abril 22, 2026

Gobernación

Se ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio en el país a partir del 1° de junio

Mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano, el cual regirá desde las cero horas del 1° de junio de 2020, hasta las cero horas  del 1° de julio de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus covid-19. El Decreto, de 13 artículos, firmado por el Presidente Iván Duque y los 18 ministros de su gabinete, ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena “de todas las personas habitantes de la República de Colombia” durante el periodo de tiempo establecido, y como medida para enfrentar la pandemia. En tal sentido, con el fin de que el aislamiento sea efectivo, la norma “limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional”, con 43 excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los colombianos. Por lo tanto, el artículo 3, Garantías para la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio, señala que “Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades”. En este contexto, según el Decreto, en el grupo de las 43 excepciones se incluye la asistencia y prestación de servicios de salud; adquisición y pago de bienes de primera necesidad; desplazamiento a servicios bancarios y servicios notariales; asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado. Además, contempla las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de organismos internacionales humanitarios y de salud; la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados; la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales. El Decreto, igualmente, exceptúa las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias, y los servicios funerarios, entierros y cremaciones. También está incluida la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de insumos para producir bienes de primera necesidad. Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19. La norma exceptúa  el comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias. Laboratorios prácticos y de investigación de las instituciones de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general. Actividad física mediante protocolos El Decreto, además, permite el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre, de acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales, y con sujeción a los protocolos de bioseguridad. Este desarrollo de actividad física y de ejercicio al aire libre se autoriza para personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años, por un período máximo de dos horas diarias. También, para los adultos mayores de 70 años, tres veces a la semana, media hora al día. Incluye a los niños mayores de 6 años, tres veces a la semana, una  hora al día. A los niños entre 2 y 5 años, tres veces a la semana, media hora al día. Peluquerías y museos Entre las excepciones del citado Decreto, el Gobierno Nacional autoriza apertura productiva de los servicios de peluquería, parqueaderos públicos para vehículos, museos y bibliotecas. El artículo 3 tiene 7 parágrafos, el primero de los cuales señala que “las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones”. Igualmente, el parágrafo 6 señala que “las excepciones que se consideren necesarias adicionar por parte de los gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y coordinadas con el Ministerio del Interior”. Por su parte, el parágrafo 5 indica que “las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del coronavirus covid-19”. En el mismo aparte se específica que estas personas “deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del coronavirus covid-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial”. Alcaldes podrán suspender actividades Cabe anotar que, mediante el parágrafo 7, la norma faculta a los alcaldes para que mediante la debida autorización del Ministerio del Interior suspendan “las actividades o casos establecidos” en las excepciones del artículo 3. “Cuando un municipio presente una variación negativa en el comportamiento de la epidemia del coronavirus covid-19 que genere un riesgo excepcional a criterio del Ministerio de Salud y Protección Social, esta entidad enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga la descripción de la situación epidemiológica del municipio relacionada con el covid-19 y las actividades o casos que estarían permitidos para ese municipio, con base en lo cual, el Ministerio del Interior ordenará al alcalde el cierre de las actividades o casos respectivos”, se afirma en el Decreto. Las actividades no permitidas El Decreto 749, asimismo, hace referencia a siete actividades que “en ningún caso” serán permitidas en el marco del Aislamiento Preventivo, a partir del primero de junio. Entre estas actividades están los “eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones que expida el Misterio de Salud y Protección Social”. Tampoco se permiten “los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video”. Con relación a los establecimientos

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Buenaventura en alerta por Covid-19

En Buenaventura se registran 318 casos positivos de Covid-19. Una situación que tiene en alerta a las autoridades de salud por el alarmante avance del virus. “La situación en el puerto es dramática, tenemos un índice de 25% en pruebas positivas. En este instante Buenaventura ocupa el primer lugar en tasa de contagios sin control y en tasa de letalidad, la situación de Buenaventura requiere una intervención precisa”, dijo la secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes. Cabe recordar que la Gobernación del Valle del Cauca, junto con el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio, hacen el seguimiento y vigilancia a la situación de Buenaventura. “Estamos poniéndonos de acuerdo con la clínica Santa Sofía para dotar el número de camas y adaptando nuestro hospital departamental para proveerlo de camas de unidad de cuidados intensivos”, aseguró la gobernadora, Clara Luz Roldán.  “En Buenaventura tenemos 12 camas en la clínica Santa Sofía para otras patologías, incluidas 2 pediátricas y 3 de COVID, que están llenas. Tenemos una respuesta grata de la clínica Santa Sofía que está en la disposición de permitirnos habilitar unidades de cuidados intensivos siempre y cuando nosotros consigamos unos ventiladores que tienen una metodología especial, unos ventiladores especiales que el Ministerio nos está ayudando a conseguir”, aseguró por su parte, la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes. Para la gobernadora Clara Luz Roldán es importante no dejar a Buenaventura solo en este proceso tan difícil que está viviendo. “Es necesario tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas, las condiciones habitacionales e higiénicas, sin contar que esta población cuenta con un alto índice de personas con comorbilidades” dijo la mandataria, quien pidió el apoyo y la atención desde el Gobierno nacional. Con información de la Gobernación del Valle.

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Niegan contagio de Covid-19 en personal de protección del Congreso de la República

La Policía Nacional negó este jueves que algunos integrantes adscritos al Grupo de Protección del Congreso de la República, hayan sido contagiados por el Covid-19, como se informó en algunos medios de comunicación locales. A través de un comunicado, la institución aseguró que a la fecha no existen reportes de contagio del virus entre el personal asignado a la unidad que brinda protección a la corporación legislativa, en el centro de Bogotá. “Un porcentaje del personal adscrito al Grupo de Protección (del) Congreso de la República se encuentra cumpliendo la circular 007 del 6 de abril de 2020, que se refiere al “Aislamiento preventivo en reserva estratégica para el personal uniformado de la Policía Nacional”, agregó. Recordó que esa institución esta comprometida con las medidas que se han tomado para prevenir cualquier contagio y propagación del Covid-19 y “acata  todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional”.    

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Más de 7.000 reclusos han salido de la cárcel por emergencia sanitaria

A raíz de la emergencia declarada por el Covid-19, más de 7.000 reclusos han sido excarcelados, según informó el Gobierno Nacional durante un debate virtual en la plenaria del Senado. En la sesión, destacó que la superpoblación de internos asciende a 32.275, que corresponden a detenciones preventivas. “Si no tuviéramos esta población sindicada en los centros de reclusión, no habría hacinamiento”, afirmó el viceministro de Justicia, Javier Augusto Sarmiento. En el debate, el presidente de la corporación, Lidio García Turbay, advirtió sobre la gravedad del contagio en varias cárceles del país como Villavicencio y Cartagena. “En esta última, donde resido, se tomaron en el patio 13, 505 muestras a igual número de detenidos y salieron 155 positivos de Covid-19”, informó. Agregó que “el Director del INPEC manifestó que hasta ese día se habían analizado tan solo tres patios, cuando en total son siete en ese centro carcelario y donde hasta el momento iban 237 que dieron positivo al Covid-19. Por ese motivo le hice un urgente llamado al Gobierno Nacional para que actúen de forma contundente”. “A pesar de la crisis vamos bien” La ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que “a pesar de la crisis vamos bien”, tras señalar que “de los 132 centros carcelarios hoy tenemos 1.137 contagiados asintomáticos, dos fallecidos, de los cuales uno lamentablemente por Covid-19, todo dentro de una población de 113.031 privados de la libertad”. En el debate, senadores controvirtieron sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir la propagación del coronavirus en las cárceles del país. La ministra señaló que el Gobierno del presidente Iván Duque está aplicando cinco estrategias para el manejo de la pandemia en materia carcelaria: tecnología para audiencias y comunicación virtual, bioseguridad, alimentación, mejoramiento de infraestructura y seguridad. “A dos meses de la pandemia estamos tratando de salir adelante con un plan de emergencia para hacerle frente con traslados presupuestales y proteger a los privados de la libertad frente a la crisis del coronavirus para que no se nos enfermen ni vayan a ocurrir fallecimientos”, afirmó Cabello, quien anunció que se está implementando una estrategia mediática de comunicaciones para que “se entienda cómo estamos actuando, qué estamos haciendo y qué se está realizando”. El director del INPEC, brigadier general Norberto Mujica, dijo que la capacidad carcelaria es de 80.763 privados de la libertad, “hoy tenemos 79.736 condenados que es nuestra verdadera responsabilidad legal. En este momento tenemos una superpoblación de 32.275, que corresponde a los sindicados o imputados, que es por mandato legal responsabilidad de los entes territoriales”. El senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, manifestó que se deben realizar ejercicios de prevención, que los internos se deben tratar como pacientes y no como clientes: “Lo de hoy no es un debate de política criminal, es un debate sobre la salud de muchos seres humanos”, resaltó. El legislador aseguró que no se va a recordar a cuántas personas le dieron salida en medio de esta pandemia, sino cuántas personas van a morir, lo importante realmente es crear condiciones para que no fallezcan en los centros de reclusión. El vocero del partido Colombia Humana, senador Gustavo Petro, rechazó la construcción de más cárceles en el país y manifestó que el actual gobierno debe considerar la salida de más de 100 mil reclusos que no tienen condenas de delitos graves. “Se debe discriminalizar conductas que no son dañinas y distribuir el número de presos dentro de la sociedad.” Petro manifestó que la mayoría de reclusos son personas que fueron reseñadas por cultivos ilícitos y delitos menores. “La mayoría de presos son personas jóvenes y campesinos sindicados por cultivos de coca”, señaló tras manifestar su preocupación con el hacinamiento y los altos riesgos de contagio en las cárceles del país. “El hacinamiento es un riesgo mayor para que los reclusos se contagien más rápido. 120 mil reclusos deberían haber salido de las cárceles”, dijo. Con información del Senado de la República

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Temporada seca y pérdidas totales para campesinos en Santander

En los últimos meses se han sumado fenómenos climáticos, como la temporada seca que ha afectado de manera significativa al departamento de Santander, especialmente al sector agrícola local. Los campesinos han perdido por completo sus cosechas, una amenaza al equilibrio económico y social en toda la región. Desde hace nueve meses, la región Guanentina, conformada por los municipios de San Gil, Barichara, Cabrera, Curití y Villanueva, se ha visto afectada por la escasez de lluvias y la crisis ambiental de la región. Esto se suma a la falta de fuentes hídricas estables para sus cultivos, entre ellos el frijol, maíz, aguacate y árboles frutales, como el mango y el mamoncillo. La crítica situación pasa cuenta de cobro a los bolsillos de los campesinos, con una pérdida de más del 80% de sus cultivos. En Villanueva, el gremio campesino se reunió para hacer un llamado al Gobierno Nacional ante la situación que afecta su sostenimiento y rompe las cadenas logísticas de producción de alimentos en la región santandereana.   El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Villanueva (Asopravilla), José Ramón Jiménez, afirmó que “la pérdida en la siembra del año es total. Las cosechas y los pastos para el ganado se secan por el verano. Se tiene afectación en el frijol, el maíz, y el ganado”. También resalta que la situación genera una ruptura en las cadenas de consumo en almacenes, ferreterías, restaurantes y verdulerías.  “Se unió la pandemia con el verano. La gente está desesperada, no hay agua, no hay cosecha. El cultivo es riesgoso por el terreno seco y desértico. Además, las pérdidas se suman a la crisis nacional del agro, uno compra la semilla a $600.000, y se vende a 400.000. Además, el producto no tiene un precio estable y hay especulación en su valor”, señaló por su parte, Leonidas Fuentes, vocero de las veredas de la región. Esta situación, genera incertidumbre para el campesino, pero también para el comerciante y el transporte que se ven afectados por el estancamiento de la agricultura, que no genera ingresos para los cultivadores, ni tampoco dinamismo económico. La concejal de Villanueva, Sol Sepúlveda, gestiona desde las juntas comunales veredales, un mecanismo de participación llamado: “Concejo para el campo”, donde los agricultores exponen su situación y piden auxilio al Gobierno.  El gremio campesino de Santander hace un llamado al Gobierno Nacional para que supervise esta crítica situación, que observe la realidad del agro desde las regiones y se busquen soluciones a corto y mediano plazo.  

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Cerveza a base de yuca, alternativa para mejorar ingresos de Sucre

Ante el bajo recaudo que generan las bebidas a las arcas del Departamento, el gobernador Héctor Olimpo Espinosa tiene proyectado fabricar cerveza a base de yuca para fortalecer, además, el capital humano. La alternativa de solución la presentó el secretario de Hacienda, Francisco Montes, luego de hacer un análisis estadístico y económico que evidenció que el impuesto a la cerveza no está generando los ingresos que se esperaban. “Lo anterior nos lleva a manifestar que no se puede decir que el tributo por cerveza representa una garantía para los ingresos y el bienestar de las finanzas del Departamento”, aseguró. Según el funcionario, se ha creído que en los meses de enero y febrero es cuando más cerveza se consume; no obstante, se encontró que no siempre ha sido así. De allí que se hace necesario buscar alternativas que permitan mejorar el Producto Interno Bruto en el concierto nacional. «Dado a lo anterior se han adelantado reuniones con la empresa proveedora de la bebida alcohólica, con el propósito de implementar una estrategia que permita mejorar el recaudo, de la cual hay adelantos importantes», agregó.   Información tomada de la Gobernación de Sucre.

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Minsalud propone integralidad entre EPS para atención al Covid-19

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez se reunió con los representantes de las EPS en Barranquilla para revisar la capacidad  de respuesta de la ciudad frente a la pandemia del covid-19, en donde solicitó integración de las aseguradoras con el fin de reducir la propagación del virus. “Está la necesidad urgente de qué las EPS actúen de manera coordinada en la atención y en todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Cuando se llegue a una casa tenemos que tener convenio, acuerdos, integración operativa, de manera que el personal que llegue a una vivienda no sólo recoja muestras de sus afiliados, sino que amplíe ese espectro  a los demás integrantes de la familia y demás contactos cercanos”, sugirió el ministro, proponiendo así mecanismos de compensación o de rembolso entre las aseguradoras. Indicó que de esta manera se estarían duplicando esfuerzos y no se estarían  dejando contactos  sin la verificación, con lo que se evitarían nuevos contagios. En ese sentido, Ruiz propuso un plan de acción a nivel nacional, donde el piloto podrían ser en las ciudades de Barranquilla y Cartagena, dada la capacidad que existe para trabajar integradamente. Respecto a la situación de Barranquilla con el covid-19, el ministro de Salud destacó que si bien se siente tranquilo por el plan de respuesta que tiene la ciudad y el departamento, es importante aumentar la capacidad de los laboratorios, ya que prácticamente todos están trabajando de manera manual, lo que limita el número de pruebas al día. En ese sentido, el alto funcionario pidió el apoyo de las EPS, para “que se aumente el muestreo y le dé a la ciudad un poco más de fortaleza en la capacidad de respuesta del laboratorio”. También advirtió que los casos de covid-19 en Barranquilla vienen creciendo de manera importante, sin embargo precisó que estos crecimientos están relacionados con los operativos que se han hecho en conglomerados de empresas, lo cual da un número alto de asintomáticos, en contraste con la baja mortalidad y baja utilización UCI que tiene la capital del Atlántico. Tomado de MinSlud. 

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Caquetá y Putumayo, en un diálogo franco sobre el Covid-19

En el Facebook Live de todos los jueves, el alcalde de Cartagena del Chairá (Caquetá), Edilberto Molina y el representante a la Cámara por el Putumayo, Carlos Ardila Espinosa, sostuvieron un diálogo sobre  temas relacionados con el Covid-19 y su impacto en las regiones. El mandatario de Cartagena del Chairá expuso la situación actual del municipio, que, por fortuna, no presenta ningún caso de contagio, pero se esta preparando para enfrentar cualquier eventualidad.  “Nadie estaba preparado para esta crisis, por lo que la falta de recursos ha generado dificultades como  el desabastecimiento alimenticio generado por el cierre de las vías, porque todo se trae del interior. Sin embargo, esta restricción ha retrasado la llegada del virus a la región” afirmó. Además, resaltó el apoyo de la fuerza pública, las unidades de Socorro y la Cruz Roja para conservar la calma y evitar el pánico de la comunidad frente al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional desde marzo pasado para contener el avance de la pandemia en el país. Por su parte, el representante Carlos Ardila dijo que ningún alcalde, ni gobernador estaba preparado para una circunstancia inédita como la que hoy se esta viviendo en Colombia. “Todos han tenido que reinventarse para llevar esta situación. El Gobierno Nacional ha emitido decretos y concedido facultades a alcaldes y gobernadores para que se distribuyan los recursos de las entidades territoriales de acuerdo a los compromisos fiscales”. Sin embargo, resaltó que “a pesar de las medidas tomadas, los alcaldes no tienen recursos suficientes para asumir la crisis, especialmente, los municipios de sexta categoría, entonces los planes de desarrollo se han paralizado. Estos son limitantes en los presupuestos por causa de la centralización”. Un tema que se destacó, fue la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, para atender las necesidades en el sector salud, el cual nació con los recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE)  y del Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET). La gran pregunta que surgió durante el conversatorio es ¿cuánto de ese dinero ha llegado a los municipios, particularmente a los del departamento del Caquetá?   “Los recursos se han concentrado en el centro del país, solo nos han inundado con decretos, sin dar acciones concretas, ni dineros para atender a la población. Solo se han entregado 550 mercados que envió la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, pero somos 35.000 habitantes. Estas ayudas se destinaron a las familias necesitadas y fueron atendidas con el servicio de regalías para completar 1.800 mercados más”, aseguró Molina.  Por su parte, el representante Ardila reiteró su compromiso con las regiones, de las cuales dijo ser su vocero en el Congreso de la República para romper la brecha del centralismo y ejercer el control político necesario para que los recursos sean distribuidos de manera correcta y equitativa.        

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El hospital San José de Maicao se puso al día en sus obligaciones laborales

Con una atención eficaz contarán los pacientes que requieran los servicios del hospital San José, luego de ponerse al día con sus obligaciones laborales y fortalecer la atención médica para hacer frente a la emergencia sanitaria en esa región. Para ello, se instalaron 11 unidades de vivienda con el fin de ubicar 66 camas de hospitalización, recibidas por la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las cuales están en proceso de dotación para poder hospitalizar y aislar a las personas que resulten afectadas por la pandemia. Un largo proceso se ha vivido en el Hospital San José, pues desde el año 2016 cuando la Superintendencia Nacional de Salud llegó a Maicao para hacer una primera intervención, encontró graves problemas de tipo asistencial, económico y administrativo. En el año 2018, el actual Superintendente, Fabio Aristizábal Ángel, llevó a cabo una nueva intervención, donde encontró que no había avances significativos en la situación financiera del  centro asistencial; se evidenciaron deudas por más de 11.000 millones de pesos con el personal de planta y con los contratistas, no había licencia de funcionamiento para rayos X, no se había implementado el Triage en urgencias y se ofrecían especialidades que no contaban con el personal profesional idóneo para prestarlas. Fue apenas en diciembre del año pasado, cuando el hospital se puso al día con sus obligaciones laborales y mejoró su recaudo en cartera de 20.923 millones de pesos en 2018 a 32.847 millones en 2019. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud informó que “ahora, gracias al seguimiento y las acciones de la Oficina Jurídica, se han recuperado 900 millones de pesos, que equivalen al 77% de los procesos en contra de la entidad”. Además se especifica que “se dotó el servicio de urgencias, se trajeron nuevos equipos biomédicos y muebles de uso hospitalario para los servicios de baja complejidad, se adquirió un tomógrafo para el servicio de imágenes diagnósticas, se construyó el área de lavandería y se adquirieron dos aires acondicionados, todo ello con una inversión superior a los 3.600 millones de pesos”. Con información del Ministerio de Salud y Protección Social. 

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Quibdó adopta medidas para preservar salud de la población frente al Covid-19

El Gobierno departamental está haciendo un gran esfuerzo para brindar las condiciones que se necesitan para proteger la vida y salud de los chocoanos. Presidido por el gobernador (e) Jefferson Mena se llevó a cabo el consejo de seguridad para ultimar detalles sobre las medidas del toque de queda y ley seca que regirán para el municipio de Quibdó hasta el 1 de junio. El toque de queda, que se aplicará todos los días desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., busca concientizar a la comunidad de la necesidad de acatar las medidas preventivas decretadas en el marco de la emergencia sanitaria actual, para prevenir el contagio del Covid-19 en la población.  Las Fuerzas Armadas trabajarán en coordinación con la administración departamental y municipal para garantizar las normas impuestas por la Alcaldía, con el ánimo de conservar el orden público en el territorio y preservar la vida de la comunidad en la coyuntura actual. El mandatario exigió a las autoridades tener mano firme y cero contemplaciones, porque lo que está en juego es la vida y la salud de los chocoanos. Entre las acciones que se desarrollarán, figuran las siguientes: • Patrullajes y vistas técnicas de establecimientos comerciales del municipio desde las 8 pm del día de hoy.  • Adecuación del sitio donde serán conducidas las personas que estén violando la ley (centro de traslado transitorio). • Acompañamiento del Bienestar familiar para manejo del tema de menores infractores durante la ley seca y toque de queda.  • Acompañamiento de la Personería para garantizar los derechos de las personas que sean conducidas por la Policía.     Información tomada desde la Gobernación del Chocó.   

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