junio 1, 2026

Editorial

Todos unidos por Colombia

  Editorial del director Sin duda, Colombia se ha enfrentado a uno de los mayores desafíos de nuestra historia con la llegada del coronavirus al país que de manera responsable han asumido los gobiernos nacional, departamental y municipal en estas últimas semanas para evitar la propagación de la enfermedad. Medidas como la declaratoria de la emergencia sanitaria por parte del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, para permitirles a los entes territoriales disponer de los recursos de su presupuesto con miras a proteger a las comunidades de sus regiones, es una muestra del liderazgo de las autoridades para frenar el avance de la pandemia, que ya deja centenares de muertos e infectados en el mundo. Acciones tomadas a tiempo como el aislamiento social preventivo, la cancelación de eventos masivos, el toque de queda en algunos municipios colombianos, la suspensión de clases y el cierre de fronteras terrestres, fluviales, marítimas y aéreas, han impedido un contagio mayor de la población. Pero no debemos bajar la guardia. Ya lo anticipó la Organización Mundial de la Salud (OMS): el virus llegó para que- darse y hay que prepararnos para sobrellevarlo de la mejor manera posible por el resto del año para que su impacto sea menor. Es ahí donde debemos hacer conciencia y actuar unidos como sociedad. No es hora de anteponer intereses personales, ni políticos, ni económicos, sino de pensar en cómo proteger la salud de los 48 millones de colombianos que esperan de sus gobernantes decisiones acertadas para hacer frente a la situación que hoy se vive. El respaldo de la totalidad de los partidos a la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, incluidos los que están en la oposición, es un ejemplo de que sí podemos trabajar unidos alrededor de una causa común. No hay tiempo para los desacuerdos, porque como ha quedado demostrado en Italia, España, China, Francia y Estados Unidos, el coronavirus, conocido también como COVID -19, no da tregua. Por eso los alcaldes y la administración central deben actuar de manera coordinada en la concentración y distribución de los recursos con el fin de garantizar una respuesta rápida a las necesidades de los territorios. Algunos mandatarios locales han cuestionado el manejo gubernamental a los dineros del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), que reúnen más de 14.8 billones de pesos, porque según ellos, estarían dirigidos a ayudar a los bancos y empresas en la coyuntura actual. Sin embargo, las asociaciones que congregan a las entidades territoriales del país, como la Federación Nacional de Departamentos (FND), con Carlos Camargo Assis y Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, como sus representantes, y la Federación Colombiana de Municipios (FCM), que tiene como sus máximos voceros a Gilberto Toro Giraldo y a Gian Car- lo Gerometta, alcalde de Mosquera, aclararon que los recursos que se dispondrán de los dos fondos, serán para atender la emergencia sanitaria en las regiones y no restringe la apropiación de los mismos para la inversión de los municipios y departamentos. Todas las medidas que se tomen para salvaguardar la vida de la población son bienvenidas, siempre y cuando se hagan de manera articulada y sean de obligatorio cumplimiento por parte de los colombianos. Solo así podremos superar esta crisis. Hoy más que nunca debemos sumar esfuerzos para salir lo menos golpeados de esta difícil situación.

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Apoyemos la institucionalidad

Coincido plenamente con el Presidente en que para hacer valer una opinión no se necesita afectar los derechos de terceros, porque cuando se bloquea una vía de mucho flujo vehícular y se altera la movilidad, se afecta también el derecho al trabajo y, por ende, la calidad de vida de las personas. Eso sin contar las cuantiosas pérdidas que han generado a los comerciantes los daños causados a sus negocios. Bienvenida la decisión del Presidente Iván Duque Márquez de iniciar lo que ha denominado Gran Conversación Nacional para construir entre todos los sectores del país una hoja de ruta que acelere el trabajo de cerrar brechas sociales. Su apuesta por el diálogo social, en el que la unidad es fundamental para seguir avanzando en la construcción de una nación con equidad, nos debe llevar a respaldar la institucionalidad, sin desconocer, desde luego, el derecho que tiene la sociedad a disentir. Pese a que asumió el manejo del país con compromisos ya adquiridos por administraciones anteriores, el mandatario le ha venido cumpliendo a los colombianos con un presupuesto histórico para la educación, que alcanza los 44,1 billones de pesos y la puesta en marcha de políticas públicas que buscan beneficiar a los indígenas y a las minorías étnicas, comunidades para las cuales se tiene contemplada una inversión cercana a los 29 billones de pesos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Tras las jornadas de movilización que ha vivido el país, el Gobierno ha invitado a los colombianos a presentar sus propuestas a través de distintos espacios de participación, incluidos los temas que más preocupan a la sociedad, para ampliar la agenda actual. Resaltamos la actitud de quienes salieron a las calles de manera pacífica a ejercer su derecho a expresarse -pilar básico de una democracia-, pero condenamos la conducta de quienes con sus actos vandálicos- atribuidos a una minoría-, afectaron el transporte y el comercio de ciudades importantes como Bogotá y Cali, donde los saqueos y ataques con objetos contundentes, obligaron a las autoridades a tomar medidas de excepción. Coincido plenamente con el Presidente en que para hacer valer una opinión no se necesita afectar los derechos de terceros, porque cuando se bloquea una vía de mucho flujo vehícular y se altera la movilidad, se afecta también el derecho al trabajo y, por ende, la calidad de vida de las personas. Eso sin contar las cuantiosas pérdidas que han generado a los comerciantes los daños causados a sus negocios y la caída en las ventas entre 70 y 90 por ciento por el recorte de horarios y el cierre temporal de los establecimientos. Los gremios calculan que la afectación por el paro llega a los 1,4 billones de pesos. Por eso el camino a seguir es el diálogo. Instituciones como el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, han tendido puentes para que estudiantes, trabajadores, indígenas y demás sectores que han salido a las calles en las últimas semanas, comiencen a trabajar con el Gobierno Nacional en la búsqueda de transformaciones concertadas que garanticen el interés general. Con la Gran Conversación Nacional que se ha iniciado, los colombianos tendrán la posibilidad de presentar hasta el 15 de marzo próximo las propuestas que consideren indispensables para definir un agenda que responda a las necesidades actuales. Sin duda, un paso en la dirección correcta, en la que el liderazgo presidencial será clave para corresponder a los anhelos de un sector amplio de la población, pero sobre todo para unir al país alrededor de un propósito común. No puede haber alternativa diferente a la de un diálogo genuino y transparente para generar confianza y dejar de lado cualquier prevención por el bien de la Nación.

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Es hora de parar la violencia contra mujeres y niños

S e retomó el debate sobre la necesidad de acudir a figuras como la cadena perpetua para castigar a los violadores y asesinos de menores de edad en Colombia. Coincido plenamente con el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, en que se deben dar sanciones ejemplarizantes a quienes incurran en este tipo de conductas aberrantes. Y es que es inadmisible que cada vez aparezcan más niñas expuestas a situaciones de abuso sexual en el país, y lo que es peor, en la mayoría de los casos, ligadas a su entorno familiar. Según cifras de Medicina Legal, en 2018 se tenía un registro de más de 23 mil víctimas en Colombia, de las cuales 20 mil eran menores de edad. El mayor número tenía entre los 10 y 13 años, en un altísimo porcentaje mujeres. Por eso considero que ha llegado el momento de examinar la conveniencia de aplicar penas mucho más severas para los responsables, como la cadena perpetua. Sé que han sido varios los intentos por establecer esa figura en el país sin ningún éxito hasta ahora, en los que han pesado razones de tipo jurídico y político. El más reciente de ellos corrió la misma suerte, luego de que el acto legislativo que buscaba instaurarla, fuera retirado al no contar con el respaldo suficiente de los partidos en el Congreso. Pero tras el crimen en el Guaviare de Sharik Alejandra Buitrago, de 10 años, el debate público sobre los castigos a violadores y asesinos de niños en el país, tomó un nuevo aire. Aunque los expertos la consideran una medida “populista e inútil” porque, en su concepto, no atacaría de raíz el problema y sí iría en contravía de la Constitución y del sistema penal colombiano, considero, al igual que el Presidente de la República, que llegó el momento de evaluar la conveniencia de contar con la prisión perpetua. Desde el Legislativo también se han escuchado voces a favor y en contra de establecerla como sanción. Mientras unos piensan que en Colombia ya existen penas hasta de 60 años para delitos graves como ese, que se pueden aplicar sin beneficios ni reducción, otros ven posible instaurar esa polémica figura a través de una reforma constitucional. Uno de los obstáculos que se presentaría en el camino, según los constitucionalistas, serían los convenios internacionales de derechos humanos que ha firmado Colombia, los cuales tras su ratificación por el Congreso, prevalecen en el orden interno. Bienvenida la controversia alrededor de un tema que merece la atención de todos los sectores del país, sin excepción. Las medidas para frenar el nivel de violencia contra las mujeres y los menores de edad, que ha venido en ascenso en los últimos años, no dan espera ante el alto riesgo que están enfrentando. Con tristeza hay que admitir que existe una crisis de valores en nuestra sociedad, que debemos superar cuanto antes con el aporte de toda la institucionalidad.

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Estamos dentro de la legalidad

En hora buena, el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez decidió incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un “Pacto por la Legalidad” para implementar políticas encaminadas a garantizar la eficiencia y la transparencia en la justicia y a combatir la informalidad en todas sus expresiones. Y como lo dijo en su momento, la pauta que marcará su administración será la de ir construyendo seguridad con legalidad para que impere la ley, estrategia en la que el ciudadano será pieza fundamental, porque “sin justicia social no hay paz, y sin paz no hay justicia”. Es así como en el plan de choque “El que la hace la paga”, definió tres grandes ejes: concretar grandes operaciones para la reducción del delito; emprender acciones de control y tal vez, el que considero debe ser el más importante, la activa participación de la ciudadanía denunciando todas aquellas actividades que se realicen por fuera de la ley. Es en este último punto en el cual quiero hacer énfasis, porque precisamente esta publicación, que tiene más de 25 años de existencia, ha sido víctima de una actuación ilegal, que raya con lo penal, por parte de una empresa que ha plagiado nuestra marca por varios años y ha atentado contra nuestro buen nombre y prestigio. Y es que, como medio informativo, la Revista El CONGRESO SIGLO XXI, siempre ha funcionado dentro de los marcos legales, con el registro de marca 32114 de la Superintendencia de Industria y Comercio y Derechos de Autor, reconocidos mediante resolución 1058 de 1993 del Ministerio de Gobierno. Además de actuar dentro de la legalidad como empresa privada, el profesionalismo con el que desarrolla su trabajo, su visión pluralista y defensa permanente de la institucionalidad, le han merecido varios reconocimientos en el país, entre ellos la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el Grado de Cruz Comendador del Congreso de la República. Son más de dos décadas en las que nuestra publicación se ha ido afianzando en su función de punto de encuentro entre el Poder Legislativo y las regiones, y en las que sus páginas han albergado como columnistas habituales a los senadores y representantes a la Cámara, sin que exista ningún sesgo político. Como medio especializado, hemos asumido un papel preponderante e imparcial, de informadores del acontecer de la política colombiana con la ética y la altura profesional que nos han exigido las circunstancias y el ámbito en el que actuamos. Por eso y por muchas más razones, salimos en defensa de lo que hemos construido como empresa. Los recientes acontecimientos, en los que se nos quiso relacionar accidentalmente con una marca similar y a los cuales somos totalmente ajenos, no pueden poner en tela de juicio la labor que, de manera objetiva y transparente, ha desarrollado la Revista EL CONGRESO SIGLO XXI, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y a la generación de empleo en el país. Estamos con el “Pacto por la Legalidad” que promueve el Presidente Duque en su carta de navegación para estos cuatro años, convencidos de que la transparencia debe llevar a que los actos que desarrollemos, como sociedad, no afecten los derechos ajenos.    

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El liderazgo de la mujer en Colombia

El Gobierno del Presidente Iván Duque ha enviado una señal positiva al nombrar a mujeres en el 50% de los ministerios, una decisión que además de ser inédita en el país, le da posicionamiento al género femenino y lo empodera en la lucha que ha librado por décadas para lograr la igualdad de derechos frente al hombre en los ambitos laboral, político y social. Y es que como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su presencia en un buen número de cargos de poder era necesaria para el pluralismo y el fortalecimiento de la democracia colombiana. Con la paridad en puestos que tradicionalmente eran ocupados por los hombres, no solo se le ha dado la participación que se merecen las mujeres en la vida pública, sino que se les entregó un voto de confianza para que con liderazgo, organización y perseverancia, aportaran a la construcción de un mejor futuro para los colombianos. El ejemplo ha comenzado por casa, con el gran trabajo que realiza la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, quien abandera varios proyectos en temas de cultura e innovación para poner fin al hambre, la pobreza y la violencia contra la niñez y la juventud. Aunque la gestión realizada hasta ahora por la totalidad de las ministras ha sido importante en estos primeros meses, quisiera resaltar en particular el papel que han cumplido las responsables de las carteras del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, la primera por su trabajo e interlocución permanente con el Congreso de la República para sacar adelante la agenda gubernamental, y la segunda por su empeño en lograr una transformación energética que consolide el sector. Otra mujer que se ha destacado dentro del Gobierno es la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso, quien aunque es una tecnócrata, logró hacer empatía con el Legislativo para llevar a buen puerto el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, considerado la hoja de ruta del Presidente Iván Duque en estos cuatro años. Para construirlo, impulsó 72 talleres con distintos sectores sociales, políticos y económicos en todas las regiones del país, convirtiéndolo en el más participativo de la historia. No menos importante ha sido la gestión de la bancada de mujeres en el Congreso de la República, que ha promovido iniciativas que reivindiquen la equidad de género en la política e impulsado una legislación que acabe con las brechas salariales, el maltrato y la discriminación laboral. Aunque los esfuerzos por empoderar a la mujer han sido enormes, el camino por recorrer es extenso. Pese a que se ha incrementado la representación femenina en el Senado y la Cámara de Representantes, esta se mantiene en un nivel bajo (20,8%), sin cumplir aún la cuota de género del 30% que fue establecida en el país. Ni que decir en las alcaldías y gobernaciones, donde los hombres siguen siendo mayoría, a pesar de que las mujeres han demostrado su liderazgo y gran capacidad para gobernar. Y es que tan solo el 12% ocupa cargos de elección popular en la actualidad. Aunque se han logrado grandes avances en el posicionamiento del género femenino en los sectores público y privado, no hay que bajar la guardia en la reivindicación de los derechos de las mujeres, que hoy representan el 52% de la población colombiana.  

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ACLARACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA

La revista El Congreso Siglo XXI se permite aclarar que no tiene ninguna relación con el video publicado el lunes 10 de junio de 2019, en el que una periodista denuncia al señor Gustavo Castro por agresión verbal y física.Igualmente aclaramos que la Revista El Congreso Siglo XXI no ha tenido ni tiene ningún tipo de relación laboral con las personas mencionadas en el video. Condenamos la agresión a la comunicadora y esperamos que las autoridades competentes se hagan cargo del caso.Es importante resaltar que nuestra empresa está registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como consta en el certificado 291156 y fue reconocida por el Senado de la República mediante la resolución 032/03. Además posee los derechos de autor desde el 15 de agosto de 1993, razón por la cual es la única revista EL CONGRESO constituida legalmente desde hace 25 años. Atentamente.

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Mensaje a nuestros lectores

La Revista EL CONGRESO SIGLO XXI cumplió en 2018 sus 25 años de labores, un período en el que ha seguido el acontecer nacional con informaciones y opiniones de altísimo nivel, con criterio pluralista y con un aporte sustancial desde el periodismo, a la democracia y a las instituciones de Colombia. En la celebración de estos 25 años también recibimos importantes reconocimientos que incluyen un mensaje del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien destacó el trabajo de la Revista por haber sido, entre otras, la casa editorial que lo acogió como uno de sus columnistas. De igual forma, el Senado y la Cámara de Representantes nos condecoraron por estos cinco lustros de intensa actividad periodística y editorial, en acto especial llevado a cabo en el Congreso de la República. Para nosotros, 2018 fue así un año de grandes desafíos, pero de inmensas satisfacciones porque alcanzamos importantes metas en los componentes centrales de nuestro objeto social y en la sostenibilidad como empresa. Es lo mismo que siempre hemos deseado para todos y, por supuesto, para el país, que ha comenzado una nueva etapa con la Presidencia de Iván Duque y un nuevo gobierno que llegó con un esperanzador mensaje. Desde la Revista EL CONGRESO SIGLO XXI deseamos a nuestros lectores y anunciantes una Feliz Navidad y un próspero 2019. Que el próximo año venga lleno de grandes éxitos y realizaciones y que Dios nos colme de paz y progreso. Álvaro Erazo Paz Director

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25 años forjando historia

Por Álvaro Erazo Paz Estamos celebrando los 25 años de la Revista El Congreso Siglo XXI, una publicación que ha acompañado durante estos cinco lustros el debate a los grandes temas nacionales y las decisiones que han surgido del Congreso de la República, por excelencia, la casa de la democracia en nuestra Nación. Comencé a gestar la idea de la Revista en el mismo año en el que nació la Constitución de 1991, quizás el cambio político e institucional más importante de la historia reciente del país. Pensé que había que estar a la altura de unas circunstancias que requerían de un periodismo proactivo y consecuente con tiempos en los que Colombia estaba dando un salto histórico para el perfeccionamiento de su democracia, en beneficio de millones de personas que clamaban por equidad, derechos y mejores condiciones de vida. Después de 25 años, el balance es satisfactorio, aunque refleja también un camino de retos y dificultades en el que nos convertimos en un medio de comunicación que, sin lugar a dudas, es parte de lo más meritorio del periodismo político nacional. Fruto del sueño de un equipo emprendedor bajo mi dirección, la Revista El Congreso Siglo XXI ha consolidado un flujo ininterrumpido de contenidos que vienen registrando el acontecer legislativo en un contexto nacional pues nuestro trabajo también ha consistido en comunicar al poder central del Estado con las regiones, en un diálogo permanente que en buena medida ha fructificado en entendimientos para el desarrollo de unos territorios que siempre han esperado lo mejor de sus voceros en el Congreso de la República y en el conjunto de las instituciones que rigen y dan vida a las políticas públicas. Hemos sido la voz de los alcaldes y de los gobernadores y en nuestra publicación se ha expresado el sentir de las poblaciones más remotas de la geografía nacional y, en la otra vía, nuestro espacio editorial ha sido propicio y oportuno para dar a conocer las ideas, los planteamientos, las propuestas y los logros de senadores y representantes que han sido nuestros columnistas habituales. Nacimos, como lo he dicho antes, en el entorno de grandes cambios políticos y, precisamente nuestra primera edición del mes de junio de 1993 se tituló La nueva Colombia, así va la Constitución, momento desde el que no hemos parado en nuestra tarea de informar bajo claros principios periodísticos que han marcado el devenir de la Revista, creada en lo legal mediante resolución del Ministerio de Gobierno número 1058, con un S.S.N 1657-6004 y con la resolución 32114 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nos hemos vuelto una publicación de referencia y de necesaria consulta por nuestro carácter especializado en el análisis político que, por sus editoriales, columnas, informes, reportajes y crónicas impacta cada vez más en la opinión, a la que le resulta útil para el seguimiento del acontecer legislativo y de las actividades del Estado colombiano. Después de 25 años, el balance es satisfactorio, aunque refleja también un camino de retos y dificultades en el que nos convertimos en un medio de comunicación que, sin lugar a dudas, es parte de lo más meritorio del periodismo político nacional. En tal medida, venimos afianzando valores y principios corporativos que nos han hecho posible el posicionamiento como Revista reconocida en el ámbito nacional. El pluralismo, es decir, la información de calidad tomada desde todos los puntos de vista. La equidad con un equilibrio de contenidos que tiene en cuenta las diversas corrientes ideológicas. La responsabilidad social ante los lectores al informarles sobre la gestión de las instituciones públicas y privadas y la cooperación entre nuestro equipo de trabajo, siempre con el propósito de entregar un producto integral y de plena credibilidad. Persistir en este esquema periodístico nos ha permitido ganar el reconocimiento de nuestras fuentes de información y de los públicos a los que ofrecemos los servicios editoriales. He dedicado parte de mi vida a este gran proyecto editorial que he considerado un aporte al periodismo político y de seguimiento a los hechos institucionales, en el marco de una democracia que avanza y se hace cada día más firme, como se demostró en este año electoral con el triunfo del Presidente Iván Duque Márquez y con la vigencia de un nuevo Congreso que legislará durante los próximos cuatro años. Acompañaremos y divulgaremos con independencia editorial los propósitos y decisiones de quienes están hoy a cargo de darle un rumbo seguro al país y de sortear todos los obstáculos que se presenten. La Revista El Congreso Siglo XXI no desfallecerá en su labor de informar a los colombianos sobre los acontecimientos que, de seguro, determinarán qué deberá hacerse para que Colombia se oriente por caminos que la lleven al desarrollo económico, al reparto equitativo de los frutos de ese mismo desarrollo y a la convivencia pacífica que ha venido buscando por décadas para dar el salto definitivo hacia una sociedad moderna y ejemplo para todas las naciones del mundo.

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Un comienzo esperanzador para el Presidente Duque

Por Álvaro Erazo Paz   El presidente de la República, Iván Duque Márquez, llegó con las “pilas” puestas a gobernar el país en medio de una coyuntura difícil por la polarización que vive la sociedad, una economía con asomos de recuperación, la incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz, la necesidad de acabar con la corrupción y la urgencia de darle soluciones a los problemas que afectan el sistema de salud. Como representante de un cambio generacional, el joven mandatario le apunta a la búsqueda de consensos para la construcción de un “futuro mejor para todos”, en el que se respeten las diferencias ideológicas y se le dé cabida a la discusión civilizada entre colombianos. Las señales que ha enviado en sus primeras semanas de gobierno, así lo han demostrado. Con un mensaje conciliador, Duque logró sentar en una misma mesa a las distintas organizaciones políticas del país, incluido el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que nació de los acuerdos de paz firmados en 2016, para diseñar una estrategia contra la corrupción. La gestión emprendida entonces ya dio sus primeros frutos con el entendimiento entre los partidos para acoger el proyecto que congela los salarios a altos funcionarios del Estado. A los actuales congresistas se les congelará el sueldo hasta el final de su periodo y quienes sean elegidos en el 2022 devengarán máximo 25 salarios mínimos. El presidente ha dado muestras de querer gobernar sin espejo retrovisor, ni revanchismos y, en cambio, ha concentrado sus energías en recorrer más de una veintena de lugares a lo largo y ancho del territorio nacional, para fortalecer el diálogo social, a través de los talleres “Construyendo País”, con el ánimo de responder en tiempo real a las necesidades que tienen las regiones en materia de salud, educación, vivienda, infraestructura vial y seguridad urbana y rural. El gran pacto que propuso en su discurso de posesión, lo llevó a enfocarse en lo que debe unir a Colombia como nación. Por ello, invitó a los distintos sectores a trabajar unidos para sacar adelante reformas como la judicial, con el fin de recuperar la confianza de la sociedad en quienes administran justicia, como elemento esencial para la consolidación de la democracia. También se centró en darle fuerza a proyectos de emprendimiento como una manera de generar mayores oportunidades de empleo a los colombianos, en aliviar las cargas tributarias a los empresarios y en ayudar al crecimiento del país a través del estímulo a las industrias creativas, en el marco de la llamada economía naranja, considerada la principal bandera de su administración. Enormes retos en los que todas las instituciones, sin excepción, deben acompañar al mandatario para llevarlos a buen puerto. En esa tarea, el Congreso de la República tendrá la responsabilidad de darle vida a las reformas urgentes que requiere Colombia para caminar por la senda del crecimiento económico y social, al margen de la orilla (oposición, independencia o gobierno) en la que puedan encontrarse las fuerzas políticas con representación en el Legislativo.    

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Un Congreso a la altura de sus responsabilidades

Por, Álvaro Erazo Paz Director Asume funciones el nuevo Congreso de la República con enormes retos y responsabilidades, frente a lo cual sus integrantes no pueden ser inferiores. En medio de un país polarizado y unas reformas inaplazables, el Legislativo emerge como protagonista para tender puentes de entendimiento, recuperar la credibilidad y la confianza en las instituciones colombianas y ajustarse a la nueva realidad de un país que demanda avances sociales inmediatos. Comienza un periodo de cuatro años, en el que se espera que senadores y representantes estén a la altura de los grandes desafíos que enfrentará Colombia con unos acuerdos de paz a media marcha, un sistema judicial cuestionado por denuncias de corrupción y una economía que ha comenzado a dar señales de recuperación, tras meses de recesión. Se vienen reformas fundamentales para el país, en las que el Gobierno Nacional tendrá como aliado al Congreso, sin que ello implique renunciar al control político y a la independencia de poderes, pilares esenciales para el funcionamiento de una democracia. Desde ya el presidente electo, Iván Duque, ha dado puntadas sobre los temas que serán priorizados en su agenda de gobierno, entre ellos la lucha contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo, una tarea en la que el Legislativo deberá estar comprometido de lleno para ganar confianza y prestigio ante la opinión pública nacional. El futuro mandatario también prepara cambios en la justicia, el sistema de salud, la política, los impuestos, el régimen pensional, la educación y el Estado, en los que, según dijo, regirán la transparencia y la eficiencia. Reformas para las que muy seguramente contará con el apoyo de los partidos que respaldaron su candidatura en la segunda vuelta presidencial (Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Mira y un sector amplio de la U). Unas mayorías “aplastantes” que, aunque pueden garantizar el trámite de los proyectos gubernamentales, no deben poner en tela de juicio la independencia del Congreso, ni tampoco legislar en defensa de intereses políticos y particulares. Se requiere de unos congresistas comprometidos ciento por ciento con las necesidades de una sociedad que transita hacia la paz, para la que, sin duda, será importante contar con iniciativas que le den solución a los grandes problemas que afectan al país, como la inseguridad, la falta de inversión social en el campo, la pobreza, el desempleo, la ausencia de espacios para el emprendimiento y las limitaciones en salud y educación para la población. Empieza una legislatura en la que, de nuevo, tendrá un rol importante el tema de la paz, merced a los ajustes que hará el gobierno entrante a lo pactado con las FARC en 2016. Un asunto sensible para los colombianos sobre el que el Congreso deberá actuar también con mucha responsabilidad frente al país. De lo que allí se apruebe dependerá, en gran medida, el rumbo que tomará la Nación. ¡Manos a la obra!

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