abril 21, 2025

Fiscalía General

Fiscalía dicta orden de captura contra Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia

Los elementos probatorios dan cuenta del pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. La decisión fue comunicada el día de hoy al Presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el Jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia. Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros. El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia. Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos. La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia). Este último asunto, que comprometió más de 16 mil millones de pesos, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original. Para la Fiscalía, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación. Con información de la Fiscalia General de la Nación  

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Francisco Barbosa elegido como nuevo Fiscal General

Tras cinco sesiones, en la mañana de este jueves, la Corte Suprema de Justicia escogió por unanimidad al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Presidencia, Francisco Roberto Barbosa Delgado, como el nuevo encargado del ente investigador. Después de varios meses de interinidad, el alto tribunal designó a Barbosa para reemplazar al exfiscal Néstor Humberto Martínez, luego de su renuncia, en mayo del 2019, por la negativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de extraditar a Seuxis Paucías Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, y otorgarle su libertad. Barbosa figuraba como el más opcionado para el cargo, luego de que alcanzara la mayoría de votos en las sesiones individuales y grupales. El nuevo Fiscal General de la Nación, elegido con 16 votos, se desempeñará en el cargo hasta 2024. Por unanimidad, @CorteSupremaJ eligió al jurista Francisco Roberto Barbosa Delgado @FrBarbosaD como fiscal general de la Nación. Vea y conozca aquí al nuevo jefe de @FiscaliaCol https://t.co/zERLss4OdG pic.twitter.com/UePCpRJX0l — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) January 30, 2020  

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A la cárcel implicados en el caso Dimar Torres

Fiscalía imputó a los cuatro militares retirados por el delito de homicidio en persona protegida. Un juez de control de garantías de Bogotá acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento intramural contra cuatro militares retirados que habrían participado en el crimen del excombatiente de las Farc, Dimar Torres Arévalo, ocurrido el 22 de abril de 2019, en la vereda Carrizal, en Convención (Norte de Santander). Los afectados con la decisión son el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados Yorman Alexander Buriticá Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón Castrillón. Durante las audiencias concentradas, el fiscal de conocimiento argumentó que la muerte del exintegrante de las desmovilizadas Farc se podría considerar como una ejecución extrajudicial, en el entendido de que la víctima era una persona en estado de indefensión, desarmada y no combatiente. En ese sentido, los cuatro militares retirados fueron imputados por el delito de homicidio en persona protegida. Los procesados no aceptaron los cargos en su contra. De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, la tarde del 22 de abril de 2019, Dimar Torres se movilizaba en una motocicleta azul y, mientras pasaba frente a la base Sinaí del Ejército Nacional, fue detenido y recibió cuatro disparos de fusil que le propinó el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo. Al parecer, un grupo de soldados ayudó a esconder la motocicleta y habría cavado una fosa en una zona boscosa ubicada a 15 metros de las instalaciones militares, en la que presuntamente fue sepultado el cuerpo de la víctima. Las evidencias indicarían que el entonces coronel Pérez Amézquita, supuestamente, ordenó el crimen porque tenía información de que Dimar Torres sería el explosivita del ELN que aparentemente instaló un campo minado en el que cayó un soldado el 12 de abril de 2019, en zona rural de Convención (Norte de Santander). La Fiscalía obtuvo elementos de prueba que permitieron conocer que el oficial quería vengar la muerte de uno de sus hombres y, en ese sentido, habría pedido actuar contra Dimar Torres. Así está documentado en varios testimonios, en la versión del cabo Daniel Eduardo Gómez, quien reconoció su participación en el crimen; y en algunas interceptaciones telefónicas. En una de las comunicaciones conocidas el coronel Pérez Amézquita habría señalado: “no hay que capturarlo, hay que matarlo. No aguanta que se vaya a engordar a la cárcel”. El juez de control de garantías dispuso que los cuatro procesados deberán cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en una instalación militar. Por estos mismos hechos, el cabo Daniel Eduardo Gómez fue condenado a 20 años de cárcel, luego de aceptar que disparó contra Dimar Torres. La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general. Información tomada de la Fiscalía General de la Nación

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Condenado hombre que hurtó SITP y arremetió contra supermercado durante marchas en Bogotá

Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado 19 Penal Municipal, con función de control de garantías de Bogotá, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Ricardo Alfonso Galvis Martín, por los delitos de hurto calificado y agravado, y perturbación en servicio de transporte publico oficial o colectivo. Galvis Martín en audiencia pública aceptó su responsabilidad en lo ocurrido el pasado 22 de noviembre, cuando aprovechó las protestas que habían en la ciudad para hurtar un bus del SITP, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, y luego lo estrelló contra un supermercado, lo que sirvió para que muchos de los manifestantes entraran al lugar y robaran mercancía de los estantes. El caso fue conocido por un fiscal de la Estructura de Apoyo, de la Dirección Seccional de Bogotá, quien con apoyo de la policía judicial Sijín logró la captura del investigado este 27 de noviembre. La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general. Con información tomada de la Fiscalía General de la Nación

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A dos días del paro, Policía Nacional realiza allanamientos en varias ciudades del país

La Policía en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, se encuentran haciendo allanamientos preventivos en varias localidades de Bogotá a dos días del paro nacional. Según fuentes del cuerpo policial, con los operativos se busca identificar e individualizar a los encapuchados que en marchas pasadas han atentado contra la infraestructura del país y bienes ajenos en localidades como Teusaquillo, San Cristobal y Ciudad Bolívar. En Cali y Medellín también se han realizado allanamientos por parte de la Policía. De acuerdo con denuncias del movimiento Congreso de los Pueblos, algunas casas de estudiantes, profesores y periodistas sindicales fueron ocupadas por las autoridades en la madrugada de este martes . Karen Vanegas, vocera del movimiento, dijo que “se trata de actos ilegales porque hay inconsistencias en las órdenes de allanamiento” presentadas. Por su parte, Deisy Aparicio, integrante de la Asociación de Estudiantes de Secundaria Andes, rechazó el accionar policial a través de sus redes sociales, al igual que otros jóvenes organizadores del paro nacional convocado para este jueves. “Repudio los 6 allanamientos a viviendas de líderes estudiantiles y sociales hoy en la ciudad de Bogotá, estigmatizan el proceso de paro y criminalizan a líderes sociales y pretenden que no estemos indignados. No más falsos positivos judiciales”, escribió. La Policía Nacional informó que gracias a estas investigaciones se logró capturar a alias “Chiqui” y “El Diablo” quienes tenían en su poder artefactos para la elaboración de explosivos y una granada lacrimógena.  “Estas dos personas, quienes además habían sido identificadas como responsables de generar violencia e infiltrarse en las manifestaciones anteriores en la ciudad, fueron puestas disposición de las autoridades judiciales, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas”,reportó.  

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Capturados presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en el oriente de Huila

Extorsión con circunstancias de agravación punitiva y concierto para delinquir con fines extorsivos les fueron imputados por parte de la Fiscalía a ocho personas, que al parecer hacen parte de las disidencias de las Farc, bajo el liderazgo de alias James y alias Rulber. Se trata de Brayan Andrés Ramos Cortés, Justiniano Quesada Pinilla, Maribel Martínez Ruiz, Orlando Osorio Roa, Williams Andrés Bohórquez Tovar, Arturo Rojas Trujillo y los hermanos Maximino y Rulber Albeiro Sánchez Chacón, quienes tras tres días de audiencias preliminares ante el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Palermo (Huila), fueron enviados a prisión de manera preventiva. Se presume que a través de panfletos los hoy procesados citaban a comerciantes y campesinos de los municipios de Neiva, Algeciras, Campoalegre, Hobo y Gigante (Huila), a la vereda El Turín de Algeciras, para hacerles exigencias económicas que oscilaban entre $1.000.000 y $20.000.000, a cambio de no atentar contra su integridad y sus propiedades. Alias James, quien también pertenecería a la estructura ilegal y se encuentra con medida intramuros, será citado para imputación de cargos por este proceso que adelanta un despacho especializado delegado ante el Gaula. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general. Con información tomada desde la Físcalia General de la Nación

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Crece privación injusta de la libertad

Las demandas por cuenta de la privación injusta de la libertad, en varios de los casos por la validez que han dado las autoridades a declaraciones de testigos falsos, no paran de crecer en Colombia. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en menos de dos años se han admitido 1.924 denuncias para que la justicia determine si se hicieron de manera irregular o se ajustaron a la ley. Según medios locales, de los procesos admitidos en contra de la Fiscalía General de la Nación, 1.908 permanecen activos con pretensiones que suman los $2 billones de pesos. Pero la cifra puede ser aún mayor, si se tiene en cuenta que hay casos represados desde hace muchos años, cuya cuantía ha dependido de factores como el tiempo de detención, su impacto social o afectación del entorno familiar. De acuerdo con informes oficiales recientes, al cierre del primer semestre de 2018 se estaban tramitando 16.509 procesos que le podrían representar al Estado más de 23 billones de pesos.   Panorámica de la Fiscalía General de la Nación ¿Dónde está la falla? El experto en temas jurídicos, Antonio José Durán cree que los falsos testigos han hecho colapsar el Sistema Penal Acusatorio. En eso ha contribuido “la falta de herramientas por parte del Estado para corroborar las declaraciones que entregan estas personas en busca de un beneficio punitivo, así como la carencia de valoración probatoria, llevando al Estado colombiano a condenar inocentes”, asegura. Durán va mucho más allá, al afirmar que las permanentes fallas que se están cometiendo, deben conducir a una reforma al sistema en la que no se privilegie tanto al delincuente y en cambio sí se priorice la presunción de inocencia del ciudadano. Lo único cierto es que cada vez se presentan más demandas contra el Estado colombiano en sectores como el laboral, justicia y transporte por errores jurídicos de los funcionarios, en los que ha sido necesaria la conciliación para evitar perjuicios económicos mayores. Las equivocaciones han llevado a convertir la privación injusta de la libertad en la sexta causa más frecuente por la cual se demanda al Estado. Es así como ya existen órdenes para que se giren 477.000 millones de pesos a personas que perdieron su libertad por errores de la justicia y buscan ser indemnizadas. Algunos de los casos Son muchos los casos que se conocen de privación injusta de la libertad en Colombia, como por ejemplo el del exdiputado Sigifredo López, quien estuvo detenido por su supuesta responsabilidad en el secuestro y asesinato de sus 11 excompañeros de la Asamblea del Valle del Cauca en 2007. La Fiscalía reconoció entonces que se equivocó y ordenó revocar la medida de aseguramiento que pesaba en su contra al encontrar que los testigos que se usaron en el proceso estaban mintiendo. El ente investigador admitió que hubo fallas en la evaluación de las pruebas y testimonios. Así como ese, hay cientos de procesos de colombianos que por declaraciones de testigos falsos han terminado en prisión, como le ocurrió al ciudadano Fredy Orlando Candela Pineda, dueño de un taller de latonería y pintura, quien está privado de la libertad desde el 21 de julio de 2015 por el delito de tentativa de extorsión agravada. En el caso suyo, le fue proferida una condena de ocho años de prisión con un falso juicio de valoración probatoria. Los analistas consideran que la ausencia de herramientas que le permitan verificar por medio de técnicas jurídicas e investigativas las mentiras en que incurren los testigos para obtener beneficios económicos y jurídicos, le está saliendo muy costoso al Estado. “El ente investigador, de manera desesperada, sin mirar la verdad y la justicia, busca realizar preacuerdos a toda costa, sin corroborar los testimonios y, lo que es peor aún, condenando a personas inocentes”, concluye Durán. Exdiputado Sigifredo López fue privado de la libertad por falsos testimonios.

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Capturan a 57 miembros del “Clan del Golfo” en tres departamentos

 La Policía Nacional anunció este viernes que en el marco de la Operación Agamenón II, fueron capturados 57 integrantes del denominado “Clan del Golfo” en los departamentos de Atlántico, Sucre y Antioquia. Los detenidos tienen requerimiento judicial por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, hurto calificado y desplazamiento forzado. “Las primeras 43 capturas fueron materializadas en Sincelejo, Sampués, Corozal y San Onofre (Sucre) y en Turbo (Antioquia). Los detenidos hacen parte de la subestructura ‘Héroes del Caribe’, que delinque en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre […] Así mismo, en Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia (Atlántico) se efectuaron las 14 capturas restantes”, señaló la institución a través de un comunicado. La Policía resaltó, además, que durante los últimos tres años se han efectuado 574 operaciones de asalto y 866 allanamientos, que han resultado en la captura de 1.949 miembros de esa organización y la neutralización de otros 88 -entre ellos cabecillas como alias “el Indio”. “También en el periodo señalado las autoridades se incautaron de 207 toneladas de cocaína, destruyeron 92 laboratorios y ocuparon 789 bienes con fines de extinción de dominio, cuyo valor supera los 600 mil millones de pesos”, concluyó la misiva.

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