mayo 23, 2025

Grupos paramilitares

Asesinan a tres líderes sociales en Huila y Putumayo

Durante las últimas horas se cometieron tres asesinatos, en dos departamentos del país, en Huila fue asesinada la lideresa Mireya Hernández, y en Putumayo Emilio Campaña y Carlos Alonso Quintero. Las autoridades investigan el paradero de los atacantes. La líder social Mireya Hernández Guevara, fue asesinada en el municipio de Algeciras, Huila, por desconocidos que se movilizaban en motocicleta y la atacaron con arma de fuego cuando llegaba a su vivienda en compañía de su esposo. La mujer era reconocida por su labor social con la comunidad, y era la tesorera de la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de julio en el municipio huilense. En Puerto Guzmán, Carlos Alonso Quintero Valencia fue asesinado en su residencia, y Emilio Campaña perdió la vida en la vereda Los Mangos en límites entre los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. Estos hechos se suman al asesinato de la líder social Gloria Ocampo, en días anteriores, quién también fue atacada en la Estrella, vereda del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. Las autoridades se encuentran en la investigación de los hechos ocurridos, mientras la policía nacional despliega operativos en las zonas para dar con los criminales.

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Denuncian a Mininterior por omisión frente a la situación en Bojayá

El exsecretario de transparencia del gobierno Santos, Gabriel Cifuentes, denunció ante la Procuraduría General de la Nación, a la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por presunta omisión frente a la situación de violencia y conflicto en la región de Bojayá, Chocó.  La situación de vulnerabilidad que viven los habitantes en Bojayá, ya había sido expuesta y denunciada en diferentes ocasiones desde el 2019; la Defensoría del Pueblo también expuso el caso al Ministerio del Interior a lo cual la cartera respondió que la situación se está regulando y la zona se encuentra monitoreada y militarizada por parte de las fuerzas públicas. Según Gabriel Cifuentes, las denuncias por una posible toma del corregimiento de Pogue, en Bojayá, el pasado 31 de diciembre, se pudieron evitar debido a las tres alertas inminentes que hizo la Defensoría al Ministerio del Interior acerca de la situación en riesgo de las comunidades del municipio chocoano.  Al caso se anexan los documentos de la Defensoría en los que se expone la denuncia y la preocupación frente a la situación. “Alerta temprana debido al confinamiento y grave riesgo de desplazamiento de que enfrentan aproximadamente 2.250 habitantes indígenas y afrocolombianos (…) El riesgo para la población civil se  fundamenta en la reciente agudización de la presencia del Eln y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (…) Se interfiere también, por la dinámica de los grupos armados ilegales y por la falta de presencia permanente del Estado en inmediaciones de las zonas rurales, una alta probabilidad de ocurrencia de acciones de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres; posibles hechos de reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes”, se lee en un apartado de una denuncia presentada el 9 de abril de 2019, reiterada en octubre del mismo año y cuando se extendió los alcances a todo el Alto Baudó. Cifuentes añadió que es necesario determinar si “las alertas tempranas emitidas por parte de la Defensoría del Pueblo en el caso de Bojayá y del Alto Baudó y, reportadas en este documento, la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez actuó con la diligencia debida y en cumplimiento de las funciones que en virtud del decreto 2124 de 2017 se le confieren como secretaria técnica de la CIPRAT. En ese orden de idea, se solicita también investigar la posible ocurrencia de fallas disciplinarias por parte de la funcionaria.” 

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Gobierno retira proyecto anticorrupción por ‘mico’

La medida se toma luego de que la representante Juanita Goebertus, advirtiera que la iniciativa inhabilitaba a los reinsertados para contratar con el Estado. El Ministerio del Interior anunció este martes que retirará el proyecto de ley de reforma constitucional que establecía varias medidas para combatir la corrupción, argumentando que requiere mayor claridad luego de que la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, advirtiera que la iniciativa inhabilitaba a los reinsertados para contratar con el Estado. “Para evitar malas interpretaciones se procederá a retirar el proyecto, en el nuevo escrito se le anexa la transcripción del parágrafo adicionado por el artículo 2 del acto legislativo 1 de 2017 y se presentará nuevamente ante el Congreso de la República”, señaló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. La jefe de cartera aclaró que la iniciativa no busca frenar la reinserción de los guerrilleros desmovilizados. “El sentido del proyecto de acto legislativo presentado es extender la obligación de presentar copia de la declaración de renta, que tiene el servidor público, para que no sea por una vez, sino anualmente”, explicó. La polémica se despertó cuando Juanita Goebertus, representante del partido Alianza Verde, publicó en su cuenta de twitter que la iniciativa que radicó el Gobierno de Iván Duque eliminaba el parágrafo del artículo 122 de la Constitución que les abrió la puerta a los desmovilizados para reincorporarse de manera institucional. “Proyecto de reforma constitucional del Gobierno contra la corrupción elimina la posibilidad de que excombatientes (de la guerrilla y de los paramilitares) y los miembros de FFMM que hayan cometido delitos se reincorporen en instituciones del Estado. ¿Descuido o mico?”, escribió Goebertus en la red social. El artículo 122 les permite a excombatientes de las FARC hacer funciones de desminado humanitario en el territorio colombiano, o que exparamilitares obtengan contratos con la Agencia de Reincorporación para hacer servicios de atención psicosocial, como lo hacen en la actualidad.

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Partido FARC denuncia persecuciones por parte de grupos paramilitares

El movimiento político FARC denunció este miércoles persecuciones y amenazas en contra de sus militantes por parte de grupos paramilitares en la capital del país. El partido expresó su preocupación por la presencia de los que llamó sucesores del paramilitarismo en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristobal.  “A las graves amenazas, retenciones ilegales y secuestro, denunciadas en su momento, en contra de Lady Poblador, en Ciudad Bolívar, y el entorno familiar de Brayan Segura, en Suba, se suma la persecución de la que vienen siendo víctimas Arley Estupiñán y otros líderes comunitarios y juveniles de la localidad de Usme, militantes del Partido FARC y de otras organizaciones sociales y políticas”, afirmó la organización en un comunicado. En su denuncia asegura tener conocimiento sobre los movimientos que realizan estos grupos ilegales en Ciudad Bolívar, Suba y Usme desde el 2017. Además, de contar con información sobre hombres infiltrados en los movimientos sociales, quienes se han dedicado a amenazar a sus líderes y a perseguir a los excombatientes de las FARC, “Exigimos al Estado colombiano y a sus autoridades judiciales, administrativas y organismos de control, tomar todas las medidas urgentes, necesarias y pertinentes para garantizar la vida e integridad personal de Arley Estupiñán Mosquera y el libre ejercicio del derecho fundamental a la participación política de todas y todos los militantes del partido FARC en la ciudad de Bogotá”, aseguró la misiva. El partido político también pidió el desmantelamiento y persecución penal de los grupos criminales ligados con el paramilitarismo que “continúan delinquiendo en el distrito y ponen en grave riesgo la adecuada implementación del Acuerdo Final de Paz”.

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