revistacg, Autor Revista el Congreso

Indolencia del estado frente a la violencia contra la mujer

Por, senadora Rosmery Martínez Rosales, Partido Cambio Radical Aunque en Colombia existen leyes tendientes a la sensibilización, prevención y sanción contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres, como la Ley 1257 de 2008, de la cual soy coautora, los altos y preocupantes indices de impunidad continúan de forma vergonzosa incrementando los niveles de desconfianza en el sistema de administración de justicia, y transmitiendo el negativo mensaje de que se puede maltratar a la mujer. ¡Ya!, deberíamos tener claro que la respuesta a la violencia contra la mujer requiere los esfuerzos de todos, sin excepción alguna. ¿Por qué la ley no llega a las personas? ¿Por qué su desconocimiento? Junto con el desarrollo normativo, se debe avanzar a nivel institucional y comunitario en estrategias pedagógicas contundentes que sensibilicen y socialicen la normatividad existente. Es necesario romper los paradigmas de exclusión y de discriminación; vivimos condicionados por una estructura social enraizada en la desigualdad funcional entre mujeres y hombres, lo cual concibe efectos perversos de subyugación, como si las mujeres no fuesen seres humanos con anhelos, expectativas, creencias y valores. ¡Ya!, deberíamos tener claro que la respuesta a la violencia contra la mujer requiere los esfuerzos de todos, sin excepción alguna, debemos direccionar el establecimiento de una política pública que articule todas las entidades nacionales, incluyendo los entes de control, como fórmula irrebatible para que se garantice avanzar en la prevención de la violencia contra la mujer, fortalecer los mecanismos de atención, protección y apoyo social, y ejecutar procesos judiciales eficaces para valorar los daños de tipo psicológico, sexual, físico o patrimonial generado. Uno mi voz a la voz de todas las mujeres que reclaman ser valoradas y reconocidas para que esta política pública se vuelva realidad y no quede reducida a un juego de palabras. Esta es una causa por la que hay que seguir luchando, porque hoy solo se percibe la indolencia del Estado colombiano, quien parece más familiarizado con la muerte y la agresión, como si no tuviera consciencia de que la violencia contra la mujer ¡mata!, y no únicamente mata a la mujer, descompone la célula familiar y erosiona los cimientos de nuestra sociedad. Reitero, la atención a la mujer debe ser comprometida, integral y coherente: esta es una obligación constitucional y un imperativo ético.

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Santos le advierte a su sucesor que no puede acabar con la JEP

Actualidad, Paz, Personajes, Política / revistacg

El presidente Juan Manuel Santos le dejó claro este jueves a su sucesor que no puede acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue creada para juzgar los delitos cometidos durante 53 años de conflicto armado en el país. “Algunos dicen que van a acabar con la JEP, que van a presentar en el próximo gobierno un proyecto de acto legislativo para terminar la JEP. Se les olvida que hay un fallo de la Corte Constitucional que dice claramente que en los próximos tres periodos presidenciales hay un blindaje constitucional”, aseguró el mandatario. Sin mencionar nombres, el Jefe de Estado dijo que se está buscando debilitar la construcción de la paz, criticando con mentiras el proceso y la justicia restaurativa especial que entró a operar en el país, pero los hechos demostrarán lo contrario. “Hay mucha gente que ha estado interesada en debilitar esta justicia, en decir que no funciona, pero en la medida en que avanza el tiempo, esas posverdades se han venido evaporando”, sostuvo Santos al posesionar este jueves al magistrado de la JEP, Danilo Rojas. El mandatario desmintió que desde la Jurisdicción Especial para la Paz se tenga el propósito de perseguir a un sector de la población o exista una justicia “manipulada”, como lo han dicho. A la JEP “la han querido también satanizar, pero los hechos cuando se vayan presentando demostrarán que eso no será así, que por el contrario vamos a sentar un precedente para el mundo entero”, agregó. Reiteró que las víctimas “son y serán siempre el centro de la resolución de este conflicto. Por eso esta justicia especial es restaurativa y está hecha para resolver conflictos armados, sanar heridas y conocer la verdad”. Santos recalcó que los acuerdos de paz son especiales. “Tenemos la obligación internacional de cumplirlos y los vamos a cumplir y la JEP hace parte fundamental de esos acuerdos”, señaló el gobernante, quien afirmó que están equivocados los que quieren generar incertidumbre diciendo que la Justicia Especial para la Paz no tiene futuro.

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El ELN no quiere paz

Columnistas, Opinión / revistacg

Por, Rigoberto Barón Neira, Senador, Partido Centro Democrático El desgobierno en que vivimos los colombianos es evidente, hace rato que los grupos guerrilleros creen tener el derecho de hacer y deshacer, un territorio sin ley, porque el presidente Santos no es más que un títere de las Farc y un bufón para el ELN. Luego de casi un año de supuestas negociaciones en Ecuador, aquí en Colombia vivimos los verdaderos resultados de lo que se gestionó en Quito; atentados a oleoductos, policías asesinados, ataques a bases militares, un sin fin de ofensivas contra los colombianos y según Santos todo anda viento en popa. El supuesto cese bilateral por la llegada del Papa a Colombia se tradujo en que iban a dejar de matar mientras el Papa estuviera en suelo colombiano y, una vez este se fuera, el derramamiento de sangre continuaría, se realizaría una ola de atentados en el país, 24 para ser exactos. El 10 de enero del presente año, el ELN atacó Petrolera en Cubará, Boyacá, luego se efectuaron dos detonaciones a oleoductos en Saravena, Arauca, y uno contra Ecopetrol en Aguazul, Casanare. No siendo suficiente, francotiradores atacaron patrulla de la Armada Nacional, donde resultaron heridos dos infantes de marina. Fuera país maltrecho, falta poco para ver la luz y salir de uno de los capítulos más oscuros de la historia colombiana. Luego de estos ataques, el jueves 11 de enero asesinaron dos policías en el municipio de Arauca y bloquearon la vía que comunica con Bogotá, no obstante, al siguiente día secuestraron a trabajador de Ecopetrol en Saravena y más tarde, lanzaron granada a garita de la Policía en el municipio de Fortul. Nuevamente, el 14 de enero dinamitaron el oleoducto Transandino en Nariño y el 15 de enero se recibieron denuncias de lo que serían extorsiones y amenazas al sector del comercio en Pueblo Rico y Risaralda. Finalmente, como si todo esto no fuera suficiente, el pasado 19 de enero hubo un ataque a la base del Ejército en Teorama, Norte de Santander, que dejó como resultado un militar muerto y dos heridos. No sé qué es más grave, que este Gobierno pase por alto estos hechos y levante la mesa de Quito por unos días, o que ahora la Misión de Observación de la ONU asegure que desde el vencimiento del cese al fuego bilateral no se han registrado incidentes. Después de estas declaraciones lo único que se puede pensar es que, tanto el presidente como la Misión, estaban de vacaciones durante este escabroso mes, porque no hay manera de desconocer estos hechos. Esta afirmación es bastante grave, pero además es muy serio, que al estar en conocimiento de estos ataques y la Misión de la ONU no los informe ni haga registros, pasan a ser automáticamente cómplices al dejar a un lado el objetivo de ofrecer garantías a la población afectada. Desde siempre manifesté que la mesa de negociación se debía acabar, porque el Gobierno Santos es una figura débil ante estos terroristas, que nunca mostraron voluntad de paz, lo único que hicieron en Quito fue hacernos perder tiempo y dinero, nos faltaron al respeto a todos los colombianos hablando de paz, mientras sostenían armas y derramaban sangre de inocentes. Definitivamente este es un mandato sin pantalones y sin firmeza, primero le regaló el País a las Farc y ahora quiere hacer lo mismo con el ELN. Fuerza País maltrecho, falta poco para ver la luz y salir de uno de los capítulos más oscuros de la historia colombiana.

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“Nadie está por encima de la ley”

Actualidad, Economía, Empresa, Estado, Gobierno, Personajes, Trabajo / revistacg

Hace mucho tiempo que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó de ser una entidad de bajo perfil para convertirse en un órgano independiente, visible, fuerte y contundente en su tarea de proteger a los consumidores colombianos. En esa labor ha sido fundamental la gestión desarrollada por el pereirano Pablo Felipe Robledo. La Superintendencia de Industria y Comercio salió del ostracismo gracias al temple y firmeza de Pablo Felipe Robledo para evitar que se violara en el país la libre competencia y se desconociera el derecho de los consumidores a contar con un producto de buena calidad y un valor real. Es así como ha destapado la existencia de grandes carteles que acordaban precios como el de los pañales y el papel higiénico, en perjuicio del mercado y de millones de usuarios colombianos. Pero su gestión se ha enfocado en varios frentes. Desde que llegó a la SIC, este abogado y profesor universitario, con amplia experiencia en el sector público, se ha dedicado a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y a promover leyes importantes a través del Congreso para proteger al consumidor. Además, ha adelantado innumerables investigaciones y aplicado sanciones a quienes han venido violando el derecho a la privacidad de los datos personales. Los resultados de la labor ejercida en ese campo han sido significativos. Retos Lo más importante es seguir consolidando esa política pública. Para nadie es un secreto que la entidad, que este año llega al medio siglo, pasó durante mucho tiempo como una institución desapercibida. “En el último quinquenio, la Superintendencia ha logrado tener un papel protagónico en la vida nacional, ya que hemos hecho lo que los países desarrollados llevan haciendo en 50 años”, en beneficio de la población, sostiene el funcionario. Precisamente, la línea de acción sobre la cual se ha trabajado, le ha servido a Robledo para destapar los más sucios carteles empresariales que por años estuvieron operando en Colombia sin una entidad que los regulara. Los esfuerzos de la SIC están dirigidos no solo a proteger la libre competencia, sino también a blindar la economía de mercado y a los millones de usuarios que están expuestos cada vez más al ejercicio de prácticas desleales. “Nosotros protegemos ese sistema económico que adoptó Colombia que es la economía de mercado; sin embargo, eso no se protege con un artículo de la Constitución, eso se protege defendiéndola todos los días de los ataques que esa economía de mercado tiene. No hay para la Superintendencia una misión en el corto plazo más aspiracional que consolidar una política pública”, asegura. El Cartel de los pañales, el Cartel del azúcar, el Cartel del cemento y el Cartel de los cuadernos son algunos de los monopolios destapados gracias a las labores del superintendente Felipe Robledo. Institucionalidad Pablo Felipe Robledo admite que para el año 2010 la capacidad sancionatoria de la Superintendencia era irrisoria. “Trabajaban 400 personas y teníamos 38 mil millones de pesos de presupuesto anual. Hoy, ocho años después, la capacidad sancionatoria de la entidad es la más alta de todas las superintendencias. Tenemos más de 1.400 personas laborando, hemos más que triplicado el número de quienes trabajan aquí y tenemos un presupuesto cuatro veces superior al de hace ocho años”, destaca el funcionario. Reconoce también que la institucionalidad en torno al fortalecimiento de la Superintendencia ha venido siendo infinitamente superior a lo que era en el pasado. Según el superintendente, esa efectividad se logró por una política pública en el Plan Nacional de Desarrollo de 2010 cuando empezó el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, en la que se priorizó a la entidad como protectora de la libre competencia, de los consumidores y del Habeas Data. Años después, en el ranking que hacen los organismos internacionales, posicionan a la SIC al nivel de sus autoridades homologas de Europa. Carteles empresariales La cartelización es una de las prácticas anticompetitivas más dañinas para los mercados y tiene un alto impacto en los consumidores. En los últimos años, las violaciones a la libre competencia se han hecho más visibles, puesto que las autoridades tienen bajo la lupa a las empresas y han dado a conocer sus hallazgos. Los avances en investigaciones a los carteles han permitido que Colombia sea uno de los países líderes en la región junto con Brasil, México y Chile. AÑO VALOR GLOBAL DE MULTAS 2012 $60.582 millones 2013 $175.571 millones 2014 $194.840 millones 2015 $364.348 millones 2016 $535.171 millones 2017 $345.257 millones “La cartelización es una tentación para los empresarios porque, renunciando a competir y amangualándose, pueden dormir tranquilos. El sistema económico lo que necesita es que los empresarios estén preocupados por competir, por ser mejores, por ganarle al otro y en esa lucha al final son mejores empresarios”, señala Robledo. Estrategias para incentivar la libre competencia La Superintendencia ha visibilizado un fenómeno que estaba presente pero escondido. “Hemos impuesto sanciones sin importar lo poderosas que sean o se crean. Hay empresarios que se creen que están por encima del Estado y las instituciones, y lo que le hemos demostrado nosotros es que nadie está por encima de la institucionalidad y el cumplimiento de la ley”, advierte Robledo. Desde que asumió las riendas de la entidad, puso en la agenda pública la importancia de la libre competencia y la protección de los consumidores. Con esa visión, ha recorrido cada rincón de Colombia para hablar con los empresarios, dictar conferencias y asistir a reuniones. “No existe un país desarrollado en el mundo que no tenga una fuerte autoridad de protección de la libre competencia con gran capacidad sancionatoria. Esos países entendieron que para ser desarrollados hay que hacer respetar el modelo económico”, agrega. Fortaleciendo una gestión responsable Según Robledo, Colombia es una nación que cree cada día más en la importancia de proteger la libre competencia y sus consumidores. Reconoce que buena parte de la polarización del debate político, que existe hoy en día, gira en torno a saber qué país queremos. En su concepto, lo importante es que exista una autoridad que día y noche trabaje para

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Los niños reclutados

Columnistas, Opinión, Política / revistacg

Por, representante a la Cámara Margarita Restrepo, Centro Democrático Se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Reclutamiento de menores, una fecha de singular relevancia por el momento que está viviendo nuestro país. Cuando empezaron los diálogos de La Habana, alcé mi voz para pedirle al gobierno de Santos que exigiera la devolución de la totalidad de menores que estaban en poder de las Farc. Para que dichas conversaciones tuvieran un mínimo de legitimidad, era imprescindible que la estructura criminal desvinculara a los más de 3 mil niños que estaban en sus campamentos del terror. Al margen de cualquier otra determinación, no era admisible desde ningún punto de vista que en Cuba se negociara un acuerdo mientras que en las selvas colombianas las niñas reclutadas contra su voluntad siguieran siendo utilizadas como esclavas sexuales. Mi llamado no fue atendido. Santos negoció a pesar de que los niños jamás fueron devueltos a sus hogares. Es una afrenta, a todos los niños que sufrieron las peores vejaciones mientras estuvieron esclavizados en los campamentos de las Farc, que aquellos que los utilizaron, violaron, manipularon y obligaron a cometer actos ilegales, estén en la calle haciendo proselitismo político. Las Farc hicieron del reclutamiento forzado de menores una política generalizada y sistemática. El departamento de Antioquia fue uno de los que más padeció ese flagelo. Por tratarse de un crimen de lesa humanidad, este no puede prescribir ni ser cobijado por amnistías o indultos. En el Estatuto de Roma, se contempla a la esclavitud como un crimen de lesa humanidad. El reclutamiento de niños es una de las más abyectas modalidades de este crimen que, valga recalcar, es el único por el que la corte penal internacional ha impartido sentencias condenatorias. Existe un acuerdo global para castigar a los responsables del reclutamiento de menores. Criminales de guerra africanos como Charles Taylor y Thomas Lubanga fueron capturados, llevados ante la CPI, juzgados y condenados. Su delito: haber convertido a miles de niños, contra su voluntad, en asesinos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los cabecillas de las Farc? Absolutamente ninguna. Hemos oído en las últimas semanas los relatos estremecedores de las mujeres de la corporación “Rosa Blanca”. Ellas, que fueron niñas reclutadas por distintos frentes de las Farc, han revelado los vejámenes a que fueron sometidas. De manera heroica, ante la impunidad, decidieron romper su silencio, salir del anonimato y encarar a sus victimarios, para exigirles reparación y demandar ante el Estado la aplicación de la justicia. Es una afrenta, a todos los niños que sufrieron las peores vejaciones mientras estuvieron esclavizados en los campamentos de las Farc, que aquellos que los utilizaron, violaron, manipularon y obligaron a cometer actos ilegales, estén en la calle haciendo proselitismo político y preparándose para ocupar las curules en el Congreso de la República que Juan Manuel Santos les obsequió.

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Colombia: País peligroso para ser mujer

Columnistas, Opinión, Política / revistacg

Por, senador Juan Manuel Galán, Partido Liberal Colombia puede ser uno de los países del mundo más peligrosos para ser mujer. Según cifras del DANE, en nuestro país las mujeres y las niñas son el 51% de la población. En 2016, de acuerdo con los últimos datos de la Corporación SISMA Mujer, ellas representaron más del 59% de los casos de violencia intrafamiliar; el 85,32% de los casos de violencia sexual y se convirtieron en el mayor porcentaje de víctimas de homicidios perpetrados por la pareja o ex pareja. Las recientes denuncias de mujeres líderes de opinión, sobre situaciones de abuso, maltrato y violación, vuelven a poner el tema sobre la mesa. Los informes nos muestran que este tipo de violencia no está concentrada en algunas regiones, sino generalizada en todo el país. Así lo indican el Instituto de Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad y el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, autores en el 2017 del primer índice de género en el que midieron el bienestar de las mujeres en relación con factores como la inclusión, la justicia y la seguridad. “En 2016, de acuerdo con los últimos datos de la Corporación SISMA Mujer, ellas representaron más del 59% de los casos de violencia intrafamiliar; el 85,32% de los casos de violencia sexual y se convirtieron en el mayor porcentaje de víctimas de homicidios.” Este índice nos muestra que la puntuación de Colombia cayó a 120 en la dimensión de seguridad, y que nuestro país obtuvo un ranking general de 96/153. En realidad, todos sabemos que hace falta voluntad del sector público y del sector privado para una verdadera promoción de la equidad entre mujeres y hombres y la garantía de su seguridad. Es cierto que nuestro país no está aislado en esta problemática. De hecho, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en promedio, al menos 12 mujeres son asesinadas cada día en Latinoamérica por condiciones de género. Sin embargo, esto no puede ser una excusa, pues por nuestras cifras internas, pareciera que hubiéramos desarrollado una alta tolerancia hacia este tipo de violencia y su crudeza. Las mujeres están pidiendo un cambio, y el país no puede seguir negándose a escuchar. Comparto las palabras del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que en su discurso de apertura del Foro Económico Mundial en Davos, esta semana, desafió a los líderes de las corporaciones más grandes del mundo y a la institucionalidad pública, a proteger a las mujeres y a potenciar su rol en el desarrollo de los países. Como bien lo dijo el Primer Ministro, el tiempo de escuchar y aprender ya pasó; ahora, es tiempo de liderar, tomar en serio cada denuncia y resolverla. En el caso colombiano, cada minuto cuenta.

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En Guacarí, “generamos oportunidades”

Actualidad, Boyacá: Andina, Bicentenario, Gestión, Pacífico / revistacg

En sus más de dos años de gestión, el alcalde de Guacarí, Valle, Gerardo Salcedo Calero, ha logrado a través del programa de gobierno Generando Oportunidades, avances significativos en infraestructura vial, salud, educación, vivienda y saneamiento básico, que han contribuido a mejorar la calidad de vida de la población, y con los cuales se trabaja para ubicar al municipio como uno de los mejores en desempeño fiscal y administrativo del departamento. La tarea desarrollada en favor de la comunidad, le mereció el reconocimiento de la revista Imagen de los Vallecaucanos, que lo premió por su trabajo y compromiso para construir una mejor sociedad. Desde que asumió la Alcaldía, Gerardo Salcedo se puso como reto ampliar la cobertura y calidad de la educación en su municipio. Es así como impulsó un proyecto para ofrecer un medio de transporte a 160 estudiantes de bajos recursos con dificultades de desplazamiento. “La idea era apoyar a estos jóvenes que quieren estudiar una carrera profesional, por lo que hablé sobre el proyecto con el Concejo y fue aprobado, lo que permitió hacer un crédito para obtener dos buses universitarios”, recuerda el mandatario. Los vehículos, con aire acondicionado, cámaras de seguridad, 2 monitores LCD y zona wifi, ya fueron entregados por la administración y prestan servicio gratuito a quienes estudian en las universidades de Cali, Palmira, Buga y Tuluá. Mejoramiento, construcción de escenarios deportivos y centros de integración ciudadana Entrega de viviendas dignas a la población de Guacarí La semaforización es una realidad Este es uno de los logros que más le satisface al alcalde, ya que mejorará el desplazamiento vehicular y la seguridad del peatón. “La comunidad está feliz y agradecida por esta obra tan esperada que ya es una realidad en el municipio”, asegura el gobernante local, quien está convencido de que con la semaforización se reducirá el índice de accidentes en la localidad. Pero la recuperación de la malla vial también preocupa al alcalde. Por eso se dio a la tarea de pavimentar varias calles, entre ellas las del barrio Ceibas Verdes, uno de los anhelos de la comunidad. Se ha cumplido con la vivienda prometida Uno de los actos más significativos para el mandatario ha sido la entrega de una vivienda digna que le fue prometida a Luz Dary Galeno Álzate. El inmueble que habitaba la señora tenía orden de desalojo por sentencia judicial. Al acto asistieron más de 2.000 personas que fueron garantes de un sueño hecho realidad para ella y su familia. La administración trabaja además en el mejoramiento de 90 unidades habitacionales. En ese frente, los desafíos son grandes. Con la presencia de David Pinilla, viceministro de Vivienda, se realizó la socialización del proyecto para la construcción del primer Parque Biosaludable de la ciudad. “Se viene trabajando en todos los campos para que el municipio salga adelante, y, por ende, los habitantes gocen de una mejor calidad de vida”, sostiene Salcedo, quien también ha sido exaltado públicamente en Bugalagrande por su trabajo en el proceso de legalización de predios a las familias más necesitadas. En reunión organizada por la Superintendencia de Notariado y Registro, el mandatario de Guacarí fue exaltado por ser uno de los alcaldes del país que más ha avanzado en ese tema, junto con sus colegas de Pradera, Candelaria y El Cerrito. En esta oportunidad, le fueron entregados al burgomaestre 35 resoluciones ya registradas, gracias a la tarea de la Subsecretaría de Vivienda para familias del corregimiento de Guabas que llevaban más de 20 años sin poder hacer buen uso de sus casas por no tener los documentos de su propiedad. Conscientes de la gran importancia de este programa, se consiguió aportar, a través de licitación pública, 300 millones de pesos para legalizar más de 100 predios, lo que permitirá a la comunidad ser verdaderos dueños de sus inmuebles. Didier Carrillo, subsecretario de esa cartera, informó que este trabajo no solo se adelanta en Guabas, sino también en Santa Rosa, El Triunfo, Puente Rojo y otras poblaciones. Explicó que a cada núcleo familiar le costaría esta legalización más de 3 millones de pesos, pero gracias a la gestión del municipio, le saldrá totalmente gratis. Mejoras a Parque Recreacional La administración adelanta tareas para que el Parque Recreacional cuente con nueva cara y sea más atractivo para propios y visitantes. Se resalta el lucimiento del kiosco principal, la reparación del motor de la piscina, las instalaciones eléctricas y las labores de infraestructura en general. El esparcimiento y el deporte también han sido priorizados por el alcalde, quien encabezó la socialización de la construcción del Coliseo “Eugenio Vélez” en el corregimiento de Sonso, obra que le permitirá prácticas culturales y deportivas a la población. Karen Johana Rojas Valencia, gestora social del municipio, expresó que los niños y jóvenes, e incluso el adulto mayor, deben sacar provecho a este escenario de la mejor manera. Exitosa actividad para madres gestantes Se realizó con total éxito la actividad para las madres gestantes, denominada “Baby Shower”, en el parque José Manuel Saavedra Galindo, donde las beneficiadas disfrutaron de conferencias, dinámicas, refrigerio, obsequios y rifas. La variada programación estuvo coordinada por la gestora social, Karen Johana Rojas Valencia, apoyada por el Hospital San Roque, la Secretaría de Salud local y el Hospital Divino Niño de Buga. Se impulsó la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, en la que se trató el tema “Cuido Mi Cuerpo”. A través de ella, se permite a los pequeños el ejercicio de sus derechos, la construcción de sus proyectos de vida y el desarrollo de sus habilidades y potencialidades. OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN Pavimentación y cambio de red de acueducto y alcantarillado de la carrera 7 entre estación de servicio y la virgencita; cambio de red de alcantarillado del barrio las Ceibas y Canangua y pavimentación del barrio las Ceibas Verdes, segunda etapa. Remodelación de camerinos, baños y continuación de cubierta del estadio municipal. Remodelación de los coliseos Eucarís Caicedo Nagles y Ricardo Torres. Reconstrucción del Parque Recreacional conocido como polideportivo. Construcción del Centro de Integración Ciudadana (CIC) en la

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Iván Duque alerta sobre aumento de flujo migratorio venezolano

Actualidad, Personajes, Política / revistacg

El candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, alertó este jueves sobre un flujo migratorio mayor de venezolanos hacia Colombia por la difícil situación política, económica y social que vive la vecina nación, de la que responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Hasta que no termine la dictadura de Venezuela, el flujo migratorio no va a parar. Tenemos que hacer, entre varios países, un estatus de protección temporal para que no sea Colombia el único que absorba esa migración”, afirmó Duque. Alrededor de 550 mil venezolanos han llegado a territorio colombiano desde que estalló la crisis en el vecino país, número que según Organizaciones No Gubernamentales (ONG), podría ser mayor debido a que muchos de ellos permanecen en condición de indocumentados en ciudades fronterizas o del interior en espera de una oportunidad laboral. La difícil situación que enfrenta Venezuela no sólo ha llevado a miles de connacionales a regresar a Colombia, sino también a que los venezolanos crucen la frontera en su tránsito hacia otros países de Suramérica, en busca de mejores alternativas de vida. Duque, quien encabeza las encuestas sobre intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales del 27 de mayo próximo, dijo que es su “deber moral” denunciar la que llamó dictadura de Nicolás Maduro. Por ello, advirtió que como Jefe de Estado ayudará a restablecer la democracia y libertades en Venezuela. “Nuestro deber moral es denunciar la dictadura de Nicolás Maduro. Como Jefe de Estado denunciaré al régimen dictatorial del vecino país y coadyuvaré para restablecer la democracia y las libertades en Venezuela”, puntualizó el aspirante presidencial.

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DEA carece de jurisdicción para actuar en Colombia: abogado de Santrich

Actualidad, Paz, Posconflicto / revistacg

El abogado del exjefe de las FARC, “Jesús Santrich”, el jurista Gustavo Gallardo, consideró este jueves que la agencia antidrogas estadounidense (DEA), carece de jurisdicción para actuar en Colombia en el caso de su cliente. En consecuencia, fundamentará su defensa en que las evidencias presentadas por las autoridades americanas para acusarlo del envío de cocaína a esa nación no tienen asidero legal. “A Santrich lo capturaron únicamente con una circular roja de la Interpol. Aquí en Colombia no hay proceso abierto en su contra y ni siquiera hubo audiencia de legalización de captura ni de la incautación de celulares y computadores, que eran del partido FARC. La DEA debió homologar su investigación y no lo hizo”, dijo Gallardo, según publicó el diario El Tiempo en su página web. Santrich fue arrestado el lunes pasado en el occidente de Bogotá por funcionarios de la Fiscalía colombiana, a pedido del gobierno de Estados Unidos, país que lo reclama en extradición por el envío de cocaína a esa nación. Su captura generó una crisis en el proceso de paz que facilitó en 2016 la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Según el abogado, el caso tuvo que haber pasado antes por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), razón por la cual denunciará ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al presidente Juan Manuel Santos y al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez por supuesta extralimitación de funciones. Gallardo informó que, aunque lo ha pedido oficialmente, no le han suministrado la supuesta evidencia, que según dijo, existiría en contra de su cliente. Consideró, además, que, al hacerse pública a través de los medios de comunicación, se rompió la cadena de custodia. El jurista fue mucho más allá, al anunciar que presentará pruebas de que Santrich era seguido de manera ilegal por agentes del Estado en Colombia.

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Procuraduría lanza S.O.S por calidad del aire en Colombia

Actualidad, Salud / revistacg

La Procuraduría lanzó este jueves un S.O.S. por la calidad del aire que respiran los colombianos y exhortó a las autoridades a reforzar de manera urgente el control a los miles de vehículos que circulan a diario por las vías del país. El Ministerio Público advirtió que de no haber cambios inmediatos se seguirá poniendo en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos y las condiciones del medio ambiente, lo que de paso dejará a Colombia en un nivel de atraso frente a los estándares internacionales que actualmente se aplican. En el país anualmente mueren alrededor de 11.000 personas por causa del material particulado presente en el aire. “El contaminante que más afecta la salud de los colombianos en las grandes ciudades es el material particulado (PM2.5) emitido principalmente por camiones, volquetas, motos 4T, buses, autos, motos 2T e industrias”, señala la Procuraduría en un boletín de prensa difundido en su página web. Por ello, hizo un llamado a los ministerios de Transporte, Ambiente, Salud, Industria y Comercio y Minas, así como a la Superintendencia de Puertos y Transporte, las corporaciones autónomas regionales y los alcaldes municipales, para que den estricto cumplimiento a las normas que buscan reducir las concentraciones de contaminantes que afectan la salud humana y la calidad del ambiente. También exhortó a las autoridades locales a cumplir con su deber de exigir la reposición del parque automotor que haya cumplido su vida útil de 20 años y a vigilar el trabajo que realizan los centros de diagnóstico. Pidió, además, verificar que los carros que circulen cumplan con los requisitos técnicos correspondientes, teniendo en cuenta que, según información de la Superintendencia de Puertos y Transporte, alrededor de 5.9 millones de vehículos en Colombia evaden su obligación de realizar la Revisión Técnico Mecánica. Recordó que el Código Nacional de Tránsito en su artículo 122 facultó a las autoridades a sancionar a los conductores, propietarios y empresas transportistas, por la violación de las regulaciones, prohibiciones o restricciones sobre emisiones contaminantes. Los castigos pueden ir desde la amonestación, multa e inmovilización del vehículo, hasta la cancelación definitiva de la licencia de conducción.

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