Por instrucción del Gobierno Nacional y el INPEC, se ordenó el fin de los privilegios penitenciarios para frenar la extorsión y el crimen coordinado desde las celdas.
En un operativo de máxima seguridad coordinado por el Gobierno Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se llevó a cabo el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia la capital del país. La medida busca desarticular las redes de comunicación interna que permitían a integrantes de estructuras criminales continuar delinquiendo tras las rejas.
“Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”, enfatizó el Jefe de Estado en su pronunciamiento oficial.
¿Quiénes son los trasladados?
Diez de los reclusos se encontraban en estaciones de Policía y los diez restantes en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. Entre los perfiles destacados figuran presuntos mandos de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’:
Estructura ‘Los Pepes’: Rodrigo Javier Pantoja Linero (alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’) y Erick Fabián Molina Mendoza.
Estructura ‘Los Costeños’: Brayan Camilo Lobo Guerrero (alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’), Fabio Andrés Diazgranados Pallares (alias ‘Caballo’) y Adrián Hernán Guerrero Peña (alias ‘El Miquito’).
Otros señalados en la lista oficial: Carlos Mario Polo Pérez (‘Pastel’), Jesús Andrés Arrieta Mercado (‘Makelele’), Andrés Felipe Londoño Cáceres (‘Chocolate’), José Eulises Flórez Blanco (‘Ñeco’), José Luis Barrios Álvarez (‘El Huequito’), Dairo Luis García Quintero (‘El Pequeño’) y Wuainer Jesús Altamar Medina (‘El Gordo Pan’).
Blindaje de seguridad y reubicación nacional
El despliegue contó con estricto acompañamiento de la Fuerza Pública para blindar las rutas y neutralizar cualquier riesgo de fuga o atentado. Durante los próximos 15 días, el INPEC redistribuirá a los procesados en cárceles de máxima y mediana seguridad en diferentes regiones de Colombia, reforzando el control estatal sobre los centros penitenciarios.