#ResponsabilidadFiscal

En una acción de responsabilidad fiscal, la Contraloría General de la Nación anunció la apertura de un proceso a Ricardo Bonilla actual ministro de Hacienda, así como a otros funcionarios por su responsabilidad en los pagos dobles y triples que salieron de manera errada de las arcas de la entidad el 24 de noviembre de 2023 por un monto que alcanza los $1.624 millones. Este proceso de responsabilidad fiscal también recae sobre el viceministro general, Diego Guevara, y otros cinco funcionarios de esa cartera. El ente también aseguró que “En esta decisión adoptada por la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, a través de la Contraloría Delegada Intersectorial No. 1, se vincularon como terceros civilmente responsables a 4 compañías aseguradoras, para garantizar el resarcimiento del perjuicio ocasionado”. Contexto Como es del conocimiento público el inconveniente fiscal se dio tras el pago de las nóminas adicionales a diversos servidores públicos, los cuales se efectuaron con cargo al Presupuesto General de la Nación. Ante lo expuesto la entidad refiere que en el trámite hubo erogaciones de dos o tres veces más de la asignación que correspondía, por un monto superior al medio billón de pesos. “Fue así como se hizo un seguimiento detallado a los recursos que iban retornando a las arcas del Estado, bien por reversos bancarios, consignaciones voluntarias y débitos de nóminas, entre otros”, indica el documento de la Contraloría. Solo se devolvieron $663.755.200.394 Detalla la Contraloría además que de los dineros salientes tras la emisión de los pagos de nóminas fueron devueltos al Tesoro Público un total de $663.755.200.394, quedando pendiente a la fecha un saldo de $1.624.181.986,4 por recuperar, que incluye el Gravamen de Movimientos Financieros cobrado por la única entidad bancaria que lo aplicó. ¿Qué dijo el Ministro? Por su parte Bonilla, expresa al respecto que una parte de ese saldo pendiente es de difícil cobro toda vez que fueron entregados a funcionarios del Ejército Nacional y otras entidades se encuentran en situación de retiro, inactivos, fallecidos o embargados.