noviembre 8, 2025

Partido FARC

LA PAZ, OTRA SACRIFICADA DE LA PANDEMIA

Como lo hemos señalado en múltiples oportunidades, las necesidades existenciales y básicas de la mayoría de la población no se solucionan con dádivas, sino con políticas sociales estructurales. Si algo ha demostrado esta pandemia en nuestro territorio, es que amplios sectores de la población sufren de hambre y desnutrición, que carecen de ingreso o que éste es exiguo, que su situación es de desocupación permanente, o de trabajo en la informalidad, y que viven en condiciones de precariedad y pobreza; se trata, en particular, de mujeres cabeza de hogar, de personas en condiciones de discapacidad, de hombres y mujeres, adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes que deambulan por las calles y caminos sin ningún sustento. Estas condiciones son propias del sistema capitalista vigente, pero se han develado ostensiblemente a causa del fenómeno sanitario que nos afecta. En nuestro país las respuestas del Gobierno nacional, más allá de decretar el aislamiento, han sido tímidas y tienden sobre todo a privilegiar al sector financiero, a los grandes negocios y a descargar el peso de la situación en los hogares de las gentes del común bajo la lógica de “sálvese quien pueda”, o a través de pírricos apoyos. El Coronavirus ha puesto de presente los grandes problemas de la sociedad a nivel global y la crisis sanitaria y social nos está llevando a una recesión económica que se proyecta como una de las más grandes de la historia. Sin duda, la incapacidad del mundo para afrontar una pandemia de este estilo radica en la profundización del sistema capitalista y las nocivas políticas neoliberales (privatizadoras y de exenciones tributarias al gran capital) que se han venido aplicando en las últimas décadas. El ineficiente y débil sistema de salud, el imperante desempleo y la masificación del trabajo informal, los bajos salarios de los trabajadores, los exagerados privilegios económicos a las grandes empresas y el sistema financiero, el abandono del campo colombiano, los crecientes impuestos para los ciudadanos de clase media y los menos favorecidos, y las masivas privatizaciones, son algunos de los problemas que hoy tienen a Colombia sin posibilidades reales de asumir seriamente la pandemia y sus efectos económicos y sociales que de esta se desprenden. Y es que según el último informe de la CEPAL titulado “El desafío social en tiempos del COVID-19”, las cifras son poco alentadoras en su estimación sobre el impacto social y los desafíos relacionados que tendrá la actual crisis para los países de América Latina y el Caribe en el corto, mediano y largo plazo. Según el informe, los efectos sociales que traerá la pandemia del COVID-19, provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico. Ante la caída del -5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales, en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año preOpinió n 91 vio, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas. Asimismo, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes del continente. El informe agrega que en este escenario de mayor pobreza y desigualdad, amplios estratos de la población de la región viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales. De esta forma, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema. Ante este panorama desalentador pero real y frente a las inocuas medidas implementadas en nuestro país bajo los denominados Estados de emergencia económica, presentamos una iniciativa denominada Plan De Choque Social, consistente en nueve medidas que contribuyen a la reducción de la pobreza, primando el interés común sobre el particular, nueve medidas que buscan la concurrencia de los gobiernos nacional, departamental y municipal, así como el compromiso del sector financiero y de los grandes empresarios, más allá de los gestos y acciones meramente caritativas. Como lo hemos señalado en múltiples oportunidades, las necesidades existenciales y básicas de la mayoría de la población no se solucionan con dádivas, sino con políticas sociales estructurales. Complementando este Plan hace pocos días más de 50 senadores radicamos un proyecto de ley ante la negativa del Gobierno nacional de implementar lo que ya la CEPAL había también recomendado y que en ambos casos se denominó, “Renta Mínima Básica”, la cual beneficiará a 34.5 millones de colombianos de los sectores más vulnerables de la sociedad. La idea es que los trabajadores formales e independientes reciban un auxilio mensual de un salario mínimo con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que se entregaría a 3,5 millones de personas, mientras que 9,5 millones de hogares pobres y vulnerables (31 millones de personas) recibirían una transferencia mensual de $ 877.000, durante tres meses. Estas propuestas son viables, serias, juiciosas y convenientes, demandarán una expansión inusual y extraordinaria del gasto público, que rompa necesariamente con la sostenibilidad y la regla fiscal, y posibilite mecanismos de compensación desde el nivel nacional para los departamentos y municipios caracterizados por la debilidad de sus presupuestos. Para impulsar una salida social a la crisis, además del establecimiento de medidas urgentes, se requiere la implementación de un nuevo modelo económico (más justo, más democrático y más sostenible) que deje atrás el capitalismo, redistribuya la riqueza, acabe con las desigualdades y transforme nuestra relación depredadora con la naturaleza: en definitiva, que ponga la vida en

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Partido FARC expulsa a “Iván Márquez”, “Santrich” y “Romaña”

El partido FARC expulsó a los exdirigentes de esa colectividad política “Iván Márquez, “Jesús Santrich” y alias “Romaña”, quienes el pasado mes de agosto anunciaron la decisión de retomar las armas  La salida de los ex guerrilleros se dio después de la solicitud de la Comisión Nacional de Ética y Disciplina de retirarlos de la organización, luego que aparecieran en un video, presuntamente grabado en Venezuela, anunciando su regreso a la guerra. Los tres excomandantes guerrilleros fueron acusados de violar el Estatuto y el Código de Ética del partido. En un comunicado, la colectividad aseguró estar en desacuerdo con que los reincidentes usen el nombre del partido para sus actividades ilegales. “Es una ofensa a nuestro prestigio, construido durante muchos años de enconada lucha, con grandes sacrificios y sangre ofrendada por la paz de nuestro pueblo”, señaló la misiva. Con esto, la organización política quiere reafirmar su compromiso frente a los Acuerdos de Paz firmados en la Habana, Cuba, en el año 2016. “Desde el partido reafirmamos nuestro compromiso con Colombia para seguir aportando en la construcción de una Paz completa, Estable y Duradera en cumplimiento de lo pactado” en la mesa de negociación, indica el texto. Aparte de “Iván Márquez”, “Santrich” y “Romaña, fueron expulsados José Manuel Sierra Sabogal (Aldinever), José Vicente Lesmes (Walter Mendoza) y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga “el Paisa”.    

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FARC le apuesta a la paz

En la tarde de este martes la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recibió de mano de excombatientes de esa guerrilla una lista de 354 casos de desaparecidos durante el conflicto armado que ha vivido Colombia por más de cuatro décadas. Es la primera vez que el Comité Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conformado por exintegrantes de las FARC, entrega documentación que se espera ayude a dar con su paradero, así como esclarecer las circunstancias en las que se produjo su desaparición. La información entregada a la UBPD corresponde en un 64 % a miembros de grupos armados al margen de la ley;  28 %, a civiles y un 1 %, a integrantes de Fuerza Pública. Los casos documentados están ligados en su gran mayoría a hechos ocurridos entre 1996 y 2007, según informó la Unidad.  De acuerdo con lo reportado, los departamentos con el número más alto de desaparecidos son Meta, Antioquia y Huila.

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Partido FARC dice que protocolos deben respetarse

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), consideró este martes que los protocolos acordados con el Gobierno anterior en caso de una ruptura de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), deben respetarse. En un comunicado, la organización política que nació de los acuerdos de paz firmados en 2016 con el entonces grupo insurgente, aseguró que no aplicarlos sería un desconocimiento “flagrante” de las normas internacionales y “una presión indebida sobre los países garantes, en especial sobre el gobierno de Cuba, que no ha ahorrado en esfuerzos para apoyar la gesta de la paz en Colombia”. “El hecho lamentable de la Escuela de Policía (General Santander) no puede ser instrumentalizado para cerrarle la puerta a futuro a los buenos oficios de la comunidad internacional. Se trata de un desconocimiento flagrante de las normas internacionales y una presión indebida sobre los países garantes”, insistió el partido de las FARC. Colombia pidió este lunes a Cuba la entrega inmediata de los miembros de la delegación de paz del ELN, tras recalcar que no hay protocolo que ampare el terrorismo, en alusión al atentado del jueves pasado contra la academia policial en Bogotá, que dejó 21 muertos y alrededor de 68 heridos. “No hay razón jurídica, ética y política que justifique que unos protocolos que no obligan al Gobierno (de Iván) Duque sean aplicados”, dijo el Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en conferencia de prensa que concedió en la capital colombiana, luego que el ELN admitió la autoría del ataque contra la Escuela de Cadetes General Santander. Cuba ha dejado claro que dará cumplimiento a los protocolos pactados en caso de levantarse la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN, los cuales permiten un plazo de 15 días para que los negociadores de la guerrilla colombiana salgan de la isla. La organización rebelde consideró el ataque una “acción legítima” dentro de la dinámica de la guerra. Sin embargo, Ceballos explicó que “el Consejo de Seguridad de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado el atentado como terrorismo” y en consecuencia “el único camino que hay no es el cumplimiento de protocolos”. Según el funcionario, existe una obligatoriedad de los países de colaborar con la justicia, por lo que espera que el gobierno de Cuba, nación que albergaba las conversaciones de paz, entregue a los negociadores del ELN que permanecerían en la isla. En el comunicado, el partido FARC expresó su disposición a colaborar para que se reactiven las negociaciones con el ELN, tras reiterar su disposición a reunirse con el presidente Iván Duque, para trabajar sin descanso por la solución política y el logro de la paz completa para Colombia. “Es hora de rodear las iniciativas para una reanudación del diálogo con el ELN, de trabajar sin descanso por la solución política y el logro de la paz completa para nuestro país. Tenemos la autoridad para afirmarlo precisamente por ser una de las partes firmantes del Acuerdo de La Habana; acuerdo cuya trascendencia para el futuro compartido de la presente y las futuras generaciones solo la insensatez pone hoy en duda. Que su implementación no sea fácil, que sea un campo en disputa, no significa un fracaso. La paz es el camino”, concluyó.

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Consejo de Estado aplaza audiencia de pérdida de investidura de Jesús Santrich

El Consejo de Estado tuvo que aplazar la audiencia por pérdida de investidura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, debido a que las autoridades no realizaron el traslado desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en donde permanece retenido, hacia el centro de Bogotá, para que pudiera presentarse a la audiencia. La defensa del exjefe guerrillero denunció que se trata de una movida de obstrucción para que su cliente no puede defenderse de las acusaciones que le han hecho y culpó al ente investigador por el traslado fallido. La audiencia se reprogramó para el próximo 21 de enero de 2019. A pesar de que se buscó la forma de realizar la sesión por videollamada, de acuerdo a la recomendación hecha por la Fiscalía, que alegó falta de seguridad para el traslado del detenido, la consejería que lideraba el proceso denunció la ausencia de un procurador para garantizar los derechos de Santrich. Los miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) aseguraron que el aplazamiento de la audiencia es un “sabotaje” por parte del Fiscal Néstor Humberto Martínez. “Continúan saboteando la paz y los derechos de nuestro partido político. ¡Liberen a nuestro compañero Santrich!”, escribió la senadora Sandra Ramírez en su cuenta en twitter.

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Duque anuncia decreto que permitirá a la Fiscalía extinguir dominio de bienes de las Farc

El objetivo del decreto es que con los recursos producto de la extinción de dominio de dichos bienes se contribuya a la reparación de las víctimas, afirmó el mandatario. El Presidente Iván Duque anunció que en los próximos días el Gobierno Nacional expedirá un decreto que faculta a la Fiscalía General de la Nación a extinguir el dominio de los bienes de la antigua guerrill de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que no fueron incluidos en la lista de bienes para la reparación de las víctimas. “Espero que en los próximos días esté ya firmado un decreto a través del cual le damos plena autoridad a la Fiscalía General de la Nación para extinguir el dominio de los bienes de las Farc que no fueron incluidos en la lista de bienes para la reparación de las víctimas”, precisó el jefe de Estado en declaraciones a la Voz de Bogotá de Todelar Radio. El mandatario reiteró que su Gobierno apoyará a los desmovilizados que genuinamente hagan el tránsito hacia la legalidad, al tiempo que advirtió que será implacable con quienes reincidan en el crimen. “Nosotros queremos ayudar de manera decidida a los que genuinamente están haciendo ese proceso de reincorporación para encontrar una mejor vida y convivencia, pero seremos implacables con la reincidencia”, sostuvo. En este sentido, el Presidente Duque dijo que “si queremos ser implacables con la reincidencia, tenemos que dotar a la Fiscalía General de la Nación de todas las herramientas necesarias para que se pueda extinguir el dominio de esos bienes no declarados”. Indicó que el objetivo del decreto es que con los recursos producto de la extinción de dominio de dichos bienes, se pueda contribuir a la reparación de las víctimas de la violencia en Colombia. Con información de la Presidencia de la República 

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Partido Farc denuncia asesinato de dos exguerrilleros en proceso de reincorporación

“Con estos dos asesinatos ascendemos al doloroso número de 84 camaradas asesinados después de la firma del Acuerdo Final”: partido Farc. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este jueves que dos de sus miembros fueron asesinados mientras se encontraban en el proceso de reincorporación a la vida civil. El cuerpo sin vida de Sebastián Coy Rincón, quien pertenecía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Mariana Páez” ubicado en el departamento del Meta, fue encontrado en la zona rural del municipio de Uribe, luego de que el exguerrillero fue reportado como desaparecido el pasado 15 de noviembre. En circunstancias similares, afirmó la bancada, se halló el cadáver de Ángel Aleyser Meléndez en la vereda el tablón del municipio de Leiva, Nariño. “De acuerdo con la información suministrada por pobladores de estas dos regiones del país, en el caso de Sebastián Coy, el hecho ocurrió en cercanías al lugar donde se encontraban acampados integrantes del Ejército Nacional que operan en el departamento del Meta; respecto de Ángel Meléndez llama la atención que pese a las reiteradas denuncias de organizaciones sociales, las estructuras criminales siguen fortaleciéndose en el departamento de Nariño”, aseguró la colectividad en un comunicado. Los miembros del partido le solicitaron al Presidente Iván Duque Márquez una reunión con el fin de poner sobre la mesa “acciones reales y concretas para brindar garantías de seguridad y protección efectivas a quienes fuimos firmantes del Acuerdo (de paz) y los miles de líderes y lideresas sociales que realizan su actividad en los territorios”. Ante este panorama, el pasado lunes, el Gobierno Nacional presentó el Plan de Acción Oportuna para Defensores de Derechos Humanos (PAO), con el fin, según lo afirmó el jefe de Estado, de prevenir y proteger, individual y colectivamente, los derechos, la vida, la libertad, integridad y seguridad de líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y comunales. No obstante, ante esta realidad, la bancada pidió “de inmediato” la intervención de la comunidad internacional, especialmente de los países garantes, con el fin de demandar del Estado colombiano el cumplimiento del Acuerdo firmado por ambas partes en La Habana, Cuba, en 2016. “No vamos a permitir que se siga arrebatando la vida a los constructores de Paz mientras las estructuras paramilitares se fortalecen en territorios “consolidados” por el Gobierno Nacional”, concluyó la misiva.

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Cambios al acuerdo de paz son una jugarreta de la clase política: Iván Márquez, el Paisa y Romaña

La misiva fue firmada por Márquez, Óscar el Paisa, Aldinever Morantes, Romaña, Iván Alí o Iván Merchan, entre otros. Luciano Marín Arango, alias Iván Máquez, y un grupo de excombatientes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) dirigieron una carta a Zeuxis Pausias Hernández Solarte más conocido como Jesús Santrich, en la que aseguran que su extradición significaría el fracaso de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos. “De corazón estamos contigo. Te reiteramos nuestra solidaridad total. Nos enorgullece tu dignidad que la equiparamos con la de Simón Trinidad. Una eventual extradición tuya por cuenta de un burdo montaje judicial de la DEA y la Fiscalía, o la perpetuación injustificada de tu presidio, significarán el fracaso irremediable de la paz. Poco a poco se están cayendo las mentiras del Fiscal Martínez. Si no hay pruebas contra ti, deben aplicarte el principio de favorabilidad produciendo tu excarcelación inmediata”, afirman en la misiva. De acuerdo con lo expuesto en la carta, la captura de Santrich sembró una enorme desconfianza con el Estado, pues para ellos, solo basta una acusación de la Administración para el Control de Drogas, (DEA por sus siglas en inglés), para que renazca el “fantasma de la extradición”. Los exguerrilleros aprovecharon para criticar los cambios que se han hecho al Acuerdo del 24 de noviembre de 2016, que según ellos, lo convirtieron en “un horroroso frankenstein santanderista”. “Le cercenaron el alma y cambiaron su esencia por obra y gracia de la interpretación jurisprudencial, la implementación legislativa y la perfidia del Estado”. “Las alteraciones al contenido del Acuerdo por parte del Estado son al mismo tiempo problemáticas como desconcertantes. Si la JEP se concibió para todas las partes involucradas en el conflicto ¿por qué excluyen de su competencia a los terceros que son civiles o agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública que de alguna u otra manera victimizaron colombianos con sus determinaciones? Es necesario reiterarlo: la Jurisdicción Especial no fue acordada solamente para la guerrilla, sino para todos los actores del conflicto”, añadieron. Para los excomandantes, los cambios se deben a “una jugarreta” de la clase política para evitar que los verdaderos responsables de crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas salgan a la luz pública. “Los utilizaron en la guerra sucia y en victimizaciones horrorosas y ahora quieren lavarse las manos como Pilatos. Eso no es justo y no obedece a la verdad. Todo el tiempo utilizaron a las FFAA para mantenerse en el poder mientras se enriquecían con la corrupción y se llenaban de privilegios”.

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JEP abre incidente de verificación de cumplimiento a alias “el Paisa”

La Agencia de Reincorporación Nacional (ARN) además informó a la Sala de Reconocimiento que no tiene noticia del paradero de Velásquez a pesar de que este había sido un líder activo en varios proyectos con sus antiguos subalternos. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la apertura de incidente de verificación de cumplimiento a Hernán Darío Velásquez, más conocido como “el Paisa”, excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). A través del auto 65 se tomó la decisión fundamentada en que Velásquez no presentó el oficio solicitado por la JEP, en el que debía informar su proceso de reincorporación y otras actividades relevantes para el caso, dentro del plazo que se le dio a los 31 exguerrilleros, ni solicitó prorroga. “No compareció personalmente ni nombró abogado de confianza. Hasta la fecha el señor Velásquez no tiene representación legal ni comparece a notificarse personalmente frente a las decisiones adoptadas en este caso”. “La ausencia persistente de este compareciente, a pesar del inicio de los proyectos productivos, sumada a su inactividad ante la JEP y al incumplimiento de la orden emitida por la Sala de presentación del informe de seguimiento, son indicios de un posible incumplimiento del régimen de condicionalidad”, argumentó la jurisdicción. La Sala citará a audiencia para decidir si hubo o no incumplimiento y ordenará alguna de las medidas del sistema de gradualidad. En este proceso, se solicitará al Sistema de Asesoría y Defensa de la JEP (SAAD) que designe abogado defensor para Velásquez y que comunique dicha selección a la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento, para que proceda a notificarlo de esta decisión. Por último, la JEP convocó a las víctimas de “el Paisa” interesadas en participar en el incidente de verificación del cumplimiento.

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