atención

Por, senadora Rosmery Martínez Rosales, Partido Cambio Radical Aunque en Colombia existen leyes tendientes a la sensibilización, prevención y sanción contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres, como la Ley 1257 de 2008, de la cual soy coautora, los altos y preocupantes indices de impunidad continúan de forma vergonzosa incrementando los niveles de desconfianza en el sistema de administración de justicia, y transmitiendo el negativo mensaje de que se puede maltratar a la mujer. ¡Ya!, deberíamos tener claro que la respuesta a la violencia contra la mujer requiere los esfuerzos de todos, sin excepción alguna.   ¿Por qué la ley no llega a las personas? ¿Por qué su desconocimiento? Junto con el desarrollo normativo, se debe avanzar a nivel institucional y comunitario en estrategias pedagógicas contundentes que  sensibilicen  y socialicen la normatividad existente. Es necesario  romper los paradigmas de exclusión y de discriminación; vivimos condicionados por una estructura social enraizada en la desigualdad funcional entre mujeres y hombres, lo cual concibe efectos perversos de subyugación, como si las mujeres no fuesen seres humanos con anhelos, expectativas, creencias y valores. ¡Ya!, deberíamos tener claro que la respuesta a la violencia contra la mujer requiere los esfuerzos de todos, sin excepción alguna, debemos direccionar  el establecimiento de una política pública que articule todas las entidades nacionales, incluyendo los entes de control, como fórmula irrebatible para que se  garantice avanzar en la prevención de la violencia contra la mujer, fortalecer los mecanismos de atención, protección  y apoyo social, y ejecutar procesos judiciales eficaces para valorar los daños de tipo psicológico, sexual, físico o patrimonial generado. Uno mi voz a la voz de todas las mujeres que reclaman ser valoradas y reconocidas para que esta política pública se vuelva realidad y no quede reducida a un juego de palabras. Esta es una causa por la que hay que seguir luchando,  porque hoy solo se percibe la indolencia del Estado colombiano, quien parece  más familiarizado con la muerte y la agresión, como si no tuviera  consciencia de que la violencia contra la mujer ¡mata!, y no únicamente mata a la mujer, descompone la célula familiar y erosiona los cimientos de nuestra sociedad. Reitero, la atención  a la mujer debe ser comprometida, integral y coherente: esta es una obligación constitucional y un imperativo ético.