Crímenes

Disrupción, prevensión y judicialización: estrategias complementarias en la lucha contra la criminalidad Nestor Humberto Martínez Neira La seguridad es una precondición para poder disponer de los derechos que el ordenamiento jurídico confiere a los ciudadanos. Tanto los derechos civiles y políticos, como los sociales y económicos, presuponen un contexto libre de intimidación y violencia para su goce efectivo. Es por esto que se trata de una garantía básica que opera transversalmente, tornándose en un elemento constitutivo del núcleo esencial de diversos derechos. Por ejemplo, un derecho político como el sufragio, se verá gravemente afectado en su ejercicio si no se garantizan condiciones adecuadas de seguridad para los votantes. Un derecho social, como el derecho de asociación, se vuelve inocuo cuando los participantes corren graves riesgos en contra de su integridad personal. En este sentido, los fines propios del Estado Social de Derecho sólo pueden realizarse bajo un trasfondo en el que impere la seguridad expresada a través de la política criminal del Estado. Este enfoque ha llevado al reconocimiento de una íntima correlación entre bienestar y seguridad, que ha tenido expresión a nivel internacional en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas –ODS-, los cuales comprometen a los Estados a la consolidación de ciudades y asentamientos humanos seguros (ODS 11), la reducción y prevención de la violencia y la lucha contra la delincuencia y el terrorismo (ODS 16).  Esta interdependencia entre seguridad, goce efectivo de derechos y desarrollo sostenible ha generado un enfoque de política criminal que tiene como metas la judicialización, la prevención y la disrupción del crimen, bajo el entendido de que el mantenimiento de un orden social justo y una convivencia pacífica requieren un aparato institucional capaz de garantizar la protección de los bienes jurídicos preponderantes de los ciudadanos. Estos enfoques, que son complementarios, han marcado unas líneas conceptuales a través de las cuales se ha desplegado estratégicamente la función de la Fiscalía General de la Nación y demuestran coherencia, planificación y eficacia en el cumplimiento de sus deberes misionales. Disrupción La disrupción consiste en una intervención sobre una red organizada con el objeto de inhibir o hacer ineficiente el flujo o difusión de bienes, información y conocimiento, alterando los patrones y hábitos dentro de un ciclo de criminalidad. Este modelo de política criminal orienta la acción del Estado, no sólo al esclarecimiento y persecución criminal de hechos punibles específicos, sino a la identificación de redes y cadenas de valor, dentro de una empresa criminal operante, para ubicar nodos vulnerables y actuar sobre ellos anulando o dificultando la continuidad del ciclo. Las estrategias disruptivas potencian el poder disuasivo de la política criminal y la administración de justicia, disminuyen el riesgo de lesiones a bienes jurídicos de amenazas reiteradas provenientes de la inercia de una actividad criminal organizada y crean desincentivos a la participación en su desarrollo por parte de potenciales criminales. Sin duda, los criterios de priorización y las directrices por parte de la Fiscalía General de la Nación para el ejercicio de la acción penal pueden formar parte de una estrategia disruptiva, ya que la investigación criminal es una de las formas de impactar ciertos nodos dentro de una cadena de criminalidad con miras lograr su desestabilización. Así, por ejemplo, ha sido prioridad del ente acusador golpear las finanzas criminales como una estrategia transversal de disrupción, la cual ha dado como resultado un valor de más de $13 billones de pesos en activos afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio, lo que ha golpeado importantes estructuras de crimen organizado como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado.  Especial mención merece la implementación de estrategias disruptivas en materia de narcotráfico, delito de criminalidad organizada y trasnacional, que por su complejidad difícilmente puede ser combatido eficazmente a través de un enfoque de criminalización caso a caso, sin tocar profundamente las estructuras y cadenas de valor subyacentes que mantienen unos flujos en los que los autores materiales de las conductas delictivas son, en ciertos niveles, fungibles y su judicialización difícilmente trastoca la operatividad de la empresa criminal en su totalidad. Las estrategias disruptivas requieren innovación y flexibilidad por la misma capacidad de resiliencia de las organizaciones criminales y la posibilidad de que reconstruyan las redes y flujos impactados. Por este motivo, es una tarea constante de las autoridades públicas lograr adaptar la política criminal a las necesidades disruptivas que emerjan en cada contexto de forma oportuna. Prevención Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La prevención, como modelo de la política criminal, se orienta a la adopción de estrategias con el objeto de evitar la comisión futura de hechos punibles. Bajo la visión de que la criminalidad suele obedecer a patrones que permiten cierto grado de predictibilidad, esta perspectiva pretende ampliar la tutela de los bienes jurídicos prospectivamente, a través del análisis de información pasada, para diseñar estrategias de acción que impidan la comisión futura de delitos. Identificando los patrones geográficos, temporales y de victimización se pueden desplegar intervenciones estratégicas de prevención. Este modelo depende de forma significativa en la capacidad de las autoridades de recoger y analizar información relevante. La Fiscalía General de la Nación cuenta hoy en día con un avanzado modelo de estructura institucional en el que el expediente digital juega un papel primordial como instrumento de recolección de datos. A través de la implementación de medidas tecnológicas se ha logrado el diseño de mapas de georreferenciación (hotspot) para identificar patrones de criminalidad y se ha avanzado en la utilización de sistemas de inteligencia artificial para correlacionar datos (Fiscal Watson). Judicialización Incautación de sustancias psicoactivas. Es una tarea constante de las autoridades públicas lograr adaptar la política criminal a las necesidades disruptivas que emerjan en cada contexto de forma oportuna. Finalmente, el modelo de la judicialización es de una naturaleza reactiva y hace referencia a la respuesta punitiva del Estado ante la ocurrencia de hechos criminales. Se trata del enfoque tradicional del ejercicio de ius puniendi dentro de un sistema de administración de justicia para lograr las finalidades propias de la pena como la retribución,