octubre 10, 2025
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Caso Odebrecht

Vicepresidencia de la República y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado piden inhabilidad al grupo Odebrecht por 20 Años

Odebrecht propuso un “Acuerdo de Reparación Integral”, mediante el cual ofrece una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos. Por los actos de corrupción transnacional cometidos en Colombia y reconocidos por el grupo empresarial Odebrecht, la vicepresidencia de la República, Marta Lucia Ramírez, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitaron a la Superintendencia de Sociedades imponer a las entidades que integran ese grupo la inhabilidad para contratar por 20 años con el Estado colombiano.​ “La sociedad Odebrecht S.A. ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública”, afirmó la vicepresidenta. De acuerdo con Ramírez, Colombia cuenta con diferentes instrumentos jurídicos como la Ley 1778 de 2016 de soborno transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la OCDE, por lo cual la Vicepresidencia y la ANDJE solicitan a la Superintendencia que adelante todas las actuaciones pertinentes para sancionar a las empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht. “La lucha contra el grave flagelo de la corrupción es una obligación constitucional, legal y ética de todo gobernante y de todo ciudadano. Este es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la Nación, el cual ha causado un grave detrimento en las finanzas públicas y ha sido el origen de graves daños a la ética pública. Contra la corrupción hay que ir con todo el peso de la Ley”, aseguraron en rueda de prensa. La sociedad colombiana Constructora Norberto Odebrecht S.A. ha propuesto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a otras entidades la celebración de un “Acuerdo de Reparación Integral”, mediante el cual la compañía responsable de actos de soborno y corrupción, ofrece una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos contra la moralidad pública, a cambio de  que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado. La vicepresidencia de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como otras entidades, han rechazado tajantemente esta solicitud pues resulta legal y moralmente inaceptable. “No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria (…) Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos”. “Permitir que una empresa que organizó con pleno conocimiento corporativo graves actos de soborno y corrupción transnacional vuelva a participar en licitaciones o concursos públicos en Colombia, resultaría ser un acto contra las empresas honestas y cumplidoras de la ley y un pésimo mensaje para los colombianos honrados. El que la hace la paga”, concluyó la vicepresidenta. Con información de la Vicepresidencia de la República 

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Se requiere un fiscal ‘ad hoc’ para caso Odebrecht: Duque

El Presidente Iván Duque Márquez consideró este lunes que se necesita que se nombre un fiscal ‘ad hoc’ para que siga la investigación sobre el caso de corrupción que vincula a políticos y particulares con el pago de sobornos por parte de la multinacional brasileña Odebrecht. “Creo que se va a requerir. El fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) ya se había declarado impedido y había delegado a la vicefiscal. Y él está pidiendo (uno) ‘ad hoc’. Como Presidente de la República estoy listo a obrar cuando me lo solicite la Corte Suprema  para presentar una terna”, dijo el mandatario en entrevista con RCN Radio. De acuerdo con el jefe de Estado, esto permitirá que una persona “de las más altas condiciones” se encargue del caso para que “el país tenga plena certeza que lo que queremos todos es que aquí se llegue hasta el fondo de la verdad”. No obstante, el Presidente se abstuvo de opinar sobre la situación del fiscal. “Por la responsabilidad que tengo de eventualmente designar un fiscal ‘ad hoc’, cualquier opinión que emita puede ser un prejuzgamiento, prefiero no entrar en ese tipo de conjeturas y decir que esa responsabilidad corresponde a las autoridades que hagan esa valoración”. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación reveló este lunes que el monto de los contratos simulados, según lo identificado en sus investigaciones a noviembre de 2018, podrían llegar a $65.000 millones de pesos. “Las recientes informaciones divulgadas en relación con  los documentos presentados por el doctor Jorge Enrique Pizano, controller de la Concesionaria Ruta del Sol, daban cuenta en agosto de 2015 que según sus investigaciones el valor de los presuntos contratos simulados en Ruta del Sol era por valor de $22.000 millones de pesos, para esa fecha. No obstante, el monto de los contratos espurios según lo identificado en las investigaciones de la Fiscalía a noviembre de 2018, podrían llegar a $65.000’000.000 de pesos”, explicó el ente acusador. En el caso particular de TORROSA, adicionalmente la Fiscalía citó a diligencia de interrogatorio al señor Javier Torres, representante legal de la compañía, según informó la entidad en su página web. A la fecha el ente investigador adelanta investigaciones sobre 10 (diez) contratos presuntamente simulados que llegarían, por lo menos, a $65.000’000.000 (sesenta y cinco mil millones de pesos), que fueron suscritos con el Consorcio Constructor Ruta del Sol II (Consol) y la Concesionaria Ruta del Sol II.  

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Odebrecht debe contar la verdad antes de hablar de negociación: Procurador Carrillo

“No pueden venir a dar clases de ética y de moral quienes no tienen ninguna autoridad en ese campo”. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, expresó que, antes de que la multinacional Odebrecht se ofrezca para hacer el Metro de Bogotá, debería arreglar sus cuentas con la justicia y contarle toda la verdad al país. Así lo advirtió Carrillo Flórez en referencia a las declaraciones de la jefe de Cumplimiento Global de Odebrecht, Margarida de la Riva Smith, sobre su participación en la Tercera Cumbre Andina Anticorrupción, la ausencia de impedimentos a esa compañía para trabajar en Colombia y su intención de participar en proyectos como el metro de Bogotá. “Todos los funcionarios del Estado y los organismos de control estamos sorprendidos con las declaraciones de ejecutiva de Odebrecht (…) Que no vengan a engatusarnos con supuestos acuerdos, aquí las negociaciones se hacen es de cara a la ciudadanía”. El Procurador General le exigió a la multinacional Odebrecht contar la verdad al país sobre la magnitud de los sobornos entregados por esa compañía en Colombia y Latinoamérica. “Yo invito a esa señora y a esa empresa a que le cuenten la verdad al país, que le cuente a qué campaña política le entregó recursos, que cuente cuál es la magnitud de los sobornos, que no sabemos todavía los colombianos y los latinoamericanos, para no hablar solo de Colombia; sino que por ejemplo cuenten, en el escenario de Venezuela cuántos centenares de millones de dólares en sobornos le entregó al régimen de Chávez, al régimen de Maduro, para no hablar de lo local donde indiscutiblemente aquí falta mucho por saber”. Sostuvo que en Colombia probablemente solo se ha conocido el 25% del monto de los sobornos entregados por esa compañía, por lo que “no pueden venir a dar clases de ética y de moral quienes no tienen ninguna autoridad en ese campo. Es como dicen por ahí, el diablo haciendo hostias o los pájaros tirándoles a las escopetas”. Afirmó que “cualquier tipo de reparación debe pasar por contar la verdad al país”, y propuso la creación de una comisión de la verdad, para “que Odebrecht le cuente al país lo que saben solo ellos y no le han querido contar a las autoridades colombianas”. Las declaraciones del Procurador General fueron dadas luego de intervenir en el foro ‘Participación ciudadana: ¿antídoto contra la corrupción urbanística?’, realizado en el Museo El Chicó, en Bogotá. Con información de la Procuraduría General de la Nación 

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Consejo de Estado decreta pérdida de investidura a Plinio Olano y Bernardo “Ñoño” Elías

Bernardo Miguel Elías no respondió a la acción interpuesta por Pablo Bustos Sánchez. El Consejo de Estado decretó a través de la Sala Especial de Decisión la pérdida de investidura de los excongresistas, Plinio Olano y Bernardo Elías, por tráfico de influencias comprobado dentro del proceso contractual de La Ruta del Sol II. La medida la tomó la Sala al resolver la solicitud de pérdida de investidura presentada por el ciudadano Pablo Bustos Sánchez contra Bernardo Miguel Elías Vidal, elegido representante a la Cámara por la circunscripción electoral de Córdoba, para el periodo constitucional 2006-2010 y senador de la República, para los periodos 2010-2014 y 2014-2018, y contra Plinio Olano Becerra, elegido senador de la República para los periodos 2006-2010 y 2010-2014. Para Sánchez, Bernardo Miguel Elías como congresista obtuvo dineros ilegales de contratos simulados celebrados entre Odebrecht y Gabriel Dumar a través de un Consorcio llamado SION, para recibir coimas por un valor cercano a los diez mil millones de pesos ($10.000.000.000). Mientras que Plinio Olano Becerra, en su calidad de senador, se comprometió a favorecer y privilegiar irregularmente los intereses contractuales de Odebrecht al punto de erigirse como la pieza clave de esa organización criminal de corrupción al interior del Congreso de la República.  Olano antepuso, al interés general, los intereses privados en contratos como el de la concesión Ruta del Sol II y su otrosí para el tramo Ocaña-Gamarra, solicitando, acordando y percibiendo millonarias contraprestaciones ilegales. “La actividad de Olano se concretó, según afirmó el confeso exviceministro Gabriel García Morales, en las presiones que ejerció antes de la firma del contrato Ruta del Sol II y su otrosí, Ocaña-Gamarra, toda vez que era considerado ‘el hombre de Odebrecht en el Congreso’”, aseguró el documento. El apoderado del congresista Plinio Edilberto Olano Becerra presentó escrito de defensa en el que se opuso a la petición de pérdida investidura que formuló el actor y manifestó que nunca fue instrumento para beneficiar intereses ilícitos propios ni de terceros, sino del bien común y general, como lo exige la Constitución Política. Olano “afirmó que nunca recibió ningún tipo de soborno o beneficio por parte de los señores Eduardo Martinelli, Eleuberto Martorelli, Luiz Bueno Junior y Carlos Batista Filho”, ejecutivos de la multinacional.

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Corte Suprema llama a juicio a exsenador por caso Odebrecht

Según la Fiscalía General de la Nación, Olano hacía parte del denominado grupo ‘buldócer’, que de acuerdo a las investigaciones, fue el conjunto de congresistas encargados de beneficiar a Odebrecht en contratos para la Ruta del Sol 2. La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exsenador Plinio Olano Becerra por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho, tras su presunta participación en la adjudicación del tramo Ocaña- Gamarra para la multinacional Odebrecht. Según testigos, Olano uso sus influencias como congresista para favorecer a la firma brasileña en la concesión de la Ruta del Sol II en el 2009 y su adición entre Ocaña y Gamarra, en el 2013. “Existía un acuerdo para que utilizara su cargo e influencias como parlamentario en favor de los intereses de la empresa, a cambio de altas sumas de dinero que eran transferidas de modo subrepticio para ocultar su origen ilícito”, afirmó la Corte. En un documento divulgado en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se conoció que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría ofrecido  coimas por más de 84.000 millones de pesos entre 2009 y 2014. Desde entonces, políticos, empresarios y funcionarios públicos han sido investigados y algunos de ellos encarcelados en Colombia por haber aceptado sobornos de la empresa Odebrecht en su intento de resultar favorecida con la adjudicación de contratos para la construcción de obras de infraestructura vial en el país. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el excongresista también intervino para que Odebrecht se quedara con otros megaproyectos, en los que se habría llegado a cobrar hasta el 3.0 por ciento del valor total. Este es el caso del contrato de la vía Duitama – Charalá – San Gil, del que la empresa buscaba beneficiarse pagándole al exsenador un porcentaje sobre su costo total que oscilaba entre $200 mil millones y $350 mil millones. Plinio Olano fue capturado el 13 de febrero pasado por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema y actualmente permanece detenido en la cárcel La Picota.

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Odebrecht demanda al Estado colombiano por 3.8 billones de pesos

La empresa alega que el Gobierno hizo una “expropiación ilegal” de sus intereses en la Ruta del Sol. En la demanda, la multinacional brasileña sostiene que si bien hubo sobornos, estos fueron errores cometidos por algunos de sus directivos y recordó que Colombia firmó un acuerdo con España para proteger la inversión internacional. En su concepto,  el Gobierno Nacional no cumplió lo pactado haciendo una “expropiación ilegal” de sus intereses en el país, representados en el proyecto de la Ruta del Sol. “Con fundamentos en las afirmaciones fácticas y legales expuestas en la presente, que sustentan cada reclamación, la presente carta constituye una notificación formal de disputa conforme al artículo 10 del APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones). España reclama la indemnización y el resarcimiento de los daños causados a sus inversiones por las múltiples violaciones a sus obligaciones asumidas bajo el acuerdo”, dice la demanda, cuyos apartes del texto fueron difundidos  por medios locales. En un documento divulgado en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se conoció que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría ofrecido  coimas por más de 84.000 millones de pesos entre 2009 y 2014. Desde entonces, políticos, empresarios y funcionarios públicos han sido investigados y algunos de ellos encarcelados en Colombia por haber aceptado sobornos de la empresa Odebrecht en su intento de resultar favorecida con la adjudicación de contratos para la construcción de obras de infraestructura vial en el país. Por su parte el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, aseguró que desde la entidad se están analizando todas las acciones que se emprenderán para responder a la demanda de la multinacional,  que calificó como “abusiva”. “Lo que sí podemos garantizar es que el Estado colombiano tiene la mejor defensa posible” agregó.

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Procuraduría destituye a exviceministro de Transporte Gabriel García

La Procuraduría inhabilitó por 14 años al exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales, por las irregularidades presentadas en la adjudicación para la construcción de la Ruta del Sol II. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años al exviceministro de Transporte y exgerente General encargado del Instituto Nacional de Concesiones, INCO (hoy Agencia Nacional de Infraestructura), Gabriel Ignacio García Morales, por las irregularidades presentadas en la adjudicación de la licitación SEA LP 001 – 2009 para la construcción de la Ruta del Sol II. De acuerdo con la investigación disciplinaria, García Morales en su calidad de Gerente encargado del INCO garantizó que la propuesta presentada por la Sociedad Futura Concesionario Ruta del Sol S.A.S., de la que hacía parte la multinacional brasilera Odebrecht, fuera la ganadora del proceso licitatorio mediante el cual se adjudicó la construcción de esa vía. El Ministerio Público determinó que en contraprestación el entonces funcionario recibió un pago de US$6.500.000 de Odebrecht, de los cuales dispuso de US$2.900.000, que le fueron entregados a través de la firma panameña Lurion Trading Inc, representada por los ciudadanos colombianos Enrique José y Eduardo Ghisays Manzur. En el proceso disciplinario el órgano de control estableció que García Morales orientó y asesoró al consorcio Ruta del Sol SAS para presentar una propuesta perfecta que garantizara su selección y así mantener la apariencia de legalidad del proceso licitatorio. Para la dosificación de la falta, la Procuraduría tuvo en cuenta que el investigado confesó antes de la formulación de cargos; renunció a la prescripción de la acción disciplinaria, habilitando al órgano de control para adelantar la actuación; no ha sido sancionado disciplinariamente en los cinco años anteriores; buscó resarcir el daño y compensar el perjuicio causado, y colaboró con las investigaciones disciplinarias como testigo. García Morales mostró un interés indebido en la celebración del contrato, con lo que vulneró los principios de moralidad y transparencia de la función pública y los de selección objetiva de la contratación estatal, al actuar orientado por el interés personal de obtener un beneficio económico. Por los hechos investigados García Morales fue hallado disciplinariamente responsable por incurrir en dos conductas descritas en la Ley como delito, sancionable a título de dolo, las cuales constituyen falta gravísima. El disciplinado aceptó la sanción y decidió no apelar el fallo de primera instancia, por lo tanto quedó en firme. En este caso en particular, el jefe del órgano de control ordenó revocar la decisión de archivo del 21 de mayo de 2015 y mediante auto del 23 de febrero de 2017 dispuso continuar y darle celeridad a la investigación.   Con información de la Procuraduría General de la Nación 

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Iván Duque responde a insinuaciones de “Timochenko” sobre caso Odebrecht

El aspirante presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, rechazó este miércoles las declaraciones del exlíder de las FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, quien dijo que el candidato uribista debe presentarse a la Fiscalía para que responda por su presunta participación en el encuentro que sostuvieron en Brasil, Óscar Iván Zuluaga y un publicista de Odebrecht, empresa extranjera acusada de pagar millonarios sobornos a políticos y contratistas para acceder a obras de infraestructura vial en Colombia. “Yo no tengo de interlocutores a criminales. Lo que sí le puedo decir a alias Timochenko y a todos los colombianos, mirándolos a los ojos, es que nunca he cometido un delito, en cambio él tiene que responder a Colombia por una larga vida criminal”, aseguró Duque a través de su cuenta en Twitter. La polémica se dio después de un acalorado intercambio de mensajes entre el exlíder guerrillero y el partido Centro Democrático. Londoño invitó al expresidente Álvaro Uribe a que se  presentaran juntos a la Comisión de la Verdad para responder por sus actuaciones durante el conflicto. La respuesta de la colectividad no se hizo esperar: “Lo que tiene que hacer Timochenko es hablar con la verdad al país”, señaló la organización política en las redes sociales. El candidato liberal, Humberto de la Calle, también se manifestó en contra de la solicitud del jefe del partido de las FARC, reconociendo que el acuerdo mantiene el fuero presidencial. “No comparto la tesis de Timochenko de ir con el Dr. Uribe a la JEP (Justicia Especial para la Paz). El Acuerdo reconoce que un presidente debe tomar decisiones difíciles por lo que el fuero presidencial quedó intacto”, aseguró.

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