuando el contexto así lo determine o cuando los protocolos institucionales lo dispongan. Tomado del Ministerio de Justicia

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MinJusticia anuncia 1,6 billones para infraestructura carcelaria

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La ministra espera que su cartera genere 13.000 nuevos cupos en el cuatrenio, 4.800 de ellos modulares. Este miércoles en Cartagena, en desarrollo del XV Congreso Nacional de la Infraestructura, la ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero Restrepo, realizó importantes anuncios relacionados con los recursos que se destinarán para solucionar la crisis que afecta al sistema carcelario del país, al precisar que el tema carcelario es prioridad en este Gobierno. En principio, y luego de manifestar su preocupación por la actual situación, la alta funcionaria confirmó que el gobierno del Presidente Iván Duque invertirá 1,6 billones de pesos para mejorar la infraestructura carcelaria. La titular de la cartera de Justicia hizo una completa radiografía del presente de las cárceles y citó importantes cifras. Empezó mencionando que son 120 mil las personas privadas de la libertad en 133 cárceles, y que de estos centros más del 50% (118) son de primera generación (construidas entre 1611 y 1990). En este mismo contexto, indicó que se destinarán 330 mil millones de pesos para generar, 3.860 nuevos cupos de cuarta generación, en el mediano plazo . Respecto al hacinamiento, Borrero Restrepo dijo que este alcanza el 50%, y que para solucionarlo, la cartera que preside espera generar 13.000 nuevos cupos en el cuatrenio, 4.800 de ellos modulares. Finalmente, señaló que la reincidencia ronda el 20%, y que la clave para disminuirla está en impulsar la educación y la prevención, lo cual se logra mejorando las políticas carcelarias, regulando la detención preventiva e impulsando una efectiva reinserción. Con información del Ministerio de Justicia y del Derecho

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