junio 3, 2026

Paz

Corte Constitucional debe ser consultada sobre objeciones a la JEP: César Gaviria

El expresidente de la República y actual jefe del Partido Liberal, César Gaviria, se mostró en desacuerdo con la decisión tomada por el Presidente Iván Duque de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). El examandatario consideró que, “antes de iniciar con el trámite legislativo en el Congreso, para estudiar las objeciones presidenciales se consulte a la Corte Constitucional si son posibles las objeciones o si por el contrario se debe negar su trámite”. Para Gaviria, el acuerdo de paz con las FARC es histórico y “el cabal cumplimiento de la JEP es lo que garantizará que, por primera vez en la historia de Colombia, tengamos un sistema de justicia que tenga la capacidad de hacer efectivos los derechos de las víctimas en materia de justicia, de verdad, de reparación y garantía de no repetición”. Por medio de una comunicación, el dirigente liberal aseguró que la decisión de objetar la JEP, “pone en riesgo lo avanzado en materia de terminación del conflicto con las Farc, se constituye en un incumplimiento grave por parte del Estado de las obligaciones derivadas del acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de casi 10.000 excombatientes”. Para Gaviria la situación es grave. Por esta razón tomó la decisión de convocar a “las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal para que se adopte una decisión en conjunto y para que la postura de los congresistas y la votación en las plenarias de ambas cámaras sobre la aceptación o el rechazo de las objeciones planteadas por el Presidente sea unánime”. “Tenemos serias dudas sobre si resultaba o no pertinente la presentación de las objeciones tratándose de un proyecto de ley que fue de iniciativa gubernamental y que se tramitó con la participación de los representantes del gobierno y la Corte Constitucional revisó el proyecto y lo encontró Constitucional”, aseguró el expresidente liberal. “En segundo lugar, manifestamos nuestro total desacuerdo con elhecho de que por la vía de objeciones presidenciales, calificadas deinconveniencia, se pretenda poner en discusión una decisión de laCorte Constitucional en clara violación de los principios deseparación de poderes y de respeto por la cosa juzgada”, señaló en un comunicado. Considera Gaviria que “ni el acuerdo suscrito con las Farc, ni la ley estatutaria, ni el acto legislativo que adoptó el acuerdo y la Jurisdicción Especial de Paz, ninguno de esos documentos deja sin castigo a los reincidentes”. De acuerdo con el dirigente liberal, las interpretaciones que se hacen de la Ley son equivocas, porque los delitos atroces o los delitos contra los niños e incluso los excombatientes que reincidan no quedarán en la impunidad. “Habrá mucho por perfeccionar, hay mucho por arreglar, hay mucho por construir en el camino de una paz estable y duradera, afirmó Gaviria, y resaltó que es esencial “el cumplimiento de lo acordado”. “El Partido Liberal ha estado históricamente del lado de la solución negociada del conflicto. Acompañamos al presidente Juan Manuel Santos y varios de nuestros miembros más destacados fueron protagonistas de la negociación que permitió acabar con la guerrilla más antigua de América Latina. Por esa razón no podemos permitir ni por un instante que retrocedamos en los logros alcanzados” reafirmó el expresidente. El liberalismo apoyó a Iván Duque en segunda vuelta en las elecciones de 2018, cuando él se comprometió a respetar la decisión de la Corte Constitucional, “ahora debe honrar su palabra” concluyó Gaviria.

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Negociadores, víctimas y ONG expresan su preocupación a la ONU por objeciones a la JEP

A través de una carta dirigida este lunes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, negociadores, víctimas y organizaciones sociales, expresaron su preocupación ante el anuncio del Presidente Iván Duque de objetar seis artículos a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). En el mensaje, advirtieron que la medida presidencial puede lesionar gravemente la implementación del Acuerdo de Paz, así como el funcionamiento de la JEP y el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. “Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva”, agregaron. El siguiente es el texto de la misiva enviada a Guterres: “El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores. El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado. El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación”. De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz”. En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el  señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo”. A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya  fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica. El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “[d]e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”. Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP. Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de

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Presidenta de la JEP descarta parálisis por objeciones de Duque

La presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, aclaró este domingo que ese sistema de justicia no se paralizará por las objeciones que hizo esta noche el Presidente Iván Duque a seis artículos de la Ley Estatutaria que lo rige. Linares agregó que conseguir una “paz estable y duradera” seguirá siendo su propósito. El siguiente es el texto del comunicado expedido por la presidenta de la JEP. “Con el respeto debido al señor presidente de la República y aplicando los principio que rigen el estado de derecho recibimos su decisión de objetar parcialmente el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz Tenemos la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado nuestro país de pleno respeto a la autonomía de los poderes públicos, lo cual garantiza el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue para contar con una decisión definitiva sobre la Ley Estatutaria, una importante herramienta que servirá para afianzar principios democráticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jurídica. A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, para reiterar que la Justicia Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones como lo ha venido haciendo desde el 15 de enero del pasado año, ello para cumplir con el compromiso de contribuir a la obtención de la verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición para todos los colombianos, aplicando al efecto justicia restaurativa y aportando a la reconciliación del país”, explicó Linares.

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Duque objetó seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP

El Presidente Iván Duque anunció este domingo, en una alocución televisada, que por razones de inconveniencia el Gobierno nacional hace objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, señaló el Mandatario. Recordó que la Constitución le otorga un plazo al Presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia en el marco del “principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión”. Y dijo que utilizó ese tiempo “para analizar con cuidado y ponderación este proyecto”. Antes de explicarle al país las razones de cada una de las objeciones, el Jefe de Estado indicó que estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional. “Una oportunidad –dijo– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”. Luego hizo dos consideraciones: la primera, que “no estamos ante un choque de trenes”. En este sentido, expresó que “la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”. En segundo lugar, recalcó que “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”. Una paz –agregó– que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición. “Todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. En este sentido, y en un claro mensaje a la base de la guerrilla, dijo que “aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones”. “El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia”, subrayó. Agregó que la administración de justicia en la JEP, producto de los Acuerdos, es necesaria en este esfuerzo de asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición, e hizo énfasis en que “este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones”. Las siguientes son las objeciones: Artículo 7: “Para buscar una genuina reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”. Inciso octavo del artículo 63: “El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”. “Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”. Inciso tercero del literal j del artículo 79: “El inciso tercero del literal j del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas”. Parágrafo 2 del artículo 19: “Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”. Artículo 150: “El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países”. Artículo 153: “Objetamos, también, el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer

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Militares piden al presidente Duque sancionar la ley estatutaria de la JEP

Un grupo de 15 uniformados que se acogieron al sistema de justicia transicional para recibir beneficios jurídicos, le piden al primer mandatario que firme la norma. El senador del Partido de la U, Roy Barreras, encabezó una rueda de prensa en la que algunos militares beneficiados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le solicitaron al presidente Iván Duque que sancione la Ley Estatutaria de la JEP, en razón a que ellos actualmente están en libertad gracias a los beneficios que dan las normas derivadas del Acuerdo firmado con las FARC. “Estuve 11 años y 28 días privado de la libertad, condenado e investigado por procesos relacionados con el conflicto. Si no pasamos esta página, tenemos el riesgo de volver a la cárcel”, dijo el mayor Gustavo Soto. Consideró que por esto el presidente debe sancionar dicha ley. Además agregó que hay que evitar que los militares queden en manos de la justicia ordinaria. El sargento retirado, Jaque Morales, afirmó que los militares están comprometidos con la verdad y recordó que estuvo 12 años en prisión, donde fueron estigmatizados. “El conflicto hoy es político y tenemos la oportunidad de destapar la verdad que muchos sectores políticos no quieren”, señaló. A estas declaraciones, se sumaron las del mayor retirado, Álvaro Gamba, quien narró que gracias a la JEP recuperó la libertad y pudo volver a compartir con su familia. “Le pido al presidente que firme y nos permita disfrutar de la libertad”, señaló. Por su parte, el senador Roy Barreras le reiteró al mandatario que hay que “construir sobre lo construido, no volvamos a atrás a ver como destruimos La Paz”. También advirtió que “sí se elimina la JEP no habrá justicia ni reparación para las víctimas”.

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Promueven papeleta por la paz en elecciones de octubre

La iniciativa fue lanzada por ex negociadores del proceso de paz con las FARC y apoyada por congresistas, sectores políticos y organizaciones sociales que defienden una salida política al conflicto armado que vive Colombia. Con la propuesta, se busca conformar una alianza para defender los acuerdos firmados en 2016 en La Habana, Cuba, entre el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla de las FARC. La idea es promover una papeleta por la paz que será impulsada en las elecciones regionales el próximo 27 de octubre. #DefendamosLaPaz Nos reunimos desde la diferencia para defender la Paz , nos une el futuro de Colombia. Lideres políticos, sociales y organizaciones rodeamos más que nunca el acuerdo de Paz pic.twitter.com/IrUPJjdLIF — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 20 de febrero de 2019 El ex ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que sería una papeleta adicional que se entregaría en las elecciones de octubre en la cual la sociedad colombiana tendría la posibilidad de decidir “si queremos la paz o si queremos volver a la guerra” que tanto dolor causó en el pasado. Al encuentro convocado en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, asistieron Humberto de la Calle, ex jefe de la delegación oficial en La Habana; Juan Camilo Restrepo, ex jefe del equipo que representó al gobierno colombiano en los diálogos con el ELN; los congresistas Iván Cepeda, Roy Barreras, Antanas Mockus y Juanita Goebertus, así como el exministro de Justicia, Yesid Reyes y el ex jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”. Los colombianos acudirán a las urnas el 27 de octubre próximo para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y miembros de las Asambleas Departamentales.

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Colectivos de víctimas se retiran del Centro Nacional de Memoria Histórica

A raíz del nombramiento de Darío Acevedo como Director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entidad encargada de recopilar el material documental de los sucesos mas atroces del conflicto armado que ha vivido el país, algunas organizaciones de víctimas, han decidido retirar los archivos que allí reposan. La postulación de Acevedo al cargo generó polémica debido a su postura frente al conflicto armado, que a su juicio, “no puede convertirse en verdad oficial”, dejando de lado el reconocimiento que de su existencia hizo el entonces presidente Juan Manuel Santos en el año 2011. Su visión sobre la violencia que ha golpeado a Colombia por más de cinco décadas, encendió las alarmas de defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas, que han puesto en duda su imparcialidad al frente de la entidad. Al responder a sus críticos, el director aseguró que sus opiniones son personales y no tienen porque afectar su gestión. Sin embargo, los reparos por su nombramiento, que se oficializó este martes, no se hicieron esperar. La asociación Minga, que protege los derechos de las víctimas en diversas regiones del país, se pronunció en contra de su designación como director del CNMH. “En la Asociación Minga creíamos en el Centro de Memoria Histórica, entregamos nuestros archivos como aporte a la reconstrucción de la historia del conflicto armado. Hoy rechazamos nombramiento de Darío Acevedo, un sin sentido y afrenta al país”, aseguró en un comunicado. Consideró que “nombrar a una persona que desconoce el derecho a la verdad y la memoria, como director del CNMH es una incoherencia. Nuevamente Iván Duque demuestra el poco respeto a las miles de víctimas del Conflicto armado” que existen en Colombia, agregó. Otra voz contra el nombramiento de Acevedo surgió desde la Unión Patriótica (UP). Su vocera Aida Avella, quien sobrevivió al asesinato sistemático de sus copartidarios en los años ochenta y hoy encabeza la bancada de ese partido en el Senado de la República, aseguró que el nombramiento no les genera confianza y por esta razón retirarán lo más pronto posible todos los documentos que allí reposan. De acuerdo con la congresista, entre los documentos que hoy resguarda la entidad, se encuentra “información sensible de archivos de personas que militaron en la UP y fueron perseguidas y amenazadas. También varios libros que recogen la historia del genocidio político de la UP”.  La senadora no descartó que otras organizaciones sociales retiren sus documentos como rechazo a su designación.

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Al menos 7.583 menores fueron vinculados a grupos al margen de la ley

La Procuraduría General de la Nación en la entrega del informe “Infancia transgredida, niñas, niños y adolescentes en la guerra”, sostuvo que según el Registro Único de Víctimas, 7.583 menores fueron vinculados ilegalmente a grupos armados al margen de la ley, cifra que no correspondería a la realidad por causa del subregistro. El Ministerio Público cuestionó ante la JEP la falta de cifras reales y oficiales en torno al flagelo del reclutamiento forzado por parte de grupos armados, en particular las que fueron entregadas por las FARC. A raíz de esta situación, el ente de control “celebró que la Jurisdicción Especial para la Paz priorice los procesos relacionados con el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes, para que se conozca la verdad, haya justicia, reparación y no repetición para esta población víctima del conflicto armado”. El comunicado hace énfasis en la necesidad de que los colombianos conozcan la realidad del conflicto armado que ha vivido el país. “Saber en qué falló la institucionalidad, por qué el Estado no pudo evitar la espiral de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, y no hizo realidad el principio irrevocable de que los derechos de los menores constituyen un interés superior”.

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Timochenko responde ante la JEP por secuestros de las FARC

Este jueves inicia la entrega de versiones libres de 31 ex integrantes del Estado Mayor de la extinta guerrilla de las FARC-EP por los secuestros cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia. El primero en comparecer es Rodrigo Londoño o Timochenko, el último jefe que tuvo esta ex guerrilla antes de convertirse en fuerza política. En la sala de Reconocimiento de Verdad y ante los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP),  Londoño entrega una versión individual y colectiva acerca de las retenciones ilegales por parte del grupo insurgente. #Ahora En estos momentos en la @JEP_Colombia me encuentro aportando versión voluntaria ante la sala de reconocimiento de verdad responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas #PazEsCompromiso pic.twitter.com/KwhibJj90G — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 14 de febrero de 2019 El Centro de Memoria Histórica asegura que entre 1996 y el 2000, el entonces jefe guerrillero ‘Manuel Marulanda’ anunció la “ley 002”, que establecía que quienes no pagaran las extorsiones, conocidas como ‘vacunas’ serían retenidos, lo que ocasionó que los secuestrados pasaran de 4.354 a 13.548. Los ex jefes de las FARC citados para las versiones libres son, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, entre otros. Los grandes ausentes son Iván Márquez y alias ‘El paisa’ quienes no han cumplido con ninguno de los llamados de la JEP. Esta audiencia es a puerta cerrada y se espera que estas versiones libres les sirvan a las víctimas de esta guerrilla para enterarse de la verdad y que tengan un proceso de reparación completo. 👆|| A partir de hoy la Sala de Reconocimiento de la @JEP_Colombia recibirá versiones voluntarias por parte de los 31 miembros del Estado Mayor de las ex Farc-EP por caso de secuestro. ➡️Leer Auto: https://t.co/xSVqpqJueY — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) 14 de febrero de 2019

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Partido FARC rechaza nuevo plazo a EE.UU. para pruebas contra Santrich

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) rechazó el plazo adicional de 20 días que dio la JEP a Estados Unidos para que envíe las pruebas que asegura tener en contra el exjefe guerrillero Jesús Santrich, a quien reclama en extradición por el presunto delito de narcotráfico. “Vencidos los términos para aportar pruebas y sin que Estados Unidos se haya comprometido a aportar alguna, se le otorga uno nuevo que solo redundará en la prolongación de la prisión injusta de Jesús Santrich y el deterioro de la seguridad jurídica del Acuerdo de Paz en su conjunto”, indicó un comunicado del equipo de defensa, difundido por la senadora Victoria Sandino, a través de Twitter. Tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ampliar el plazo con el fin de recibir las evidencias que Washington dice tener en su poder para acusar al guerrillero, la congresista del partido FARC exigió que se le garantice el debido proceso al detenido y señaló que “las etapas de un proceso judicial no deben ser modificadas por (el) capricho de nadie”. Insistió en que el trámite de la captura de Santrich se hizo de manera ilegal. Para el partido FARC, no existen pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad en conductas asociadas con el   narcotráfico, tras la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el entonces grupo insurgente y el Gobierno anterior. La JEP decidió concederle 20 días hábiles de plazo al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que envíe las pruebas contra Santrich. La medida la tomó luego de la demora en la entrega de la carta que esa jurisdicción les había enviado a las autoridades de ese país para que remitieran el material probatorio que tendrían en su poder contra el exjefe guerrillero.

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