La Procuraduría General de la Nación en la entrega del informe “Infancia transgredida, niñas, niños y adolescentes en la guerra”, sostuvo que según el Registro Único de Víctimas, 7.583 menores fueron vinculados ilegalmente a grupos armados al margen de la ley, cifra que no correspondería a la realidad por causa del subregistro.
El Ministerio Público cuestionó ante la JEP la falta de cifras reales y oficiales en torno al flagelo del reclutamiento forzado por parte de grupos armados, en particular las que fueron entregadas por las FARC.
A raíz de esta situación, el ente de control “celebró que la Jurisdicción Especial para la Paz priorice los procesos relacionados con el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes, para que se conozca la verdad, haya justicia, reparación y no repetición para esta población víctima del conflicto armado”.
El comunicado hace énfasis en la necesidad de que los colombianos conozcan la realidad del conflicto armado que ha vivido el país. “Saber en qué falló la institucionalidad, por qué el Estado no pudo evitar la espiral de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, y no hizo realidad el principio irrevocable de que los derechos de los menores constituyen un interés superior”.