octubre 4, 2024

Ley de Víctimas

Proyecto para mejorar honorarios de concejales y reforma a la ley de víctimas, aprobados en primer debate.

Con el fin de avanzar en el trámite de los proyectos de ley correspondientes a la Comisión Primera de Senado, los miembros de esta célula legislativa desarrollaron esta semana importantes debates donde se aprobaron iniciativas en primer debate. Una de ellas, fue el proyecto de ley por medio del cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones sobre reparación a las víctimas del conflicto armado interno. El Senador Germán Blanco, coordinador ponente, del partido Conservador, indicó que esta iniciativa no tiene dueño, ni color político, ésta se trata de una ley que busca una reforma integral a las víctimas en pro de un enfoque en derechos humanos. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, autor del proyecto, explicó que la iniciativa legislativa fomenta el tránsito hacia un enfoque de derechos exigibles y prácticos para las víctimas, reconoce los derechos de niños y jóvenes desde su integralidad.  También aborda de forma amplia los derechos de las víctimas en el exterior, fortalece el derecho a la participación como aspecto cardinal para la reconciliación e instituye enfoques diferenciales de mayor rigor para el reconocimiento de las diversidades en el país. Otra de las iniciativas legislativas aprobadas en primer debate, fue el proyecto de acto legislativo mediante el cual se fortalece la autonomía de los Departamentos, Distritos y Municipios, se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Este proyecto que continúa su tránsito para convertirse en reforma constitucional, tiene como ponente principal al Senador del partido Alianza Verde, Ariel Ávila, quien indicó que“no es una propuesta de gobierno es una propuesta de bancada. Busca cumplir una promesa incumplida de la Constitución de 1991 y es que los recursos del Sistema General de Participación lleguen al 46.5% y el proyecto propone un incremento gradual desde el próximo año por unos 10 años, para que se cumpla esa meta”. Por su parte, el Senador Alfredo Deluque, del partido de la U, expresó que el país tiene una deuda con las regiones y que el centralismo leha hecho mucho dañoa las comunidades. “La guajira es el único departamento del país que tiene que administrar el 47% de su territorio que es un desierto”, dijo. Por otro lado, los miembros de esta comisión adelantaron discusión y aprobación en primer debate del proyecto de ley de reconocimiento de honorarios a los concejales de los municipios de quinta y sexta categoría, el aumento en el número de sesiones ordinarias y extraordinarias de los Concejos Municipales y la adopción de medidas en materia de seguridad social(salud y pensión), para los miembros de esta corporación. Dicho proyecto tiene como fin, implementar medidas que dignifiquen la actividad ejercida por los concejales en el país y que garanticen que la labor sea remunerada adecuadamente, argumenta el proyecto de ley que es autoría del conservador Germán Blanco. “Hemos decidido presentar nuevamente este proyecto luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la Ley 2075 por vicios de trámite como la falta de impacto fiscal, aspecto que incluimos en el texto como autores y ponentes” Senador Blanco. Por su lado, el Senador Fabio Amín Saleme del partido Liberal, indicó que acompaña el proyecto siendo uno de los autores y que hace unos años se propusieron modificar el régimen de liquidación de la seguridad social de los concejales, donde planteabanlos problemas en muchos municipios cuando quienes hacen parte de la corporación municipal lo que tienen son pólizas de seguro, que les ampara la salud. “Hoy lo que proponemos no solo tiene que ver con los honorarios, en cuanto a lo que significa el incremento de reconocimiento del derecho porque trabajan nuestros más de diez mil concejales de categorías cuarta, quinta y sexta de los municipios del país. Es justo que el que trabaje tenga un salario”, Senador Amín. Agregó, “en lo mínimo que un concejal de Colombia pueda tener un ingreso del salario mínimo que se establece y lo dice la Constitución; le pedimos al gobierno que concurra en la financiación”.  Link de transmisión: https://www.youtube.com/live/EOiZGLU2yFI?si=m92i_d6A-ryaizpF Tomado de el Senado

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Cancillería de Colombia brinda Atención Integral a Víctimas del Conflicto Armado en el Exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en un esfuerzo continuo por cumplir con sus compromisos hacia los connacionales en el extranjero. Se lidera una serie de jornadas de atención directa a las víctimas del conflicto armado colombiano que residen fuera del país, estas trascendentales jornadas han sido coordinadas por los Consulados de Colombia y el equipo del Escritorio de Víctimas en el Exterior de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería, con el apoyo y acompañamiento de diferentes entidades del Sistema Nacional de reparación integral a las víctimas SNARIV como la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Durante los meses de julio y agosto, estas jornadas se llevaron a cabo con éxito en tres países prioritarios para esta iniciativa: Panamá (consulados de Colón y Ciudad de Panamá) Ecuador (Quito, Esmeraldas, Nueva Loja) Santiago de Chile (Antofagasta, Santiago de Chile) y Venezuela (Caracas en el marco del VIII foro Internacional de Victimas que se desarrolló a finales de agosto en Caracas). Durante este período, funcionarios especializados en la atención y orientación personalizada a víctimas en el exterior acompañaron a un total de 1,181 connacionales. Durante las jornadas, se realizó la toma de declaraciones con el fin de solicitar su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV). Además, en el caso de la Unidad para las Víctimas, se proporcionó información detallada sobre casos específicos, acceso a derechos y se brindaron detalles sobre las medidas contempladas en la Ley de Víctimas y su implementación en el exterior. Las consultas más frecuentes durante estas jornadas se centraron en el acceso a la indemnización administrativa, las novedades en el Registro Único de Víctimas (RUV), la actualización de datos y orientaciones generales sobre las estrategias implementadas por el Escritorio de Víctimas en el Exterior, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad para las Víctimas. Además, se proporcionaron detalles sobre el trabajo llevado a cabo por el equipo del Departamento de Atención a Víctimas de la JEP, enfocado en la búsqueda de la verdad y el poder reparador de la justicia. Estas jornadas representan un compromiso continuo de Colombia con sus connacionales en el extranjero y reflejan la importancia que el país otorga a la atención integral de las víctimas del conflicto armado, contribuyendo así a la construcción de una paz duradera y significativa. Para obtener más información sobre futuras jornadas de atención a víctimas o para acceder a servicios de asistencia, los connacionales pueden ponerse en contacto con los consulados de Colombia en su lugar de residencia o visitar el sitio web oficial de la Cancillería de Colombia. Tomado por la Cancillería

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Recursos del Gobierno para financiar Ley de Víctimas siguen siendo insuficientes: Contraloría

Se requiere un esfuerzo presupuestal adicional de $39.04 billones, entre 2019 y 2021, dice la Contraloría ante la Corte Constitucional. Los recursos que tiene disponibles el Gobierno Nacional para financiar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras siguen siendo insuficientes y se requiere un esfuerzo presupuestal adicional, entre 2019 y 2021, del orden de $39.04 billones por año. Así lo manifestó hoy el Vicecontralor General de la República, Ricardo Rodriguez Yee, ante la Corte Constitucional. Indicó que es necesario revisar el plan de ejecución actual de esta Ley, tomando como referente el valor ejecutado en 2017 ($13.5 billones). “Para cumplir con los requerimientos de la Ley 1448 de 2011, se requeriría un plazo adicional de diez años, contados a partir del actual 2018”, precisó el Vicecontralor al intervenir en la Audiencia Pública sobre el “Estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado”. Al analizar el escenario de financiamiento de la Ley 1448 de 2011, las estimaciones de la CGR indican que aún hacen falta por financiar $129.3 billones para culminar los compromisos de la misma para el período 2018-2021. Este valor es superior en $28.4 billones de pesos constantes de 2018 al estimado por el Gobierno Nacional en la respuesta al Auto 373 de 2016 ($100,9 billones). Las medidas que mayor esfuerzo fiscal requieren son Indemnización Administrativa ($42,7 billones) y Vivienda Urbana y Rural ($31 billones). Con información de la Contraloría General de la República 

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Ley de Víctimas está desfinanciada: Procuraduría

Tras siete años de implementación de la Ley de Víctimas y los Decretos Leyes los resultados obtenidos no se han dado a un ritmo que permita estimar que se cumplirá con los objetivos reparadores en los tres años que quedan de vigencia. Para la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas (CSMLV), el esfuerzo fiscal requerido para el financiamiento de la Ley de Víctimas en el periodo comprendido entre 2018 y 2021 debería ser de aproximadamente $129.29 billones de pesos, lo que supera el valor estimado por el Gobierno Nacional en $28.4 billones. Según la CSMLV, esta situación evidencia que el plazo de ejecución actual y los recursos disponibles resultan insuficientes. Si se toma como referente el valor ejecutado para esta política pública en 2017, que fue de $13.5 billones, se calcula que para cumplir con los requerimientos de la ley se requieren cerca de 10 años adicionales. Para la implementación de la política de víctimas, el Gobierno Nacional asignó, entre 2012 y 2018, $76.9 billones de pesos a precios constantes de 2018. Sin embargo, no realizó un esfuerzo fiscal adicional, sino una destinación prioritaria de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), que alcanzó el 56% del total asignado. La Comisión identificó fallas de planeación que inciden en la implementación de la política, inconsistencias en los reportes sobre el cumplimiento de los indicadores del Conpes 3726 y del Plan Nacional de Desarrollo. Además, de una insuficiente incorporación del enfoque étnico en la política de víctimas, por lo que hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que tenga en cuenta las conclusiones en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo, que deberá contemplar una revisión exhaustiva de la política pública dirigida a la población víctima. Resulta imperativo que el Estado realice un análisis presupuestal riguroso y detallado de la Ley y los Decretos Étnicos frente a su cumplimiento, en consideración a su vigencia, de modo que se garantice un escenario real del financiamiento y una mayor eficiencia financiera y administrativa, en procura de la satisfacción de los derechos de las víctimas. Con información de la Procuraduría General de la Nación. 

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