octubre 14, 2024

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Prioridades para la Agenda Pública Nacional

Carlos Alberto Baena López Senador, presidente Partido Mira Marzo trajo consigo los resultados de las elecciones al Congreso de la República y, también, de las consultas de candidatos presidenciales que coincidieron aquel día. En nuestro caso, además, supuso el regreso de la bancada del Partido Político Mira al senado, porque la sentencia del Consejo de Estado que se emitió hace un mes, aproximadamente, cumplió sus efectos el pasado miércoles, cuando tomamos posesión en el Capitolio Nacional. Ante las autoridades, simpatizantes y los medios de comunicación que nos acompañaron ese día fue posible aclarar y profundizar, ya en calidad de senadores en ejercicio, algunos de los temas que han llamado la atención de la opinión pública durante las últimas semanas. Así, una vez más, surgieron preguntas para corroborar nuestra decisión de renunciar a la indemnización económica por causa del daño que supuso a la sociedad, a la democracia, al Partido y a los que, debiendo ser reconocidos en sus cargos desde el 2014, solo llegamos a ellos en marzo de este 2018. En efecto, fue una oportunidad más para insistir en que nuestro trabajo procura el bienestar de los colombianos quienes, al no ser responsables de los hechos lamentables de hace cuatro años, tendrían que haber pagado con su dinero, tomado vía impuestos, la reparación que nos correspondía. Por tal motivo, declinamos la posibilidad de hacer esa solicitud y, satisfechos con los resultados de la Administración de Justicia, optamos por enfocar nuestros esfuerzos en dar lo mejor desde el Senado, durante los meses que tenemos delante. “Porque la sentencia del Consejo de Estado que se emitió hace un mes, aproximadamente, cumplió sus efectos el pasado miércoles, cuando tomamos posesión en el Capitolio Nacional”.   Los temas que ocuparán nuestra atención son muchos y muy variados; en esta ocasión mencionaremos sólo algunos. La generación de ingresos debe ocupar, cuanto más pronto mejor, los primeros lugares de la Agenda Pública Nacional. Hay que multiplicar los esfuerzos para que la pobreza se reduzca en el país y este objetivo se logra por medio del emprendimiento, contando con el apoyo empresarial y el incremento del empleo disponible, en términos de cantidad y calidad. También, desde nuestra perspectiva es de primera importancia continuar el trabajo a favor de la mujer y la niñez en Colombia. Protección, garantías, mejoramiento de su calidad de vida, empoderamiento económico, entre otras, serían las líneas de promoción y desarrollo para lo porvenir. Nos anima pensar en una Colombia próspera, que avance en términos de equidad, y reconciliación, una tierra convertida en un gran lugar para vivir, crecer y construir la sociedad que todos añoramos.

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Una nueva apuesta por el Valle del Cauca

Con la dulzura como característica principal de su feminidad, pero con la tenacidad y carácter propio de una profesional dedicada a la política, entra al ruedo la abogada Norma Hurtado Sánchez, una mujer apasionada por su trabajo social, quien desde sus funciones como secretaria general del Valle, coayudó a la implementación de los mecanismos de transparencia por Colombia, para salvaguardar el buen conducto en la ejecución de las tareas de la gobernación. Norma Hurtado Sánchez Abogada de la Universidad de Cali, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Municipal, cuenta con un posgrado en Gerencia y Servicios de Salud y con un diplomado de Relaciones Públicas. Fue subgerente administrativa y financiera del Banco Agrario y ocupó este mismo cargo en la Empresa Social del Estado Antonio Nariño. Además, trabajó como subdirectora para la Vigilancia de la Contratación Estatal en la Personería de Santiago de Cali y como secretaria general de la Gobernación del Valle del Cauca. Puerto de Buenaventura. Con un camino recorrido en cargos públicos que le permitieron tener un acercamiento a las necesidades de las comunidades más vulnerables, llega al Congreso de la República Norma Hurtado, gracias a más de 60 mil personas que creen en su visión, trabajo y compromiso de esta mujer. Su legislación se centrará en el fortalecimiento del campo, el desarrollo de oportunidades, la protección para la mujer y en la búsqueda de cambios trascendentales en la salud y la educación. Fortalecer el campo Trabajo regional Por la mujer Fortalecer el campo Para cumplir el propósito de fortalecer el campo, la representante electa plantea dos caminos. El primero se trata de la recuperación de vías terciarias, “los campesinos se están viendo afectados por su desplazamiento porque los vehículos no pueden tener un acceso posible a esas zonas”; frente a este escenario, pretende trabajar en la búsqueda de inversiones para el mejoramiento de las rutas. El segundo camino es el fortalecimiento comercial, como explica la representante: “el campesino puede negociar de una manera mucho más efectiva y no vender al mejor postor”. La propuesta le apuesta a conseguir comercializar los productos de cultivos en centros de acopio que reconozcan y dignifiquen la labor rural. Además, una de sus iniciativas es el desarrollo de un programa de catastro multipropósito. Este proyecto se elabora con el fin de dar titularidad a los rurales y así comenzar a construir paz desde el campo, “buscamos que el campesino tenga la seguridad de que la tierra que está trabajando es suya y de que vale la pena creer en la firma de los Acuerdos de Paz”. Trabajo regional Como vocera del pueblo del Valle del Cauca, se propone impulsar iniciativas que representen bases legales para el cambio urgente por el que clama la gente de Buenaventura, “es el puerto que le genera gran parte de los ingresos al país, pero que se quedó sin inversión social y sin desarrollo”, afirma la abogada.Frente a este panorama, se enfoca en cinco aspectos a trabajar: devolver la seguridad, inversión en educación, deporte, cultura etc., la accesibilidad permanente al agua potable, la recuperación del servicio de salud, y por último, convertir al aeropuerto en una solución económica y turística. “Son cosas que no están en mi resorte como congresista, pero que tendré que traer como vocera”, aseguró.En materia de educación, el compromiso está en conseguir que el Estado voltee su mirada hacia la infraestructura de las instituciones en el Valle del Cauca y que la financiación necesaria llegue al territorio. En el área de la salud, trabajará por conseguir una reforma sustancial a la salud, “sueño con una ley trasformadora, que permita mucha más agilidad, que se haga mucho énfasis en la prevención y promoción de la salud”. Por la mujer Para la protección y la apertura de oportunidades para la comunidad femenina, se concentrará en ejercer control político hacia las leyes que salvaguardan a la mujer de agresiones e injusticias, pero no se cumplen. Su preocupación es “que en los municipios y las gobernaciones asuman esta ley como una prioridad”. El camino para conseguirlo es el acompañamiento a las víctimas de maltratos físicos y verbales que alzan su mano por ayuda y deciden cortar con el agresor; para ellas, están a su servicio los hogares de paso, donde se brindan todas las orientaciones legales y psicológicas que necesiten. Por otro lado, resalta la necesidad de acompañar a la mujer campesina víctima de la violencia que decidió permanecer en su territorio. “Como congresista, mi gran responsabilidad con ellas será que, al momento de la aprobación de los presupuestos, estas mujeres sean tenidas en cuenta en todo este proceso de posconflicto”. Para la representante, este recurso económico debe ser dado a través de capital semilla, con el fin de generar dinámica en la labor campesina e impulsar su quehacer. Uno de sus objetivos es el fortalecimiento del campo.

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Indolencia del estado frente a la violencia contra la mujer

Por, senadora Rosmery Martínez Rosales, Partido Cambio Radical Aunque en Colombia existen leyes tendientes a la sensibilización, prevención y sanción contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres, como la Ley 1257 de 2008, de la cual soy coautora, los altos y preocupantes indices de impunidad continúan de forma vergonzosa incrementando los niveles de desconfianza en el sistema de administración de justicia, y transmitiendo el negativo mensaje de que se puede maltratar a la mujer. ¡Ya!, deberíamos tener claro que la respuesta a la violencia contra la mujer requiere los esfuerzos de todos, sin excepción alguna.   ¿Por qué la ley no llega a las personas? ¿Por qué su desconocimiento? Junto con el desarrollo normativo, se debe avanzar a nivel institucional y comunitario en estrategias pedagógicas contundentes que  sensibilicen  y socialicen la normatividad existente. Es necesario  romper los paradigmas de exclusión y de discriminación; vivimos condicionados por una estructura social enraizada en la desigualdad funcional entre mujeres y hombres, lo cual concibe efectos perversos de subyugación, como si las mujeres no fuesen seres humanos con anhelos, expectativas, creencias y valores. ¡Ya!, deberíamos tener claro que la respuesta a la violencia contra la mujer requiere los esfuerzos de todos, sin excepción alguna, debemos direccionar  el establecimiento de una política pública que articule todas las entidades nacionales, incluyendo los entes de control, como fórmula irrebatible para que se  garantice avanzar en la prevención de la violencia contra la mujer, fortalecer los mecanismos de atención, protección  y apoyo social, y ejecutar procesos judiciales eficaces para valorar los daños de tipo psicológico, sexual, físico o patrimonial generado. Uno mi voz a la voz de todas las mujeres que reclaman ser valoradas y reconocidas para que esta política pública se vuelva realidad y no quede reducida a un juego de palabras. Esta es una causa por la que hay que seguir luchando,  porque hoy solo se percibe la indolencia del Estado colombiano, quien parece  más familiarizado con la muerte y la agresión, como si no tuviera  consciencia de que la violencia contra la mujer ¡mata!, y no únicamente mata a la mujer, descompone la célula familiar y erosiona los cimientos de nuestra sociedad. Reitero, la atención  a la mujer debe ser comprometida, integral y coherente: esta es una obligación constitucional y un imperativo ético.

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