julio 24, 2026

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Nuevas aulas para tres instituciones en Montería

En un acto oficial encabezado por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, fueron entregadas las nuevas y modernas aulas de clase en algunas instituciones educativas en la ciudad de Montería. La Ribera, Camilo Torres y Antonio Nariño son las instituciones educativas incluidas, las cuales beneficiarán a más de 4.000 estudiantes de primaria y bachillerato. Las obras, que iniciaron en noviembre de 2020, estuvieron suspendidas durante varios años debido a diversos factores, entre ellos la emergencia sanitaria por la pandemia y requerimientos técnicos adicionales. Al asumir la administración departamental, el gobernador Zuleta encontró el proyecto paralizado, con recursos enredados en trámites y una comunidad educativa preocupada por la falta de avances. “Esta entrega es el resultado de cómo, con voluntad y trabajo en equipo, logramos superar una dificultad que estaba afectando directamente a nuestros estudiantes. Cuando llegamos, encontramos un proyecto detenido, una comunidad preocupada, y unos recursos enredados en trámites. Pero no nos detuvimos ni ignoramos el problema, sino que escuchamos, armamos mesas de trabajo y salimos a gestionar con Prosperidad Social, porque a esta obra le faltaban decisiones, no excusas. Logramos la visita de altos funcionarios, encontramos soluciones jurídicas y técnicas, y como gobernación asumimos, incluso, costos de interventoría para no parar; y todo eso que hicimos nos trajo a este momento de hoy: la inauguración y entrega de las aulas”, señaló el mandatario durante la inauguración. Zuleta destacó que la reactivación del proyecto fue posible gracias a la articulación con Prosperidad Social, la implementación de mesas de trabajo, la solución de obstáculos jurídicos y técnicos, y el respaldo financiero del departamento, que incluso asumió costos de interventoría para evitar nuevos retrasos. Asimismo, exaltó la participación activa de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, quienes desde el respeto y la firmeza ejercieron su derecho constitucional a la protesta para visibilizar la situación y exigir soluciones. “Una obra que se aplaza, es un derecho que se aplaza. La educación es un derecho fundamental”, agregó el gobernador. Finalmente, Zuleta reiteró el compromiso de su administración con la calidad y el acceso a la educación, anunciando una estrategia regional que contempla la construcción de aulas multiservicio en distintas subregiones del departamento, con el propósito de fortalecer la formación técnica y superior en territorios históricamente excluidos. Tomado de: Gobernación de Córdoba.

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Lluvias en Norte de Santander dejan una víctima mortal en Bucarasica

Las intensas lluvias que azotan a Norte de Santander dejaron una víctima fatal en el municipio de Bucarasica. Vilma Velandia Serrano, una joven que había sido reportada como desaparecida, fue hallada sin vida luego de ser arrastrada por la corriente de una quebrada desbordada entre el corregimiento de La Sanjuana y la cabecera municipal. La emergencia también provocó deslizamientos de tierra y caída de rocas, generando alarma entre los habitantes de la zona rural del municipio. Las autoridades locales confirmaron el hallazgo del cuerpo y activaron los protocolos de atención a emergencias naturales. La Alcaldía de Bucarasica expresó su pesar por el fallecimiento de la joven y manifestó su solidaridad con sus familiares. Además, anunció medidas de prevención y monitoreo para mitigar nuevos riesgos, en coordinación con los organismos de socorro. Actualmente, más de doce municipios en Norte de Santander permanecen en monitoreo permanente debido a las fuertes precipitaciones y se mantienen activas las alertas tempranas por posibles emergencias climáticas.

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ELN admite autoría del secuestro de dos investigadores del CTI en Arauca

Los funcionarios, identificados como Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, fueron interceptados en una vía rural entre Fortul y Arauquita. El grupo guerrillero justificó el acto como una “interceptación” y aseguró que les aplicará un “debido proceso”. Dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fueron retenidos por hombres armados en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita (Arauca), confirmó el Ejército Nacional. El hecho ocurrió el pasado 8 de mayo, cuando los investigadores viajaban en una camioneta oficial por una carretera de difícil acceso. Horas después, el Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó la responsabilidad del secuestro, describiéndolo como una “interceptación” en las cercanías de Fortul. En un comunicado difundido en redes sociales, el grupo insurgente aseguró que los funcionarios portaban armamento institucional y serán sometidos a un “procedimiento conforme a su normatividad”. Además, revelaron que, en paralelo, atacaron a un soldado en la vereda Caranal. La Gobernación de Arauca condenó el acto y exigió la liberación inmediata de los investigadores. El mandatario Renson Martínez solicitó la intervención de organismos humanitarios para mediar en el caso, mientras que la Secretaría de Gobierno ofreció protección a quienes brinden información sobre el paradero de los secuestrados. El trayecto entre Fortul y Arauquita, donde ocurrió el hecho, es una zona de alto riesgo debido a la presencia de grupos armados y las condiciones precarias de la vía. Los investigadores habían salido de la Fiscalía Local de Fortul tras realizar labores de inspección y se dirigían a su destino cuando fueron interceptados. Hasta el momento, no se ha confirmado su liberación, y las autoridades mantienen operativos de búsqueda en la región. La Fiscalía adelanta las investigaciones por el delito de secuestro. a adelanta las investigaciones por el delito de secuestro.  

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Indígenas protegen a pueblos no contactados en la Amazonía colombiana

En lo profundo de la Amazonía colombiana, comunidades indígenas han asumido un rol crucial: proteger a pueblos que han decidido permanecer aislados del mundo moderno. Con sabiduría ancestral y herramientas tecnológicas, los habitantes del resguardo Curare Los Ingleses y la comunidad Manacaro vigilan su territorio para evitar que amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados afecten a los yuri-passé, dos pueblos en aislamiento voluntario reconocidos oficialmente por el Estado. Desde hace más de diez años, estos indígenas monitorean la selva, combinando sus conocimientos tradicionales con tecnología como GPS, tablets y sistemas de georreferenciación. Su trabajo ha sido importante para que, en octubre de 2024, el Ministerio del Interior confirmara la existencia de estos pueblos no contactados, algo que antes solo se intuía por huellas y señales en la selva. Sin embargo, el peligro persiste. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el avance de disidencias de las FARC y otros grupos ilegales en la zona, lo que ha obligado incluso a Parques Nacionales a retirar a sus guardabosques por amenazas. Lo que comenzó con mapas dibujados a mano hoy incluye imágenes satelitales y bases de datos. Los vigías recorren el río Caquetá y sus afluentes, registrando desde huellas humanas hasta fogatas que podrían indicar la presencia de los aislados. Pero no todo es tecnología. Los abuelos de la comunidad, autoridades espirituales, juegan un papel vital: mediante rituales en malocas, buscan comunicación con los pueblos aislados y determinan si es seguro realizar los recorridos. En Manacaro, las mujeres lideran gran parte del monitoreo. Mientras los hombres se dedican a la pesca y la caza, ellas navegan los ríos, documentan amenazas y hasta aprenden a manejar programas como Excel para organizar la información. “Ellas no solo protegen el territorio, sino que enseñan a sus hijos la importancia de cuidarlo”, explica Camila González, investigadora de Amazon Conservation Team (ACT), organización que apoya esta iniciativa. El trabajo de estas comunidades ha llamado la atención de entidades nacionales. En 2023, la Unidad de Restitución de Tierras emitió medidas cautelares para proteger a los yuri-passé, gracias a los informes de los monitores indígenas. Ahora, esperan que su experiencia sirva para otras zonas, como Arica (Putumayo), donde también hay indicios de pueblos en aislamiento.  

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Recuperan 41 bicicletas robadas en Bogotá, pero se han registrado 30.971 casos de hurto a personas hasta marzo del 2025

Las autoridades distritales y la Policía Metropolitana de Bogotá devolvieron 41 bicicletas hurtadas a sus propietarios en la localidad de Suba. Este operativo forma parte de la estrategia “Bogotá Camina Segura”, que busca combatir el hurto de bicicletas en la ciudad. El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que en lo corrido de 2025 se han recuperado 548 bicicletas y se han capturado 228 personas por el delito de receptación. Además, señaló que el hurto de bicicletas ha disminuido un 37 % en comparación con 2024, lo que equivale a 1.049 robos menos. Sin embargo, la inseguridad en Bogotá continúa siendo motivo de preocupación. En 2024, se registraron 6.982 hurtos de bicicletas, un promedio de 19 robos diarios. Las localidades más afectadas fueron Kennedy (1.061 casos), Engativá (1.058) y Suba (1.013). Además, los homicidios aumentaron un 11 % en 2024, alcanzando 1.204 casos, la cifra más alta en ocho años. Hasta el 31 de marzo de 2025, en Bogotá se han registrado 30.971 casos de hurto a personas, según datos de la Policía Metropolitana y la Secretaría Distrital de Seguridad El concejal Leandro Castellanos instó a fortalecer las medidas de seguridad en las ciclorrutas y a promover el registro de bicicletas para facilitar su recuperación en caso de hurto. Actualmente, solo el 38 % de las bicicletas en Bogotá están registradas en la plataforma oficial. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la ciudadanía exige acciones más contundentes para garantizar la seguridad en la capital. La recuperación de bicicletas es un paso positivo, pero aún queda mucho por hacer para enfrentar la creciente ola de inseguridad que afecta a Bogotá.

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Geopark cierra yacimiento Platanillo en Putumayo

La empresa anunció que el campo, que producía cerca de mil cuatrocientos barriles diarios en dos mil veinticuatro, ya no era rentable y no estaba incluido en sus planes para dos mil veinticinco. La decisión hace parte de una estrategia para reducir gastos y enfocarse en proyectos más sostenibles. Ubicado en el departamento del Putumayo. La decisión de la empresa fue adoptada debido a que este campo ha generado una alta estructura de costos y no tiene producción incluida en la guía de 2025. Según Geopark, el cierre de Platanillo, es efectivo desde enero, se suma a la salida del Bloque Llanos 32 y el yacimiento Manatí, medidas que buscan optimizar operaciones ante la caída de precios del petróleo. La compañía también implementó un plan de recorte de gastos que espera ahorrar entre cinco y siete millones de dólares anuales en personal y costos administrativos. Mientras tanto, la firma concentrará sus esfuerzos en exploración en el bloque PUT-8 y en proyectos importantes en Colombia y Argentina, donde perforará once pozos en el segundo trimestre. Su producción total en el primer trimestre de dos mil veinticinco superó las expectativas, con un promedio de treinta y seis mil doscientos setenta y nueve barriles diarios, gracias al buen desempeño de otros activos.

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Cae banda de ladrones de ganado en el Cesar y Magdalena

En una operación llamada “Los Arrieros”, capturaron a dos personas acusadas de robar vacas y venderlas con documentos falsos. La Policía, junto con la Fiscalía y Protección animal, dio un duro golpe a una banda dedicada al robo de ganado en varios pueblos del Cesar y Magdalena. Los delincuentes entraban a las fincas, se llevaban las reses y luego las movían con papeles falsos para evitar que los atraparan. La operación tuvo lugar en los municipios de La Paz, San Diego, Agustín Codazzi (Cesar) y Plato (Magdalena). Durante los allanamientos, capturaron a Beatriz Elena Ruiz Acuña (31 años) y Luis José Arez Salazar (43 años), quienes serían los responsables de organizar los robos. Además, lograron identificar al que falsificaba los permisos para mover el ganado, un hombre que habría creado más de 30 guías ilegales. Según las autoridades, esta banda le habría causado pérdidas de $500 millones a los ganaderos de la zona. Con esta captura, se logró esclarecer tres robos de ganado en diferentes municipios. Esta operación es un alivio para los campesinos y ganaderos, que llevaban tiempo sufriendo por los constantes robos de sus animales.

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Puerto Lleras, Meta, en emergencia total por graves inundaciones

 El municipio de Puerto Lleras, en el departamento del Meta, enfrenta una de las peores emergencias humanitarias de los últimos años tras el desbordamiento de los ríos Ariari e Iraca, que ha dejado al 100 % de la zona urbana y al menos siete veredas completamente inundadas. Cientos de familias lo perdieron todo. Colchones, ropa, enseres y cultivos quedaron bajo el agua luego de intensas lluvias que colapsaron los caudales. La comunidad clama por una respuesta inmediata de las autoridades. “La petición es para el gobierno departamental, que nos pongan un poquito de atención. Se nos mojaron hasta los colchones, la ropa de los niños. Pedimos a la señora gobernadora que vino a pedir votos, que nos cumpla”, expresó Ana Ortiz, habitante del municipio. En barrios como Vocacional, una de las zonas más afectadas, la situación es crítica. Carmen Elisa Garzón, presidenta de la Junta de Acción Comunal, denunció que la emergencia “no tiene precedentes en la última década”. “Aquí hay más de 300 personas afectadas, sin contar las veredas. Necesitamos ayuda urgente. Recuerden que Puerto Lleras también cuenta. Nosotros también somos Colombia”, afirmó. El alcalde Jeison Sossa confirmó que aunque no se han registrado víctimas fatales, los daños materiales son inmensos: “Hay daños en cultivos y viviendas. Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Unidad de Gestión del Riesgo y a la Presidencia. Hoy Puerto Lleras necesita una mano amiga”. Según la Dirección de la Defensa Civil del Meta, más de 7.000 familias han resultado damnificadas en los municipios de El Dorado, Castillo, Guamal, San Martín, Granada y Puerto Lleras. Solo en este último se reportan 4.800 personas afectadas y 1.200 hectáreas de cultivos bajo el agua. Mientras tanto, las comunidades siguen esperando la llegada de ayudas humanitarias, víveres y soluciones a largo plazo para mitigar el impacto de esta tragedia.

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Tragedia por ola invernal en Nariño: ya son ocho las víctimas mortales

La fuerte ola invernal que azota al departamento de Nariño ya deja ocho víctimas mortales en menos de 24 horas. A la tragedia ocurrida en Barbacoas, donde murieron siete miembros de una comunidad indígena awá, se suma el fallecimiento de un vigilante escolar en Cumbitara. La nueva víctima fue identificada como Jaime Hernán Hidalgo Fuel, trabajador de la Institución Educativa Sidón, quien fue arrastrado por la corriente mientras nadaba en la quebrada Honda, en el corregimiento del mismo nombre. Su cuerpo habría sido llevado por la fuerza del agua hasta el río Patía, uno de los más caudalosos de la región. Las labores de búsqueda comenzaron desde la mañana del lunes 5 de mayo, cuando se reportó su desaparición. Vecinos, familiares y autoridades han recorrido zonas aledañas y ribereñas, como las veredas La Tortuga, Pesquería y Nulpi, sin éxito hasta el momento. La primera tragedia ocurrió el domingo 4 de mayo en el municipio de Barbacoas. Una embarcación artesanal que transportaba a siete indígenas del resguardo Gran Sábalo y la comunidad de San Jacinto naufragó en el río Nulpe. Las víctimas, entre ellas cuatro menores de edad, murieron ahogadas. Testigos aseguran que el bote era conducido por Misael García, y que fue sorprendido por una creciente súbita provocada por las intensas lluvias. Las autoridades indígenas señalan que la corriente arrastró la embarcación sin dar oportunidad a sus ocupantes de ponerse a salvo. La situación en Nariño es crítica y las comunidades ribereñas enfrentan constantes amenazas por deslizamientos, crecientes y desbordamientos. Organismos de socorro y autoridades locales reiteraron el llamado a la precaución, especialmente en zonas vulnerables como Barbacoas y Cumbitara.

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