junio 27, 2026

Posconflicto

Negociadores, víctimas y ONG expresan su preocupación a la ONU por objeciones a la JEP

A través de una carta dirigida este lunes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, negociadores, víctimas y organizaciones sociales, expresaron su preocupación ante el anuncio del Presidente Iván Duque de objetar seis artículos a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). En el mensaje, advirtieron que la medida presidencial puede lesionar gravemente la implementación del Acuerdo de Paz, así como el funcionamiento de la JEP y el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. “Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva”, agregaron. El siguiente es el texto de la misiva enviada a Guterres: “El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores. El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado. El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación”. De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz”. En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el  señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo”. A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya  fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica. El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “[d]e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”. Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP. Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de

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Presidenta de la JEP descarta parálisis por objeciones de Duque

La presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, aclaró este domingo que ese sistema de justicia no se paralizará por las objeciones que hizo esta noche el Presidente Iván Duque a seis artículos de la Ley Estatutaria que lo rige. Linares agregó que conseguir una “paz estable y duradera” seguirá siendo su propósito. El siguiente es el texto del comunicado expedido por la presidenta de la JEP. “Con el respeto debido al señor presidente de la República y aplicando los principio que rigen el estado de derecho recibimos su decisión de objetar parcialmente el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz Tenemos la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado nuestro país de pleno respeto a la autonomía de los poderes públicos, lo cual garantiza el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue para contar con una decisión definitiva sobre la Ley Estatutaria, una importante herramienta que servirá para afianzar principios democráticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jurídica. A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, para reiterar que la Justicia Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones como lo ha venido haciendo desde el 15 de enero del pasado año, ello para cumplir con el compromiso de contribuir a la obtención de la verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición para todos los colombianos, aplicando al efecto justicia restaurativa y aportando a la reconciliación del país”, explicó Linares.

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Duque objetó seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP

El Presidente Iván Duque anunció este domingo, en una alocución televisada, que por razones de inconveniencia el Gobierno nacional hace objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, señaló el Mandatario. Recordó que la Constitución le otorga un plazo al Presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia en el marco del “principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión”. Y dijo que utilizó ese tiempo “para analizar con cuidado y ponderación este proyecto”. Antes de explicarle al país las razones de cada una de las objeciones, el Jefe de Estado indicó que estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional. “Una oportunidad –dijo– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”. Luego hizo dos consideraciones: la primera, que “no estamos ante un choque de trenes”. En este sentido, expresó que “la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”. En segundo lugar, recalcó que “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”. Una paz –agregó– que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición. “Todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. En este sentido, y en un claro mensaje a la base de la guerrilla, dijo que “aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones”. “El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia”, subrayó. Agregó que la administración de justicia en la JEP, producto de los Acuerdos, es necesaria en este esfuerzo de asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición, e hizo énfasis en que “este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones”. Las siguientes son las objeciones: Artículo 7: “Para buscar una genuina reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”. Inciso octavo del artículo 63: “El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”. “Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”. Inciso tercero del literal j del artículo 79: “El inciso tercero del literal j del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas”. Parágrafo 2 del artículo 19: “Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”. Artículo 150: “El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países”. Artículo 153: “Objetamos, también, el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer

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Colectivos de víctimas se retiran del Centro Nacional de Memoria Histórica

A raíz del nombramiento de Darío Acevedo como Director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entidad encargada de recopilar el material documental de los sucesos mas atroces del conflicto armado que ha vivido el país, algunas organizaciones de víctimas, han decidido retirar los archivos que allí reposan. La postulación de Acevedo al cargo generó polémica debido a su postura frente al conflicto armado, que a su juicio, “no puede convertirse en verdad oficial”, dejando de lado el reconocimiento que de su existencia hizo el entonces presidente Juan Manuel Santos en el año 2011. Su visión sobre la violencia que ha golpeado a Colombia por más de cinco décadas, encendió las alarmas de defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas, que han puesto en duda su imparcialidad al frente de la entidad. Al responder a sus críticos, el director aseguró que sus opiniones son personales y no tienen porque afectar su gestión. Sin embargo, los reparos por su nombramiento, que se oficializó este martes, no se hicieron esperar. La asociación Minga, que protege los derechos de las víctimas en diversas regiones del país, se pronunció en contra de su designación como director del CNMH. “En la Asociación Minga creíamos en el Centro de Memoria Histórica, entregamos nuestros archivos como aporte a la reconstrucción de la historia del conflicto armado. Hoy rechazamos nombramiento de Darío Acevedo, un sin sentido y afrenta al país”, aseguró en un comunicado. Consideró que “nombrar a una persona que desconoce el derecho a la verdad y la memoria, como director del CNMH es una incoherencia. Nuevamente Iván Duque demuestra el poco respeto a las miles de víctimas del Conflicto armado” que existen en Colombia, agregó. Otra voz contra el nombramiento de Acevedo surgió desde la Unión Patriótica (UP). Su vocera Aida Avella, quien sobrevivió al asesinato sistemático de sus copartidarios en los años ochenta y hoy encabeza la bancada de ese partido en el Senado de la República, aseguró que el nombramiento no les genera confianza y por esta razón retirarán lo más pronto posible todos los documentos que allí reposan. De acuerdo con la congresista, entre los documentos que hoy resguarda la entidad, se encuentra “información sensible de archivos de personas que militaron en la UP y fueron perseguidas y amenazadas. También varios libros que recogen la historia del genocidio político de la UP”.  La senadora no descartó que otras organizaciones sociales retiren sus documentos como rechazo a su designación.

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Procurador pide a Duque no objetar Ley Estatutaria de la JEP

En una carta dirigida al Presidente de la República, Iván Duque, el Procurador General, Fernando Carrillo, solicitó al mandatario no objetar la Ley Estatutaria que regula la Justicia Especial para la Paz (JEP). “La oportunidad para formular una eventual objeción por inconveniencia caducaría en el momento de emitirse fallo”, dijo el jefe del Ministerio Público. Con esto deja claro que tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional, al gobierno no le queda mas opción que firmar la ley que ya fue avalada por el Congreso y el alto tribunal. Según el Procurador, “ la sentencia que declara la exequibilidad de un proyecto de ley estatutaria produce efectos jurídicos con fuerza de cosa juzgada y así culmina la discusión frente a actos de esta naturaleza”. En caso de que el presidente decida objetar algunos apartes o la ley completa, esta debería volver al Congreso e iniciar de nuevo su discusión, lo que en este momento sería problemático, ya que la aprobación inicial se realizó bajo el proceso especial de “fast track”, durante el gobierno anterior. Para el Ministerio Público es importante garantizar los derechos de las víctimas y por ello resalta la importancia de la “justicia transicional, precisamente para asegurar las garantías de no repetición, reparación y, primordialmente, de verdad”. Carta de la Procuraduría by on Scribd

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“Estamos dispuestos a coaliciones con quienes quieran jugársela por la paz”: Timochenko

Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, en declaraciones al diario El País de Cali analiza la situación actual que vive el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Entendiendo la situación política del país respecto a las negociaciones de paz con el ELN, tras el atentado a la Escuela General Santander de la Policía y el rechazo evidente a cualquier manifestación de violencia armada en el país, para Londoño queda claro que el panorama al que se enfrentan como partido político es escabroso. Al ser preguntado por el futuro de la colectividad y cómo van a enfrentar una nueva contienda electoral, Londoño no esconde su preocupación por lo que pueda suceder. “Sí, claro estamos haciendo análisis departamento por departamento, municipio por municipio y sobre esa base estamos tratando de hacer coaliciones con todos aquellos que quieran jugársela por la paz de Colombia”, afirma. Sin embargo, hay algo más que preocupa al líder del partido FARC y es sacar adelante lo fundamental para la organización política, que es “defender los acuerdos de La Habana, unir fuerzas con todos aquellos que quieren hacer realidad lo que aprobamos en Cuba, que permite centrar las bases para la reconciliación”. Si bien lo ideal es llegar a la contienda de octubre con candidatos propios a Concejos, Alcaldías, Asambleas y Gobernaciones, eso pasa a un segundo plano, según Londoño, ya que están dispuestos a “hacer coaliciones con todos aquellos que quieran jugársela por la paz de Colombia”. Reconoce que habrá rechazo en materia de alianzas políticas, pero mas allá de una vinculación, lo que se busca es lograr “generar ese escenario de lucha y de unidad para defender la paz”, agrega. Rodrigo Londoño está convencido de hacer una buena tarea desde el campo político, y afirma que “incluso hay escenarios a los que nunca nos imaginábamos que íbamos a poder llegar y estamos llegando, estamos ganando espacios y le hemos ido ganando la pelea a la estigmatización”. Todo un logro para un partido que nació de un acuerdo de paz tras una lucha armada de más de 50 años.

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Partido FARC rechaza nuevo plazo a EE.UU. para pruebas contra Santrich

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) rechazó el plazo adicional de 20 días que dio la JEP a Estados Unidos para que envíe las pruebas que asegura tener en contra el exjefe guerrillero Jesús Santrich, a quien reclama en extradición por el presunto delito de narcotráfico. “Vencidos los términos para aportar pruebas y sin que Estados Unidos se haya comprometido a aportar alguna, se le otorga uno nuevo que solo redundará en la prolongación de la prisión injusta de Jesús Santrich y el deterioro de la seguridad jurídica del Acuerdo de Paz en su conjunto”, indicó un comunicado del equipo de defensa, difundido por la senadora Victoria Sandino, a través de Twitter. Tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ampliar el plazo con el fin de recibir las evidencias que Washington dice tener en su poder para acusar al guerrillero, la congresista del partido FARC exigió que se le garantice el debido proceso al detenido y señaló que “las etapas de un proceso judicial no deben ser modificadas por (el) capricho de nadie”. Insistió en que el trámite de la captura de Santrich se hizo de manera ilegal. Para el partido FARC, no existen pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad en conductas asociadas con el   narcotráfico, tras la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el entonces grupo insurgente y el Gobierno anterior. La JEP decidió concederle 20 días hábiles de plazo al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que envíe las pruebas contra Santrich. La medida la tomó luego de la demora en la entrega de la carta que esa jurisdicción les había enviado a las autoridades de ese país para que remitieran el material probatorio que tendrían en su poder contra el exjefe guerrillero.

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Duque reafirma compromiso con proceso de reparación a víctimas

El Jefe de Estado destacó los avances y el apoyo de la ONU a la Política de Estabilidad ‘Paz con Legalidad’ de su Gobierno, así como a la aprobación en cinco meses de 29 proyectos productivos para las personas en proceso de reincorporación. Tras una conversación “clara y franca” con el Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz, el Presidente Iván Duque reafirmó el compromiso de su Gobierno con el proceso de reincorporación de los excombatientes y la reparación integral a las víctimas de la violencia. Al mismo tiempo, el Jefe de Estado destacó el espaldarazo y apoyo que el organismo, en cabeza del Secretario General, António Manuel Guterres, brindó a las políticas y planes de su Gobierno para sacar adelante la reincorporación de los excombatientes. “Quiero expresar mi gratitud a usted y al Secretario Guterres por el espaldarazo y el apoyo que nos han dado para poder avanzar en el éxito de un programa de reincorporación, que permita que las personas que genuinamente están dejando la violencia hagan una transición exitosa a una vida de convivencia y de legalidad”, dijo el Jefe de Estado en la Casa de Nariño este martes, al término del encuentro con Ruiz Massieu. Así mismo, el Mandatario valoró el respaldo de la ONU a la Política de Estabilización ‘Paz con Legalidad’, hoja de ruta del Gobierno nacional para llevar inversión y seguridad a los 170 municipios del país más afectados por la violencia y la pobreza. “Debo también expresar mi gratitud, por el respaldo a la política que presentamos, hace ya unas semanas, que se llama ‘Paz con Legalidad’, que tiene la hoja de ruta del Gobierno nacional para avanzar exitosamente en la reincorporación, en la vinculación de las personas que están en la reincorporación a los proyectos productivos”, afirmó. En ese sentido, subrayó que de parte de su administración existe “el compromiso adicional de avanzar en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, orientados a producir bienestar en los 170 municipios que están dentro de lo que llamamos las áreas PDET. Y obviamente, que eso es muy importante, que nosotros podamos seguir irrigando una agenda de bienestar social en todo el territorio, como lo queremos hacer en las zonas rurales de Colombia”. De hecho, el Mandatario destacó que este Gobierno, en tan solo cinco meses, ha aprobado 29 proyectos productivos con recursos para las personas que avanzan hacia la convivencia. “Quiero destacar que hemos aprobado en cinco meses de Gobierno ya cerca de 29 proyectos productivos, mucho más de lo que teníamos en los 16 meses anteriores, y que muestran el compromiso en nuestra administración”, aseveró el Presidente Duque. Además, manifestó su interés de que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde actualmente están concentrados los desmovilizados, se conviertan en zonas de desarrollo productivo y con la protección de la Fuerza Pública. Con información de la Presidencia de la República

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Víctimas del Catatumbo entregan informes sobre ejecuciones extrajudiciales a la JEP

Organizaciones no gubernamentales entregaron a la JEP informes que documentan más de 150 ejecuciones extrajudiciales. La información se recibe dentro del Caso 003. La Jurisdicción Especial para la Paz  recibió el pasado 14 y 15 de diciembre dos informes por parte de la Asociación Minga, el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalcp) y la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), que contienen datos de muertes ocurridas en los municipios de Ocaña, Teorama, El Tarra, Convención, El Carmen, Ábrego y San Calixto, en Norte de Santander. En los documentos entregados a la JEP, se hace referencia a 158 casos relacionados con ejecuciones presentadas como bajas en combate, cometidas presuntamente por efectivos militares durante el período 2005 – 2008, según la información entregada por las ONG.   “Los informes que nos entregan son muy importantes. Estos documentos reúnen el trabajo de décadas de investigación y el esfuerzo de los familiares por documentar los casos y tocar las puertas de las organizaciones estatales, así como el de los abogados para que esto no quede en la impunidad”, aseguró Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP.  La Jurisdicción Especial para la Paz, en su compromiso de llegar a los territorios que se vieron afectados históricamente por el conflicto armado, realizó también en Cúcuta una jornada de pedagogía sobre su funcionamiento y los escenarios de participación de las víctimas en ese mecanismo alternativo de justicia. Durante estos dos días se recibieron solicitudes por parte de los afectados por la confrontación armada interna que manifestaron voluntariamente su interés de estar acreditadas dentro del Caso 003, solicitud indispensable para el impulso de la investigación y la garantía de los derechos de las víctimas en la JEP. Versiones voluntarias  Hasta la fecha, 18 miembros de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército Nacional han rendido sus versiones voluntarias a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del mismo caso, que serán contrastadas con los informes entregados por las instituciones del Estado y las organizaciones sociales y de víctimas. Con información de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

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Comisiones de Paz solicitarán al Gobierno reanudar diálogos con ELN

Preocupación por la crisis diplomática con Venezuela, el incremento de grupos armados al margen de la ley, narcotráfico y el no cumplimiento a los desmovilizados de las Farc. Estos fueron los temas que se trataron en la reunión de los integrantes de las comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes con las ONGs Corporación Vivamos Humanos y la Fundación Paz y Reconciliación. Los congresistas analizaron en el encuentro cada uno de los puntos que consideran críticos y que es preciso que tengan la atención del presidente Iván Duque para buscarles una solución lo antes posible por su impacto en la población. El senador de Cambio Radical, Richard Aguilar,  consideró urgente obtener la autorización del Gobierno para que la Comisión de Paz sirva de interlocutor ante los líderes del ELN y se puedan reanudar los diálogos con ese grupo armado, en el corto plazo. A su vez, el congresista de Alianza Verde, Antonio Sanguino, expuso la situación que están viviendo los habitantes de Nariño, Valle, Chocó y Norte de Santander ante la presencia de los grupos armados, particularmente del ELN, por lo que  planteó la necesidad de reactivar las conversaciones de paz lo antes posible con esa organización insurgente. “Es urgente que el Estado agilice las ayudas prometidas a los desmovilizados de las Farc, ya que existe preocupación por el no avance del proceso en los temas productivos de los ex militantes”, dijo por su parte el senador Pablo Catatumbo, mientras su colega Aida Abella señaló que se requiere de una verdadera presencia del Estado en las zonas donde antes operaba el antiguo grupo rebelde. Otro de los asuntos analizados por las comisiones tiene que ver con la crisis en la zona de frontera con Venezuela. Según el senador del partido de la U, Armando Benedetti, ese es un tema que merece toda la atención ante el riesgo de que se puedan romper definitivamente las relaciones con el vecino país, por lo que instó al gobierno a buscar salidas que minimicen el impacto sobre Colombia, especialmente en materia migratoria. De otra parte, la ONG Corporación Vivamos Humanos y la Fundación Paz y Reconciliación presentaron un panorama desalentador, al afirmar que los casos de homicidio ha subido en algunas regiones donde antes no se tenían registros. En un documento se destaca que el ELN hace presencia en 19 municipios y ha crecido en el departamento de Chocó, el puerto de Buenaventura y otras zonas del Pacífico. La ONG Paz y Reconciliación aseguró que preocupa también que ahora en 18 municipios exista presencia de integrantes del Clan del Golfo, con un aumento en la tasa de homicidios en los lugares que han  sido copados por sus hombres. Por su parte, el organizador del encuentro, el expresidente Ernesto Samper, dijo que es necesario que se adelanten gestiones lo más pronto posible para frenar todos esos brotes de violencia que afectan la paz y tranquilidad de los colombianos. Finalmente los senadores anunciaron que si es preciso, las comisiones de Paz trabajarán continuamente sin tomar las vacaciones legislativas, todo por buscar una salida a los problemas ya planteados.C

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