julio 19, 2024
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Compra de Votos

Caen las primeras cabezas por fuga de Aída Merlano

Tras la inesperada fuga de la excongresista Aída Merlano de un centro médico de Bogotá, rodaron las primeras cabezas por presunta negligencia en su custodia. El director del INPEC William Ernesto Ruiz y la directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Muñoz, fueron retirados de sus cargos. La decisión fue tomada en una reunión que fue convocada por la ministra de Justicia, Margarita Cabello para analizar las circunstancias en que se produjeron los hechos. Según las primeras investigaciones, Muñoz autorizó la salida de Merlano de la prisión, que luego fue aprovechada por la reclusa para escapar, mientras que Ruiz tenía bajo su responsabilidad el esquema de seguridad de la exsenadora, para evitar cualquier intento de fuga de la interna. La excongresista, acusada de los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas, escapó de un consultorio odontológico utilizando una cuerda que le permitió alcanzar la calle, donde era esperada por un motociclista. Por su recaptura, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos a quien de información sobre su paradero. Merlano tenía pendiente una diligencia ante la Fiscalía, en la que revelaría los nombres de otros políticos de la Costa Atlántica que estarían involucrados en la compra de votos durante la campaña legislativa de  2018.  

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Fiscal destapa corrupción en elecciones al congreso

Como resultado de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía para garantizar la transparencia e integridad de las recientes elecciones al Congreso de la República, se encontraron serias irregularidades en distintas regiones del país. Entre los capturados se encuentran funcionarios de diferente nivel, así como más de dos mil (2.000) intermediarios que habrían favorecido a candidatos al parlamento. En todos los casos, los fiscales y los investigadores ponen al descubierto complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático, según informó este jueves el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Operación “Casa Blanca” En el marco de la segunda fase de la “Operación Casa Blanca”, se descubrió una red de compra de votos para favorecer  a la candidata Aida Merlano, en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico. Gracias al trabajo de más de 50 investigadores de la Fiscalía y de más de 2.112 horas de video y audios recaudados, se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas. Las evidencias recaudadas mostrarían que esta operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó a fondo en el 2018, para los comicios al Congreso de la República. La red funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Los votantes recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas, según la fiscalía. Casa Blanca en el 2018 Para las elecciones de Congreso en el 2018, esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente atendió a la senadora electa Aída Merlano. Las pruebas muestran que Casa Blanca también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás (número 107 en el tarjetón de su partido para la Cámara de Representantes por el Atlántico), quien no fue elegida. La organización tenía roles diferenciados así: Administradores: encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros. Punteadores: encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras. Pagadores: encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes. Coordinadores: entregaban contraseñas en casas de apoyo. Didactas: encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta. Según la Fiscalía, para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, allí llegaban los votantes a presentarse. A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores. Los electores correspondían, por lo general, a personas de bajos recursos y poca escolaridad. También se reclutaba adultos mayores quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado. La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular, así: Candidatos al Congreso: Aida Merlano y Lilibeth Llinás Dirigentes políticos regionales: Jorge Rangel, Diputado del departamento del Atlántico Margarita Balén, Diputada del departamento del Atlántico Juan Carlos Zamora, Concejal del distrito de Barranquilla Aissar Castro Bravo, Concejal del distrito de Barranquilla Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo Vicente Támara, exConcejal del municipio de Soledad Líderes: Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos., lo que constituye un delito nuevo. Financiación de la empresa criminal La red contaba con al menos dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico. En la pública, habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la “Casa Blanca”. En la privada, se identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, que fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal. Uno de ellos, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante el mes de febrero de 2018 cobró veintiún (21) cheques que superaron los mil millones de pesos ($1.000’000.000). Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los quinientos millones de pesos ($500’000.000). Dado el volumen de las sumas recaudadas, éstas eran depositadas en lugares estratégicos de Casa Blanca y hasta en la “bañera” de la edificación. Debe tenerse en cuenta que el monto máximo para gastos de un candidato al Senado se fijó por la autoridad electoral en la suma de novecientos millones de pesos ($900´000.000) (Resolución 2796 de 2017 del Consejo Nacional Electoral). Nuevos delitos Las situaciones fácticas referidas le han permitido al fiscal de conocimiento concluir que varios de los indiciados podrían haber incurrido en dos (2) de los nuevos delitos tipificados por la Ley 1864 de 2017: Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales (artículo 396 B del Código Penal) Tráfico de votos (artículo 390 A del Código Penal) Imputados Fase I Durante la Fase I de la operación “Casa Blanca”, fueron capturadas en flagrancia cinco (5) personas a quienes se les imputó inicialmente el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado, respecto de tres de ellos: Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas. Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas.

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