febrero 11, 2025

Deudas

La Contraloría advierte del riesgo de desabastecimiento energético

El ente de control fiscal realizó un llamado urgente al Gobierno Nacional para poner al día las deudas acumuladas de subsidios, que rondan en aproximadamente 3 billones de pesos. El Comité Intergremial de Energía y Gas informo que, las deudas acumuladas por subsidios, que el Gobierno nacional debía girar a través del Presupuesto General de la Nación (PGN), suman $2,7 billones para energía eléctrica, $3,3 billones por opción tarifaria y un billón por deuda de usuarios oficiales y en lo que compete a gas $628.000 millones para gas natural al cierre de 2024. Este monto representa anualmente el 60% de los recursos necesarios y sigue incrementando. Esto reduce la liquidez de las empresas, amenaza con el desmonte de subsidios y podría traducirse en un alza de tarifas que perjudicarían a los hogares más vulnerables. Dichas deudas estarían afectando a los estratos 1, 2 y 3 del país, quienes se ven beneficiados de estos subsidios, podrían verse perjudicados por el alza de recibos de los servicios prestados. Además, la entidad destacó que es necesario tomar medidas para evitar un razonamiento de energía en todo el país, o incluso apagones que retrasarían el desarrollo de actividades que contribuyen al país. Así, quedó plasmado en el estudio sectorial sobre Seguridad Energética. También, estas fallas comprometen los objetivos de calidad, acceso equitativo y sostenibilidad financiera de los programas, además de poner en riesgo la transparencia en el manejo de los recursos públicos. A mediados de noviembre del 2024, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general informó acerca de la importancia de tomar acciones preventivas para evitar el desabastecimiento de energía. Actualmente, los riesgos continúan y la Contraloría convoca a las demás autoridades a enfocar esfuerzos en el trabajo articulado, con el fin de evitar posibles daños en el patrimonio.

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Las billonarias deudas que dejó Cafesalud a clínicas tras su liquidación

La EPS Cafesalud llegó a su fin tras finalizar 12 años en proceso de liquidación, dejando consigo billonarias deudas.  El pasado 26 de septiembre ATEB Soluciones Empresariales S.A.S entregó un informe de formalización del fin de Cafesalud, después de firmar un compromiso de 22 obligaciones. Este proceso terminó con la eliminación de la matrícula mercantil y del Registro Único Tributario (RUT), por parte de la Superintendencia de Salud; misma entidad que en 2019 ordenó el cierre de esta EPS. “La liquidación inicia el 22 de julio del 2019, la EPS pide una prórroga de cuatro meses en 2021, pero para este momento no se cumplieron los tiempos de ley porque la Superintendencia lo aprobó de manera express, lo que volvió a repetirse en noviembre de ese mismo año; hubo varias irregularidades, el costo real no corresponde al que se pagó; parte del equipo del liquidador hizo parte de la empresa que configuró el mandato, entonces hubo un conflicto de interés; también se permitió que la gente que hizo la intervención de la EPS fuera del mismo liquidador”, explicó Leal a Noticias Caracol. La entidad debe un total de $8,8 billones, de los cuales solo han sido entregados $1,3 billones. El Superintendente también explicó que al iniciar un proceso de liquidación, los usuarios que creen tener deudas con la EPS, pueden reclamar. “Cuando empieza un proceso de liquidación, el liquidador informa a toda la comunidad y todos los que creen tener una deuda con esa EPS la reclaman. Luego, el liquidador inicia un proceso de auditoría, es decir, filtra qué debe y qué no debe”, dijo.  ¿Qué otras EPS se encuentran en proceso de liquidación? Nueva EPS, Sanitas EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Compensar, Asmet Salud EPS, Capital Salud, son otras de las entidades prestadoras que están en proceso de auditoría. De acuerdo con la Contraloría, solo 5 de las 25 EPS que operan en el país cumplen con los requisitos legales para operar. A esto se suman los hallazgos de $25 billones reportados por el ente de control.

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Así avanzó el sistema de salud durante el aislamiento preventivo

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicó los avances logrados en el sistema de salud durante estos meses de aislamiento preventivo obligatorio, un tiempo que permitió sanear deudas, ampliar la capacidad y prepararnos para la siguiente fase de la pandemia de covid-19 en el país. “Lo primero, en el aspecto económico, es el reconocimiento por disponibilidad capacidad de UCI e intermedios. La ADRES podrá hacer anticipos del valor de la canasta covid a prestadores que tengan unidades de cuidado intensivo y unidades de cuidado intermedio para garantizar la disponibilidad de su capacidad, independientemente del número de pacientes atendidos”, explicó el ministro Ruiz Gómez al señalar que son elementos clave dispuestos en el Decreto 800 de 2020. Por otro lado está el anticipo de pagos. Las entidades recobrantes de Acuerdo de Punto Final del régimen contributivo y la ADRES podrán suscribir acuerdos de pago parcial para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de la facturación que radiquen, con esto, señaló, se busca mejorar flujo de recursos para pago de nóminas de las IPS. También mencionó el pago de deudas laborales directas e indirectas de vigencias pasadas para hospitales públicos, equivalente a 150.000 millones. Y la atención a migrantes, lo cual “permite que entes territoriales usen excedentes de rentas para financiar servicios prestados a la población migrante. La Nación podrá cofinanciar el pago de los servicios si, después de la auditoría, la entidad territorial demuestra insuficiencia de recursos”, aseguró. Además, el mantenimiento de la afiliación para quienes no tengan capacidad de pago. “Los cotizantes al régimen contributivo y sus beneficiarios podrán acceder temporalmente al régimen subsidiado de salud mediante el pago de una contribución solidaria de acuerdo con los ingresos que perciban cuando no cumplan con los requisitos para el beneficio total del subsidiado”, dijo Ruiz Gómez. Ampliación de UCI Otro de los temas abordados en el programa fue el de la ampliación de UCI en el país para la atención de pacientes covid-19. “Hoy tenemos 6.616 UCI. Eso significa que tenemos 1.270 camas adicionales con respecto a febrero y se ha logrado mediante el esfuerzo del sector privado, de entidades territoriales, gobernadores y alcaldes y otros entes que han permitido apoyar y tener la mejor dotación posible”, sostuvo. Hoy tenemos 51% de ocupación de UCI en el país, equivalente a 3.378 libres y 3.238 ocupadas. “Las camas libres tenemos que manejarlas de la manera más eficaz y eficiente para poder atender a la población”, agregó el jefe de la cartera de Salud. En el tema de ventiladores, Ruiz Gómez explicó que los 2.767 recién adquiridos y que llegarán durante estos meses serán usados en la segunda fase que es de utilización y extensión de la capacidad instalada. De esos, 92 ya fueron entregados. “Entregamos 29 al Hospital Universitario del Caribe, de Cartagena; 10 al Nuevo Hospital San Francisco de Asís, de Quibdó; 20 al Hospital Luis Ablanque de la Plata y Hospital Santa Sofía, de Buenaventura; 9 al Hospital San Andrés de Tumaco; 4 al Hospital Departamental de Villavicencio; y 10 al Hospital Mario Correa Rengifo, de Cali”, detalló el ministro. Ante eso, afirmó que “los colombianos pueden tener una mayor tranquilidad que hemos ido construyendo durante estos meses de esfuerzo de aislamiento preventivo obligatorio una mayor capacidad para la atención”. Pruebas El ministro habló también del comienzo de la Estrategia de Pruebas, Rastreo y Cuarentena Selectiva Sostenible (PRACS) con planes pilotos en Cartagena, Quibdó y Palmira. “Es absolutamente imprescindible tener una estrategia y un control. Es una estrategia activa desde Minsalud y el Instituto Nacional de Salud con los entes territoriales para hacer el seguimiento y tomar las decisiones”, expuso.   Tomado del Ministerio de Salud y Protección social. 

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Anuncian giro por $213 mil millones para sanear deudas de hospitales públicos

A través de la Resolución 753 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social determinó la transferencia de recursos para el pago de deudas laborales acumuladas para los trabajadores de la salud. Así lo explicó el Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, durante el programa ‘Prevención y Acción’, que lidera el Presidente Iván Duque, como parte de la estrategia del Gobierno Nacional para “cubrir la deuda histórica que se tenía y que representaba una inequidad para nuestros trabajadores”. Con esta Resolución, señaló Ruiz Gómez, en una primera parte, “se girarán $213 mil millones de pesos a 543 hospitales públicos del país, con el objetivo de cubrir los montos atrasados de nómina entre enero, febrero y marzo de 2020”. Agregó que se trata de giros “con base en cartas ya firmadas enviadas a cada uno de los hospitales, con exigencias determinadas, y hacer el trámite para enviar los recursos inmediatamente”. En total serán 213 mil 492 millones 727 mil pesos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social para la vigencia fiscal de 2020 los destinados a estas instituciones, cuyos nombres y montos entregados están determinados en el documento. Además, el Ministro de Salud fue enfático al señalar que estos dineros deben ser usados para el pago de las nóminas atrasadas. “Es la primera parte a través de la cual queremos adicionarle y empezar a trabajar en pagar las deudas de diciembre de 2019 hacia atrás, con una bolsa que nos entregó Minhacienda, por lo cual podríamos estar pensando en cubrir todas las deudas de hospitales públicos”, sostuvo Ruiz Gómez. Este, dijo el Ministro, “se trata de un hecho histórico que nos pone al día, y es un esfuerzo muy grande del Gobierno Nacional. Marca un hito en las relaciones entre hospitales públicos y trabajadores del sector salud en el país”. Por último, indicó que se firmó también la Resolución 747 de 2020, bajo la cual se adopta la estrategia sanitaria para el seguimiento de covid-19. En esta iniciativa se plantean y formalizan los indicadores de seguimiento, así como un comité asesor conformado por miembros del Gobierno Nacional y académicos externos para analizar todo lo que tiene que ver con el seguimiento de la epidemia en el territorio nacional. Tomada del Ministerio de Salud. 

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