agosto 3, 2026

Judicial

¿Le caminará el Congreso a Duque?

¿Le caminará el Congreso a Duque? El Congreso de la República retoma su trabajo legislativo con varios pendientes como la reforma política, el Plan Nacional de Desarrollo y los proyectos anticorrupción, cuya discusión y aprobación será fundamental no solo para darle transparencia al ejercicio político en el país, sino para avanzar en la transformación social que requieren con urgencia las regiones. Con un estilo diferente en su manera de gobernar con los partidos, en el que ha primado la deliberación por encima de la repartición burocrática, el Gobierno espera sacar adelante una complicada agenda legislativa, incluidos puntos esenciales de la reforma política como las listas cerradas y la financiación estatal de las campañas que se quedaron a mitad de camino en las sesiones pasadas. Según la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, cerca de 12 iniciativas serán prioridad para el Ejecutivo, como los proyectos anticorrupción y la modernización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Las reuniones convocadas por el mandatario a comienzos de año para definir con los representantes de las distintas organizaciones políticas el grueso de propuestas que se someterán a estudio del Congreso de la República, podría ser el punto de partida de una nueva relación con el Legislativo que le garantice gobernabilidad al Presidente Iván Duque Márquez en los años que le restan de gestión. “Hay un corto circuito y ahí el fracaso en estos meses, en los cuales, diría yo, se debió aprovechar todo ese potencial político para sacar las grandes reformas que este país requiere”, aseguró el senador del partido de la U, Berner Zambrano. Prioridades legislativas El presidente Iván Duque en reunión con la bancada del Centro Democrático, a la que asisten el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la vicepresidente Martha Lucía Ramírez. Sin duda, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es una de las prioridades del Ejecutivo, para lo cual fue necesario convocar al Congreso a sesiones extraordinarias en febrero. Pero también lo serán la ley de modernización de las TIC, los proyectos anticorrupción y la reforma política, esta última pendiente de cuatro debates por tratarse de una enmienda constitucional. Sectores afines al Gobierno consideran que se debe retomar en marzo la discusión de la reforma a la Justicia ante la necesidad de modificar el sistema en su estructura, tras los escándalos que han afectado a exmagistrados de la Corte Suprema en los últimos meses. “Una reforma política que no tenga lista cerrada; paridad, alternabilidad y universalidad en materia de género; que haga obligatorios, realmente, los temas de democracia interna de los partidos; que establezca mecanismos para poder hacerle seguimiento efectivo a la financiación de la campaña y una autoridad electoral independiente, será una oportunidad perdida para poder garantizar transparencia en el ejercicio del debate político en este país”, señaló la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios. Aunque en los primeros debates se modificaron algunos aspectos que le dan mayor responsabilidad a los partidos y se avaló que la presencia máxima en una corporación legislativa sea por tres periodos, analistas creen que tal como está concebida la iniciativa, no cumple con el objetivo inicial de depurar la actividad política en Colombia y de robustecerla. Es por ello que, se buscará un acuerdo sobre cómo eliminar el voto preferente. “Eso fortalece los partidos políticos alrededor de la ideología de cada colectividad, baja los costos de las campañas y evita la aparición de dineros ilegales”, según el Gobierno. Sectores afines al Gobierno consideran que se debe retomar en marzo la discusión de la reforma a la Justicia ante la necesidad de modificar el sistema en su estructura Contacto con los partidos Aunque el Ejecutivo es optimista frente al trabajo que se ha realizado para consolidar una gran coalición que respalde la agenda del Gobierno en el Congreso, lo cierto es que partidos como Cambio Radical y el Liberal, han decidido mantener su independencia y enfocar este año sus estrategias en aumentar su poder político a nivel regional. Los colombianos serán convocados a las urnas en octubre próximo para renovar Concejos, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Gobernaciones, lo que podría marcar la hoja de ruta a seguir de cara a las presidenciales del 2022, dependiendo de cómo quede el mapa electoral del país. “Dejamos claro (al Gobierno) que seguimos siendo independientes. Manifestamos la preocupación por la fragilidad de las finanzas que pone en riesgo al Plan Nacional de Desarrollo”, dijo el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara. Y es que esa colectividad se queja de la falta de apoyo gubernamental a las iniciativas que promueve su bancada en las Cámaras alta y baja. En una reciente cumbre, el director el partido de la U, Aurelio Iragorri anunció que dependiendo del respaldo que tengan sus propuestas, examinarán si es conveniente seguir formando parte de la coalición que acompaña los proyectos de Duque Márquez en el Congreso de la República. “Hecha esa  evaluación, al final de esta legislatura, el partido de la U, de conformidad con los términos constitucionales establecidos, volverá a revisar el tipo de posición institucional con la que se seguirá relacionando frente al Gobierno”, aseguró la organización política en un comunicado. Como abanderada del tema de la paz, esa colectividad hará seguimiento al desarrollo de iniciativas propias que, según señala, buscan la “seguridad y la preservación de la vida de los colombianos”. El monitoreo se hará también a la gestión de las entidades encargadas de la implementación de los acuerdos de paz y la reconciliación en el territorio. En el encuentro con las bancadas, se dieron a conocer las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Con qué aliados cuenta El senador Rodrigo Lara dejó claro que Cambio Radical mantendrá su independencia frente al Gobierno. Consciente de que importantes proyectos se hundieron en las sesiones pasadas y otros sufrieron cambios profundos por la falta de entendimiento con las bancadas que tomaron entonces distancia del Gobierno, el mandatario inició a finales de enero pasado una serie de contactos con los voceros de las diferentes fuerzas políticas para garantizar

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Venezuela, una fuerza polarizante en América Latina

Venezuela, una fuerza polarizante en América Latina El escalamiento en las tensiones de la crisis venezolana logró polarizar a un Continente que en estos momentos carece de liderazgo, pero que movilizó al mundo en una ola de solidaridad que se materializó con el concierto Venezuela Aid Live. El aumento de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, el reconocimiento de varios países a la presidencia interina de Juan Guaidó y la conformación del Grupo de Lima por un lado y del Grupo de Contacto por el otro, han hecho que la pregunta ya no sea si Nicolás Maduro será removido de su cargo, sino cuándo y sobre todo cómo, en medio de la peor crisis humanitaria y de orden público que ha vivido el país por décadas. Aunque el concierto, Venezuela Aid Live llevado a cabo el viernes 22 de febrero demostró la solidaridad mundial frente a la crisis humanitaria por la que atraviesan los venezolanos, para el régimen de Nicolás Maduro la presión internacional fue indiferente y al terminar el fin de semana el escenario se hizo infinitamente peor. Menos de 12 horas después del concierto que tuvo lugar en la ciudad de Cúcuta, el gobierno de Caracas logró resistir la presión de miles de venezolanos que no lograron doblegar ni a las Fuerzas Armadas, ni a los “colectivos”, motorizados que son la banda armada paramilitar del régimen de Maduro. La ayuda se quedó varada y otra parte destruida en el lado colombiano de la frontera. Ese mismo sábado en horas de la mañana el mandatario colombiano, Iván Duque, le hizo entrega oficial de la ayuda humanitaria al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien llegó al país el viernes en horas de la tarde poco antes de que  finalizara el evento musical. Exigiendo al gobierno de Maduro que dejara ingresar la ayuda de forma pacífica al territorio, Duque dijo que “impedirlo es un atentado contra los DD.HH y podría constituir un crimen de lesa humanidad. “Esa negación ha representado una violación sistemática a las condiciones mínimas de vida del pueblo venezolano”, señaló el mandatario colombiano, quien además le pidió a las Fuerzas Militares Venezolanas que “se pusieran del lado correcto de la historia”, porque lo que sí es claro es que en ellos está el desenlace de la crisis que vive la vecina nación. “Es un atentado contra los DD.HH y podría constituir un crimen de lesa humanidad”.  Juan Guaidó fue recibido por el presidente de Colombia, Iván Duque, el pasado viernes 22 de febrero en la ciudad de Cúcuta para recibir la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. En una violenta jornada entre manifestantes y miembros de las Fuerzas Armadas Venezolanas en la zona fronteriza del Puente Tienditas, varios contenedores con ayuda humanitaria fueron incinerados. Desde la otra orilla, en horas de la madrugada Maduro desplegó al menos tres pelotones de la Guardia Nacional Venezolana, respondiendo a la orden de cierre de frontera emitida por el gobierno de Caracas y rompió las relaciones con Colombia tras ordenar a sus funcionarios diplomáticos abandonar el país “en un lapso de 24 horas”. Las consecuencias tanto físicas como políticas del sábado fueron devastadoras. Tras la verdadera batalla campal que se presenció en el Puente Tienditas, hubo al menos 14 muertos, 300 heridos y casi 200 militares (varios de alto rango) desertaron, más de 140 por por Norte de Santander y otros tantos a través de Arauca. Entre tanto, toneladas de ayuda humanitaria fueron incineradas ante los ojos de miles de personas que gritaban ayuda. Políticamente hablando, las relaciones bilaterales Colombia-Venezuela se terminaron de romper definitivamente, y en el marco de la reunión que convocó el grupo de Lima en Bogotá el lunes 25 de febrero, a la que asistió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ahora sí es cierto que todas las opciones están sobre la mesa para ponerle punto final a la dictadura de Nicolás Maduro. Pero para poder evaluar los posibles escenarios es importante preguntarse: ¿Cómo comenzó todo? Ahora sí es cierto que todas las opciones están sobre la mesa para ponerle punto final a la dictadura de Nicolás Maduro. El lunes 25 en la ciudad de Bogotá, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó (Izq.), estrecha las manos con el presidente de Colombia, Iván Duque (centro) y con el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence (der.) en el marco de la reunión del Grupo de Lima. El escalamiento de las tensiones diplomáticas El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela el pasado 23 de febrero. Una primera acción que movilizó a la comunidad internacional y que escaló el nivel de la crisis se dio el 23 de enero cuando el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, reconoció el gobierno interino del presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor, Juan Guaidó. En aquel entonces, Trump animó a los gobiernos occidentales a respaldar esta iniciativa y aseguró que “todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos caería para presionar por la restauración de la democracia venezolana”. No mentía. Adicionalmente al hecho de que la decisión fue secundada de manera casi inmediata por Colombia, Argentina, Canadá, Perú, Paraguay, Brasil, Ecuador y Costa Rica, el 28 de enero Washington bloqueó alrededor de US$7.000 millones de activos de la petrolera estatal PDVSA, lo que le implicaba a Venezuela una reducción en los ingresos que el gobierno de Maduro recibe por la venta de petróleo. En esa misma rueda de prensa llevada a cabo en la Casa Blanca, el Asesor de Seguridad Nacional de la administración Trump, John Bolton, dejó entrever un apunte que decía “5.000 tropas a Colombia” en una libreta amarilla que más adelante la opinión pública se encargaría de parodiar y frente a la cual la Cancillería colombiana dijo desconocer el tema. Si bien es cierto que el dato de las 5.000 tropas despertó un debate sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ya que puso sobre la mesa la posibilidad de

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Duque anuncia captura de presunto autor del atentado contra la escuela de la Policía

Así lo informó el Presidente de la República, Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo con lo publicado por el mandatario, Arturo Ordoñez, alias “El Elefante”, jefe del Frente urbano del ELN, es uno de los autores intelectuales del ataque contra la escuela de policía General Santander en el sur de Bogotá, ocurrido el 17 de enero pasado. Según el presidente, “El Elefante” llevaba mas de 37 años delinquiendo en las filas de esa organización armada. Dentro de los delitos que habría cometido, se encuentran “el reclutamiento de menores y la ejecución de operaciones en Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Bogotá”, informó el jefe de Estado. Duque aseguró que con este golpe al ELN, se “afecta la administración de finanzas ilegales para el desarrollo de actividades criminales”. Alias ‘El Elefante’ estuvo dedicado desde 1981 a la planeación de acciones criminales, así como al reclutamiento de menores y ejecución de operaciones en Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Bogotá. Es uno de los autores intelectuales del atentado contra Escuela General Santander. — Iván Duque (@IvanDuque) 1 de marzo de 2019

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Capturan a fiscal de JEP y a un exsenador por pedir dinero en caso Santrich

El fiscal de la JEP, Carlos J. Bermeo, fue detenido junto con cuatro personas, incluido el exsenador Luis Alberto Gil, en el momento en el que recibían dinero a cambio de incidir en el caso que se le sigue a Jesús Santrich. Según informó la Fiscalía General de la Nación, el operativo se realizó en dos hoteles del norte de Bogotá, donde presuntamente los implicados recibían 500 mil dólares a cambio de incidir en el trámite de extradicción del exjefe guerrillero. Entre los capturados se encuentra el exsenador Luis Alberto Gil, más conocido como “El Tuerto Gil”, quien está condenado por parapolítica. El excongresista fue detenido por primera vez en 2008 y fue llevado a prisión por sus nexos con las autodefensas. En 2012, al cumplir las tres quintas partes de su condena, recibió el beneficio de libertad condicional. #ATENCIÓN capturado fiscal Carlos J. Bermeo de JEP junto con 4 personas más incluido el exsenador Luis A. Gil, en operativo adelantado en 2 hoteles norte de Btá., en momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 1 de marzo de 2019 Los investigadores informaron que al parecer, la red habría pedido 2 millones de dólares y hoy se había pactado la primera entrega. Los otros capturados son Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar Gamboa y Ana Cristina Solarte Burbano. Esta noticia se produce el mismo día, en el que la Justicia de Estados Unidos, informó que no enviaría a la JEP sobre Santrich, a quien ese país reclama en extradicción por narcotráfico.

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El problema de las redes sociales llega a la Corte Constitucional

En una audiencia donde participan personas a las que se les ha vulnerado sus derechos en redes, así como también los presuntos infractores a la ley, la Corte busca aclarar si las diferentes plataformas digitales pueden o no actuar en estos casos. “Para la Corte es claro que la circulación de información y la presencia de un destacado avance en la tecnología, nos ha convertido en ciudadanos digitales”, aseguró el Magistrado José Fernando Reyes, quien agregó que las libertades ahora son mayores y deben ser protegidas. Por su parte, Ricardo Villegas, representante de Google, aseguró que “los administradores de plataformas no son responsables por los contenidos de terceros”, dejando claro que cada usuario debe responsabilizarse por los mensajes compartidos. La afirmación de Villegas fue secundada por Luis Alfredo Barragán de Facebook, quien agregó que esta red social es solo un intermediario y por ende “no debe ser quien determine la verdad”. “La seguridad y confianza son esenciales, Facebook reitera su compromiso con la libertad de expresión”, afirmó su representante y agregó que “existen más de 15.000 personas dedicadas a monitorear los contenidos en la red” con el fin de asegurarse que sean acordes a sus políticas. Respecto a la posibilidad de retirar contenidos a partir de una orden judicial, Barragán aseguró que la publicación a remover tiene que ser puntualizada. “La orden no debe extenderse más allá del contenido específico pues se caería en monitoreo proactivo, el cual puede desconocer la libertad de expresión”, agregó. Por su parte, el Procurador General, Fernando Carrillo, consideró “inaceptable que las redes sociales se conviertan en escenarios de odio e insultos. Para el jefe del Ministerio Público, otro desafío se encuentra en entender “cómo el poder de la tecnología ha aumentado sobre todo en recopilación de datos” y su manejo debe ser realizado con el rigor adecuado. “Las redes no pueden servir como apología al delito ni para delinquir”, aseguró por su parte el Fiscal General , Néstor Humberto Martínez, quien agregó que la libertad de expresión tiene un límite en derechos a la honra y el buen nombre. Según Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los estados no pueden imponer restricciones a contenidos que no lo respeten. Privatizar el problema de la censura solo lo complica”. Lanza también defendió el anonimato en redes. Para Pedro Vaca Villarreal, Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, “el anonimato es una opción dentro del ejercicio de la libertad de expresión. El derecho al desahogo existe” y debe ser respetada en la red.

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Militares piden al presidente Duque sancionar la ley estatutaria de la JEP

Un grupo de 15 uniformados que se acogieron al sistema de justicia transicional para recibir beneficios jurídicos, le piden al primer mandatario que firme la norma. El senador del Partido de la U, Roy Barreras, encabezó una rueda de prensa en la que algunos militares beneficiados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le solicitaron al presidente Iván Duque que sancione la Ley Estatutaria de la JEP, en razón a que ellos actualmente están en libertad gracias a los beneficios que dan las normas derivadas del Acuerdo firmado con las FARC. “Estuve 11 años y 28 días privado de la libertad, condenado e investigado por procesos relacionados con el conflicto. Si no pasamos esta página, tenemos el riesgo de volver a la cárcel”, dijo el mayor Gustavo Soto. Consideró que por esto el presidente debe sancionar dicha ley. Además agregó que hay que evitar que los militares queden en manos de la justicia ordinaria. El sargento retirado, Jaque Morales, afirmó que los militares están comprometidos con la verdad y recordó que estuvo 12 años en prisión, donde fueron estigmatizados. “El conflicto hoy es político y tenemos la oportunidad de destapar la verdad que muchos sectores políticos no quieren”, señaló. A estas declaraciones, se sumaron las del mayor retirado, Álvaro Gamba, quien narró que gracias a la JEP recuperó la libertad y pudo volver a compartir con su familia. “Le pido al presidente que firme y nos permita disfrutar de la libertad”, señaló. Por su parte, el senador Roy Barreras le reiteró al mandatario que hay que “construir sobre lo construido, no volvamos a atrás a ver como destruimos La Paz”. También advirtió que “sí se elimina la JEP no habrá justicia ni reparación para las víctimas”.

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Santofimio seguirá tras las rejas

El exsenador Alberto Santofimio. condenado a 24 años de prisión por el asesinato del excandidato a la Presidencia, Luis Carlos Galán, ocurrido en 1989 en Soacha, solicitó el beneficio de casa por cárcel, petición que fue negada por un juez de penas. De acuerdo con la ley, uno de los requerimientos para acceder a ese beneficio es haber pagado 3/5 partes de la sentencia y hasta el momento Santofimio no ha cumplido sino siete años y cinco meses de reclusión. Pese a realizar estudios y trabajos en prisión, no tendrá derecho a la gozar de la cárcel domiciliaria. De acuerdo con el juez, el acusado no ha dado muestras de arrepentimiento o actitud de redención con las víctimas y por el contrario “ha demostrado una rotunda indiferencia” frente a las mismas. Por lo tanto, determino inaplicable el beneficio de libertad condicional. La justicia agregó un agravante a su decisión, debido a que Santofimio se ha “sustraído de la obligación del pago de los perjuicios materiales originados de la muerte de Luis Carlos Galán”. El crimen del dirigente político fue atribuido entonces a integrantes del Cartel de Medellín.

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Estados Unidos entregaría a Andrés Felipe Arias

El Departamento de Estado en una comunicación informó al abogado de Andrés Felipe Arias, Hans Burgos, que “el subsecretario de Estado decidió autorizar la entregar del señor Arias a Colombia”, ante la solicitud de extradición que reiteró la Corte Suprema de Justicia el pasado 13 de febrero. El exministro fue condenado a 17 años de prisión el 3 de julio de 2014, tras ser hallado responsable de irregularidades en la asignación de subsidios en el marco del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), a través del cual se buscaba aliviar los créditos entregados a agricultores con bajas tasas de interés. Sin embargo, los recursos habrían terminado en manos de familias adineradas de las costa norte colombiana. La extradición de Arias fue avalada por el Juez Federal John O´Sullivan de EE.UU en 2017. El exministro permanece recluido en una cárcel estadounidense desde 2016 y a pesar de las reiterativas solicitudes de libertad bajo fianza, no ha logrado salir de prisión. El último intento por alcanzar la libertad el 10 de enero pasado, fue frenado por el juez James Lawrence King del distrito sur de Florida. El abogado de Arias calificó como un acto cobarde por parte del gobierno estadounidense, el aval a su extradición. Según el Canciller Carlos Holmes Trujillo “el gobierno de Colombia no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos, acerca de su decisión discrecional de conceder o no la extradición de Andrés Felipe Arias solicitada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el año 2014”.

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“Nunca hemos estado de acuerdo con la JEP” Uribe

Ante las opiniones expresadas por los diferentes sectores de la vida política nacional y algunas organizaciones como la Corte Penal Internacional (CPI), el ex presidente Álvaro Uribe Vélez dejó claro este jueves que la JEP debe ser modificada. “Nunca hemos estado de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, dijo el exmandatario y hoy senador. Sin embargo, aseguró que “ante los hechos, lo que hemos procurado es que haya algunas reformas”. Desde que se presentó el proyecto de la Ley Estatutaria, la bancada del Centro Democrático siempre ha pedido modificar aspectos fundamentales de la JEP. Sin embargo, Uribe tiene claro que tras superar todas las instancias, el único con la potestad de cambiar o aprobar lo firmado entre el gobierno anterior y la entonces guerrilla de las FARC en 2016, es el jefe de Estado, Iván Duque. “El presidente de la República conserva la competencia para objetar (la ley) por razones de conveniencia”, agregó. El ex mandatario mencionó algunos puntos por los que hace reparos a la JEP, como por ejemplo, la impunidad por delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz. “Debe quedar claro que por delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016 o que hubieran continuado después de esa fecha, debe haber extradición sin dilaciones”, dijo. De igual manera consideró que estos deberán ser juzgados por la justicia ordinaria. “Dicen que lo de los niños es muy grave, pero que no está sometido a impunidad porque hay sentencia y pena alternativa. ¡Por favor! Eso es un engaño, ese tipo de delitos deberían tener pena privativa de la libertad. En la JEP no la hay”, puntualizó el senador.

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Se avecina un nuevo paro nacional

Ante el aumento de los ataques y amenazas contra los lideres sociales, organizaciones cívicas han decidido convocar a un nuevo paro nacional para el próximo 25 de abril. A la jornada, se sumarán las movilizaciones convocadas en el sur de Córdoba para el 27 de febrero, así como el paro por el derecho a la vida, organizado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para el 6 de marzo próximo. Cuatro días después, marcharán las comunidades indígenas y organizaciones sociales en el suroccidente colombiano . Omar Romero, vocero de la CUT, aseguró que “el Plan Nacional de Desarrollo atenta contra el derecho al trabajo y restringe los derechos a las pensiones”, por lo que saldrán a las calles ha rechazarlo. La razón principal del llamado a paro el próximo 25 de abril, es el número de líderes muertos de manera violenta en el país. De acuerdo con Carlos García, de la Coordinación de organizaciones sociales, se reportan 130 de ellos asesinados desde agosto pasado a la fecha.

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