junio 26, 2026

ELN

Colombia pide a Cuba la extradición del máximo jefe del ELN alias “Gabino”

Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, jefe máximo del Eln, fue pedido en extradición por el Gobierno colombiano, a través de una solicitud radicada por la Cancillería de Colombia ante el Gobierno de la isla de Cuba, según lo  informó esta tarde el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Esta solicitud de extradición se desprende de una orden emanada por el Juez Segundo de Ejecución de Penas de Antioquia. “La solicitud de Gabino la hace un juez de la República y se conoce que está en La Habana. En este caso se hace por un delito por el que ya fue condenado, que es secuestro agravado’, dijo el funcionario. Anteriormente los jueces de la República habían pedido en extradición a los integrantes del Comando Central del Eln, ‘Aureliano Carbonel’, ‘Alirio Sepúlveda’ y ‘Pablo Beltrán’, quienes también son llamados por delitos previamente juzgados. “El llamado a Cuba siempre ha sido el mismo: el señor Presidente de la República y la Cancillería han insistido que necesitamos una respuesta del gobierno de Cuba frente a estas solicitudes de extradición”, señaló Ceballos. El Alto Comisionado dijo, además, que “es muy importante resaltar el anuncio del Fiscal General de la Nación de que el próximo 28 de febrero habrá una audiencia de imputación de cargos para los miembros de la dirección Nacional y del Comando Central del Eln por el acto terrorista en el cual, hace un año, fueron asesinados 22 estudiantes en la Escuela de Cadetes General Santander”. ‘Una próxima extradición va a ser solicitada por el Gobierno Nacional, cuando la Fiscalía impute los cargos por asesinato. Es decir, las cuatro extradiciones que hoy han sido solicitadas son por delitos por los que ya fueron condenados, y es posible que una vez la Fiscalía impute cargos por el asesinato de los cadetes, surja una nueva solicitud de extradición’, puntualizó Ceballos. Información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz

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ELN sí está reclutando jóvenes en Risaralda y Chocó: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los gobernadores de Risaralda y Chocó para aumentar el pie de fuerza y la seguridad. Esto tras confirmar el reclutamiento de menores de edad por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque el órgano constitucional no ha entregado cifras de los reclutados, sí confirmó que el grupo ilegal los está integrando a sus filas. Lo anterior, por medio de montos de dinero a quienes les faciliten el trabajo y amenazas a las familias que se opongan. El Ministerio Público ya ha emitido algunas alertas tempranas con respecto a ambos municipios.    A pesar de las repetidas denuncias por parte de voceros del Movimiento Nacional de Víctimas en Risaralda, como las de Eisenhoward Dejanón Zapata, y las alertas constantes de la defensora del pueblo local, Elsa Gladys Cifuentes, la situación lejos de apaciguarse, ha ido escalando. La presencia del ELN en la zona limítrofe de los departamentos está en aumento. “En estas alertas tempranas se anuncia la situación de riesgo por posible reclutamiento de menores, además de toda la problemática que se tiene en la zona limítrofe con el departamento del Chocó en materia de orden público. Por esto hemos pedido reforzar la seguridad en la zona y que se establezca contacto de forma inmediata entre los gobernadores de ambos departamentos”, dijo Cifuentes.  Como acción inmediata, la Defensoría del Pueblo espera que la administración departamental cite al primer consejo de seguridad para brindar soluciones. La iniciativa radica en minimizar la violación de los derechos de los menores, así como encontrar una alternativa que permita ponerle fin al conflicto que, por tantos años, ha afectado al territorio colombiano.  

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“Es un acto cobarde y miserable”: Duque sobre presunto atentado del ELN en Yopal

El Presidente Iván Duque calificó el atentado perpetrado esta madrugada por el Eln contra la base de la Fuerza Aérea en Yopal, Casanare, como un “acto cobarde y miserable” e indicó que ese hecho es una reacción a la presión que ejerce la Fuerza Pública sobre dicho grupo. El Jefe de Estado, desde la base de Catam, afirmó que “todos los indicios van orientados a que el Eln está detrás de este ataque”. Tal acto es “una reacción a la presión que ha venido ejerciendo la Fuerza Pública, y ellos siempre tratan, en estos momentos del año, de afectar unidades militares”, dijo, poco antes de partir hacia Popayán para hacer entrega de la bandera de guerra al Comando Específico del Cauca y de subsidios de vivienda. Manifestó que la capacidad de respuesta del Estado “no solamente es efectiva, sino que será contundente” e informó que le pidió al Comandante de la Fuerza Aérea, general Ramsés Rueda que se desplazara a Yopal para hacer toda la valoración de seguridad, y que otro tanto le solicitó al Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, una vez concluya su actividad en Popayán. El Mandatario aseveró que “se mantiene la presión frente al Eln” y puso de presente que la acción terrorista de este viernes es “una demostración más de que el Eln no tiene ninguna voluntad de paz con Colombia”. “Ellos quieren seguir el camino de la violencia y el del terrorismo, así lo han hecho siempre, pero aquí hay un Estado que está siempre listo a defender a los colombianos”. Reiteró que Colombia concluyó el año 2019 con buenos resultados en seguridad y lucha contra la criminalidad. El Mandatario enfatizó que ‘le hemos asestado golpes muy duros a todas las estructuras armadas y terroristas, incluidas las del grupo armado organizado Eln, que como lo ha demostrado la Fiscalía con sus esclarecimientos también está detrás de los asesinatos de líderes sociales y está también detrás del asesinato de excombatientes y está también detrás de la intimidación de muchas poblaciones”. “Aquí los vamos a seguir enfrentando con la contundencia del Estado. Nosotros condenamos este acto cobarde y miserable de este grupo terrorista”, puntualizó el Presidente Duque. Con información tomada de la Presidencia de la República

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Denuncian a Mininterior por omisión frente a la situación en Bojayá

El exsecretario de transparencia del gobierno Santos, Gabriel Cifuentes, denunció ante la Procuraduría General de la Nación, a la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por presunta omisión frente a la situación de violencia y conflicto en la región de Bojayá, Chocó.  La situación de vulnerabilidad que viven los habitantes en Bojayá, ya había sido expuesta y denunciada en diferentes ocasiones desde el 2019; la Defensoría del Pueblo también expuso el caso al Ministerio del Interior a lo cual la cartera respondió que la situación se está regulando y la zona se encuentra monitoreada y militarizada por parte de las fuerzas públicas. Según Gabriel Cifuentes, las denuncias por una posible toma del corregimiento de Pogue, en Bojayá, el pasado 31 de diciembre, se pudieron evitar debido a las tres alertas inminentes que hizo la Defensoría al Ministerio del Interior acerca de la situación en riesgo de las comunidades del municipio chocoano.  Al caso se anexan los documentos de la Defensoría en los que se expone la denuncia y la preocupación frente a la situación. “Alerta temprana debido al confinamiento y grave riesgo de desplazamiento de que enfrentan aproximadamente 2.250 habitantes indígenas y afrocolombianos (…) El riesgo para la población civil se  fundamenta en la reciente agudización de la presencia del Eln y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (…) Se interfiere también, por la dinámica de los grupos armados ilegales y por la falta de presencia permanente del Estado en inmediaciones de las zonas rurales, una alta probabilidad de ocurrencia de acciones de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres; posibles hechos de reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes”, se lee en un apartado de una denuncia presentada el 9 de abril de 2019, reiterada en octubre del mismo año y cuando se extendió los alcances a todo el Alto Baudó. Cifuentes añadió que es necesario determinar si “las alertas tempranas emitidas por parte de la Defensoría del Pueblo en el caso de Bojayá y del Alto Baudó y, reportadas en este documento, la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez actuó con la diligencia debida y en cumplimiento de las funciones que en virtud del decreto 2124 de 2017 se le confieren como secretaria técnica de la CIPRAT. En ese orden de idea, se solicita también investigar la posible ocurrencia de fallas disciplinarias por parte de la funcionaria.” 

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Colombia evalúa cerrar frontera con Venezuela por elecciones regionales

El Gobierno Nacional evalúa la posibilidad de cerrar la frontera con Venezuela durante las elecciones del 27 de octubre, así como aumentar la seguridad para el traslado del material antes y después de las votaciones en la zona. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reconoció que para el gobierno es muy preocupante la influencia que pueden tener grupos armados como el ELN y el paramilitarismo en departamentos fronterizos como Arauca en la jornada electoral. “La problemática de Arauca es conocida por todo el país. La influencia del Eln, la situación difícil que hay con Venezuela, estos son problemas que tiene el departamento y que tienen una preocupación grande para el Presidente Iván Duque”, dijo. La funcionaria presidió un consejo de seguridad en la región, en el cual los candidatos a corporaciones públicas le manifestaron su preocupación frente a los riesgos y amenazas a las que están expuestas por su participación en la contienda electoral. Por ello, le solicitaron al Gobierno Nacional redoblar su seguridad, ya que la presencia de grupos armados ilegales en el departamento puede afectar el normal desarrollo del proceso y poner en peligro su vida. En estos últimos meses de campaña electoral, se han presentado ataques y amenazas contra más de medio centenar de candidatos a alcaldías, concejos y asambleas departamentales, por lo que los partidos políticos han pedido al Estado mayor protección para sus aspirantes.

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Capturan a seis integrantes del ELN acusados de ingresar armas a través de la frontera con Venezuela.

Miembros del  Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación capturaron a seis presuntos miembros del ELN en el casco urbano de Quibdó, Chocó, acusados de ingresar armamento ilegal a través de la frontera con Venezuela. Entre los capturados se encuentra alias “Pote” y “Lubin” identificados como los presuntos cabecillas de la organización armada ilegal. De acuerdo con un comunicado de la Dijin, el material bélico se iba a distribuir en los departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander.  Los miembros de la Fuerza Pública hallaron el cargamento dentro de un tractocamión  oculto entre chatarra y materiales inservibles,k el cual dejaría como ganancia alrededor de 600 millones de pesos. Según lo investigado, alias “Tito”, otro de los capturados, era el encargado de comprar el material de guerra en otros países para alquilarlo, en este caso, a los frentes norte y nororiental del ELN en el territorio nacional.   A los capturados se le imputaron cargos de concierto para delinquir, tráfico y comercialización de armas ilegales y porte de uniformes e insignias de uso privativo de las Fuerzas Militares.   

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Por muerte de dos periodistas, Fiscalía expide orden de captura a integrantes del ELN

En las últimas horas un Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra tres integrantes de la cúpula del Comando Central (COCE) del ELN. Se trata de Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’. Los jefes guerrilleros son señalados como presuntos autores mediatos de homicidio agravado de los periodistas Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas, ocurrido el 24 de abril de 1991 en el municipio de Segovia (Antioquia). Mediante el proceso, que se adelanta en Ley 600, el ente investigador determinó que los dos comunicadores viajaron hasta Segovia para recaudar información que les permitiera narrar en una crónica los hechos sucedidos el 11 de noviembre de 1988, en lo que se conoció como la ‘Masacre de Segovia’, y que dejó 46 personas asesinadas y 45 más heridas producto de una incursión paramilitar de un grupo comandado por Fidel Castaño Gil. Los vínculos del ELN La investigación permitió establecer que el homicidio de los dos periodistas fue ejecutado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes creyeron que los hombres que recién llegaban de Bogotá (3:30 p.m.) hacían parte de la inteligencia militar. Durante el recaudo de pruebas, los investigadores de la Fiscalía determinaron que estas personas fallecieron por “circunstancias que imposibilitan el ejercicio de la acción penal contra ellos”, según el fiscal del caso, quien agregó que el actuar de los milicianos del ELN, que hicieron efectivo la muerte violenta de Chaparro y Torres, no fue una decisión aislada sino que correspondió a órdenes impartidas por sus superiores en la agrupación armada ilegal. Crimen de guerra El asesinato, ocurrido hace 28 años, fue declarado como “Crimen de guerra” por la Fiscalía General de la Nación en diciembre pasado. “Eran civiles que no participaban en el conflicto”, argumentó el ente investigador tras recordar los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano, por cual consideró aplicable las normas del Derecho Internacional Humanitario. En este caso, la investigación da por probado que con las muertes de Chaparro Hurtado y Torres Navas se cumple claramente el nexo con el conflicto interno, y que no fueron asesinados por su condición de periodistas. “Aquí las milicias del ELN actuaron en acatamiento a su misión de combatir a las fuerzas del Estado y opositores a sus objetivos de lucha, con el convencimiento de que las víctimas eran miembros de inteligencia militar, a quienes por demás catalogaban como aliados de los paramilitares, otros de sus enemigos naturales en este extenso conflicto colombiano”, precisa la Fiscalía y agrega que con estos dos asesinatos se incurrió en el llamado “homicidio intencional”. La Fiscalía General de la Nación publica esta información por razones de interés general. Con información tomada desde la Fiscalía General de la Nación

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Duque anuncia captura de presunto autor del atentado contra la escuela de la Policía

Así lo informó el Presidente de la República, Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo con lo publicado por el mandatario, Arturo Ordoñez, alias “El Elefante”, jefe del Frente urbano del ELN, es uno de los autores intelectuales del ataque contra la escuela de policía General Santander en el sur de Bogotá, ocurrido el 17 de enero pasado. Según el presidente, “El Elefante” llevaba mas de 37 años delinquiendo en las filas de esa organización armada. Dentro de los delitos que habría cometido, se encuentran “el reclutamiento de menores y la ejecución de operaciones en Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Bogotá”, informó el jefe de Estado. Duque aseguró que con este golpe al ELN, se “afecta la administración de finanzas ilegales para el desarrollo de actividades criminales”. Alias ‘El Elefante’ estuvo dedicado desde 1981 a la planeación de acciones criminales, así como al reclutamiento de menores y ejecución de operaciones en Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Bogotá. Es uno de los autores intelectuales del atentado contra Escuela General Santander. — Iván Duque (@IvanDuque) 1 de marzo de 2019

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Gobierno niega que Bustamante haya actuado como emisario ante el ELN

La decisión de exsenador Everth Bustamante de viajar a la isla de Cuba, fue por cuenta y riesgo propio y en ningún momento recibió la autorización para actuar ni servir de interlocutor con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en nombre del Gobierno, aclaró este lunes el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. En un comunicado, el funcionario aseguró que no se concedió “ninguna autorización al señor Bustamante para actuar ni interlocutar con el ELN en nombre del Gobierno Nacional en materias relacionadas con eventuales diálogos de paz”, que son de exclusiva competencia de su despacho. “Cualquier reunión o contacto que el señor Everth Bustamante hubiese podido tener con miembros del ELN, no pudo ni debió haberse referido a temas privativos de la competencia constitucional y legal del Alto Comisionado para la Paz”, indicó la misiva. Recordó que los ciudadanos colombianos que cumplan con los requisitos migratorios exigidos por Colombia y Cuba no tienen restricción alguna para viajar a la Isla. “Sin embargo, en materias exclusivamente relacionadas con un eventual diálogo de paz, y en el preciso marco establecido por el propio Gobierno Nacional, existen restricciones basadas en el cumplimiento de la Ley de Orden Público, según las cuales, solamente podrán tener contacto con miembros del grupo armado ELN, cuyas órdenes de captura se encuentren suspendidas en su ejecución, aquellas personas autorizadas por el Gobierno Nacional a través del Alto Comisionado para la Paz”, agregó el comunicado. Ceballos dejó claro que en el marco de la Constitución y de la Ley, y por precisas instrucciones del Presidente Iván Duque Márquez, el único autorizado para llevar a cabo conversaciones relacionadas con un eventual diálogo con el ELN, es el Alto Comisionado para la Paz. El pronunciamiento oficial se hizo ante versiones periodísticas según las cuales el actual Gobierno habría conversado en secreto con la delegación de la organización insurgente en La Habana, teniendo a Bustamante como emisario.

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Partido FARC dice que protocolos deben respetarse

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), consideró este martes que los protocolos acordados con el Gobierno anterior en caso de una ruptura de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), deben respetarse. En un comunicado, la organización política que nació de los acuerdos de paz firmados en 2016 con el entonces grupo insurgente, aseguró que no aplicarlos sería un desconocimiento “flagrante” de las normas internacionales y “una presión indebida sobre los países garantes, en especial sobre el gobierno de Cuba, que no ha ahorrado en esfuerzos para apoyar la gesta de la paz en Colombia”. “El hecho lamentable de la Escuela de Policía (General Santander) no puede ser instrumentalizado para cerrarle la puerta a futuro a los buenos oficios de la comunidad internacional. Se trata de un desconocimiento flagrante de las normas internacionales y una presión indebida sobre los países garantes”, insistió el partido de las FARC. Colombia pidió este lunes a Cuba la entrega inmediata de los miembros de la delegación de paz del ELN, tras recalcar que no hay protocolo que ampare el terrorismo, en alusión al atentado del jueves pasado contra la academia policial en Bogotá, que dejó 21 muertos y alrededor de 68 heridos. “No hay razón jurídica, ética y política que justifique que unos protocolos que no obligan al Gobierno (de Iván) Duque sean aplicados”, dijo el Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en conferencia de prensa que concedió en la capital colombiana, luego que el ELN admitió la autoría del ataque contra la Escuela de Cadetes General Santander. Cuba ha dejado claro que dará cumplimiento a los protocolos pactados en caso de levantarse la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN, los cuales permiten un plazo de 15 días para que los negociadores de la guerrilla colombiana salgan de la isla. La organización rebelde consideró el ataque una “acción legítima” dentro de la dinámica de la guerra. Sin embargo, Ceballos explicó que “el Consejo de Seguridad de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado el atentado como terrorismo” y en consecuencia “el único camino que hay no es el cumplimiento de protocolos”. Según el funcionario, existe una obligatoriedad de los países de colaborar con la justicia, por lo que espera que el gobierno de Cuba, nación que albergaba las conversaciones de paz, entregue a los negociadores del ELN que permanecerían en la isla. En el comunicado, el partido FARC expresó su disposición a colaborar para que se reactiven las negociaciones con el ELN, tras reiterar su disposición a reunirse con el presidente Iván Duque, para trabajar sin descanso por la solución política y el logro de la paz completa para Colombia. “Es hora de rodear las iniciativas para una reanudación del diálogo con el ELN, de trabajar sin descanso por la solución política y el logro de la paz completa para nuestro país. Tenemos la autoridad para afirmarlo precisamente por ser una de las partes firmantes del Acuerdo de La Habana; acuerdo cuya trascendencia para el futuro compartido de la presente y las futuras generaciones solo la insensatez pone hoy en duda. Que su implementación no sea fácil, que sea un campo en disputa, no significa un fracaso. La paz es el camino”, concluyó.

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