diciembre 4, 2025

Presidente Iván Duque

¿Es posible una nueva asamblea constituyente en el país?

La propuesta del alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero de convocar a una asamblea constituyente como solución a las dificultades que vive el país, generó el rechazo de los sectores políticos tanto de derecha como del centro y la izquierda. Según Quintero, se busca congregar a todos los sectores del país para buscar soluciones a las necesidades que han planteado estudiantes, trabajadores, indígenas y demás organizaciones sociales durante las movilizaciones en municipios y ciudades. “He sugerido que se convoque, junto a líderes sociales, estudiantes, empresarios, campesinos, trabajadores, sectores sociales, académicos y sindicales, a una Asamblea Nacional Constituyente que resuelva la polarización y que permita crear una agenda para resolver los problemas del país”, expresó Quintero. Consideró que ese sería un escenario propicio para reconocer que la gente está buscando cambios, y posibilidades de solución en los ámbitos económicos, políticos, ambiental, social y cultural del país. Según dirigentes políticos, la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente solo profundizaría la polarización. 2. En 1991 funcionó la 7a Papeleta porque no existían regulaciones. Es distinto hoy. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) November 25, 2019 No Daniel, ¿dijiste que eras independiente y ahora le estás haciendo el mandado a Petro? No Daniel, así no. Constituyente No — Fernando Nicolás Araújo (@FNAraujoR) November 25, 2019 La idea que una Asamblea Constituyente “siempre” produce reconciliación, es equivocada. Fue cierta en 1991 Pero hoy puede ser más polarizadora, con consecuencias en la Constitución No es una buena idea — Antonio Navarro (@navarrowolff) November 25, 2019 No Daniel, Alcaldes y Gobernadores electos deberían preparar gabinete y Plan de Desarrollo, para que no les pase lo de Duque. No es momento de una Constituyente, la constitución hay que protegerla. Qué pasaría con el Acuerdo de paz, la tutela o los derechos de las minorías. — Juan Luis Castro C.👍🏾 (@JuanLuisCasCo) November 25, 2019

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Gobierno Nacional presenta ‘Grupo Bicentenario’, el Holding Financiero de Colombia

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, presentó el Grupo Bicentenario, el Grupo Financiero de Colombia que agrupará las entidades estatales que prestan servicios financieros. De acuerdo con Carrasquilla Barrera, el Gobierno Nacional pretende que el Grupo Bicentenario sea el tercer grupo financiero más grande del país, compitiendo con solidez al mismo nivel que los conglomerados del sector privado. “Con el Grupo Bicentenario, queremos generar eficiencia, colaboración y coordinación en el funcionamiento de las empresas del Estado que prestan servicios financieros, optimizando  su portafolio y protegiendo el patrimonio y los  ahorros de los colombianos. También, fortalecer el gobierno corporativo de estas compañías con el propósito de mejorar su transparencia y eficacia”, señaló el Ministro. De igual forma, resaltó que con la creación del Grupo Bicentenario, no se afectarán los derechos laborales ni implicará desvincular trabajadores, tampoco se busca remitir dineros al sector privado y mucho menos la quiebra de las entidades. “Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los empleados de las entidades que harán parte del Grupo Bicentenario: sus puestos de trabajo no se verán afectados con la creación de este Conglomerado ni se afectarán sus condiciones laborales”, subrayó. La participación de la Nación en empresas que conforman el sector financiero colombiano incluye bancas de primer piso, bancas de segundo, aseguradoras, fiduciarias y un fondo de garantías, lo que representa un gran potencial para la consolidación de un grupo de servicios financieros equiparable a los conglomerados financieros que existen en el país. En este sentido, la Nación cuenta con participación directa e indirecta en 18 entidades con un valor patrimonial que asciende a $15,8 billones con corte a diciembre de 2018, de los cuales la nación tiene $14,9 billones. Es importante resaltar, que el Grupo Financiero Bicentenario será una sociedad de economía mixta, que se regirá por el derecho privado, permitirá alinear estratégicamente a las empresas, evitando que las compañías tengan objetivos contradictorios entre sí, así como corregir fallas de mercado y especializarse en campos específicos. Así mismo, materializará las sinergias entre las distintas entidades que conformen el grupo con ventas cruzadas, mejora de ingresos de nuevos clientes, optimización de portafolios de inversión y  en productividad, gastos administrativos, fondeo, eficiencia en tecnología y  optimización de capital. Finalmente, fortalecerá la generación de valor para los accionistas y grupos de interés, como la capacidad de competir de las empresas, con participación mayoritaria estatal.

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Objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP: la discusión inconclusa

Por: Roosvelt Rodríguez Rengifo Senador de la República Partido Social de Unidad Nacional En la reciente discusión de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, tanto en el Congreso como en los medios, se echó de menos la sencillez argumentativa para darle claridad a cuestiones procedimentales y de competencia que resultan ser, por referirse al principio fundamental de la separación de poderes, mucho más fundamentales que el propio contenido de las objeciones y de si estas se hicieron por razones de inconveniencia o de inconstitucionalidad. Así, quedó sin una respuesta plausible el principal interrogante: ¿ES O NO COMPETENTE el Presidente de la República para objetar una ley estatutaria revisada previamente su exequibilidad por la Corte Constitucional?  Esta competencia se dio por sentada sin mayores críticas, tanto por los defensores de los reparos presidenciales como por los detractores, aduciéndose a favor de esta tesis tanto la existencia de normas constitucionales (165,166,167 y 200), como dos sentencias de la Corte y un antecedente de objeciones por inconveniencia a un proyecto de ley estatutaria en el año 2014.  En general los soportes normativos se extrapolaron de las normas ordinariasdonde no cabe ninguna duda sobre la competencia presidencial para objetar por inconveniencia y/o inconstitucionalidad de los textos legales que salen del Congreso, sobre el cual el Presidente ejerce, y solamente sobre él, el control político a las leyes estatutarias, que por el trámite especial ordenado en la carta (artículo 153) se someten a una revisión previa de constitucionalidad que abarca tanto los aspectos formales -procedimentales de la formación de la ley como un juicio de valor sobre si se ajustan o no las normas superiores, incluyéndose dentro estas aquellas que dictó el Congreso para implementar el Acuerdo de Paz, como el Acto Legislativo 1 de 2017 que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación Y No Repetición (SIVJRNR), lo que trae como resultado último una sentencia, que no es otra cosa que una orden Judicial, contenida en un texto que, a pesar de sus similitudes, dista mucho de ser el que salió del Legislativo. Así, se asimiló, en una rara y desconocida alquimia jurídica, el texto legal que sale del Congreso, de las plenarias de las cámaras, con el texto de la sentencia del proyecto de ley estatutaria que revisó la Corte Constitucional. Revisado por el alto tribunal, el texto de la ley declarado exequible es otro; no es el mismo que el aprobado por el Legislativo y esto no solamente por las normas que fueron declaradas inconstitucionales o simplemente condicionadas en su exequibilidad, sino por la interpretación que la Corte hizo de todo el trámite del proyecto y de su contenido. El texto que llegó al Presidente fue una sentencia judicial, que goza el estatus de cosa juzgada, que debe cumplirse y acatarse por los particulares y las autoridades públicas y que finalmente, respetando este estatus, debía convertirse en Ley de la República mediante la sanción y promulgación. Consecuencia de esta distinción, es que el texto que llegó al Presidente fue una sentencia judicial, que goza el estatus de cosa juzgada, que debe cumplirse y acatarse por los particulares y las autoridades públicas y que finalmente, respetando este estatus, debía convertirse en Ley de la República mediante la sanción y promulgación, según lo ordenado perentoriamente en el punto quincuagésimo del proveído. Si se hubiera actuado de conformidad, largas jornadas de vacua discusión le hubiéramos ahorrado a los colombianos.

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Duque objetó seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP

El Presidente Iván Duque anunció este domingo, en una alocución televisada, que por razones de inconveniencia el Gobierno nacional hace objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, señaló el Mandatario. Recordó que la Constitución le otorga un plazo al Presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia en el marco del “principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión”. Y dijo que utilizó ese tiempo “para analizar con cuidado y ponderación este proyecto”. Antes de explicarle al país las razones de cada una de las objeciones, el Jefe de Estado indicó que estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional. “Una oportunidad –dijo– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”. Luego hizo dos consideraciones: la primera, que “no estamos ante un choque de trenes”. En este sentido, expresó que “la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”. En segundo lugar, recalcó que “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”. Una paz –agregó– que garantice genuina verdad, justicia, reparación y no repetición. “Todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. En este sentido, y en un claro mensaje a la base de la guerrilla, dijo que “aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones”. “El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia”, subrayó. Agregó que la administración de justicia en la JEP, producto de los Acuerdos, es necesaria en este esfuerzo de asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición, e hizo énfasis en que “este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones”. Las siguientes son las objeciones: Artículo 7: “Para buscar una genuina reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”. Inciso octavo del artículo 63: “El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”. “Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”. Inciso tercero del literal j del artículo 79: “El inciso tercero del literal j del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas”. Parágrafo 2 del artículo 19: “Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”. Artículo 150: “El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países”. Artículo 153: “Objetamos, también, el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer

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“Nunca hemos estado de acuerdo con la JEP” Uribe

Ante las opiniones expresadas por los diferentes sectores de la vida política nacional y algunas organizaciones como la Corte Penal Internacional (CPI), el ex presidente Álvaro Uribe Vélez dejó claro este jueves que la JEP debe ser modificada. “Nunca hemos estado de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, dijo el exmandatario y hoy senador. Sin embargo, aseguró que “ante los hechos, lo que hemos procurado es que haya algunas reformas”. Desde que se presentó el proyecto de la Ley Estatutaria, la bancada del Centro Democrático siempre ha pedido modificar aspectos fundamentales de la JEP. Sin embargo, Uribe tiene claro que tras superar todas las instancias, el único con la potestad de cambiar o aprobar lo firmado entre el gobierno anterior y la entonces guerrilla de las FARC en 2016, es el jefe de Estado, Iván Duque. “El presidente de la República conserva la competencia para objetar (la ley) por razones de conveniencia”, agregó. El ex mandatario mencionó algunos puntos por los que hace reparos a la JEP, como por ejemplo, la impunidad por delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz. “Debe quedar claro que por delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016 o que hubieran continuado después de esa fecha, debe haber extradición sin dilaciones”, dijo. De igual manera consideró que estos deberán ser juzgados por la justicia ordinaria. “Dicen que lo de los niños es muy grave, pero que no está sometido a impunidad porque hay sentencia y pena alternativa. ¡Por favor! Eso es un engaño, ese tipo de delitos deberían tener pena privativa de la libertad. En la JEP no la hay”, puntualizó el senador.

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Procurador pide a Duque no objetar Ley Estatutaria de la JEP

En una carta dirigida al Presidente de la República, Iván Duque, el Procurador General, Fernando Carrillo, solicitó al mandatario no objetar la Ley Estatutaria que regula la Justicia Especial para la Paz (JEP). “La oportunidad para formular una eventual objeción por inconveniencia caducaría en el momento de emitirse fallo”, dijo el jefe del Ministerio Público. Con esto deja claro que tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional, al gobierno no le queda mas opción que firmar la ley que ya fue avalada por el Congreso y el alto tribunal. Según el Procurador, “ la sentencia que declara la exequibilidad de un proyecto de ley estatutaria produce efectos jurídicos con fuerza de cosa juzgada y así culmina la discusión frente a actos de esta naturaleza”. En caso de que el presidente decida objetar algunos apartes o la ley completa, esta debería volver al Congreso e iniciar de nuevo su discusión, lo que en este momento sería problemático, ya que la aprobación inicial se realizó bajo el proceso especial de “fast track”, durante el gobierno anterior. Para el Ministerio Público es importante garantizar los derechos de las víctimas y por ello resalta la importancia de la “justicia transicional, precisamente para asegurar las garantías de no repetición, reparación y, primordialmente, de verdad”. Carta de la Procuraduría by on Scribd

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“Con el presidente Donald Trump compartimos el objetivo de liberar a Venezuela de la dictadura”: Duque

Como era de esperarse, el tema de Venezuela hizo parte central de la agenda que abordaron los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de Colombia, Iván Duque en Washington. Así se desprende de lo expresado por el mandatario colombiano, quien dijo que los dos gobernantes comparten el objetivo de “liberar a Venezuela de la dictadura”. La profunda crisis que vive la vecina nación, con una inflación disparada y un desabastecimiento generalizado de alimentos y medicina, ha llevado a miles de venezolanos a abandonar su país. Duque informó que durante el encuentro con Trump se habló de la forma como Colombia ha venido “abordando con fraternidad ese fenómeno migratorio” y la imperativa necesidad de hacer llegar la ayuda humanitaria al pueblo venezolano. “Colombia seguirá ofreciendo su territorio para la llegada de la asistencia humanitaria”, señaló Duque, quien reiteró que “impedir el acceso de la ayuda (que ha sido enviada desde el exterior) es un crimen de lesa humanidad por parte del dictador Nicolás Maduro”. Frente al tema de las drogas, informó que se presentó el programa ruta futuro, que según dijo, logrará poner freno al crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y permitir una transformación de culturas ilegales a unas economías legales en muchos lugares del territorio. Respecto al combate al terrorismo, Duque expresó su agradecimiento al gobierno estadounidense por su solidaridad ante el atentado a la Escuela General Santander de la Policía y su apoyo a la lucha contra los grupos armados ilegales. Durante los cuatro días de visita, el mandatario colombiano se reunirá con diferentes organismos internacionales para insistir en la necesidad de “unirnos con el fin de facilitar la transición hacia la democracia en Venezuela por el bien del hemisferio y por el bien del territorio venezolano y de Colombia”.

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“Obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad”: Duque

El presidente Iván Duque consideró este miércoles que “obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad”, en alusión a la decisión del régimen de Nicolás Maduro de impedir el ingreso a Venezuela de los alimentos y medicina que han llegado procedentes del exterior. El mandatario colombiano se pronuncio al iniciar la reunión con su homólogo estadunidense, Donald Trump, en Washington. “Tenemos que asegurar que (la ayuda humanitaria) llegue al pueblo venezolano y Colombia seguirá dispuesto a recibir las ayudas para ser entregadas”, dijo. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos anunció que seguirán los esfuerzos por superar el bloqueo que ha impuesto Maduro, tras afirmar que hay gente muriendo de hambre en Venezuela. Respecto al muro que proyecta levantar en la frontera con México, Trump insistió en que ya hay avances en su construcción. Al ser preguntado sobre su intención de visitar el país, el mandatario estadounidense dijo que quiere visitar Colombia y “estamos trabajando en eso”. Desde que asumió el cargo, Donald trump ha reiterado la importancia de Colombia para su política internacional y su intención de viajar a la nación suramericana, siempre ha sido evidente. Sobre la lucha contra las drogas, Trump aseguró que Colombia se encuentra adelantando un “fuerte ejercicio” para erradicarlas y que espera que pronto logre alcanzar la meta propuesta. Según el Presidente Duque, al día de hoy se han erradicado “60 mil hectáreas desde el inicio de su administración”. En desarrollo…

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Duque reitera apoyo de Colombia a Guaidó en visita a Washington

Como parte de la agenda que cumple en Washington, el Presidente Iván Duque se reunió con Carlos Vecchio, el representante y encargado de negocios de Venezuela en EE.UU, designado por el gobernante interino, Juan Guaidó, a quien le expresó el pleno apoyo de Colombia para superar la crisis que agobia al país vecino. Durante el encuentro, discutieron las acciones que están tomando los diferentes países que han reconocido a Guaidó como presidente, entre ellos los esfuerzos conjuntos de los gobiernos estadounidense y colombiano para llevar ayuda humanitaria al pueblo venezolano, sumido en una crisis económica y social profunda. Aunque a la frontera han llegado cerca de 100 toneladas de alimentos y medicina, el régimen de Nicolás Maduro ha impedido su entrada al país. A la salida de la reunión, Duque, quien realiza desde este miércoles una visita oficial de cuatro días a Estados Unidos, solicitó a la comunidad internacional que haga uso de todas las herramientas necesarias para sacar a Venezuela de la difícil situación en que se encuentra. Así mismo, reiteró la intención de seguir brindando ayuda humanitaria al país vecino y lograr que esta llegue a manos de los venezolanos que tanto la necesitan, a pesar del bloqueo fronterizo que ha impuesto por el gobierno de Maduro.

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La meta de Duque: llegar a un millón de cooperantes en 2019

Durante la presentación de la Política de Seguridad y Defensa del Gobierno Nacional, el Presidente Iván Duque destacó este miércoles el resultado del trabajo unificado de la Fuerza Pública contra la criminalidad, y dio a conocer los objetivos en la lucha contra el homicidio y en el fortalecimiento de la Red de Participación Cívica. El Mandatario resaltó cómo en seis meses de Gobierno, en el marco de su política de ser un Comandante en Jefe en los territorios y las regiones, se han desarrollado más de 30 consejos de Seguridad y se ha logrado judicializar a más de 10.000 delincuentes y propinado fuertes golpes a grupos armados ilegales. “El trabajo unificado nos ha demostrado que en seis meses hemos podido judicializar a más de 10.000 delincuentes y hemos golpeado con efectividad al Clan del Golfo, a Los Puntilleros, a Los Pelusos, al grupo terrorista Eln…”, explicó el Mandatario. Al mismo tiempo, destacó el resultado de las operaciones contundentes contra ‘Rodrigo Cadete’, cabecilla de las disidencias de alias ‘Gentil Duarte’, en los Llanos Orientales, así como el golpe a alias ‘Guacho’, responsable de narcotráfico y homicidios en la frontera con Ecuador y, también, el operativo contra alias ‘David’. De hecho, afirmó que estas operaciones contra la criminalidad demuestran que “la Fuerza Pública unida, cooperante, estructurada, en sincronía, es la mejor herramienta para desvertebrar cualquier amenaza del terror”. Además, al subrayar que “la seguridad es de todos los colombianos” y que, en ese sentido, espera que la ciudadanía apoye a la Fuerza Pública, el Mandatario aseguró que la meta de su Gobierno es llegar este año a vincular a un millón de personas a la Red de Participación Cívica. A reducir la tasa de homicidios En el listado de metas que tiene esta Política de Seguridad y Defensa, el Jefe de Estado puso de presente el objetivo del Ejecutivo frente a la lucha contra el homicidio. “Es una Política de Seguridad que tiene una meta clara y que vamos a cumplir, señor Ministro (de Defensa, Guillermo Botero), y es que llegaremos al 2022 con la más baja tasa de homicidios de los últimos 30 años en Colombia, lo que demuestra que aquí no solamente hay un discurso, sino que hay un sentido de indicadores para transformar la confianza ciudadana en algo cada vez más impetuoso y sólido”, afirmó. En cuanto a la lucha frontal contra el narcotráfico y la reducción de los cultivos ilícitos en el territorio nacional, el mandatario aseguró que “hemos expandido los grupos de erradicación manual y estamos listos a restablecer toda la integración de herramientas buscando que le quebremos, de una vez por todas, el espinazo a esa ruta expansionista de los cultivos ilícitos”. Agregó que dichas herramientas van desde la erradicación manual hasta el desarrollo alternativo, y que la estrategia involucra la desarticulación de las redes de microtráfico, el derrumbe de las cadenas de lavado de activos y el asocio con los carteles internacionales de la droga.

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