Por: Paloma Susana Valencia Laserna Senadora de la República Centro Democrático Una necesidad, un imperativo, una obligación. La justicia es un pilar del Estado de Derecho, tal vez, el más significativo. Resolver los problemas de los ciudadanos por un tercero imparcial es la manera más efectiva de acabar con la justicia por la propia mano, que para tristeza de nuestro país tiende a aumentar. Sin embargo, nuestra justicia está desprestigiada por su ineficiencia, por su carencia de seguridad jurídica y sobre todo por la corrupción, que como a toda nuestra sociedad, la ronda y la mancha. Analizados los asuntos que explican sus fallas encuentro cuatro grandes temas, el proyecto de reforma a la justica que reúne el del gobierno, el de Cambio Radical y el nuestro -mío y de algunos congresistas del Centro Democrático (CD)- que da respuesta a estas inquietudes. Ese proyecto que no tuvo éxito, requiere insistencia, que daremos en el siguiente periodo. Una justicia parecida a la tutela, ha sido mi consigna para pensar este asunto. Necesitamos simplificarla. Fortalecer la primera instancia, de manera que todos los casos tengan una sola puerta de acceso, y los jueces puedan avanzar en una carrera con ascensos y mantenerse como jueces. Así vamos consolidando la carrera judicial y capitalizando la formación y el conocimiento que los jueces adquieren. Una buena primera instancia cambiará el destino de la justicia y por eso también hemos propuesto que en el gasto de la rama el buen funcionamiento de aquella sea la prioridad. Una segunda instancia que resuelva las apelaciones, y ojalá una sola alta corte, de cierre, dedicada a unificar la jurisprudencia, con un recurso de amparo constitucional. Así le daremos prelación al derecho sustantivo y unicidad y coherencia a la jurisprudencia. Una justicia donde cada juez falla como le parece, y un resultado es tan factible como el otro, genera desconfianza y espacio para la corrupción. Esto es necesario para garantizar la seguridad jurídica, que es la capacidad de saber con certeza cómo o cuál va a ser la decisión de la jurisdicción necesitamos una jurisprudencia unívoca. Requerimos que por disposición de la ley, unifique las posiciones de la rama en una sola corte de cierre. Una justicia donde cada juez falla como le parece, y un resultado es tan factible como el otro, genera desconfianza y espacio para la corrupción. Debemos tener sentencias que unifican las posiciones y son obligatorias, de manera que todos los casos iguales son fallados en el mismo sentido. Una sola corte solucionaría el asunto de manera definitiva, pero no he encontrado, aún, suficientes aliados para mi propuesta. Por eso al menos debemos buscar unificar la jurisprudencia incluso entre las altas cortes y sus salas. Solo así lograremos tener un cuerpo de decisiones claras y precisas que permitan que todos los casos iguales sean juzgados de idéntica manera. La rama se queja de que su sistema de administración, el Consejo Superior de la Judicatura y el gerente no son capaces de ejecutar adecuadamente los recursos que reciben. Por eso, se ha planteado una separación total del tema disciplinario, del tema de carrera judicial y de la administración. Todo ello coordinado por una comisión donde estén representados todas las instancias de la rama, jueces, tribunales, altas cortes, Fiscalía y empleados que dispongan la línea de acción. En lo administrativo, con gerente coordinado por una junta directiva. Este diseño permite organización y eficacia. Necesitamos poder juzgar a todos los llamados “aforados”. Hubiera preferido eliminar todos los fueros, y que no existan justicias especiales para los de cuello blanco, pero tampoco encontré aliados para ello, por ahora. Entonces buscaremos un tribunal independiente que los juzgue a todos en dos instancias y que pertenezca a la rama judicial. Además necesitamos magistrados que no utilicen las cortes para catapultar su carrera profesional, sino que la terminen ahí. Por eso exigiremos edad mínima de ingreso de 50 años, 25 años de experiencia profesional y periodos de 12 años buscando que salgan pensionados con inhabilidades de litigio en su jurisdicción vitalicias y limitaciones al acceso a la política por cuatro años. Ojalá podamos sacarla adelante en la próxima legislatura. Colombia como estado de derecho, hoy con todas las decisiones polémicas de las Cortes, requiere confianza en sus instituciones.
