La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP expidió la primera Resolución de Conclusiones del Caso 01: ‘Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP’.   En la Resolución No. 2 de 24 de noviembre de 2022, la Sala de Reconocimiento concluyó que los comparecientes Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton De Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar aceptaron su responsabilidad en los crímenes de guerra de toma de rehenes, crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes internacionales cometidos de manera concurrente, según lo imputado por la Sala en el Auto 19 de 2021. En la audiencia de reconocimiento realizada en junio de 2022, ante las víctimas, la Jurisdicción y el país, los siete comparecientes asumieron de manera individual y colectiva su responsabilidad como coautores de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, y homicidios, así como la responsabilidad de mando de cada uno, según su trayectoria de mando, por los crímenes de guerra de torturas, tratos crueles y otros tratos inhumanos, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado realizados por las Farc-EP contra los secuestrados. La Sala estableció que los componentes fáctico, jurídico y restaurativo del reconocimiento hecho por los comparecientes fueron suficientes para remitir a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz. Sugirió para seis de los comparecientes la máxima sanción que permite la norma, de 8 años, y de 5 años para el compareciente Rodrigo Granda que no tuvo mando sobre la tropa por las funciones que cumplía, y como tal no tenía responsabilidad de mando. La Sección deberá evaluar cuáles serán las sanciones que impondrá a los siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc-EP y definir tanto su contenido reparador y restaurador como su contenido de restricción no carcelaria de libertades y derechos. La Sala aprobó los proyectos restaurativos-reparadores presentados por los comparecientes a saber: trabajos de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz, y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas. Estas propuestas responden tanto a lo que dispone la ley (artículo 141 de la Ley Estatutaria) como al traslado que ha hecho la Sala de las solicitudes e intervenciones sobre el tema de sanciones hechas por las víctimas a lo largo del proceso. Desde el inicio del Caso 01, las víctimas han participado en diversos momentos de manera escrita y oral. La Sala de Reconocimiento sistematizó 285 propuestas hechas por las víctimas directamente o a través de sus representantes, incluida la expuesta por la Procuraduría General de la Nación en un Banco de Proyectos de conocimiento de los comparecientes. Recibidos los proyectos de los comparecientes, se los trasladó a las víctimas para sus observaciones. Estas hicieron observaciones al proyecto de los comparecientes, a través de sus representantes comunes como el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Corporación Mil Víctimas, la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (FEVCOL), y el Ministerio Público. Las víctimas y el Ministerio Público pidieron ajustes a las actividades de cada proyecto, y concentraron la mayor parte de sus observaciones en la forma en la que serán consultadas y acordadas con ellas los proyectos de sanción propuestos por los comparecientes. Cortesía de la JEP.

Llegó a su final el incómodo momento en que estudiantes de la Universidad Popular del Cesar debían decidir si comían o si iban a sus casas, para luego regresar a culminar clases en ‘la u’. El Gobierno Lo Hacemos Mejor entregó un comedor universitario a la UPC sede Sabana, para beneficiar a más de 15 mil futuros profesionales. “Se acabó la época de escuchar decir a un estudiante que ha pasado todo el día sin probar un alimento, que llevan todo el día dando clases sin comer, porque eso era la constante o estudiantes que por el hambre veían deteriorado su nivel académico o incluso tenían que retirarse por afectaciones de salud”, señaló Juan Nacimiento, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, en el acto de entrega oficial de este moderno espacio. Este comedor, de dos pisos y con ascensor para personas con movilidad reducida, tiene capacidad para atender en el mismo momento a 420 estudiantes, baños, cocinas dotadas, 115 mesas, cuarto frío, entre otras características que lo hacen plenamente funcional para los requerimientos. “La mayoría de nuestros estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, que son los que se van a beneficiar. Desde la Oficina de Bienestar hicimos una convocatoria en la que se inscribieron 1.900 estudiantes, de los cuales 1.600 van a ser beneficiados directamente con la operación, inicialmente”, dijo Rober Romero Ramírez, rector de la Universidad Popular. Ahora con esta infraestructura entregada por el Gobierno del Cesar, “los estudiantes podrán acceder a almuerzos a $2.000 entregados por la universidad, de esta manera los universitarios podrán tener las garantías de alimentación en el claustro educativo para permanecer”, como lo dice la secretaria de Educación, Pamela García. Para cristalizar el sueño de los upecistas de tener este comedor, el Gobierno Lo Hacemos Mejor destinó una partida presupuestal de $3.990 millones, incluyendo también un componente cultural con tres figuras Iku, que hacen homenaje a los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. “Estudiar con hambre no es fácil, por eso era necesario e importante contar con un comedor universitario, así lo concibió en su momento en el Plan de Desarrollo el gobernador Luis Alberto Monsalvo y hoy cuenta con la dotación necesaria para prestar un servicio digno, porque tenemos un sentido de pertenencia por la UPC, que es la universidad de los cesarenses y de aquí deben salir los egresados que nos representen con dignidad”, dijo el gobernador, Andrés Meza. Este comedor se suma, en inversiones de infraestructura, al aulario dotado que el Gobierno del Cesar entregó a la sede Aguachica de la Universidad Popular, para aumentar cobertura y oferta académica, con $23 mil millones; al igual que la piscina olímpica y el coliseo de gimnasia que se construye en la sede Sabana, en Valledupar; además se gestiona, con el inicio de las operaciones del SIVA, garantizar rutas de transporte que lleven a los universitarios hasta las aulas de clases. Cortesía de la Gobernación del Cesar.