Grupos paramilitares

El exsecretario de transparencia del gobierno Santos, Gabriel Cifuentes, denunció ante la Procuraduría General de la Nación, a la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por presunta omisión frente a la situación de violencia y conflicto en la región de Bojayá, Chocó.  La situación de vulnerabilidad que viven los habitantes en Bojayá, ya había sido expuesta y denunciada en diferentes ocasiones desde el 2019; la Defensoría del Pueblo también expuso el caso al Ministerio del Interior a lo cual la cartera respondió que la situación se está regulando y la zona se encuentra monitoreada y militarizada por parte de las fuerzas públicas. Según Gabriel Cifuentes, las denuncias por una posible toma del corregimiento de Pogue, en Bojayá, el pasado 31 de diciembre, se pudieron evitar debido a las tres alertas inminentes que hizo la Defensoría al Ministerio del Interior acerca de la situación en riesgo de las comunidades del municipio chocoano.  Al caso se anexan los documentos de la Defensoría en los que se expone la denuncia y la preocupación frente a la situación. “Alerta temprana debido al confinamiento y grave riesgo de desplazamiento de que enfrentan aproximadamente 2.250 habitantes indígenas y afrocolombianos (…) El riesgo para la población civil se  fundamenta en la reciente agudización de la presencia del Eln y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (…) Se interfiere también, por la dinámica de los grupos armados ilegales y por la falta de presencia permanente del Estado en inmediaciones de las zonas rurales, una alta probabilidad de ocurrencia de acciones de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres; posibles hechos de reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes”, se lee en un apartado de una denuncia presentada el 9 de abril de 2019, reiterada en octubre del mismo año y cuando se extendió los alcances a todo el Alto Baudó. Cifuentes añadió que es necesario determinar si “las alertas tempranas emitidas por parte de la Defensoría del Pueblo en el caso de Bojayá y del Alto Baudó y, reportadas en este documento, la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez actuó con la diligencia debida y en cumplimiento de las funciones que en virtud del decreto 2124 de 2017 se le confieren como secretaria técnica de la CIPRAT. En ese orden de idea, se solicita también investigar la posible ocurrencia de fallas disciplinarias por parte de la funcionaria.”