Aunque en la teoría las ramas del poder son realmente autónomas y solo mantienen entre sí una colaboración armónica, hay un factor que menoscaba la autonomía de la Rama Judicial y es la dependencia presupuesta. Desde hace varios años se viene discutiendo sobre la necesidad de reformar la justicia. Sin embargo, las diferencias políticas y la falta de acuerdos han impedido que la reforma que ésta necesita se haya podido materializar. Y es que los cambios que requiere esta rama del poder público, aunque no son tantos como se podría llegar a pensar, sí son de gran calado e implican un fuerte compromiso por parte del Estado y, en general, de toda la sociedad. Según cifras de Asonal Judicial, en Colombia hay alrededor de 11 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que contrasta con las recomendaciones de la OCDE que dicen que el estándar óptimo para un correcto funcionamiento de la justicia es de 65. Pero esto se ve agravado cuando tenemos en cuenta la congestión judicial, que para el 2019 se traducía en cerca de 1’900.000 procesos represados. Es entonces claro que el primer -y quizá el principal- problema del poder judicial es de carácter presupuestal. Si queremos una justicia eficiente, capaz de atender las necesidades de los colombianos de una manera oportuna, lo primero que tenemos que hacer es solucionar el grave déficit de personal. Pero sabemos que los costos para solucionar esa problemática son exorbitantes y más en una situación como la actual, donde gran parte de la población reclama con urgencia el aumento del gasto social por parte del Estado. Por ende, es indispensable que el gasto sea lo más eficiente posible, y ahí llegamos al segundo problema: la autonomía judicial. La Constitución Política, que enuncia las ramas del poder público, dice que estas son autónomas entre sí. Esto es un pilar de la democracia moderna. Y aunque en la teoría las ramas del poder son realmente autónomas y solo mantienen entre sí una colaboración armónica, hay un factor que menoscaba la autonomía de la Rama Judicial y es la dependencia presupuestal. El marco constitucional y legal actual obliga en la práctica al Poder Judicial a acudir ante el Ejecutivo y el Legislativo para que determinen un presupuesto para su funcionamiento. Se sabe ya que esto es un problema puesto que nadie conoce mejor las necesidades de la justicia que la propia justicia y lo correcto es que el presupuesto de la Rama sea de origen constitucional. De hecho, en el más reciente intento de reforma que pasó por el Congreso, hubo consenso sobre este particular. Y finalmente, aunque es conocida la necesidad de llevar a cabo algunos cambios estructurales, es necesario que esta discusión se realice en compañía de los magistrados de las Altas Cortes y de los funcionarios de la rama judicial, pues muchas de las necesidades son asuntos de tipo procedimental que podríamos solucionar más fácilmente en el Congreso de la República.
