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Este miércoles 6 de marzo la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes realizó debate de control político sobre la comercialización ilegal de aletas de tiburón en aguas colombianas. De acuerdo con la senadora Andrea Padilla del partido Alianza Verde, el tráfico ilegal de aletas de tiburón está poniendo en riesgo a más de cinco de estas especies, a pesar de las regulaciones vigentes. Además, señaló que los pescadores están siendo utilizados por las redes de crimen organizado. “Los pescadores están siendo instrumentalizados y violentados por las redes de crimen organizado internacional”, indicó. Por su parte, la senadora Isabel Zuleta del partido Colombia Humana denunció el grave deterioro del ecosistema del Río Magdalena y de la calidad de vida de los cazadores artesanales. “Se están muriendo de hambre los pescadores en nuestro país; este también es un asunto de seguridad alimentaria”, dijo. “Quiero pedirle a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) que escuche a nuestros pescadores, es necesario reconocer que nuestros pescadores pueden poner en conocimiento estas problemáticas para ayudar a los científicos” agregó. Y es que hay controversia por la resolución 0119 expedida en 2023 en el que al parecer se excluyen 25 especies de tiburones y rayas de protección hidrobiológica, criminalizando además a los pescadores artesanales. Según cifras del ministerio de Ambiente, desde la entrada en vigencia de dicha resolución se han realizado 23 decomisos de aletas de tiburón. El portal ambientalista Mongabay también denunció cómo operaba la red dirigida por el hijo de uno de los capos del cartel de Cali, Fernando Rodríguez Mondragón, quien fue capturado en días recientes por las autoridades marítimas. Por su parte, el senador Inti Asprilla del Pacto Histórico también se refirió a la grave situación humanitaria que están viviendo los pescadores artesanales y pidió aclarar la desinformación que se ha generado frente al tema. “La gente humilde está siendo criminalizada. El decreto no busca que se prolifere la comercialización, sino que al pescador artesanal no se le criminalice”, indicó. “Es la oportunidad para que las ministras de medio Ambiente y de Agricultura le expliquen a la ciudadanía en qué consiste el decreto y aclaren toda esta desinformación” agregó. Finalmente, también se debatió sobre el exceso de mercurio en las costas del Pacífico Colombiano, situación que está poniendo en riesgo la salud de los pobladores. Sobre esto, la activista ambiental, Sandra Bessudo, mencionó que la contaminación de mercurio en los mares colombianos es tan grande, que el país ha entrado a formar parte del Convenio de Minamata, diseñado para proteger la salud humana y el medio ambiente de las liberaciones de compuestos de mercurio. “Esta resolución no pretende afectar a los pescadores artesanales, lo que busca es trabajar de la mano con las comunidades para combatir la pesca ilegal, ellos son los que se la pasan en el mar, no nosotros, y si no trabajamos con ellos será más díficil acabar con esta problemática”, explicó la ministra Susana Muhamad.