Terminó un difícil periodo legislativo en el que predominó el control político y los debates a las llamadas reformas del cambio que llevaron finalmente a la aprobación de proyectos clave del Gobierno como un nuevo régimen pensional para Colombia, en medio de la polarización que vive el país. Para analistas y congresistas, eso desvirtúa la teoría de un bloqueo institucional por parte del Congreso y demuestra que se puede llegar a consensos.
Aunque las reformas sociales que promueve el Presidente Gustavo Petro, tuvieron un trámite lento, el gobierno logró sacar adelante la pensional en el periodo que termina, en medio de acusaciones de la oposición de falta de garantías y la advertencia de demandas por la forma en que fue aprobada la iniciativa. “Una vez el proyecto sea sancionado, será demandado por el Centro Democrático ante la Corte Constitucional por los graves vicios que se presentaron durante su trámite en el Congreso”, anunció en redes sociales el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Esta se convirtió en la primera de las reformas del mandatario que aprueba el Congreso en la legislatura que culminó el 20 de junio pasado, ya que la laboral sigue en trámite, mientras la de salud fue hundida en marzo pasado por la Comisión Séptima del Senado. Tampoco salió airosa la Ley Estatutaria de Educación, la cual naufragó en el último debate. La aprobación del nuevo régimen pensional fue posible luego que un número significativo de representantes acogió la proposición de avalar, sin cambios, el texto que aprobó la Cámara alta en el mes de abril, para evitar que la reforma se hundiera por razones de tiempo.
Y es que los más de un centenar de impedimentos, presentados en su mayoría por la oposición, sumado a las recusaciones contra bancadas que se radicaron, amenazaban la posibilidad de sacar adelante la iniciativa con el reloj en contra en ese momento. Partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático, consideraron que la reforma pensional fue aprobada a “pupitrazo”, sin el debate necesario, por lo que se incurrió en vicios en su trámite, lo que sustentaría una demanda ante la Corte Constitucional.
El camino trazado por el gobierno de acoger el texto del Senado, con el apoyo del Pacto Histórico y algunos sectores liberales, conservadores, la U y la Alianza Verde, para evitar la conciliación, fue interpretado por los analistas como un triunfo del Ejecutivo. Según la senadora oficialista, Clara López, los opositores habían logrado crear un clima que no permitía el trámite de las labores legislativas. “No nos llamemos a engaños. La oposición política se ha encargado de crear un clima en el que no se puedan desarrollar labores legislativas. Debemos avanzar con las reformas sociales para mejorar las condiciones de vida de la población”, dijo entonces la congresista, quien admitió que la Legislatura que termina fue muy difícil.
Descartan bloqueo institucional
Para el senador independiente, Humberto de la Calle, la aprobación por parte del Congreso de más de 15 proyectos gubernamentales importantes, incluida la reforma pensional, demuestra que no hubo un bloqueo institucional por parte del Legislativo como lo aseguró el oficialismo. El exnegociador de paz afirmó que el Ejecutivo logró muchas de sus metas como el reconocimiento a víctimas y campesinado, la prohibición a las corridas de toros, la Jurisdicción Agraria y la aprobación del Presupuesto General de la Nación. Antes habían tenido luz verde la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
“Me disculpan el hilo, pero como se ha instalado la idea de que en el Congreso se le niega todo al Gobierno, me remito a los hechos. Si miramos el balance legislativo, encontramos que el gobierno ha logrado muchas de sus metas. No hay tal bloqueo institucional”, dijo el congresista del partido Verde Oxígeno en su cuenta de X. Según el senador, “se ha hecho carrera que la derecha ha bloqueado al Gobierno. Claro que hay resistencias. Pero esto es diferente a las objeciones razonadas de personas que quieren cambios pero formulan reparos. Unos y otros son descalificados por igual. Se desconoce el papel legítimo de la oposición”.
¿Es posible el acuerdo nacional?
Los analistas creen que lo ocurrido con la reforma pensional, donde se consiguieron aliados para su aprobación, demuestra que es posible un acuerdo nacional para avanzar en las transformaciones que busca el Gobierno en materia económica, social y ambiental, pero sobre todo, deja sin piso la propuesta de acudir a mecanismos extraconstitucionales como la Asamblea Constituyente para lograr los cambios que se propone el Ejecutivo en estos cuatro años.
Para los politólogos, los consensos alcanzados en el Legislativo con fuerzas de centro y algunos sectores políticos tradicionales para salvar el nuevo régimen pensional, ponen de presente que sí se puede garantizar el trámite de las reformas y que detrás de la idea del poder constituyente, existe el propósito del oficialismo de buscar la reelección del presidente (prohibida en la Carta Magna), así como de garantizar la continuidad de su proyecto político en el 2026.
“La solución al bloqueo era la concesión. El gobierno era el que tenía que conceder al darse cuenta de que no tenía las mayorías para aprobar el proyecto original. Esta no es la reforma pensional de Petro. La reforma de Petro acababa con los fondos privados de pensiones”, sostuvo el analista Héctor Riveros, columnista del portal La Silla Vacía. Distintos sectores han insistido en que la vía legal para buscar los cambios que se propone el Gobierno, es el Congreso de la República y que acudir a una Asamblea Constituyente al amparo del acuerdo de paz firmado con las FARC, va en contravía de la Carta Política colombiana. Los analistas no descartan que el jefe de Estado siga hablando de la Constituyente, pensando en el 2026 para tener activas las bases.
Colombia tiene nueva reforma pensional
El Congreso dio luz verde a la reforma pensional luego que la plenaria de la Cámara de Representantes acogiera el texto aprobado por el Senado de la República, en un hecho que el Presidente Gustavo Petro calificó como histórico para Colombia. En total son 95 artículos los que reglamentarán el nuevo Sistema de Protección Integral para la Vejez y Muerte, el cual tendrá varios pilares: el primero de ellos es el solidario para los adultos mayores más vulnerables, es decir una renta básica solidaria; el segundo el semicontributivo, para quienes las semanas cotizadas no les alcanzan para pensionarse; el tercero el contributivo para aquellos que cotizan en Colpensiones y logran acceder a la jubilación y el cuarto y último, el de ahorro voluntario para quienes deseen mejorar sus ingresos para la vejez.
Como parte de las novedades aprobadas, se definió que el umbral para pasar del régimen público al régimen privado es de 2,3 salarios mínimos. La nueva legislación avanza en el cierre de brechas de género en el sistema acogiendo la sentencia de la Corte Constitucional que reduce las semanas de cotización para las mujeres a mil, y añade un bono de género que va a permitir que del 2025 a 2035, las mujeres por cada hijo o hija (máximo tres) obtengan 50 semanas de cotización.
¿Cuándo entra en vigencia?
El nuevo sistema, que iniciará su implementación y vigencia desde el primero de julio del 2025, contempla un régimen de transición para aquellas personas afiliadas al sistema que cuenten con 900 semanas si son hombres o 750 semanas si son mujeres, a quienes se les respetará las condiciones establecidas en el régimen anterior (Ley 100 de 1993). La norma reconoce los derechos adquiridos, es decir, las personas pensionadas continúan en las mismas condiciones. “Después de 30 años, hoy pasamos a una reforma estructural de pilares que nos va a permitir que efectivamente, así como Suiza, Dinamarca o Japón, que ya tienen este sistema, Colombia entre también a mejorar, pero sobre todo a darle la oportunidad a todos y cada uno de los colombianos a que tengan una protección digna para su vejez”, dijo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Oposición advierte sobre riesgo fiscal
El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, rechazó la reforma pensional aprobada por el Congreso, tras considerar que el sistema propuesto por el gobierno es insostenible fiscalmente. “Pupitrearon un sistema pensional que saben que es insostenible fiscalmente y pretenden que sean futuros gobiernos los que tengan que asumir las consecuencias y el desgaste político de su actuar demagógico!”, escribió el congresista en su cuenta de X. Desde ya la oposición se prepara para demandar la nueva ley ante la Corte Constitucional, porque a su juicio, se presentaron vicios en su trámite.
Ley Estatutaria de Educación sin suerte
Aunque existía la esperanza de la bancada oficialista de salvar la Ley Estatutaria de Educación en el último debate, esta no fue incluida en la agenda del 20 de junio, cuanto terminaba la legislatura, lo que llevó al hundimiento de uno de los proyectos más importantes del Gobierno del Presidente Gustavo Petro en las sesiones ordinarias que culminaron. La iniciativa quedó al borde del naufragio luego que se rompiera el acuerdo que lograron los ponentes y los partidos en la Comisión Primera del Senado para sacarla adelante.
Ante esta situación, se radicaron dos ponencias diferentes, una del Pacto Histórico respaldada por el Gobierno y otra de los partidos independientes y de oposición, lo que hacía casi imposible por razones de tiempo, su discusión y aprobación en el último debate. Según la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, el proyecto será presentado nuevamente en el segundo semestre de 2024, tras incorporar las propuestas de toda la comunidad educativa.
“Esta es una discusión que se va a tener que poner sobre la mesa en el siguiente periodo legislativo, teniendo en cuenta que es un derecho que no puede seguirse negando a la ciudadanía, cuando lo que se busca es construir una sociedad competitiva, productiva y en paz”, indicó la legisladora, quien admitió que en el Congreso hay unas discusiones, mientras afuera en la calle hay otras. Y es que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), convocó a manifestaciones en los últimos días por no estar de acuerdo con el texto consensuado, que según dijo, abría el camino a la privatización de la educación en el país.
Lo que se proponía
La propuesta gubernamental contemplaba medidas para garantizar una educación inclusiva y de calidad, como la ampliación de la cobertura educativa en zonas rurales, la mejora de la infraestructura escolar, la formación y capacitación de docentes, y la implementación de programas de bienestar y salud. El senador de Cambio Radical, David Luna, aseguró que la oposición siempre respetó el acuerdo sobre la reforma, pero no se pudo alcanzar consensos sobre algunos puntos álgidos. “Nosotros no acompañamos la propuesta del Pacto Histórico porque viola la autonomía universitaria, va contra la educación mixta y no permite que los niños entre 0 y 5 años puedan ser educados”.
Se insistirá en Ley Estatutaria
La ministra de Educación, Aurora Vergara, dijo que continuarán insistiendo en la búsqueda de un gran acuerdo nacional por la educación. “Seguiremos invitando a construir espacios de concertación de ideas. El presente de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes y el futuro de las nuevas generaciones de colombianos y colombianas no puede quedar en puntos suspensivos”, añadió. Según la funcionaria, la Ley Estatutaria busca asegurar el aprendizaje desde los primeros años de vida hasta la educación superior, “como debe ser en un Estado de derecho. Colombia requiere nuevas leyes de educación y una inversión estatal suficiente que permita llevar al país a la universalización de la educación como estrategia para generar desarrollo sostenible, equidad y paz territorial”.
Lo que se proponía
La propuesta gubernamental contemplaba medidas para garantizar una educación inclusiva y de calidad, como la ampliación de la cobertura educativa en zonas rurales, la mejora de la infraestructura escolar, la formación y capacitación de docentes, y la implementación de programas de bienestar y salud. El senador de Cambio Radical, David Luna, aseguró que la oposición siempre respetó el acuerdo sobre la reforma, pero no se pudo alcanzar consensos sobre algunos puntos álgidos. “Nosotros no acompañamos la propuesta del Pacto Histórico porque viola la autonomía universitaria, va contra la educación mixta y no permite que los niños entre 0 y 5 años puedan ser educados”.
Se preservó la independencia
El Congreso presentó un balance positivo del trabajo legislativo realizado en el último año, durante el cual, según
sus directivas, la corporación reafirmó ser un órgano independiente y garante de la democracia, al darle participación a todos los sectores políticos, incluidos los de la oposición, en los debates y trámite de los proyectos de origen tanto gubernamental como parlamentario. Al presentar un informe de su gestión, el presidente del Senado, Iván Leonidas Name, aseguró que en el marco de la independencia que caracterizó el periodo de sesiones ordinarias, le apostó a implementar un nuevo modelo geopolítico, denominado Regiones Autonómicas, para que los territorios decidan y ejecuten de forma directa la gestión de sus proyectos, con la disponibilidad de los recursos y la agilidad en la toma de decisiones para solucionar las necesidades de sus habitantes. “Esta iniciativa invita a mirar con optimismo el futuro de Colombia como un verdadero proyecto nacional, para construir un mejor país”, precisó.
Según el balance que entregó el congresista, en total fueron 288 proyectos de ley de origen parlamentario y 15 del
gobierno los presentados para su trámite, de los cuales se aprobaron 97, así como un acto legislativo, mientras
se adelantaron seis debates de control político sobre temas de actualidad que preocupaban a los colombianos, entre ellos la seguridad y salud.